Interesante, Corte de Huancavelica absuelve a dirigentes campesinos procesados por defender su territorio contra empresa minera - 14/02/2014 11:05:32
"Un caso de criminalización de la protesta ganado: Corte de Huancavelica absuelve a dirigentes campesinos procesados por defender su territorio contra empresa mineraPor Janelle J. Rocca Galarza (*)
Lo que leerá es una historia surrealista.
Primero: una empresa minera decide meterse a realizar actividad minera en un territorio de unas comunidades campesinas, a pesar de no contar con licencia social y no haber realizado la consulta previa con las comunidades campesinas dueñas del territorio donde pretende explorar.
Segundo: la comunidad decide denunciar ante las autoridades del Estado que esta empresa minera se ha metido a su propiedad sin permiso, sin resultados concretos.
Tercero: cansados de la indiferencia del Estado, las comunidades deciden defender su territorio, contra la intrusión de esta empresa, y son increíblemente procesados penalmente por el sistema de justicia.
En resumen, es como si el delincuente que se ha metido a la fuerza a tu casa sin permiso, te denuncia por sacarlo a la fuerza, luego que ninguna autoridad ha cumplido con defenderte. A continuación un caso real que acaba de ocurrir en Huancavelica:
El distrito de Secclla, ubicado en la provincia de Angaraes, región Huanvelica, se encuentra conformado por las comunidades campesinas de Secclla, Allarpo , Chillama, Atuna , Quihuay, Ccochatay, Eccana, Maray, Quispicancha, Pucamaray, Antamachay, Rupasccahuasi, Tranca, Huaraccopata.
Al igual que todo pueblo de nuestra región andina, los habitantes de Secclla se dedican a la agricultura y ganadería; siendo hereditarios de paisajes serranos inolvidables y donde se encuentran las nacientes de muchos ríos de la zona. Así tenemos, que en el paraje de Pampamali se ubican las cabeceras de cuenca de los ríos Atuna y Sicra, el primero, alimenta a las zonas bajas del distrito de Secclla, mientras que el segundo, al distrito de Lircay.
Pero al igual que todos los distritos de nuestra serranía peruana, el de Secclla no es ajeno a la problemática de conflictividad social que aqueja al país en la actualidad, dado que gran parte de su territorio se encuentra concesionado para la explotación minera.
La Defensoría del Pueblo, a través de sus reportes mensuales de conflictos sociales, ha registrado que en este distrito existe un conflicto social permanente desde el año 2007, no obstante, el origen del mismo, se remonta allá por el año 2002, en que la Compañía Minera Pampamali S.A. (COMIPSA), inicia sus operaciones de exploración y explotación en el paraje Pampamali -que como ya hemos mencionado- el cual es zona de las nacientes de los ríos Sicra y Atuna.
Ahora bien, como es común en todos los casos de otorgamiento de concesiones mineras y de autorizaciones para el inicio de actividades de exploración y explotación por parte del Estado peruano dentro de los territorios de las comunidades campesinas, existe una vulneración permanente del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, así como el derecho al territorio, a la libre autodeterminación, entre otros; situación que ha desembocado actualmente en una creciente ola de conflictos sociales a nivel nacional, siendo los más frecuentes los de tipo socioambientales ligados con la industria minera.
Dentro de este contexto, se enmarca la problemática de conflictividad social suscitada entre las diferentes comunidades campesinas del sur de la provincia de Angaraes ,en especial, del distrito de Secclla- contra COMIPSA durante los días 06 al 24 de noviembre de 2007, fechas en las que deciden realizar varias jornadas de manifestaciones pacíficas en los alrededores de las instalaciones del campamento minero, a efectos de exigirle a ésta el retiro definitivo de sus territorios comunales y el cese de sus operaciones por no cumplir con las normas ambientales y mineras, además de haber vulnerado el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
Las jornadas de protestas que se desarrollaron durante cerca a un mes en el paraje de Pampamali, donde se generaron actos de violencia contra la población por parte de los trabajadores de la empresa (1), concluyeron con el retiro de las instalaciones del campamento minero de COMIPSA, en vista que se determinó la realización de sus actividades mineras de manera ilegal e irregular.
No obstante, a pesar que COMIPSA inició y desarrolló sus operaciones mineras vulnerando diversos derechos fundamentales de las comunidades campesinas de la zona, además de haber transgredido el ordenamiento jurídico (2) y haber generado un clima de conflictividad social, la referida empresa decide denunciar penalmente a varios pobladores, entre ellos, dirigentes, autoridades y líderes sociales del distrito de Secclla, denuncia que es formalizada contra 16 de ellos por parte de la Fiscalía Mixta de Angaraes, a cargo del Dr. Henry Mamani Valdivia.
