Que opina usted? Las heridas de la guerra en el sistema de justicia: A 10 años del Informe Final de la CVR - 07/10/2013 11:35:14
""Las heridas de la guerra en el sistema de justicia: A 10 años del Informe Final de la CVR"IDL , Miércoles 9 de octubre
5.00 p.m.
El Instituto de Defensa Legal, a través de su programa Justicia Viva, organiza el evento "Las heridas de la guerra en el sistema de justicia: A 10 años del Informe Final de la CVR", para identificar y evaluar los avances, retrocesos y pendientes que tiene el sistema de justicia, a los 10 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Para ello, participarán como expositores y expositora: César Bazán Seminario, quien promoverá en el debate la perspectiva institucional; Carlos Rivera Paz, abogado, quien detallará los pendientes en la judicialización de casos de violaciones a los derechos humanos y una representante de los familiares de las víctimas, quien nos comentará sobre los pendientes en reparaciones, memoria y expectativas.
El ingreso es libre, previa inscripción al correo csilva@idl.org.pe ó pquispe@idl.org.pe .
Lugar: Instituto de Defensa Legal , IDL (Avenida Pardo y Aliaga N° 272, cruce con Santa Cruz)
Se entregará a los primeros 40 asistentes al evento el documento "Un pasado de violencia, un futuro de paz", una publicación en castellano y quechua, basado en el informe Final de la CVR y elaborado por idehpucp.
Todos y todas están cordialmente invitados e invitadas.
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Es Noticia, VERDADES QUE NO OFENDEN, DIEZ AÑOS DESPUES - 28/08/2013 9:06:18
" Hace exactamente diez años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su Informe Final al país, documento en el que condensaba 23 meses de trabajo y estudio sobre el periodo de violencia que vivió el Perú entre 1980 y 2000. Transcurrida una década, durante los últimos días han circulado diversos balances, se han realizado conmemoraciones y actividades académicas y, claro está, los detractores de toda la vida han continuado con una campaña de mentiras que ya lleva una década.Este año, me interesa dialogar con un artículo de Gonzalo Zegarra, publicado en el diario virtual Altavoz, pues tiene algunas cosas que ubican en su lugar el debate respecto a la CVR y algunas omisiones que lo llevan a conclusiones erróneas.
Para empezar, Zegarra acierta al señalar cuál es el principal punto controvertido que ha generado controversias en relación a la Comisión de la Verdad y Reconciliación:
Las voces que desde un inicio se opusieron a la CVR lo hicieron bajo el argumento de que no convenía al sistema democrático admitir públicamente siquiera la posibilidad de que el Estado haya violado los derechos ciudadanos de ciertos peruanos, pues ello podría deslegitimar los resultados de la lucha antisubversiva en su conjunto. Hubo incluso quienes sostuvieron que si ello había ocurrido, se trataba de un "mal menor" inevitable en la defensa frente a la demencial agresión del terrorismo.
En particular, muchos quienes se ubican en este sector esperaban que los actos que implicaban violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado fueran omitidos o "comprendidos" como un "costo a pagar" por la pacificación del país. Al no responder a esta narrativa, pues la Comisión se centró sobre todo en las víctimas y en la explicación de lo ocurrido, este grupo de peruanos tachó inmediatamente de "pro terrorista" a la CVR.
Todo ello a pesar que: a) La CVR condenó claramente a Sendero Luminoso y al MRTA; b) indicó que SL era el responsable principal del inicio de la violencia y de la mayor cantidad de víctimas mortales (a pesar que algunos extraviados con simpatías hacia radicalismos de izquierda pretenden contrariar esta conclusión); c) señaló que SL cometió crimenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, potencialmente, genocidio contra el pueblo asháninka; d) no se niega el carácter terrorista de varias de las acciones de SL y el MRTA y e) se encuentran patrones sistemáticos de secuestro en el accionar del MRTA. Además, claro está, de reconocer a héroes militares y civiles y acciones de coraje y heroísmo.
