Que opina? El 25% no puede pagar sus deudas - 25/04/2013 9:41:18
"Ten cuidado si te ofrecen un crédito cuatro veces mayor a tu sueldo. Podrías quedar atrapado.En el país, existen 7.3 millones de peruanos insertos en el sistema de crédito bancario, cifra que demuestra la rápida expansión del sector.
Pero, en realidad, el 25% de ellos afronta dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, comentó el director del portal Mundonegocio.pe, Juan Carlos Ocampo.
La tasa de morosidad es bastante peligrosa. Los bancos y los usuarios deben hacer algunas correcciones, opina.
¿Qué hacer?
Si una deuda está ahogando sus finanzas personales puede empezar por identificar las partidas donde más gasta y reducirlas.
Otra forma efectiva es pagar las deudas más caras y eliminar algunas tarjetas de crédito. "De lo contrario el dinero no le alcanzará", dice Ocampo. Se puede "matar" los pasivos más pequeños, para lo cual será fundamental buscar otras fuentes de ingresos y mejorar la capacidad de pago.
Señales de Alerta
El experto de Mundonegocio.pe dijo que se puede evitar el endeudamiento si la persona se ciñe a un presupuesto familiar, si organiza sus pagos para identificar los días de mayor recarga y si aprende a separar los gastos financieros de los corrientes.
De esta manera, explicó, se podrá determinar la capacidad real de pago. La señal de alerta aparece cuando los bancos empiezan a ofrecer créditos que, en suma, superan cuatro veces su ingreso neto mensual.
"Si su sueldo neto es S/.1,500, evite tener una deuda que supere los S/.4,500, porque estará condenado a pagar solo las cuotas mínimas de un crédito infinito", puntualizó.
Diario Peru21 (25/04/2013)
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Que opina usted? Mariano Ignacio Prado: El presidente que traicionó al Perú en 1879 y desertó el día de su cumpleaños.- El ladrón que con sus robos acumuló los capitales con los que se construyó el Imperio Prado - 10/03/2013 21:38:24
"Escribe: César Vásquez Bazán"El viaje del general Prado no significa más que una vergonzosa deserción".
El Comercio, Lima, 19 de diciembre de 1879 (Caivano 1904, 346)
El jueves 18 de diciembre de 1879, alrededor de las 4 de la tarde, el presidente en ejercicio del Perú, Mariano Ignacio Prado, abandonó el país con rumbo a Panamá. Desertó de sus funciones tras ocho meses de fracasos en la guerra con Chile y en medio del correspondiente descontento popular. Usando el nombre falso John Christian (Perolari-Malmignati 1882, 291) fugó en el vapor-correo Payta, cuya partida hizo demorar de las diez de la mañana a las cuatro de la tarde con el fin de posibilitar su embarque (Basadre 1968-70, VIII: 173). El Payta era propiedad conjunta de la compañía inglesa Pacific Steam Navigation Company (PSNC) y de la empresa chilena Compañía Sudamerica de Vapores (CSAV), operando de manera encubierta al servicio del enemigo del sur. Prado huyó del país el día que cumplía 53 años de edad.
Mariano Ignacio Prado partió del Perú sin aviso previo y sin levantar sospecha que fugaría. Así lo informó el Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos en el Perú, Isaac P. Christiancy, en comunicación al Secretario de Estado de los Estados Unidos, William M. Evarts. Durante la mañana y el mediodía del día 18 de diciembre, el presidente despachó como de costumbre en el Palacio de Gobierno, recibiendo el saludo de cumpleaños de funcionarios civiles y militares. A las 3:05 de la tarde abordó en la Estación de Desamparados el tren al Callao, en compañía del presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra Manuel González de La Cotera y de Adolfo Quiroga, ministro de Justicia e Instrucción. Cuando llegó al Callao, la gente que lo vio creyó que estaba de visita para inspeccionar el cuartel y fortificación del puerto.
Carta del embajador de EE.UU., Isaac P. Christiancy, al Secretario de Estado Evarts informando sobre la deserción del presidente Prado (Departamento de Estado de EE.UU. 1880, 819-820). Christiancy remarca que la resolución del Congreso utilizada por Prado para su viaje lo autorizaba a comandar los ejércitos peruanos en los países al sur del Perú (Bolivia y Chile). La misiva está fechada 23 de diciembre de 1879.
Despedida del desertor
Al escapar del país en guerra del cual era presidente, Mariano Ignacio Prado dirigió la siguiente proclama (Basadre 1968-70, VIII: 173). El documento circuló en Lima la noche de su abandono de funciones, es decir el 18 de diciembre de 1879. Nótese que en el último párrafo, el fugitivo asegura que regresaría "oportunamente" al Perú:
Proclama de Prado hecha circular el 18 de diciembre de 1879, día de su deserción.