Las investigaciones, a nivel preliminar y judicial, se llevaron a cabo por más de 04 años, concluyéndose con un dictamen acusatorio y una requisitoria oral condenatoria por parte de la Fiscalía de Huancavelica, a cargo del Dr. Luis Alfredo Yalán Ramírez, de los 16 procesados por los delitos de secuestro, robo agravado, coacción, entre otros y solicitando penas excesivas y desproporcionales de hasta 35 años de cárcel para varios de los acusados.
Sobre el particular, es necesario destacar que al momento de efectuar su requisitoria oral, el representante del Ministerio Público de Huancavelica desconoció e ignoró totalmente el contexto político y social por el cual se desarrollaron los hechos de los días 06 al 24 de noviembre de 2007 y que fueron materia del referido proceso penal, así como no tomó en cuenta la práctica y el uso recurrente, como forma de amedrentamiento, del aparato punitivo por parte de COMIPSA contra los dirigentes, autoridades y líderes sociales del distrito de Secclla, que desde más de 11 años han venido exigiendo a esta empresa el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el respeto de sus derechos fundamentales.
El juicio oral duró como cerca de 06 meses, concluyendo este miércoles 05 de febrero con la absolución total de los 14 procesados (3), dado que la Sala Penal de Huancavelica no logró encontrar suficientes medios probatorios que pudieran enervar el principio de inocencia de los acusados.
Sin embargo, consideramos que el Poder Judicial de Huancavelica perdió una importante oportunidad para pronunciarse y sentar una valiosa jurisprudencia , como en su momento lo hiciera la Sala Penal de Iquitos en el famoso caso Andoas- sobre uno más de los casos de criminalización de la protesta social que se ponen en evidencia en un contexto de conflictividad social que atraviesa el país. Lastimosamente, esta Sala Penal , al igual que el Ministerio Público- intentó abstraer y desvincular el caso de su real contexto político y social, y lo analizó como si fuera un mero caso delincuencial cotidiano.
El conflicto en la zona aún sigue latente y COMIPSA continúa haciendo uso del aparato punitivo para perseguir a los dirigentes, líderes y autoridades del distrito de Secclla. La justicia Huancavelicana todavía tiene la oportunidad de tocar los orígenes de este conflicto y lograr encaminarlo por el sendero respectivo.
(*) Abogada de los 14 procesados y miembro de la Asociación Civil "Colectivo por la Madre Tierra , COMTERRA".
Fuente: JusticiaViva
Notas
Producto de los actos de violencia, hubieron dos heridos, uno de ellos de gravedad que posteriormente le generó la muerte. Los responsables han sido sancionados por el delito de homicidio culposo, en la actualidad, se encuentran libres.
Es importante destacar que COMIPSA inicia sus operaciones en el 2002 sin contar con la certificación ambiental respectiva. Para el 2007 no contaba con la autorización, otorgada por la ANA. para el uso de aguas superficiales ni la de vertimientos de aguas residuales tratadas; además no tenía la autorización por parte de las comunidades para el uso del terreno superficial.
Los procesados César Cuadros Roiro y Carlos Candiotti Valenzuela, fallecieron en el transcurso en que se desarrolló la investigación judicial.
Ver artículo...
" Fuente Artículo
Interesante, APRODEH: Ley Nº 30151 puede generar más muertes en conflictos - 16/01/2014 13:51:42
" Ley Nº 30151 puede generar más muertes en conflictosLa Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresa su profunda preocupación respecto a la entrada en vigencia de la Ley Nº 30151, publicada el día 13 de enero, que modifica el inciso 11 del artículo 20º del Código Penal, ampliando los supuestos de inimputabilidad al personal de las fuerzas armadas y policiales que cause muertes o lesiones en cumplimiento de su deber.
Es necesario recordar que el mencionado inciso fue incorporado inicialmente vía Decreto Legislativo 982 durante el segundo gobierno de Alan García, generando una fuerte polémica sobre su inconstitucionalidad. Hoy, esta nueva modificación elimina la condición de que el uso de armas sea "en forma reglamentaria" y amplía a cualquier "otro medio" la acción letal por parte de militares y policías.