En el fondo, la razón por la cual la CVR ha sido tan criticada es porque no reconoce que hay "razones de Estado" que permiten violar derechos humanos y señala responsabilidades institucionales, políticas y brinda datos para que el sistema de justicia establezca culpabilidades y sancione a quienes rompieron la ley. Y dado que la clase política en su totalidad y otros actores sociales fueron interpelados por sus acciones y omisiones, también se sumaron al cargamontón. A tal extremo se ha ido que los defensores civiles de los sectores castrenses olvidan que, al final del libro "En Honor a la Verdad", la versión de parte del Ejército Peruano sobre el conflicto, se reconoce y condena los actos contrarios a la ley cometidos por agentes del Estado.
Sin embargo, como bien precisa el director de Semana Económica:
La legitimidad del Estado en general, y de la Fuerza Armada y policial en particular, se juega en el correcto uso de la fuerza pública. Por eso, la complacencia con los excesos es inaceptable y eso es lo que entraña no denunciar a quienes violaron los derechos humanos. Por tanto, cualquier Estado democrático civilizado tiene la obligación de emprender un esfuerzo por determinar si la lucha antisubversiva ,por más legítima que sea en su conjunto, implicó vulneraciones a los derechos humanos. Y eso es lo que hizo la CVR.
Donde creo que Zegarra Mulánovich desacierta es al señalar que se busca convertir a la CVR "en una verdad oficial", casi totémica, que no está abierta a otras narrativas. Y allí caben hacer algunas precisiones.
Hay que mencionar, en primer lugar, que sí es cierto que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es la narración oficial del Estado peruano sobre el periodo de violencia. Y lo es porque recibió un encargo y un mandato por parte de dos gobiernos democráticos, mediante una norma específica, que señalaba sus funciones, alcances y límites.
A pesar de este carácter y de llevar la nomenclatura de Informe Final (a pesar de ser un punto de partida), en la Introducción de este documento se hace la siguiente precisión:
«Verdad» es un relato perfectible. El relato de la CVR se refiere a sucesos ocurridos en la historia del Perú y a procesos sociales ligados a una memoria conflictiva y fragmentada. Proponemos una narración que, al recuperar nuestra memoria como país, se proyecta hacia el futuro, y debe por eso ser continuada y enriquecida con la participación de la sociedad civil, el Estado y los organismos que habrán de crearse para vigilar el cumplimiento de las recomendaciones del Informe. Lo importante es que el relato contiene en él mismo los criterios que permiten su perfeccionamiento constante; consideramos que habrá lugar en él siempre para acoger nuevos testimonios de víctimas aún desconocidas, así como nuevas perspectivas de análisis o de crítica que contribuyan a su reescritura continua.
Así las cosas, la CVR reconoce la existencia de otras narrativas y que pueden existir algunos datos a precisar con otras investigaciones. Por ejemplo, la cifra de 8,000 desaparecidos registrada por la CVR es conservadora frente a la estimación hecha por el Ministerio Público y otras instituciones que señalan que su número está entre 13,000 y 15,000 personas.
Asimismo, hay temas que no pudieron trabajarse a profundidad, por cuestiones de tiempo, o simplemente no pudieron ser incluidos. Entre los primeros se encuentran los crímenes de odio contra la comunidad LGTB (un caso que la CVR si alcanzó a documentar fue la matanza de "Las Gardenias", cometida por miembros del MRTA) y, entre los segundos, el rol de los actores internacionales y de los intelectuales en el periodo de violencia. Por tanto, el riesgo de la totemización o la eliminación de otras narrativas, al que teme Zegarra, se halla conjurado por el propio Informe Final.
