Gestión Pública del Perú y el Mundo: Urge protocolo para acabar con impunidad por muertes en protestas y sin culpables ni castigo

Que opina usted? CNDDHH a Fiscal de la Nación: Urge protocolo para acabar con impunidad por muertes en protestas - 26/02/2014 12:42:12

"Ante la primera sentencia absolutoria dictada en base a la Ley 30151 (conocida como la ley que da "licencia para matar"), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha solicitado al Ministerio Público elaborar un protocolo que oriente a los fiscales que deben investigar ejecuciones extrajudiciales y lesiones en contextos de protesta social.
Lea la carta enviada al Fiscal de la Nación.
La situación de impunidad es innegable: desde el 2002 hasta la fecha no existe ni una sola sentencia condenatoria por las 139 personas fallecidas en protestas que tiene registradas la CNDDHH. Esta situación de impunidad le ha valido severos cuestionamientos al Perú ante el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
Bajo ninguna circunstancia puede considerarse legal y quedar exento de investigación el uso abusivo de la fuerza que quede fuera de los estándares nacionales e internacionales en la materia. El protocolo serviría para guiar la intervención fiscal dentro del marco jurídico nacional e internacional existente, garantizando el derecho a la justicia y reparación por parte de las víctimas.
El protocolo especificaría las diligencias a realizarse en el proceso de investigación, así como el uso permitido de la fuerza pública para el control de disturbios, y las figuras legales para que los fiscales puedan sustentar la responsabilidad de los mandos policiales involucrados en acciones de uso abusivo de la fuerza, incluyendo las figuras de autoría mediata y comisión por omisión (por ejemplo para los casos donde se omite garantizar la provisión de material antidisturbios y equipos protectores para los policías).
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan por la promoción y defensa de los derechos fundamentales. Desde el 2012 viene impulsando la campaña NI UN MUERTO MÁS, para llamar la atención acerca del alto número de ciudadanos muertos como resultado de la intervención de las fuerzas del orden en conflictos sociales.

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Información: La desaparición forzada de Lucho Manrique: Un crimen comprobado, sin culpables ni castigo - 11/12/2012 11:54:29

" Por Jo-Marie Burt & María Rodríguez*
En la historia del escritor español Lope de Vega, el pueblo de Fuenteovejuna se unió para asesinar al Comendador abusivo; cuando preguntaron quién lo hizo, el pueblo respondió: "Fuenteovejuna, todos a una". En el caso de la desaparición forzada de Lucho Manrique la sentencia absolutoria al actual alcalde de San Borja, Marco Álvarez, ex coronel del Ejército peruano, acusado como autor mediato del crimen, nos deja esta misma sensación: fueron todos pero a la vez no fue nadie. Quedó comprobado en el juicio que el Ejército peruano desapareció a Lucho Manrique, pero este ejército no tiene agentes, nombres ni apellidos.
Huancavelica, 1989
Según la CVR, uno de los picos más altos en muertos y desaparecidos durante el conflicto armado interno se dio en la zona central del Perú (Huancavelica, Pasco y Junín), precisamente en 1989, el año en que Lucho Manrique fue desaparecido. En Huancavelica se reportaron 122 muertos y desaparecidos, indicando que 1989 fue uno de los años con mayor incidencia de violencia en la región, y cuyas cifras fueron superadas solo en 1984 y 1990 (1).
Lucho Manrique trabajaba en una imprenta dela Corporación de Desarrollo de Huancavelica (CORDE). Días antes de su desaparición fue obligado por supuestos miembros de Sendero Luminoso a imprimir volantes exhortando a la población a boicotear las elecciones municipales que se llevarían a cabo en el mes de noviembre de 1989. Al día siguiente, estos volantes fueron repartidos por toda la ciudad. Días después, el 6 de noviembre y en horas de la madrugada, hombres encapuchados y armados irrumpieron en la casa de Manrique y se lo llevaron. Su esposa, Imelda Cayetano, fue testigo de este hecho. Según ella, al llevarlo lo acusaron de ser terrorista por haber colaborado con la impresión de dichos volantes.
El juicio oral contra Marco Álvarez Vargas se inició en noviembre del año 2011. El Ministerio Público presidido por el Fiscal Luis Landa acusó a Álvarez por autoría mediata de la desaparición forzada de Lucho Manrique, puesto que en esa fecha, Álvarez detentaba el puesto de Jefe del Comando Político Militar (CPM) de Huancavelica. La semana pasada, tras un año de juicio oral, en el cual Álvarez negó en todo momento haber sido jefe del CPM de Huancavelica, el colegiado de la Sala Penal Nacional presidido por la magistrada Rosa Mirta Bendezú Gómez (2) dictaminó la sentencia absolutoria a favor del actual alcalde de San Borja.