Si bien es cierto, urgen medidas de cara a la compleja inseguridad ciudadana, la eliminación de la conformidad reglamentaria para uso de las armas es, más bien, una decisión temeraria que constituye un aval de impunidad para el uso indiscrimado de la fuerza letal, y cualquier ciudadano afectado injustamente no podría acceder a la justicia. Del mismo modo se establece que las afectaciones a la vida y la integridad personal pueden ser causadas por cualquier otro medio distinto a las armas reglamentarias, lo que constituye un grave exceso legislativo.
Los índices de delincuencia y criminalidad organizada en nuestro país ameritan un tratamiento integral y diverso que conduzca a la seguridad ciudadana y la paz social, esto implica que ninguna medida puede poner en riesgo indebidamente el derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a justicia.
Del mismo modo, nos preocupa que esta norma de impunidad alcance también a la acción de las fuerzas armadas y policiales en conflictos sociales. Aún estamos lejos de cerrar heridas de tragedias recientes como Bagua, Conga y Espinar, entre otras, y es notable el contraste entre la insistente persecución penal contra los ciudadanos que participan (o no) de protestas sociales y los índices de impunidad del personal de la fuerza pública y autoridades responsables de las muertes y lesiones a pobladores. Sólo entre 2006 y 2013, la Defensoría del Pueblo registra 193 muertes civiles en conflictos sociales y más de 2,400 heridos.
Esta situación es preocupante no sólo por la posibilidad de que en futuros acontecimientos, militares y policías actúen sin ninguna ponderación ni responsabilidad, sino también porque los procesos judiciales en curso por muertes y lesiones de ciudadanos sean revertidos y queden sin esclarecer, evitando así determinar eventuales sanciones y las reparaciones correspondientes a las víctimas.
Tal como ha señalado el Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), esta Ley forma parte de las medidas que en nombre de la seguridad ciudadana puedan coartar derechos tan fundamentales como la vida y la integridad física y tener un efecto disuasorio del ejercicio legítimo de la protesta social, siendo responsabilidad del Estado peruano adecuar la legislación nacional y la reglamentación del uso de la fuerza o de armas de fuego, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por tanto, exhortamos al Congreso de la República a derogar la Ley Nº 30151, a los magistrados del Poder Judicial a hacer uso del control constitucional para evitar la indefensión de las víctimas de abusos de la fuerza pública, y al Poder Ejecutivo a encausar en el camino del diálogo, la protección de derechos y la participación ciudadana la solución a los conflictos sociales del país.
Lima, 16 de enero de 2014.
APRODEH
Ver artículo...
" Fuente Artículo
Interesante, A diez años de la CVR: "No puede haber reconciliación sin justicia ni reparación" - 20/08/2013 18:23:26
"La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos convocó a la prensa a un desayuno de trabajo con miras al 28 de agosto, fecha en que se cumplen diez años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Participaron como expositores Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Sofía Macher, ex-comisionada, Eduardo Cáceres, filósofo y ex-director de Aprodeh y Gloria Cano, directora de Aprodeh.Sofía Macher: "La gran deuda de la post CVR son los desaparecidos"
En opinión de Sofía Macher, el conflicto evidenció grandes brechas en la sociedad peruana, lo que implicó un gran reto de reformas institucionales para el Estado. Macher indicó que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación planteó 85 recomendaciones, de las cuales se tienen avances a nivel de normas, pero serios problemas en la implementación; asimismo, se han dado también normas en una dirección opuesta, lo que ha generado una contradicción interna. No obstante, la ex comisionada indicó que el balance es satisfactorio en un 60%.
En materia de Defensa
La ex comisionada afirmó que se ha logrado separar las competencias de los policías y militares, que antes no se tenía claro, que se enseña derechos humanos en las escuelas militares y policiales, que se logró desmontar las leyes dadas por el régimen autoritario de Fujimori, y que se logró cambiar de estrategia en el VRAEM. Sin embargo, también afirmo que se está permitiendo la intervención en zonas de emergencia en casos de conflictividad social, lo que garantiza la impunidad de las afectaciones a los derechos humanos.
Inclusión: justicia y reparación
Para Macher es un avance la creación, dentro del Ministerio de Justicia, del Viceministerio de Derechos Humanos, pero todavía no se ve, en la práctica, su funcionamiento transformador. En cuanto a las reparaciones, la ex comisionada opinó que si no se cambia el enfoque del Consejo Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), que se ha convertido en una traba burocrática, no se va a poder reparar, y que en la actualidad es inaceptable que unos reciban 30 mil y otros 10 mil en materia de reparaciones.