Lo mismo podría decirse en torno a la inclusión del trabajo de la CVR en el espacio educativo, como señala acertadamente Roberto Bustamante:
Leo a varios decir que por qué no se enseña "la verdad" en las escuelas con el IF de la CVR. Ese argumento es justo el que el IF criticaba: la educación de manual, el culto al libro y a la cita textual, lo escrito sobre lo oral/testimonial. Hay sí elementos que pueden ser incorporados, porque han sido investigados y hay evidencia, a la enseñanza de la historia contemporánea. Pero la enseñanza de la historia, implica mucho más que una sucesión de eventos, sino la construcción de una narrativa. Los profesores mucho más que pedir que los alumnos reproduzcan tal cual el gran relato del Hatun Willakuy, podrían ahondar en las historias y testimonios de las familias, de los barrios, del colegio, de los profesores.
Entonces, ¿por qué creo que en personas como Zegarra se puede arribar a conclusiones como las criticadas aquí? Creo yo que se vio marcado por el tono del debate acerca de la CVR. Frente a los constantes ataques frente al Informe Final, quienes lo han defendido durante estos años han estado a la defensiva y, durante mucho tiempo, no se ha profundizado en algunos aspectos del Informe Final menos controvertidos. Más allá que muchos de los argumentos esgrimidos por los defensores del IF CVR son compartidos por mi, creo que corresponde hacer una reevaluación sobre la forma cómo se han transmitido los mensajes vinculados al Informe y, en general, frente al tema de derechos humanos. Se ha hablado mucho hacia quienes ya estaban convencidos o hacía quienes no escucharían nunca. No frente a quienes ignoraron el pasado por cuestiones de edad o desinterés y a aquellos que no tenían carga alguna hacia la CVR. Allí queda una tarea pendiente por hacer.
Finalmente, creo yo que resulta indispensable volver la vista hacia los principales protagonistas del trabajo de la CVR: las víctimas. Es un escándalo que en el país existan 15,000 desaparecidos, cuyos cuerpos, en su mayoría, no han sido entregados a sus familiares para cerrar el periodo de duelo. Varias de las señoras que fundaron ANFASEP hace 30 años están muriendo sin poder tener este derecho. Lo mismo ocurre con quienes esperan justicia por casos ocurridos hace tres décadas. Y, del otro lado, hay cientos de viudas de militares y polícias que siguen esperando que los respectivos Ministerios aumenten las pensiones que justamente merecen por los caídos en el cumplimiento del deber. Estos tres ejemplos nos señalan que existen tareas pendientes y urgentes que el Estado debe afrontar. Como dijo Salomón Lerner Febres hace una década:
La historia que aquí se cuenta habla de nosotros, de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Esta historia habla de nuestras tareas. Esta historia comienza hoy.
Que la tragedia de peruanos matando a otros peruanos no se vuelva a repetir.
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Que opina? Piden aprobar e implementar una política nacional de búsqueda de 15,000 personas desaparecidas durante el conflicto - 01/03/2013 11:28:19
" Según el Informe Final de la CVR, la violencia política causó en el Perú más de 69.000 víctimas, entre fallecidos y desaparecidos. Imagen: EpafLima, EFE. El Equipo Peruano de Antropología Forense (Epaf) demandó este jueves al gobierno de Perú un plan nacional de búsqueda de más de 15.000 desaparecidos por el terrorismo que azotó el país entre 1980 y 2000.
El director del Epaf, José Pablo Baraybar, declaró a Efe que "el gran misterio es saber qué ha hecho el gobierno peruano" para encontrar a los desaparecidos, después que en 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregara un informe final sobre el tema.
Según el documento de la CVR, la violencia terrorista causó en Perú 69.000 víctimas, entre fallecidos y desaparecidos, la mayoría de los cuales eran pobladores de los Andes, campesinos y de condición muy humilde.
Baraybar dijo que "nadie sabe nada" en el Estado peruano sobre el trabajo encomendado por la CVR para ubicar a los desaparecidos y entregar sus restos a sus deudos.
Lo que ha realizado el ministerio Público (Fiscalía) hasta la fecha han sido las exhumaciones de 2.200 cuerpos para ratificar, en la mitad de los casos, las identidades de los fallecidos, indicó el antropólogo forense.