Una desaparición ejecutada por el Ejército
Según el fallo de la Sala Penal Nacional, quedó comprobado que el ciudadano Lucho Manrique fue sustraído de su hogar en horas de la madrugada del día 6 de noviembre de 1989 por miembros del Ejército peruano y no por agentes subversivos, como alegó la defensa del acusado. La Sala concluyó que quienes podían circular en horas de la madrugada y durante el toque de queda impuesto por el estado de emergencia, sólo eran miembros de las fuerzas del orden. Asimismo, dejó establecido que en esos años existió un patrón de desapariciones forzadas impulsadas por el Ejército, sustentado en la gran cantidad de constancias de desaparecidos emitidas por la Defensoría del Pueblo, los testimonios de la CVR y el hallazgo de varios cuerpos en fosas comunes a mediados de este año en Huancavelica, que según las investigaciones realizadas pertenecerían a personas desaparecidas en 1989.(3)
Sin embargo, la Sala Penal Nacional absolvió a Marco Álvarez. A pesar de comprobar un contexto de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales practicadas por el Estado peruano desde las fuerzas armadas, determinó que era un caso aislado. Y a pesar de la existencia de testimonios y documentos que comprobaban la presencia física de Marco Álvarez y el ejercicio del cargo de Jefe Político Militar de Huancavelica en la fecha de la desaparición de Lucho Manrique, la Sala decidió su absolución. El Doctor Carlos Rivera, jefe del Área Legal del Instituto de Defensa Legal y representante de la parte civil, se mostró sorprendido e indignado por el fallo de la Sala. "En este caso hay pruebas a montones," asegura Rivera,"pero documento por documento la Sala las desconoce."
Las pruebas desestimadas
Durante el juicio oral, Marco Álvarez ha tenido versiones contradictorias sobre los hechos. Primero adujo que nunca había estado en Huancavelica. Luego cambió su versión y afirmó que llegó a Huancavelica enviado por el Ejército peruano para actuar como veedor del proceso de elecciones. Más adelante indicó que había arribado a esa zona el 6 de noviembre de 1989, el mismo día de la desaparición forzada de Lucho Manrique. Negó en todo momento haber estado en Huancavelica en calidad de Jefe del Comando Político Militar en reemplazo del coronel Edgardo Alzamora García, quien detentó dicho cargo desde el 1º de enero de 1989 hasta agosto del mismo año, cuando pidió licencia por motivos de salud.
No se ha podido comprobar la existencia de una resolución u otro documento oficial que haya nombrado al actual alcalde pepecista como el reemplazo del entonces coronel Alzamora. Sin embargo, al consultar al Ministerio de Defensa sobre la identidad de la persona o personas que detentaban el papel de jefe del Comando Político Militar de Huancavelica, esta institución señaló que, efectivamente, Alzamora y el propio Marco Álvarez habían tenido estos cargos. A su vez, asegura el Dr. Rivera, en esa época Marco Álvarez era el militar con mayor grado en la zona y según los manuales militares le correspondía tener el cargo de jefe del CPM. Además, no hay ningún documento que sostenga la versión de Alvarezni de que estuvo en Huancavelica como veedor electoral ni que haya llegado recién el 6 de noviembre (el día de la desaparición de Lucho Manrique) a la zona.
El Fiscal Landa presentó varias otras pruebas que demuestran la presencia de Álvarez en Huancavelica como jefe del Comando Político Militar. Una de las pruebas centrales de la Fiscalía es una serie de oficios enviados desde la Fiscalía al mismo Álvarez y las respuestas firmadas por él a los mismos. En un oficio con fecha 8 de noviembre apenas dos días después de la detención-desaparición de Lucho Manrique la Fiscalía se dirige a Marco Álvarez en su condición de jefe del CPM de Huancavelica para solicitarle información sobre el paradero de Manrique y otro detenido-desaparecido. El oficio de respuesta, con fecha 15 de noviembre de 1989, afirma que las Fuerzas del Orden no ordenaron la detención de Lucho Manrique. El oficio lleva la firma de Álvarez, el sello del Jefe del Comando Político Militar de Huancavelica y el número de serie del oficial, que solo podía conocer el propio coronel. Así existe otro intercambio de oficios entre la Fiscalía y Álvarez sobre otro caso de un detenido desaparecido, Ramón Cubas Santoyo. Cubas Santoyo era vigilante de la imprenta de la CORDE y estuvo presente el día de la impresión de los volantes senderistas. Días después de la desaparición de Lucho Manrique también fue desaparecido con el mismo modus operandi. (4)
La defensa de Álvarez adujo que el oficio en respuesta a la Fiscalía era una de las cuatro hojas en blanco que Álvarez habría dejado firmadas antes de partir a hacer las supuestas inspecciones por las elecciones, para que el texto sea completado por su personal si ocurría alguna emergencia. Frente a este argumento, la Sala ordenó una pericia grafotécnica sobre el documento, que determinó que el contenido había sido completado después de la firma, y con ese resultado la Sala desestimó la prueba eje del caso. No tenemos elementos para verificar ni cuestionar la pericia en este caso, sin embargo, nos queda el interrogante: ¿qué coronel del Ejército, en un contexto de lucha contrasubversiva y de estado de emergencia deja documentos oficiales en blanco para ser rellenados por personal desconocido?Tampoco queda claro porque la Fiscalía dirigiría un oficio a Álvarez como jefe del CPM si, como él alega, no ostentaba tal cargo.