El gran pendiente de los desaparecidos
Sobre los desaparecidos, Sofía Macher sentenció que hay una gran deuda pendiente a 10 años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Macher indicó que las exhumaciones solo son un paso en el proceso de búsqueda de desaparecidos, y que si no se crea una oficina para buscar desaparecidos, esto no se va a resolver.
Conclusión
En conclusión, para la ex comisionada, existen algunos avances a 10 años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero que los problemas estructurales del racismo y discriminación siguen presentes, que no ha cambiado la relación del estado con la sociedad, y que más bien el Estado sigue siendo desordenado, que se "mete cabe", y, lo más grave, que sigue siendo un Estado que no es garante de derecho.
Eduardo Cáceres: "Existen más de 280 títulos de novelas producidas sobre el tema en el Perú"
Para empezar, el filósofo Eduardo Cáceres comentó que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue un inmenso logro del movimiento de afectados y del movimiento de derechos humanos, constituyendo una suerte de juicio oficial a las dos décadas pasadas de violencia. Además, indicó que en ningún momento el IF-CVR tuvo menos de 40% de respaldo, y que inclusive, durante el juicio a Fujimori, el respaldo al trabajo que la CVR aportó para este juicio estuvo por encima del 60%.
Dos graves pendientes: judicialización y desaparecidos
Cáceres consideró que existe un problema muy serio en cuanto al proceso de judicialización de los casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, que muchos están pendientes y solo se ha avanzado seriamente hasta el juicio a Alberto Fujimori. Sin embargo, más grave aún es el estado de los desaparecidos de la época de violencia política, que no existe un Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, y que más bien estos se han "mantenido en el olvido".
Los posibles avances
Si bien existe un balance mayoritariamente negativo, desde el lado de la producción cultural hay un fuerte avance precisamente a raíz del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ejemplo de ello es que existen más de 280 títulos de novelas producidas sobre el tema en el Perú, y que en el terreno cinematográfico la película La teta asustada fue nominada a los premios Óscar. A pesar de ello, indicó Eduardo Cáceres, existe el riesgo de que todo lo que se planteó en el IF-CVR, a 10 años de su presentación, quede nuevamente en el olvido. En ese sentido, indicó, el rol de los medios de comunicación es muy importante.
Gloria Cano: "En el Poder Judicial hay un ánimo de "unificar criterios" con los militares"
La abogada Gloria Cano, en cuanto al tema de judicialización, indicó el Estado peruano se está negando a dar información. Cano señaló que es imposible que no tengan registro de 1500 patrullas cuando las deben tener en la memoria anual de 1983. Ante ello, APRODEH ha presentado una acción de Habeas Data, pidiendo el acceso a esta información.
Centralismo en el proceso de judicialización
Cano afirmó que las salas judiciales de todo el país se están llenando y que se está centralizando todo en las salas de Lima, lo que implica el traslado de las familias afectadas a la capital. Sumado a ello, no se tiene la competencia para traducir lo que los afectados expresan en los juicios orales desde su idioma originario.
Hoyada, Santuario Nacional
Finalmente, la abogada Gloria Cano indicó que ANFASEP, la asociación de la dirigente Mama Angélica, que ahora cumple 30 años, demanda que el lado oriente del Cuartel Los Cabitos 51 de Ayacucho (en Huamanga), escenario donde se encontraron decenas de restos de desaparecidos durante la década de los ochenta, se convierta en Santuario Nacional de la Memoria. Cano informó que el Ministerio de Justicia tiene la intención de hacer realidad este pedido.
Rocío Silva Santisteban: "No puede haber reconciliación si es que antes no ha habido justicia y reparación para las víctimas"
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, indicó que existen más de 80 lugares de memoria a nivel nacional, y que la gran mayoría son iniciativas regionales con demanda de los propios afectados por el conflicto armado interno. Además, indicó que existen avances en el tema de memoria en otros terrenos, como el intelectual, con la creación del IDEHPUCP, con el Grupo Memoria en el Instituto de Estudios Peruanos y la participación de los estudiantes sanmarquinos en el colectivo Yuyachkanchik.
Cambiar lógicas
Si bien hay un Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Justicia ahora es de Derechos Humanos, Silva Santisteban cuestionó su relevancia en el plano más amplio de políticas estatales. Al respecto, indicó que aún persiste el "ninguneo", se tiene un Instituto de Medicina Legal donde no hay ni siquiera reactivos para identificar a los desaparecidos, se ha tenido que esperar una sentencia de la Corte Interamericana para que el Estado le pida disculpas a algunas de las víctimas.
