Gestión Pública del Perú y el Mundo: La delincuencia y El Poder Judicial

Que opina usted? La Libertad: Poder Judicial repuso malos Policías - 06/03/2014 15:15:45

"Alrededor de 70 policías en La Libertad que mancharon el uniforme con actos de indisciplina y en muchos casos coludidos con la delincuencia, fueron separados de su institución entre 2013 y lo que va del año, según la Dirección Territorial de la Policía de La Libertad.
Empero, 30 malos efectivos fueron repuestos por mandato judicial y 40 presentaron medidas cautelares para regresar a la Policía Nacional.
Sumado a ello, Inspectoría de la Policía y de la Fiscalía investigan a otros 50 agentes por faltas, hasta fines del año pasado.
Asimismo, la reincorporación de los cuestionados efectivos generó malestar en el comando de la Policía, pues cinco de ellos regresaron con grados superiores a los que tenían cuando pasaron al retiro.
Entre ellos está G.L.C., dado de baja con el rango de suboficial de tercera y regresó como brigadier, la jueza que otorgó el beneficio fue separada del cargo por tomarse atribuciones que no le correspondían.
Fallos judiciales beneficiaron presos. Es el caso del suboficial G.C.F.G. (46), quien fue detenido hace dos semanas junto con su colega J.P.L.R, pues vendedores de droga los acusaron de ser quienes les daban estupefacientes.
G.C.F.G. fue dado de baja en 2001 y estuvo en la cárcel El Milagro de Trujillo, luego de ser detenido en la casa de un extorsionador que planeaba dar un golpe, cuando salió de la prisión (2013) el Poder Judicial lo repuso en el cargo, aseveró la Policía.
Hace 10 días sicarios balearon al suboficial de tercera P. B. A. C. (21) en una pollada en Florencia de Mora, Trujillo, el agente estuvo preso hasta fines de 2013 por estar vinculado a la muerte de un rondero, pero regresó a la Policía, ahora está internado en el hospital Belén.
Su hermano Jhon Angulo Ciudad (27), también Policía, está recluido desde hace un año por extorsión, por dicho delito fue apresado el suboficial Robert Sandoval Vásquez (23).
De otro lado, agentes que cometan ilícitos "serán tratados como delincuentes y no habrá encubrimientos" advirtió el jefe de la Policía en La Libertad, coronel Óscar Gonzáles.
Quien acerca de los fallos del Poder Judicial, aseveró que "nosotros tenemos que cumplir la ley ellos son independientes y tras valorar los elementos que tienen, emiten su dictamen".
"Tener mucho cuidado cuando inician un proceso administrativo sancionador a un mal agente" recomendó a la institución policial el presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad, Luis Cortez.
Mientras que en Piura, tres policías, entre ellos un oficial, fueron dados de baja en 2013, ellos estuvieron involucrados en actos de indisciplina, corrupción y delincuencia, informó la región policial.
Uno es el suboficial Eloy Alata Arrese, quien cumple condena de 21 años en el penal Río Seco por robar S/.18 mil a un abogado bajo la modalidad de "marcas".
En Lambayeque, ocho suboficiales son investigados por la Fiscalía de Crimen Organizado pues pertenecerían a la banda "El Nuevo Clan del Norte", tres de ellos están prófugos.
Dichos efectivos se encargaban de avisar al cabecilla Juan Carlos Vásquez Clavijo, alias "Pepe Clavijo", sobre las operaciones policiales para capturar a integrantes de La banda, aseveró la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
Foto: Difusión.
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Noticia, Corte de Huancavelica absuelve a dirigentes campesinos procesados por defender su territorio contra empresa minera - 14/02/2014 11:05:32