Otra prueba desestimada por la Sala, según el Dr. Rivera, es el testimonio de Juan Quispe Candiotti, trabajador de la corte judicial de Huancavelica. En un testimonio tomado por la Defensoría del Pueblo para verificar la desaparición de Lucho Manrique, Quispe Candiotti ratificó que Manrique y Ramón Cubas Santoyo habían sido llamados a la oficina del Comando Político Militar de Huancavelica unos días antes de ser detenidos y desaparecidos, con el fin de advertirles que sabían sobre los volantes y que estaban siendo "observados". La Fiscalía no llegó a presentar a tiempo a Quispe Candiotti como testigo, pero sí llegó a introducir su testimonio ante la Defensoría como prueba. Además, laSala tenía todas las facultades para llamarlo a declarar. Nunca lo hizo.
La fiscalía también presentó el testimonio de la señora Imelda Cayetana, esposa de Lucho Manrique y testigo presencial de su detención-desaparición. En el juicio oral, contó que se dirigió a la llamada "Casa Rosada" y pidió entrevistarse con el Jefe del Comando Político Militar para tener noticias del paradero de su esposo. En juicio oral, la señora Imelda no pudo recordar el rostro de Álvarez, pero recordó que era una persona robusta y afirmó que la voz del imputado Álvarez era la misma que la persona con quien se había entrevistado ese día.
En respuesta, la defensa del acusado alegó que su defendido se había realizado una operación a la garganta en el año 2011 la cual le había cambiado la voz. Además adujo que Álvarez, al ser profesor de equitación del Ejército, debía tener contextura delgada. Con eso, la Sala, increíblemente, desestimó el testimonio del único testigo presencial de la detención de Lucho Manrique.
Para la Sala, existe duda razonable de la responsabilidad de Álvarez en la desaparición forzada de Lucha Manrique indicando que no hay indicios suficientes para probar que él estuvo como autoridad en Huancavelica en noviembre de 1989. Quedan, sin embargo, interrogantes. ¿Bajo qué argumentos la Sala desconoce el documento del mismo Ministerio de Defensa que asegura que Marco Álvarez actuó como jefe del Comando Político Militar en Huancavelica en 1989 luego de la partida de Alzamora? ¿Es creíble que el Ejército podría dejar acéfala Huancavelica, tal como asegura Marco Álvarez era el caso, siendo ésta zona de emergencia y a puertas de los comicios municipales?¿Por qué la Sala evitó llamar a testificar al ciudadano Juan Quispe Candiotti? Y ¿por qué la Sala se muestra tan dispuesta a desestimar el testimonio de la esposa de la víctima?
Lectura de sentencia o fiesta electoral
La lectura de sentencia se inició a las 3.30 de la tarde. La Sala estaba llena de familiares y amigos del alcalde de San Borja, estaban personajes como el ex congresista del PPC, Javier Bedoya de Vivanco, y el ex jefe del cuartel Los Cabitos, Humberto Orbegozo Talavera, actualmente procesado por el caso Los Cabitos 83. La esposa de Marco Álvarez se mantuvo de pie y abrazada a sus hijos durante toda la lectura de la sentencia. A un costado de la sala, casi en la puerta, estaban también de pie la esposa e hija de Lucho Manrique.