El encargo de la presidencia
Junto con la anterior proclama, Prado hizo circular un decreto en el que encargó la presidencia del país al vicepresidente general Luis La Puerta, un hombre de sesenta y ocho años de edad y que era voz populi que se encontraba enfermo. El decreto fue el siguiente:
Decreto redactado por el propio Prado encargando el ejercicio de la presidencia de la república al vicepresidente, general La Puerta. Nótese en el documento la firma de Manuel González de la Cotera (Presidente del Consejo y Ministro de Guerra). También suscribieron el instrumento legal los ministros Buenaventura Elguera (Gobierno), Adolfo Quiroga (Justicia e Instrucción) y José María Químper (Hacienda). La inclusión de éste último entre los firmantes implica que el viaje de Prado originó erogaciones al Fisco Peruano.
El pretexto de la fuga
Prado intentó justificar su salida del país basándose en la supuesta necesidad de efectuar personalmente en Estados Unidos y Europa las gestiones para la compra de armamentos y la adquisición de una escuadra.
En carta a sus amigos, fechada en Guayaquil el 22 de diciembre de 1879 y publicada en El Comercio seis días después, el presidente-desertor explicó las razones de su viaje. Indicó que los informes recibidos en Palacio de Gobierno desde Europa describían la rivalidad entre los agentes comisionados para la compra de los barcos de guerra, pugna que impedía la adquisición de la escuadra.
Escribió Prado que en su decisión de viajar influyeron las siguientes consideraciones: "1) Que mi presencia allí y lo que tenía que hacer no era tan esencial que no pudiera ser reemplazado por el vicepresidente, al paso que mi venida era de la mayor importancia porque lo que no hiciera yo no lo haría ningún otro. 2) Que no debía omitir esfuerzo ni sacrificio alguno para conseguir los elementos que necesitamos, mucho más no habiéndose conseguido hasta hoy y pudiendo acaso conseguirlos yo, usando de mi alta representación, plenas facultades y relaciones personales. 3) La oportunidad de poder reunir las personas y recursos para subordinarlos todos a mi voluntad a fin de alcanzar el objetivo que me propongo. 4) La de que con mi venida nada se arriesgaba ni perdía gran cosa, siendo así que ella podría proporcionarnos lo que hace tiempo buscamos para contrarrestar y vencer al enemigo".
A pesar que con la retirada de Tarapacá, en noviembre de 1879, el Perú ya había perdido los yacimientos salitreros, Prado abusó de dicho argumento. Escribió en su carta ,mañosamente, que se vio obligado a salir de improviso del Perú debido a la urgencia de entregar a los acreedores el guano y el salitre antes que los chilenos se apoderasen de ellos.
Finalmente, reconoció que se fue del país de manera encubierta para no ser apresado por los chilenos y "para evitar discusiones y opiniones cuyo resultado, en la excitación en que los ánimos se encuentran, hubiera podido contrariar mi marcha y originar bullas y escándalos".
La versión de Prado sobre los motivos de su fuga fue confirmada en el Manifiesto a los hombres de bien escrito por su ministro de Hacienda José María Químper (Basadre 1968-70, VIII: 172-174).
La supuesta licencia del Congreso para el viaje de Prado
Mariano Prado defendió la viabilidad legal de su viaje acudiendo a la resolución del Congreso del 9 de mayo de 1879, en la que se le concedió "licencia al Presidente de la República para que, si lo juzga necesario, pueda mandar personalmente la fuerza armada y salir del territorio nacional".
Dicha resolución fue adoptada en mayo de 1879 ,a un mes y cuatro días de iniciada la guerra, cuando Prado y los parlamentarios suponían que bajo su mando directo ,in situ, las fuerzas armadas del Perú realizarían un avance arrollador sobre el enemigo. Como Director de la Guerra, se daba por descontado que el falso "héroe del 2 de mayo" tendría que ingresar a los territorios de Bolivia y Chile, persiguiendo al enemigo en fuga. Es con ese fin exclusivo ,comandar las fuerzas peruanas en el exterior, que el Congreso aprobó la salida de Prado del territorio nacional. Nótese, además, que la redacción del documento usa la expresión "salir del territorio nacional" y no la frase "viaje al exterior".
Por las anteriores consideraciones puede afirmarse que el viaje de Prado asumió el carácter de deserción. El presidente recibió autorización del Congreso para "mandar personalmente la fuerza armada y salir del territorio nacional". No recibió autorización para "salir del territorio nacional con el fin de comprar armamentos".