"Un caso de criminalización de la protesta ganado: Corte de Huancavelica absuelve a dirigentes campesinos procesados por defender su territorio contra empresa minera
Por Janelle J. Rocca Galarza (*)
Lo que leerá es una historia surrealista.
Primero: una empresa minera decide meterse a realizar actividad minera en un territorio de unas comunidades campesinas, a pesar de no contar con licencia social y no haber realizado la consulta previa con las comunidades campesinas dueñas del territorio donde pretende explorar.
Segundo: la comunidad decide denunciar ante las autoridades del Estado que esta empresa minera se ha metido a su propiedad sin permiso, sin resultados concretos.
Tercero: cansados de la indiferencia del Estado, las comunidades deciden defender su territorio, contra la intrusión de esta empresa, y son increíblemente procesados penalmente por el sistema de justicia.
En resumen, es como si el delincuente que se ha metido a la fuerza a tu casa sin permiso, te denuncia por sacarlo a la fuerza, luego que ninguna autoridad ha cumplido con defenderte. A continuación un caso real que acaba de ocurrir en Huancavelica:
El distrito de Secclla, ubicado en la provincia de Angaraes, región Huanvelica, se encuentra conformado por las comunidades campesinas de Secclla, Allarpo , Chillama, Atuna , Quihuay, Ccochatay, Eccana, Maray, Quispicancha, Pucamaray, Antamachay, Rupasccahuasi, Tranca, Huaraccopata.
Al igual que todo pueblo de nuestra región andina, los habitantes de Secclla se dedican a la agricultura y ganadería; siendo hereditarios de paisajes serranos inolvidables y donde se encuentran las nacientes de muchos ríos de la zona. Así tenemos, que en el paraje de Pampamali se ubican las cabeceras de cuenca de los ríos Atuna y Sicra, el primero, alimenta a las zonas bajas del distrito de Secclla, mientras que el segundo, al distrito de Lircay.
Pero al igual que todos los distritos de nuestra serranía peruana, el de Secclla no es ajeno a la problemática de conflictividad social que aqueja al país en la actualidad, dado que gran parte de su territorio se encuentra concesionado para la explotación minera.
La Defensoría del Pueblo, a través de sus reportes mensuales de conflictos sociales, ha registrado que en este distrito existe un conflicto social permanente desde el año 2007, no obstante, el origen del mismo, se remonta allá por el año 2002, en que la Compañía Minera Pampamali S.A. (COMIPSA), inicia sus operaciones de exploración y explotación en el paraje Pampamali -que como ya hemos mencionado- el cual es zona de las nacientes de los ríos Sicra y Atuna.
Ahora bien, como es común en todos los casos de otorgamiento de concesiones mineras y de autorizaciones para el inicio de actividades de exploración y explotación por parte del Estado peruano dentro de los territorios de las comunidades campesinas, existe una vulneración permanente del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, así como el derecho al territorio, a la libre autodeterminación, entre otros; situación que ha desembocado actualmente en una creciente ola de conflictos sociales a nivel nacional, siendo los más frecuentes los de tipo socioambientales ligados con la industria minera.
Dentro de este contexto, se enmarca la problemática de conflictividad social suscitada entre las diferentes comunidades campesinas del sur de la provincia de Angaraes ,en especial, del distrito de Secclla- contra COMIPSA durante los días 06 al 24 de noviembre de 2007, fechas en las que deciden realizar varias jornadas de manifestaciones pacíficas en los alrededores de las instalaciones del campamento minero, a efectos de exigirle a ésta el retiro definitivo de sus territorios comunales y el cese de sus operaciones por no cumplir con las normas ambientales y mineras, además de haber vulnerado el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
Las jornadas de protestas que se desarrollaron durante cerca a un mes en el paraje de Pampamali, donde se generaron actos de violencia contra la población por parte de los trabajadores de la empresa (1), concluyeron con el retiro de las instalaciones del campamento minero de COMIPSA, en vista que se determinó la realización de sus actividades mineras de manera ilegal e irregular.
No obstante, a pesar que COMIPSA inició y desarrolló sus operaciones mineras vulnerando diversos derechos fundamentales de las comunidades campesinas de la zona, además de haber transgredido el ordenamiento jurídico (2) y haber generado un clima de conflictividad social, la referida empresa decide denunciar penalmente a varios pobladores, entre ellos, dirigentes, autoridades y líderes sociales del distrito de Secclla, denuncia que es formalizada contra 16 de ellos por parte de la Fiscalía Mixta de Angaraes, a cargo del Dr. Henry Mamani Valdivia.
Las investigaciones, a nivel preliminar y judicial, se llevaron a cabo por más de 04 años, concluyéndose con un dictamen acusatorio y una requisitoria oral condenatoria por parte de la Fiscalía de Huancavelica, a cargo del Dr. Luis Alfredo Yalán Ramírez, de los 16 procesados por los delitos de secuestro, robo agravado, coacción, entre otros y solicitando penas excesivas y desproporcionales de hasta 35 años de cárcel para varios de los acusados.
Sobre el particular, es necesario destacar que al momento de efectuar su requisitoria oral, el representante del Ministerio Público de Huancavelica desconoció e ignoró totalmente el contexto político y social por el cual se desarrollaron los hechos de los días 06 al 24 de noviembre de 2007 y que fueron materia del referido proceso penal, así como no tomó en cuenta la práctica y el uso recurrente, como forma de amedrentamiento, del aparato punitivo por parte de COMIPSA contra los dirigentes, autoridades y líderes sociales del distrito de Secclla, que desde más de 11 años han venido exigiendo a esta empresa el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el respeto de sus derechos fundamentales.
El juicio oral duró como cerca de 06 meses, concluyendo este miércoles 05 de febrero con la absolución total de los 14 procesados (3), dado que la Sala Penal de Huancavelica no logró encontrar suficientes medios probatorios que pudieran enervar el principio de inocencia de los acusados.
Sin embargo, consideramos que el Poder Judicial de Huancavelica perdió una importante oportunidad para pronunciarse y sentar una valiosa jurisprudencia , como en su momento lo hiciera la Sala Penal de Iquitos en el famoso caso Andoas- sobre uno más de los casos de criminalización de la protesta social que se ponen en evidencia en un contexto de conflictividad social que atraviesa el país. Lastimosamente, esta Sala Penal , al igual que el Ministerio Público- intentó abstraer y desvincular el caso de su real contexto político y social, y lo analizó como si fuera un mero caso delincuencial cotidiano.
El conflicto en la zona aún sigue latente y COMIPSA continúa haciendo uso del aparato punitivo para perseguir a los dirigentes, líderes y autoridades del distrito de Secclla. La justicia Huancavelicana todavía tiene la oportunidad de tocar los orígenes de este conflicto y lograr encaminarlo por el sendero respectivo.
(*) Abogada de los 14 procesados y miembro de la Asociación Civil "Colectivo por la Madre Tierra , COMTERRA".
Fuente: JusticiaViva
Notas
Producto de los actos de violencia, hubieron dos heridos, uno de ellos de gravedad que posteriormente le generó la muerte. Los responsables han sido sancionados por el delito de homicidio culposo, en la actualidad, se encuentran libres.
Es importante destacar que COMIPSA inicia sus operaciones en el 2002 sin contar con la certificación ambiental respectiva. Para el 2007 no contaba con la autorización, otorgada por la ANA. para el uso de aguas superficiales ni la de vertimientos de aguas residuales tratadas; además no tenía la autorización por parte de las comunidades para el uso del terreno superficial.
Los procesados César Cuadros Roiro y Carlos Candiotti Valenzuela, fallecieron en el transcurso en que se desarrolló la investigación judicial.