Discriminación y violencia sexual
Silva Santisteban indicó que, según datos del MHOL, hay diez casos de personas que fueron desaparecidas sólo por su orientación sexual, tanto por Sendero Luminoso, el MRTA, como por la Marina. Esto no ha cambiado, reafirma la secretaria ejecutiva de la CNDDHH. Hace un año, informó, se ha visto el caso de un joven que fue torturado sólo por su orientación sexual en la Hacienda Casagrande. Esto es aún más preocupante en cuanto a las violaciones sexuales durante la época de la violencia política, en las que actualmente solo existen 4 en juicio oral, 8 casos en investigación fiscal y no hay ni una sola sentencia en 30 años.
Conclusión
El trabajo de la CVR ha implicado un cambio: antes del Informe no se conocía ni una palabra de derechos humanos en comunidades alejadas. Hay avances, pero también muchas formas burocráticas desde el Estado. Al respecto, afirmó que la reconciliación no se concibe sin justicia, y que por parte del Estado no ha habido una voluntad en reconocer al otro, siempre ninguneado.
Miguel Jugo: "El gran problema es la falta de institucionalidad"
El secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Jugo, indicó que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación reclama generar institucionalidad, pero que no se está cumpliendo.
Poder Judicial y Conflictos Sociales
Sobre el Poder Judicial, Miguel Jugo indicó que no existe independencia, y que en cuanto a los conflictos sociales es contradictorio que quien antes era tildado de subversivo (Ollanta Humala), ahora haga lo mismo con la gente que protesta. Jugo increpó que la sociedad debería cuestionarse por la existencia de conflictos sociales, a propósito de haber pasado 10 años de la presentación del IF-CVR.
SOBRE LA MARCHA DEL MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO
Rocío Silva-Santisteban señaló que este 28 de agosto, en el memorial El Ojo que Llora habrá, por una parte, una representante de las víctimas de CONAVIP y otra, de AVISFAIT, Sandra García, viuda de un policía. Se convocó a la ciudadanía a ser parte de esta conmemoración y a marchar, luego de la conmemoración, desde el memorial hasta la Plaza San Martín.
ANEXO SOBRE JUDICIALIZACIÓN
A setiembre de 2012, el número de sentencias emitidas por el Poder Judicial en el Perú durante el período 2005-2012, eran las siguientes: 28 sentencias absolutorias, 9 sentencias condenatorias y 11 sentencias mixtas. También, en este mismo período, el número de imputados sentenciados en casos graves de violaciones a los derechos humanos fueron: 113 absueltos, 66 condenados y 12 ausentes.
Las 28 sentencias absolutorias corresponden a los casos: 1) Luis Manrique Escobar, 2) Chavín de Huantar, 3) Constantino Saavedra 2, 4) Santa Bárbara 2, 5) Gualberto Chipana Wuayra, 6) Walter Castillo Cisneros, 7) Jeremías Osorio 2, 8 ) Felipe Huamán Palomino, 9) Adrián Medina, 10) Cantuta 2 (09-2008), 11) UNCP, 12) Matero 2, 13) Parcco Pomatambo, 14) Marcos Barrantes 2, 15) Marcelino Valencia y Zacarías Pasca, 16) Constantino Saavedra, 17) Los Laureles, 18) Matero 1, 19) Pedro Haro, 20) Jeremías Osorio, 21) Julio César Alcides y Abraham Sandoval Flores, 22) Eladio Mancilla Calle, 23) Benito Céspedes y otros 2, 24) Marco Barrantes 1, 25) Benito Céspedes y otros 1, 26) Rafael Salgado, 27) Moisés Carvajal Quispe, 28) Ramírez Hinostroza.
Las 9 sentencias condenatorias se refieren a los casos: 1) Bernabé Baldeón García, 2) Pucayacu 2, 3) Chillutira, 4) Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos SIE (A. Fujimori), 5) Cantuta 1 (EXP Nº 003-2003), 6) Zulema Tarazona, 7) Efraín Aponte Ruiz, 8 ) Hugo Bustíos, 9) Delta Pichanaki.
Las 11 sentencias mixtas tiene los siguientes casos: 1) Efraín Aponte Ortiz 2, 2) Jorge Gutiérrez Quintero, 3) Indalecio Pomatanta 2, 4) Barrios Altos, Campesinos del Santa y Pedro Yauri, 5) Pucará, 6) Desaparición Autoridades de Acocro, 7) Indalecio Pomatanta, 8 ) Cantuta 2 (09-2008), 9) Santa Bárbara, 10) Chushi, 11) Ernesto Castillo Páez.
Ver artículo...