El Epaf emitió hoy un comunicado en el que señala que "el Estado ha hecho pocos esfuerzos para castigar a los responsables, reparar a las víctimas y adoptar mecanismos para que las violaciones (a los derechos humanos) no se repitan".
"Creemos que esta situación constituye terreno fértil para la comisión de nuevos delitos, ya que se tiene la percepción de que éstos no van a ser investigados ni sus autores castigados", apuntó.
Esta agrupación civil se quejó de que los peruanos se han "acostumbrado a la violencia y la impunidad", y recordó varios casos sobre el asesinato de civiles y policías, incluso en dependencias militares y policiales.
El Epaf planteó comenzar "una verdadera reforma del sistema de justicia, los sistemas correccionales, las fuerzas armadas y la policía nacional" e implementar eficazmente "mecanismos de investigación y sanción para casos de violaciones a los derechos humanos".
Con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Epaf ha identificado a 69 desaparecidos de seis casos diferentes entre 2011 y 2012, además de haber participado en otras investigaciones sobre crímenes recientes.
Por tal motivo, consideró que "es inadmisible que un país con un crecimiento anual de casi 7 % no pueda dar respuesta a miles de familiares que ante todo quieren conocer el destino de sus seres queridos y darles una sepultura digna".
Fuente: EFE
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Que opina? ACCOMARCA: TELMO HURTADO CANTA - 09/04/2012 13:38:45
" Hoy, luego de algunas postergaciones, Telmo Hurtado, sindicado como principal responsable directo de la matanza de Accomarca, ocurrida en agosto de 1985, por fin dio su declaración ante el colegiado de la Sala Penal Nacional que está procesando este caso. Y lo que ha dicho hoy no es moco de pavo. Vía La República:"Hurtado refirió que se le ordenó que "se hiciera el loco" ante la Comisión del Congreso que investigó el caso, con el fin de que oficiales de alto rango no se vieran involucrados en procesos penales y también para fortalecer la lucha contra la subversión en el país" (…).
En sorprendentes declaraciones, el ex teniente reconoció responsabilidad penal en la muerte de 31 campesinos de Accomarca, pero dijo no saber quiénes son los responsables del resto de peruanos asesinados el 14 de agosto de 1985 en dicha localidad ayacuchana.
Hurtado señaló que "se le ordenó recoger picos y palas para preparar trincheras a donde se llevaron a personas encapuchadas, para ser ejecutadas con armas que tenían silenciadores".
Señaló que, "él creía que las personas ejecutadas eran terroristas capturados en acciones militares".
Dos puntos claves de la declaración de Hurtado. El primero es que termina confesando su responsabilidad en, al menos, parte del crimen por el que se la acusa. Y ello probablemente ocasione una sentencia condenatoria en su contra. El Ministerio Público ha pedido una pena de 25 años de prisión para este sujeto. Cabe recordar que no es común que miembros de las Fuerzas Armadas confiesen su culpabilidad (aunque sea parcial) en los casos por violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 1980 y 2000 y que son procesados ante el sistema de justicia desde hace varios años.
Pero el segundo punto es más interesante. Junto a Hurtado son procesadas otras 28 personas, entre altos mandos de la época y miembros de las Fuerzas Armadas que presuntamente participaron en la operación. Y es a las cabezas a las que apunta el testimonio de Hurtado y las que más temían que comenzara a hablar. De ello, hace algunos meses, se ocupó Jo Marie - Burt, académica estadounidense que ha estudiado varios procesos de justicia transicional:
Eso representa un problema para los altos mandos militares también imputados en el proceso judicial, entre ellos el General (r) Wilfredo Mori Orzo, otros integrantes del Estado Mayor en ese entonces, y el General José Daniel Williams Zapata, en ese momento un mayor de Infantería y jefe de la Campañia Lince y, en 2005, jefe del Comando Conjunto. Mori Orzo habría ordenado al Estado Mayor del Comando Político-Militar de Ayacucho a elaborar un plan el famoso Plan Huancayocc para intervenir en la zona para "capturar y/o destruir" los elementos terroristas existentes en la zona. También sería quien impartió las órdenes a Hurtado y otros a regresar a la zona para encubrir los hechos ante la llegada inminente de una comisión investigadora parlamentaria. (Mori Orzo, así como el General Sinesio Jarama, fueron dados de baja por el recientemente inaugurado Presidente Alan García por su responsabilidad en los hechos.)