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Que opina? APRODEH: Ley Nº 30151 puede generar más muertes en conflictos - 16/01/2014 13:51:42

" Ley Nº 30151 puede generar más muertes en conflictos
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresa su profunda preocupación respecto a la entrada en vigencia de la Ley Nº 30151, publicada el día 13 de enero, que modifica el inciso 11 del artículo 20º del Código Penal, ampliando los supuestos de inimputabilidad al personal de las fuerzas armadas y policiales que cause muertes o lesiones en cumplimiento de su deber.
Es necesario recordar que el mencionado inciso fue incorporado inicialmente vía Decreto Legislativo 982 durante el segundo gobierno de Alan García, generando una fuerte polémica sobre su inconstitucionalidad. Hoy, esta nueva modificación elimina la condición de que el uso de armas sea "en forma reglamentaria" y amplía a cualquier "otro medio" la acción letal por parte de militares y policías.
Si bien es cierto, urgen medidas de cara a la compleja inseguridad ciudadana, la eliminación de la conformidad reglamentaria para uso de las armas es, más bien, una decisión temeraria que constituye un aval de impunidad para el uso indiscrimado de la fuerza letal, y cualquier ciudadano afectado injustamente no podría acceder a la justicia. Del mismo modo se establece que las afectaciones a la vida y la integridad personal pueden ser causadas por cualquier otro medio distinto a las armas reglamentarias, lo que constituye un grave exceso legislativo.
Los índices de delincuencia y criminalidad organizada en nuestro país ameritan un tratamiento integral y diverso que conduzca a la seguridad ciudadana y la paz social, esto implica que ninguna medida puede poner en riesgo indebidamente el derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a justicia.
Del mismo modo, nos preocupa que esta norma de impunidad alcance también a la acción de las fuerzas armadas y policiales en conflictos sociales. Aún estamos lejos de cerrar heridas de tragedias recientes como Bagua, Conga y Espinar, entre otras, y es notable el contraste entre la insistente persecución penal contra los ciudadanos que participan (o no) de protestas sociales y los índices de impunidad del personal de la fuerza pública y autoridades responsables de las muertes y lesiones a pobladores. Sólo entre 2006 y 2013, la Defensoría del Pueblo registra 193 muertes civiles en conflictos sociales y más de 2,400 heridos.
Esta situación es preocupante no sólo por la posibilidad de que en futuros acontecimientos, militares y policías actúen sin ninguna ponderación ni responsabilidad, sino también porque los procesos judiciales en curso por muertes y lesiones de ciudadanos sean revertidos y queden sin esclarecer, evitando así determinar eventuales sanciones y las reparaciones correspondientes a las víctimas.
Tal como ha señalado el Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), esta Ley forma parte de las medidas que en nombre de la seguridad ciudadana puedan coartar derechos tan fundamentales como la vida y la integridad física y tener un efecto disuasorio del ejercicio legítimo de la protesta social, siendo responsabilidad del Estado peruano adecuar la legislación nacional y la reglamentación del uso de la fuerza o de armas de fuego, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por tanto, exhortamos al Congreso de la República a derogar la Ley Nº 30151, a los magistrados del Poder Judicial a hacer uso del control constitucional para evitar la indefensión de las víctimas de abusos de la fuerza pública, y al Poder Ejecutivo a encausar en el camino del diálogo, la protección de derechos y la participación ciudadana la solución a los conflictos sociales del país.
Lima, 16 de enero de 2014.
APRODEH