" Fuente Artículo
Que opina? EL GOBIERNO VS. LA DEFENSORIA DEL PUEBLO - 21/06/2013 9:14:58
" La relación de la Defensoría del Pueblo con los gobiernos de turno, a lo largo de sus 17 años de historia, ha sido tensa en la mayor parte de casos. Y está bien que así sea. No en vano, la Defensoría tiene el mandato constitucional de velar por el respeto de los derechos reconocidos por el texto más importante del ordenamiento jurídico nacional, así como por la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.Sin embargo, la relación con este gobierno ha sido particularmente complicada. Cuatro puntos específicos explican la relación distante entre Ollanta Humala y su ballet frente a Eduardo Vega y su equipo.
a) Conflictos sociales: La discusión sobre este punto se encuentra en la metodología que emplean ambas instituciones para establecer que es un conflicto social. Como lo sintetiza Ricardo Uceda:
En el monitoreo de los conflictos sociales la Defensoría del Pueblo registra una cantidad apreciablemente mayor que la PCM, que tiende a constreñirse a los que tienen que ver con la gestión del Ejecutivo. Por otra parte, la Defensoría, sigue considerando conflictos activos aquellos que, habiendo alcanzado una crisis, o parte de su demanda, continúan en proceso de diálogo. A lo que añade los conflictos denominados latentes.
Quien ha sido más activo en los reclamos es el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor.
b) Los sueldos en la Defensoría: Hay pendiente un reclamo para la mejora de los sueldos en esta entidad, que no es precisamente de las que mejor paga en el Estado peruano y, a pesar de ello, intenta cumplir adecuadamente con su labor. Ello a pesar que varios excuadros de la DP están ahora en puestos encumbrados dentro del Poder Ejecutivo (o como asesores del Congreso de la República), lo que demuestra que la entidad, además de desarrollar sus funciones, es una cantera para tener buenos funcionarios estatales o para que varios profesionales jóvenes pasen por su "servicio estatal obligatorio". Y también a pesar que el Ministerio de Economía y Finanzas está de acuerdo con el aumento.
c) Consulta previa: Como ya comentamos hace algunas semanas en este blog, existe un serio desencuentro entre el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Energía y Minas sobre la aplicación de este mecanismo. La posición de la Defensoría es más cercana al despacho que dirige ahora Paulo Vilca e incluso va más allá. Desde la DP, se señaló que el proyecto Cañariaco, ubicado en Cañaris (Lambayeque) estaba sujeto a la consulta previa.
d) Servicio militar: Las alusiones al "interinato" de Eduardo Vega como Defensor del Pueblo provenientes desde Palacio de Gobierno y el Ministerio de Defensa se basan en las críticas hechas desde la Defensoría a la realización del sorteo para el reclutamiento forzado de reclutas para el servicio. Y, por cierto, a la medida cautelar ganada por la DP en el Poder Judicial para evitar que se perpetre dicho atropello a las libertades fundamentales. La mala gracia del Ejecutivo no se entiende, dado que la Defensoría, desde su creación, es la entidad que conoce más el estado del servicio militar, incluso mejor que el propio MINDEF.
Por estas razones, será importante que la persona que sea designada - esperemos que a la brevedad posible - por el Congreso como el nuevo titular de la Defensoría mantenga la misma independencia del Ejecutivo que han tenido las cuatro personas que han ocupado este puesto. Es preferible que esta institución pase por estas tensiones a convertirse en el apéndice del gobierno de turno. Y una buena designación sería una buena noticia para el país, aunque a Ollanta Humala le agríe el desayuno.
Ver artículo...
" Fuente Artículo
Que opina usted? De la Puente: Popularidad de Humala podría hundirse si no responde a inseguridad y narcoterrorismo - 04/03/2013 14:35:52
" Ideeleradio.- La popularidad del presidente de la República, Ollanta Humala, podría hundirse en las encuestas si no responde a los problemas vinculados al bloque de gobernabilidad: los conflictos sociales, la inseguridad ciudadana, la corrupción y el narcoterrorismo, estimó el analista político Juan de la Puente."Yo creo que se ha instalado lo que se llama un bloque de gobernabilidad en el Perú, es decir sumando el tema de conflictos sociales, seguridad ciudadana, el tema del combate al terrorismo o mal llamado narcoterrorismo y el tema de la corrupción, digamos son cuatro o cinco temas que constituyen un núcleo duro donde la ciudadanía pide rápidas soluciones y logros tangibles", dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Ese bloque de gobernabilidad puede hundir cualquier popularidad en el Perú o en cualquier parte de América Latina porque creo que forma parte de esos nuevos problemas de naciones emergentes, más aún en un país que ha crecido en los diez años en un promedio entre 6% y un 7%. Es un nuevo tema que incluso puede llegar a lastimar el crecimiento económico", acotó.