Mientras Hurtado estaba en su celda en Miami esperando los resultados del proceso judicial que terminaría finalmente con su extradición al Perú, los abogados defensores de Mori Orzo y los demás mandos militares involucrados en el proceso afirmaron que ellos no ordenaron la masacre de los campesinos; que al haberse dado la masacre ello se debería a que quien lideraba la patrulla, Telmo Hurtado, sufría del "síndrome de Vietnam", ya había estado mucho tiempo haciendo operaciones contrasubversivas, lo cual le provocó una locura temporal con el resultado de la lamentable masacre en cuestión. No hay duda de la responsabilidad de Hurtado, pues él mismo ha admitido su responsabilidad. Pero el en fondo se trata de un tema sumamente contencioso en la política peruana: si Accomarca representa un caso aislado en el cual un suboficial se alocó y cometió un "exceso" o como ha sostenido la Comisión de la Verdad y Reconciliación la masacre de Accomarca fue planificada por los altos mandos militares y como tal constituye parte de un patrón sistemático de violación a los derechos humanos. Según la CVR, Hurtado declaró en el Fuero Militar que se había reunido con el General Mori Orzo y aceptó asumir la responsabilidad de los hechos para no perjudicar la carrera del citado General. En esa misma reunión Mori habría ordenado que regresar a la zona para "limpiar" la zona, i.e. desaparecer las personas que fueron testigos a los hechos así como cualquier evidencia.
Y de ello es lo que se trata este juicio que, con las revelaciones del principal imputado, cobra mayor importancia. Más aún cuando Hurtado comienza a señalar cosas que implican a quienes fueron altos mandos del Ejército Peruano en la época más dura de la lucha contra el terrorismo, al cual, nunca está demás decirlo, se le venció a pesar de hechos execrables como los ocurridos en Accomarca.
MAS SOBRE EL TEMA:
Carlos Rivera: Es probable que Sala Penal Nacional evalúe reducción de pena a Hurtado por confesión. Vía Ideele Radio.
(Foto: La República)
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Interesante, CLASES SOBRE AMNISTIA PARA EL MINISTRO VEGA - 31/10/2011 10:11:44
" En la noche del último domingo, en el programa ADN Político de Canal N, el Ministro de Trabajo Rudecindo Vega trajo al debate público una controvertida propuesta: una amnistía general en todos los sectores, que incluya a violadores de derechos humanos, sin distinción alguna.Más allá de que el Ministro de Trabajo se mande con una propuesta que nada tiene que ver con su sector, es necesario aclarar que esta propuesta es inviable, tanto desde el punto de vista ético como político.
En el campo ético, Vega ha señalado que su propuesta tiene como objeto "consolidar el crecimiento económico del país, para hacer sostenible la inclusión social, para fortalecer la descentralización, para luchar contra la corrupción y promover la ética pública". El problema es que una amnistía no produce ese efecto, ni tampoco una reconciliación nacional, como el Ministro ha afirmado.
En términos coloquiales, se ha asociado el término reconciliación con el perdón. Mejor dicho, con el sacramento católico de la confesión. Pero la reconciliación no pasa por el olvido de hechos execrables, sino por la reconstrucción de lazos que hagan posible y sostenible la vida en sociedad y la convivencia pacífica. Ello implica ejercer la acción del sistema de justicia y no la abstención de la actuación estatal en esta materia.