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Que opina? Jurista advierte presión para que jueces dicten prisión preventiva - 12/09/2013 15:21:53

" Ideeleradio.- Hay una costumbre de responsabilizar a los jueces por no haber dictado suficientes prisiones preventivas y eso algo que no corresponde a quien no está en la función judicial, determinó el jurista Luis Pásara, en el marco de la presentación de su investigación "Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada: los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú".
"Hemos conversando con jueces, fiscales, defensores y algunas autoridades. Estamos haciendo ver primero que el hecho de que un ministro, un director de la PNP o un funcionario público de alto nivel por ejemplo, diga que fulanito de tal debió ir preso, es claramente una interferencia con la función judicial. No tienen por qué decir eso, están presionando, aunque no lo presenten como tal, a los jueces para que decidan en un sentido determinado", argumentó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
""Este tipo de prácticas, esta costumbre de responsabilizar a los jueces por no haber dictado suficientes prisiones preventivas, es algo que no corresponde a quien no está en la función judicial", aseveró.
El jurista comentó que este tipo de casos se van incrementando en la medida que los medios de comunicación señalan que es un peligro público poner en libertad a alguien que ha sido detenido por prisión preventiva. Anotó que existe falta de información sobre este tipo de casos.
"Los jueces seguramente influidos por los nuevos criterios, por la formación que reciben para poner en marcha el Código Procesal Penal, disponen prisión preventiva en casos necesarios. Con el tiempo eso se va aflojando y en la medida que las viejas prácticas reviven. Esta cultura tradicional del juez vuelve a lo suyo y en la medida que los medios de comunicación dicen que poner en libertad a alguien que ha sido detenido por la prisión preventiva es un peligro público, es un delincuente, esto es lo que favorece al crecimiento de la delincuencia. En la medida que este discurso va pesando nuevamente se está volviendo a cifras más altas de prisión preventiva", expresó.
"Esta información debería estar en manos del Poder Judicial, del Ministerio Público. No somos nosotros investigadores, o gente que está examinando el problema los que tenemos que construir esta información y hasta sabemos no existe", argumentó.
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Información: Gana Perú: Apra muestra soberbia al querer poner a sus técnicos en el Gobierno - 20/08/2013 16:22:10