Sostuvo que, por el momento, la disminución de la popularidad de Humala Tasso está dentro de lo que puede ser considerado el margen de error, pero advirtió que esta podría verse afectada si no responde al problema de inseguridad en los próximos 15 días.
"Bueno, todavía esta disminución [de la popularidad del presidente por el incremento de la percepción de la criminalidad] está en lo que podría significar el margen de error, pero, evidentemente, es un tema sustantivo, yo diría que es el principal tema de la gobernabilidad del país", declaró.
"Si miramos la gobernabilidad, hay una parte política de la gobernabilidad y hay una parte social. De modo que si en el corto plazo, me refiero a los próximos 15 y 20 días, no aparece un gobierno respondiendo a los frentes abiertos con el tema de la seguridad ciudadana probablemente esto le afecte", añadió.
Política criminal debe transitar hacia un cambio
En otro momento, indicó que nuestro país tiene que ir cambiando su actual política criminal hacia una mucho más integral. Consideró que este tránsito puede ser muy doloroso y complejo para el Gobierno.
"Yo creo que el tránsito de una política criminal está demorando demasiado, porque en la vieja concepción el asunto de la seguridad ciudadana es una tema de policías y ladrones y, la visión que el Perú esta internalizando es un asunto más complejo que tiene que ver con normas con el carácter operativo del Ejecutivo, pero también con la conducta de fiscales, jueces y de varios llamados de administrar justicia en el caso de personas que son víctimas de la violencia cotidiana de la inseguridad ciudadana", refirió.
"Ese tránsito, tengo la impresión, que es un poco doloroso en el Gobierno, es complejo, porque tengo entendido que hace unas semanas se ha reunido el Ejecutivo, con el Poder Judicial y el Ministerio Público, se ha empezado a tratar este asunto de modo transversal, hay me parece 18 leyes plateadas en el Parlamento. Lo bueno es que ya no se está planteando esta lógica de populismo penal, de incrementar penas, son medidas que van a favorecer la acción y, bueno, estamos en ese momento, yo quisiera que ese tránsito entre la vieja concepción de "policías y ladrones" al nuevo concepto demore menos", precisó.
En ese sentido, el periodista lamentó que aún en el país existan políticos que creen que el problema de inseguridad ciudadana se resuelve con populismo penal y con penas más severas, pese a que se ha demostrado que la idea de mano dura, pena de muerte y escuadrones de la muerte no ha funcionado.
"Todavía tenemos populismo penal, yo he escuchado a parlamentarios de varias bancadas volviendo al asunto de la pena de muerte. Miren, una cosa sencilla, hubo escuadrones de la muerte en Trujillo, todavía no se sabe quien los ha dirigido, porque el principal imputado ha sido liberado sin pruebas, pero hubieron escuadrones de la muerte y eso no logro bajar la criminalidad. Pero una intervención que se ha hecho en este gobierno en Trujillo, con esta lógica pequeña de política criminal ha logrado éxitos porque se ha bajado el número de denuncias, de delitos, de asesinatos, lo cual demuestra que la idea de mano dura, pena de muerte, escuadrones de la muerte, no ha funcionado", acotó.
Número de absueltos por TID ha crecido notablemente
Finalmente, cuestionó que en los últimos años se haya incrementado el número de absoluciones a los acusados por narcotráfico en el país. Asimismo, puntualizó que en los últimos años no se ha juzgado en nuestro país a ninguna agrupación criminal.
"Miren un dato solo en el tema de narcotráfico el número de absueltos ha crecido notablemente en los últimos cinco años o dos cosas; la policía imputa a cualquiera o que la banda de narcotraficantes han mejorado sus sistemas de defensa, a esa defensa ha ingresado grandes estudio de abogados ahora conocidos, dos posibilidades, yo me inclino por la segunda", reveló.
"Nosotros no hemos tenido en los últimos años, no hemos juzgado una mega banda y eso es porque las bandas más importantes han perfeccionado sus mecanismos de defensa", concluyó
Ver artículo...