En el caso concreto del Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación descartó expresamente la posibilidad de una amnistía para alguno de los actores que haya cometido delitos en el marco del conflicto o de la lucha contra el terrorismo, debido a que la reconciliación no puede basarse en la impunidad. Ello le cierra las puertas tanto a los militantes del MOVADEF, que reclaman una amnistía general que incluya a los miembros de Sendero Luminoso, comenzando por el criminal Abimael Guzmán, como para los políticos y periodistas (sobre todo, los vinculados al fujimorismo y a los sectores más conservadores del país) que cada cierto tiempo plantean iniciativas de impunidad, como el Decreto Legislativo 1097.
Si en términos éticos la propuesta del señor Vega es cuestionable, en términos jurídicos resulta ciertamente inviable, por varias razones que expondremos a continuación:
1. La naturaleza de la amnistía: Esta institución es un rezago de la época absolutista, cuando el monarca despótico era el encargado de tomar las decisiones más importantes en un Estado: desde las normas jurídicas hasta las condenas judiciales. Y se ha mantenido en el Estado contemporáneo como última posibilidad de corregir errores judiciales o responder a "delitos políticos". Dado que el otorgamiento de la amnistía elimina, para todo fin práctico, el hecho punible, la condena y cualquier otra consecuencia penal, e implica una ingerencia del Poder Legislativo en actos del Poder Judicial, debe usarse en forma excepcional.
2. Los límites puestos por el Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia del expediente N° 679-2005-AA/TC una serie de límites para el ejercicio de esta facultad. La amnistía debe ser dada por una ley expresa del Congreso de la República, no puede oponerse a la obligación que tiene el Estado de defender los derechos fundamentales ni a los compromisos internacionales adquiridos por el Perú en materia de derechos humanos. Tampoco puede otorgarse a los hechos comprendidos como delitos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
3. La imposibilidad de su otorgamiento para casos de graves violaciones a los derechos humanos: Existen cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Barrios Altos, Almonacid Arellano, Gomes Lund y Gelman) que prohíben la expedición de leyes de amnistía, "punto final" o similares a casos de graves violaciones a los derechos humanos. Estas sentencias tienen dos fundamentos centrales: la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables de este tipo de crímenes y la imposibilidad de establecer mecanismos que impidan el procesamiento penal de estas conductas. Estos argumentos también han sido recogidos por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial para oponerse a la aplicación del Decreto Legislativo N° 1097, una amnistía apenas encubierta promulgada en el gobierno que acaba de irse.
De acuerdo con la hoja de vida del Ministro, ha estudiado y ejercido la carrera de Derecho por varios años. Convendría que revise estos argumentos legales antes de realizar propuestas que no sólo son inviables en términos estrictamente jurídicos, sino que terminan dándose de portazos con las propuestas que un sector mayoritario del gobierno tiene en materia de derechos humanos. Ahora se entiende porque Salomón Lerner Ghitis quería que sus Ministros sólo hablen de temas vinculados a su sector.
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Que opina usted? Inaceptable política de "punto final" y reconciliación para violadores de Derechos Humanos - 01/09/2011 16:21:48
"Es inaceptable la posición del gobierno de Ollanta Humala de promover una política de ""punto final"" y reconciliación, tal y como lo expresara el Ministro de Defensa Daniel Mora. Por lo visto en menos de un mes el presidente Humala viola otra vez su juramento en San Marcos, donde se comprometió a defender una política de defensa de Derechos Humanos.Una política de ""punto final"" y poner fin a los procesos judiciales a los militares que asesinaron y cometieron delitos de violación de los derechos humanos es una forma de darle impunidad a sujetos que ensuciaron con sangre de ciudadanos peruanos su uniforme y que avergüenzan a nuestras Fuerzas Armadas. Es un retroceso y un retorno a lo peor de la política fujimontesinista donde un gobierno, el de Fujimori, cedió a las presiones de un ex capitán expulsado del Ejército por traición a la patria.