" Ideeleradio.- La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no puede intervenir en el caso Pucalá porque eso implicaría entorpecer un mandato judicial, afirmó el alto comisionado Vladimiro Huaroc, tras advertir que hay una situación peligrosa generada por una radicalización de las posiciones y una actuación casi delincuencial.
Fue al comentar las declaraciones del presidente Ollanta Humala, quien señaló que se ha dispuesto el refuerzo de la seguridad en la empresa azucarera Pucalá, cuya administración está en disputa judicial.
"[¿Van a buscar establecer un mecanismo de diálogo?] Nos gustaría a nosotros encontrar ese camino, nos gustaría y, sin duda, siempre estamos dispuestos a poder facilitar ese espacio. Sin embargo, ahí hay una situación peligrosa en el sentido que se han endurecido las posiciones. El endurecimiento de esas posiciones está llevando a las confrontaciones que estamos viendo en la cual se actúa de una manera casi delincuencial, por un lado, para defenderla y, por otro, para recuperar la propiedad. Este escenario es sumamente delicado", expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Entonces, creemos que en este momento es imposible encontrar este mecanismo [de diálogo]. Sin embargo, uno no puede prever lo que puede ocurrir mañana o pasado cuando las tensiones puedan disminuir y podamos encontrar un camino. Todos conocemos, la prensa lo conoce muy bien, de que hay un endurecimiento, una radicalización. Uno ve en los discursos las decisiones de morir frente a cualquier decisión que se dé. Por otro lado, no queremos entorpecer la autoridad judicial. Entonces, creo que ese es un escenario en el cual muy poco podemos hacer por lo menos por el momento", refirió.
Tenemos que respetar la decisión judicial
En ese sentido, señaló que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respetará el mandato del Poder Judicial e invocó a ambas partes a mostrar algún interés por el diálogo para solucionar el conflicto social.
"[El presidente anunció que movilizarán policías en Pucalá, ¿esa será la vía?] El conflicto de Pucalá es un conflicto que está judicializado. Está en manos del Poder Judicial, hay una orden. Este es un proceso que tiene mucho tiempo. Sabemos todos por la información que hay dos sectores, un sector que no acata la orden judicial y, otro que se ampara en él y quiere que se ejecute esta situación", opinó.
"En este tipo de conflictos, como es normal, nosotros no intervenimos porque es un poder del Estado el que ha determinado una decisión y creo que todos tenemos que respetarla, pero dada la magnitud del conflicto y del problema, que es un problema en cual para ejecutar la orden se requiere una movilización muy grande de la autoridad policial, esa situación se ha ido postergando por los graves riesgos que puede significar esto", acotó.
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Es Noticia, Gabinete Jiménez no da más - 10/08/2013 6:29:24

"El Gabinete Jiménez no da más
Con el objeto de minimizar los efectos políticos negativos que se han generado con el nuevo audio que compromete a autoridades del Poder Judicial y del Ejecutivo, el oficialismo no ha dudado en esgrimir la hipótesis que la reunión se hizo de buena voluntad, tratando de coordinar acciones a fin que los resultados finales del juicio no perjudicara al Estado peruano. No se dan cuenta que con esta hipótesis el oficialismo reconoce su incapacidad política para anticipar la consecuencia de sus actos, análisis básico de la práctica política, que por lo visto está ausente en el ejercicio cotidiano del poder del gobierno del presidente Ollanta Humala.
Podríamos actualizar el viejo dicho parafraseándolo: de buenas voluntades está empedrado el camino del escándalo político. Y tomando en cuenta los continuos escándalos en que incurre el gobierno en los últimos meses, el escándalo que afecta al oficialismo es ya parte de la rutina que agobia a Palacio de Gobierno.
Los ministros no encuentran como respuesta otra actitud que la justificación permanente, con lo cual afectan otra variable importante de cualquier esquema de gobierno: la credibilidad. Y así se siguen hundiendo en un hoyo en que, no lo dudo, podrían terminar en una grave crisis de gobernabilidad.
A los problemas gubernamentales hay que agregarles los parlamentarios. La bancada oficialista no encuentra la fórmula para enfrentar los ímpetus de la oposición aprofujimorista. Esta última actúa de manera coordinada y se aprovecha de la falta de consistencia de los parlamentarios gobiernistas que ya están sufriendo las consecuencias de la dualidad y notoria falta de experiencia en el mando, lo cual confunde, debilita y quita capacidad de reacción.
Se tiene así entonces a un gobierno en el cual el presidente no tiene gabinete ni bancada sólida en cuanto a capacidad de reacción. Así, son presa fácil de una oposición que se enseñorea con el mismo orgullo con que un tuerto se pasea en un mundo de ciegos y los poderes fácticos, es decir sindicatos, prensa, empresariado, sociedad civil y hasta la delincuencia organizada, también ponen su cuota al jaquear a una administración en la cual la inexperiencia y la falta de talante político conforman un coctel autodestructivo.
La situación exige cuanto antes un cambio de gabinete. El premier Jiménez ha perdido dos atributos necesarios para fungir de presidente del Consejo de Ministros: autoridad y credibilidad. En esas condiciones él y varios de los ministros ya no dan para más. De no proceder al relevo el gobierno va a continuar en espiral descendente y, como decía líneas arriba, puede ingresar en una crisis de gobernabilidad.
Se dice que el gobierno no cambia al premier Jiménez pues no quiere enfrentarse al voto de confianza en el Congreso. Pero de eso se trata señor presidente, de convocar a una personalidad para el premierato capaz de ganarse el beneplácito del Parlamento. El problema para el "establishment" es que alguien así no se someterá a los caprichos de una "pareja presidencial" sino al mandato único que nace de la institucionalidad constitucional.
Juan Sheput
Artículo publicado en Diario 16 el 7 de agosto del 2013
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