El fallo absolutorio provocó los aplausos y vítores de los asistentes, mientras las dos familiares de Lucho Manrique escuchaban impotentes la sentencia y los gritos de júbilo. El Ministerio Público afirmó su intención de apelar la sentencia pues indicó enfáticamente que no estaba de acuerdo. La prensa esta vez, sí, presente estaba más presta a fotografiar el abrazo de la familia Alvarez que el sollozo ahogado de la esposa de la víctima y su hija. Mientras, en los exteriores de la Sala Penal Nacional, cual mitin de campaña, vecinas y vecinos de San Borja que llegaron en un lujoso bus negro de lunas polarizadas, alzaban pancartas de cartulina y vitoreaban al recientemente absuelto "Marco, amigo, el pueblo está contigo" y "San Bor-ja, te-a-po-ya".
La alegría inconmensurable del alcalde y sus allegados contrastó dolorosamente con la interrogante aún sin respuesta sobre el paradero de Lucho Manrique y la insanía que vivió Huancavelica en esas dos décadas. Sabemos que el Ejército fue el responsable de desaparecer a Manrique pero no tenemos más información. Así, el Ministerio Público tiene una larga y difícil tarea por delante, la de romper con el espíritu de cuerpo del Ejército y determinar quiénes fueron los responsables, autores mediatos y ejecutores de este y tantos otros crímenes ocurridos durante el periodo de violencia en el Perú. Porque tras 20 años, Lucho Manrique sigue desaparecido y sus perpetradores, sueltos y sin castigo.
Notas:
*Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (IEP, SER, EPAF; 2009, 2011). María Rodríguez Jaime es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como parte de su proyecto de investigación están monitoreando varios juicios por crímenes de lesa humanidad. Se puede acceder a información sobre el proyecto en la página web, Peru Human Rights Trials Project.
1) Entre1989 y 1990 Sendero Luminoso impulsó su fase ofensiva en Huancavelica.
2) La Sala Penal Nacional es el órgano judicial que mayormente procesa casos de terrorismo y violaciones de derechos humanos.
3) "Descubren una fosa con restos humanos que datarían de 1989 en Huancavelica" Peru21, 27 de junio de 2012; "Huancavelica: Ocho restos son hallados hasta el momento en fosa común," RPP Noticias, 27 de junio de 2012.
4) A pesar de ser dos casos referidos al mismo contexto, no se encuentran vinculados entre ellos en la acusación fiscal, tampoco con las de decenas de desaparecidos y muertos en Huancavelica en el año de 1989. Creemos que debería seguirse el modelo de acusación de casos como Cabitos 83 donde se han reunido todos los casos de desaparición forzada y tortura ocurridos ese año en el cuartel Los Cabitos de Huamanga, con el fin de elaborar una acusación más contundente.

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Es Noticia, CIDH presenta su Informe Anual 2011 - 10/04/2012 10:34:29

"La CIDH mantuvo a Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela como los países del continente donde ocurren las más graves violaciones a los derechos humanos, al difundir ayer su Informe Anual correspondiente al año 2011.
La CIDH considera necesario resaltar que siguen siendo muchos los desafíos que persisten en la región para el goce pleno de los derechos humanos de sus habitantes sin discriminación. En este sentido, la CIDH observó durante el 2011 la continuidad de graves obstáculos que enfrentan las mujeres en el ejercicio de su derecho a vivir libres de violencia y discriminación.
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Informe Anual 2011 de la CIDH
Sitio web de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual 2011 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El informe consta de cinco capítulos en los cuales se da cuenta de las actividades desarrolladas por la CIDH y sus Relatorías durante 2011 y se ofrece información sobre el procesamiento de peticiones y casos y el otorgamiento de medidas cautelares a lo largo del año.
A lo largo del año 2011, la CIDH ha realizado numerosas actividades que incluyen, entre otros, la celebración de tres períodos de sesiones, la aprobación de 67 informes sobre admisibilidad, 11 de inadmisibilidad, ocho de solución amistosa, 54 de archivo, 25 de fondo, la publicación de cinco sobre el fondo, y el sometimiento de 23 casos al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluye también el conocimiento y decisión respecto de más de 400 solicitudes de medidas cautelares, la celebración de 91 audiencias y 58 reuniones de trabajo, la realización de más de 30 visitas lideradas por Comisionadas o Comisionados en su calidad de Relatores de País o Relatores Temáticos, la emisión de 138 comunicados de prensa, y la realización de 5 seminarios y cursos de formación. Lo anterior refleja el gran número y la diversidad de exigencias de que es objeto la Comisión y las distintas maneras en que protege y promueve los derechos humanos en el hemisferio.
Asimismo, la Comisión continuó su labor de promoción de derechos humanos a través de la publicación de varios informes temáticos. Durante el 2011, la Comisión publicó el informe sobre "Inmigración en Estados Unidos: detenciones y debido proceso"; "El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturas"; "Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas"; "El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las Mujeres en las Américas"; "Acceso a la Información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos"; "Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica"; "Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación"; la "Situación de las personas Afrodescendientes en las Américas"; y más recientemente, el "Segundo Informe sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas".