Lo que debería hacer el gobierno de Humala es entregar la información pertinente al Sistema de Justicia para que proceda a actuar con la seriedad y distancia que el caso amerita.
No puede haber un silencio cómplice respecto a esta posición por una sencilla razón: estamos condenados a repetir la historia, de asesinatos y violaciones de derechos humanos, si es que no sancionamos a quiénes lo merecen.
Y es necesario actuar sin ambigüedades. Daniel Mora no declararía de motu propio. Es la posición del gobierno y no la de un Ministro que un día después no ha sido corregida por otro miembro del gobierno.
Reproduzco a continuación el texto de APRODEH tomado del FB de Javier Torres Seoane:
APRODEH rechaza declaraciones del Ministro Mora por considerarlas una nueva versión de amnistía encubierta
La solución de punto final es una solución de impunidad
La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, rechaza las expresiones del Ministro de Defensa Daniel Mora quien declaró que el Perú debe llegar a un acuerdo político de "punto final y reconciliación" para poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas militares y policiales acusadas de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
APRODEH considera inaceptable e inadmisible porque constituye una intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, en la búsqueda de impunidad para quienes serían responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Exigimos , que el ejecutivo cumpla con su obligación de entregar la información que tiene en su poder y que ha venido negando al sistema de justicia peruano y así garantizar su total independencia.
El tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia a señalado:
"4 (…) es del caso recordar que la jurisdicción internacional establece plantear expresamente que no pueden oponerse obstáculos procesales que tengan por propósito eximir a una persona de sus responsabilidades en graves crímenes y violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Esta afirmación se deriva, como ha sido señalado, de la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones que hubiesen sido cometidas y que estuviesen pendientes de juzgar (…)
Francisco Soberón, Director ejecutivo de APRODEH, señaló que "en los últimos años, la posibilidad de determinar responsabilidades individuales a estas graves violaciones se ha visto impedida por la nula colaboración del sector defensa con el Ministerio Público y las autoridades judiciales. La inacción del estado ha impedido que la justicia sea pronta e inmediata en todos estos años.".
Asimismo, Soberón indicó que "el clamor de justicia es un reclamo justo en los estados democráticos y que por la experiencia en los países latinoamericanos, demuestra que este tipo de planteamientos son declarados inconstitucionales, como fue el caso de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsin en Argentina".
El derecho internacional ha establecido el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos, tal como se puede ver en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de marzo de 2001 por el caso Barrios Altos:
"(…) 41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
APRODEH, organización que desde hace 29 años viene acompañando la demanda de justicia de los familiares y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, recuerda que este planteamiento no existía en el plan de gobierno original ni la Hoja de ruta de Gana Perú y exige el pronunciamiento oficial del Primer Ministro Salomón Lerner Ghitis, quien en su discurso ante el Congreso, se comprometió a impulsar el proceso de reparación a través del Plan Integral de Reparaciones, tema donde Mora dice que es injusto que se reconozca a las víctimas del Estado y no a los militares y policías víctimas, desconociendo de esta forma que el Registro Único de Víctimas reconoce a ambos.
"Impulsaremos el proceso de reparaciones a través del Plan Integral de Reparaciones, restituyendo su carácter total, orientada a victimas individuales y colectivas, que aborde las dimensiones jurídicas legales, salud, educación y la reparación simbólica.
Asimismo, APRODEH exige que se cumpla con el integro de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Cabe resaltar que en el marco del Octavo Aniversario de la Entrega del Informe final, Sandra García, representante de las Viudas y madres de las víctimas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, junto con Doris Caqui, representante de las víctimas del estado, reclamaron de forma conjunta su derechos a la verdad, memoria, justicia y reparación, por lo que es inaceptable la división que el ministro de defensa pretende hacer de las víctimas.
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Consulte Información en Delito y Corrupción HUMALA DE LAS FARSA ELECTORAL A LA REPRESION SANGRIENTA y APOSTILLAS ANTICORRUPCIÓN
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