" Fuente Artículo
Noticia, En junio inician juzgados para asuntos tributarios - 04/03/2013 10:03:37
"Nuevos órganos serán un aporte básico para promover inversionesEl Poder Judicial inaugurará en junio los nuevos juzgados y salas en asuntos contenciosos destinados a atender los asuntos vinculados a la Sunat y el Indecopi, anunció su titular, Enrique Mendoza Ramírez, quien también adelantó que para maximizar la eficiencia en la judicatura se trabaja en la identificación de 10 procesos recurrentes, los cuales podrán ser optimizados o eliminados mediante cambios de normatividad.
El Perú viene registrando importantes avances en materia económica y, en los últimos años, se ha constituido como el destino favorito para muchos capitales extranjeros. En ese escenario, ¿qué acciones prevén para garantizar la seguridad jurídica a las inversiones desde lo jurisdiccional?
Somos conscientes que un factor crítico para la competitividad de un país es el adecuado desempeño de su sistema judicial. Así, desde el inicio de esta gestión, en enero pasado, se viene trabajando sobre tres factores fundamentales mejorar la labor jurisdiccional, éstos son la equidad del sistema, la eficiencia del sistema y la predictibilidad del sistema. El primero es la medida en términos de transparencia, independencia e imparcialidad. En ese sentido, estamos convencidos que para que exista confianza en el sistema judicial, a la independencia que garantiza la Constitución hay que acompañarla con mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas que aseguren la imparcialidad de las actuaciones judiciales, evitando las demoras en el tiempo. Nuestra filosofía en este punto es sumamente pragmática. Lo que no se mide no se puede controlar. Y por ello estamos trabajando en el diseño de indicadores de la labor.
¿Cuáles serán esos indicadores a los que hace referencia?
En una primera etapa, que inicia hoy estaremos aplicando una serie de indicadores para medir y controlar la actividad de los juzgados y salas laborales que se rigen bajo el nuevo código procesal de esta especialidad. En una segunda etapa, en junio de este año, se comenzará la medición de la actividad de la especialidad comercial y antes de fin de año esperamos diseñar e implementar los indicadores de gestión para los juzgados y salas de familia y penal, en este último caso, donde esté vigente en el modelo procesal acusatorio. Pero estos mecanismos de medición serían vanos si no son accesibles y entendibles para cualquier ciudadano y para ello trabajamos, de forma paralela, en el diseño de un portal web donde el ciudadano podrá acceder, y por ende controlar, a toda la data vinculada a los indicadores en cuestión.
En el segundo factor, sobre la eficiencia del sistema, ¿qué debemos esperar?
Este factor está considerado en términos de rapidez y costo. Así, uno de los ejes claves será la simplificación de los procedimientos legales como forma de incrementar la eficiencia del sistema judicial y el acceso en tiempo y costos al mismo. Sobre el particular estamos trabajando en diversas líneas de acción. Entre ellas, continuar con el desarrollo del sistema de notificaciones electrónicas, iniciado por mi predecesor, y establecer, mediante reforma legal, su obligatoriedad. Luego, la identificación de 10 procesos recurrentes los cuales pueden ser optimizados o eliminados mediante cambios de normatividad interna, que se implementarán en junio; y, finalmente, la promulgación de la Ley de casación civil la cual esperamos enviar al Congreso este mes para su pronta aprobación.
¿La predictibilidad del sistema también será fundamental?
En efecto, la jurisprudencia juega en la práctica un papel muy importante en la delimitación del alcance de las normas. Por ello, en agosto de este año estaremos culminando una nueva versión del motor de búsqueda de jurisprudencia de la Corte Suprema, además que alentaremos la realización del mayor número de plenos jurisdiccionales.
"El lema en mi gestión es que otro significado de justicia es la eficiencia."
Conflictos sociales
Desde el punto de vista jurisdiccional y los conflictos sociales, ¿qué acciones han sido adoptadas para agilizar estos casos que afectan la tranquilidad pública?
Sobre el particular tenemos que ser enfáticos, los jueces estamos preparados para juzgar cualquier situación de desmán social y quien sea una excepción asumirá las consecuencias de sus actos u omisiones ante la Ocma. Pero además, y esto es fundamental que la ciudadanía lo entienda, la titularidad de la acción penal recae en el Ministerio Público, los procesos penales son activados, exclusivamente, por la fiscalía que es la que debe denunciar al Poder Judicial delitos, lamentablemente comunes y pocos denunciados, como la toma de carreteras, que son el punto de inicio de los incidentes de violencia a los que refiere.
Diario El Peruano (04/03/2013)
Ver artículo...
" Fuente Artículo
Consulte Información en Delito y Corrupción El delito de homicidio culposo en la actualidad y El sistema de justicia
Consulte la Fuente de este Artículo
No hay comentarios:
Publicar un comentario