Asimismo, en el informe, en su Capítulo IV contiene secciones especiales sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Cuba, Honduras y Venezuela, países que la CIDH consideró que merecían especial atención en 2011.
Respecto de Colombia, el informe señala que la CIDH es consciente de la compleja situación que enfrenta el país tras cinco décadas de violencia, del efecto del negocio del narcotráfico en la violencia, así como de los esfuerzos estatales para combatir estos fenómenos. En este sentido, la Comisión reconoce los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las Autodefensas Unidas de Colombia. No obstante, grupos armados ilegales continúan involucrados en actos de hostigamiento y violencia que afectan especialmente a las poblaciones, pueblos, grupos y personas históricamente sometidos a discriminación o que están en situación de especial vulnerabilidad; ejemplos son las mujeres, la niñez y los y las defensores de derechos humanos. Por otra parte, el informe toma nota de que Colombia ha impulsado una serie de medidas de índole legislativa, administrativa y judicial para intentar superar las graves situaciones violatorias de derechos humanos derivadas del paramilitarismo y actividades ilegales de inteligencia. Sin embargo, la CIDH continúa recibiendo denuncias por utilización del fuero militar para situaciones de violación de derechos humanos y, tras seis años de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, únicamente se ha proferido una sentencia firme. La información recibida por parte de la Comisión respecto a la ocurrencia de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos" podría indicar una disminución de estos casos, aunque advierte que el número de condenas a miembros de la Fuerza Pública por la comisión de estas ejecuciones extrajudiciales ha sido escaso y que es fundamental que se adelanten investigaciones con celeridad y se tomen acciones para impedir hostigamientos y atentados contra las denunciantes de violaciones y a sus familiares.
Respecto de Cuba, la Comisión reitera el reconocimiento por los logros alcanzados en relación con las metas de desarrollo del milenio establecidas por Naciones Unidas. La CIDH valora particularmente los logros alcanzados en relación con la salud materna, en especial que el 100% de los nacimientos fueron atendidos por personal calificado. Sin embargo, la CIDH reitera que las restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento, han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de los habitantes en Cuba. La información disponible sugiere que la situación en general de derechos humanos no ha variado durante 2011. Persisten las situaciones de derechos humanos anteriormente señaladas, así como actos de represión severa contra mujeres, restricciones a defensores y defensoras de derechos humanos y provisiones y prácticas que contravienen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Respecto de Honduras, la Comisión ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en el país, y ha expresado reiteradamente su preocupación en relación con graves problemas estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación. La CIDH reconoce las buenas prácticas del Estado de Honduras, tales como la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación por decreto ejecutivo, así como la creación por decreto de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría de Estado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños y de Justicia y Derechos Humanos. De igual manera, la Comisión saluda la ratificación en 2011 por parte de Honduras de cuatro instrumentos interamericanos de Derechos Humanos, como un paso positivo hacia la universalización del sistema. Sin embargo, la CIDH destaca en su informe que durante 2011 continuó recibiendo información preocupante sobre la situación de los periodistas, las defensoras y los defensores de derechos humanos, los campesinos del Bajo Aguán, los pueblos indígenas, las personas LGTBI, entre otros grupos.. La CIDH también ha recibido información sobre asesinatos de periodistas, presuntamente por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, así como agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación, entre otros.
Respecto de Venezuela, la Comisión reconoce en su informe los avances alcanzados por Venezuela en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales a través de políticas y medidas dirigidas a subsanar las falencias que aquejan a amplios sectores de la población venezolana y los avances normativos en Venezuela con relación a la protección y garantía de estos derechos. Sin embargo, el informe señala la preocupación de la CIDH por la situación de inseguridad ciudadana y altos índices de violencia y la impunidad en la que quedan la mayor parte de los crímenes cometidos contra la población. Esto se relaciona con la continuidad de la situación de provisionalidad de los jueces y fiscales, lo cual genera fragilidad y falta de independencia e imparcialidad del poder judicial, lo que a su vez impacta de manera negativa en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Asimismo, el informe analiza el uso abusivo del derecho penal y la afectación a la libertad de expresión, así como la grave situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad, entre otros temas. La Comisión continúa solicitando al Estado su anuencia para realizar una visita de observación a Venezuela. Hasta la fecha, el Estado se ha negado a permitir una visita de la CIDH a Venezuela, lo cual no sólo afecta la capacidad de la Comisión de cumplir con su mandato como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que además debilita gravemente el sistema de protección creado por los Estados Miembros de la Organización.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

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