Al fugar del país, Mariano Prado violó el artículo 95 de la Constitución Política del 10 de noviembre de 1860, que prescribía que el Presidente no podía salir del territorio de la República durante el periodo de su mando sin permiso del Congreso. El propio lector puede analizar la resolución del 9 de mayo de 1879, que se presenta a continuación:
Resolución del 10 de mayo de 1879 confiriendo licencia al presidente Prado para que, "si lo juzga necesario, pueda mandar personalmente la fuerza armada y salir del territorio nacional".
Falsedad de la justificación de Prado
Resulta extraño que muchos peruanos hayan aceptado sin cuestionarla la excusa de la supuesta adquisición de armamentos usada por Mariano Ignacio Prado para fugarse del país. Como demostraremos a continuación, el argumento esgrimido por Prado no soporta el análisis más elemental.
En primer término, y por más servil a Prado que hubiera sido el Congreso de 1879, este organismo no podría haber aprobado una licencia para el viaje al extranjero del presidente con el fin de comprar armamento, estando el Perú envuelto en una difícil guerra. No era apropiado ni indispensable que el primer mandatario abandonase el territorio nacional. Por más desorganizado que hubiese estado el país, el Perú de 1879 contaba con personal diplomático, funcionarios civiles y militares, e inclusive empresas privadas que estaban responsabilizadas de sus adquisiciones bélicas, incluyendo las compras de urgencia.
En Estados Unidos, la principal empresa compradora de armas para el Perú fue la Casa Grace. En 1876, el presidente Prado nombró a W. R. Grace and Co. como agente oficial del Gobierno Peruano en San Francisco y Nueva York (De Secada 1985, 610-611). Se estima que entre mayo de 1879 y agosto de 1880, la Casa Grace adquirió armamento y material de guerra para el Perú por un importe mínimo de US$3,200,000. Entre el equipamiento adquirido se encontraban torpedos Lay, las lanchas torpederas Herreschoff, fusiles y municiones (De Secada 1985, 612-613). Por su lado, como enviado del gobierno, el capitán de navío Luis Germán Astete adelantó las gestiones para la adquisición de un blindado en Nueva York. Sin embargo, no obtuvo el financiamiento necesario (Basadre 1968-70, VIII: 67-70).
En Panamá, el agente oficial del Perú fue Federico Larrañaga quien contó con el apoyo de B. Mozley, superintendente del puerto de Panamá y hombre al servicio de la Grace. Furth and Campbell, firma con sede en Panamá, también al servicio de Grace, era la autorizada para transportar los envíos. José Carlos Tracy, encargado de negocios del Gobierno en Washington y hombre de confianza de Prado, estaba al tanto de todos las adquisiciones clandestinas de armas efectuadas en los Estados Unidos para el Perú. En Londres, el agente financiero del Gobierno al cuidado de las compras fue José Canevaro; en Italia, el ministro Luciano Benjamín Cisneros (De Secada 1985, 611).
En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que Estados Unidos y los países europeos ,a los cuales supuestamente se dirigía Prado, tenían la obligación de honrar su status de naciones neutrales en el conflicto entre Perú y Chile. Ello implicaba que ni Estados Unidos ni las potencias europeas deberían efectuar abiertamente venta de armas, municiones, pertrechos o naves militares a ninguna de las naciones en litigio.
Para efectuar las compras de armamento encargadas por el Gobierno, la astuta Casa Grace procedía en Estados Unidos de manera disimulada. Por ejemplo, una remisión de mil fusiles al Perú fue descrita por Grace en la factura comercial como "maquinaria agrícola"; los cartuchos para dichos fusiles fueron escondidos en el interior de barriles de manteca de cerdo. El envío de una lancha torpedera Herreschoff, de difícil detección nocturna, apareció en los documentos de embarque como si el comprador fuera la Compañía Cargadora del Perú, empresa satélite propiedad de la misma Grace, que usaría dicha lancha para la explotación del guano de las islas (James 1993, 129 y 132). Los torpedos eran embarcados camuflados dentro de rollos de hule que sólo tenían de ese material las hojas exteriores. Muchas veces, los transportes de Furth and Campbell creyeron estar llevando al Perú maquinarias e insumos, sin percibir que el contenido real de la carga eran armamentos y municiones. Sin embargo, el superintendente Mozley en Panamá siempre supo el contenido de la carga en tránsito a nuestro país (De Secada 1985, 611).
Si se considera la restricción vinculada a la neutralidad de las naciones fabricantes de armamentos, hubiera sido contraproducente para el país que su propio presidente se presentase personalmente en los mercados proveedores con el fin de adquirir armamentos. Tan torpe acción hubiera puesto en evidencia que las naciones vendedoras de material bélico estaban en tratos con el Gobierno del Perú, violando el principio de neutralidad al que deberían adherirse.
William R. Grace destruye la coartada de Prado
Cuando Mariano Ignacio Prado llegó a Nueva York, uno de los antiguos "amigos" que acudió a recibirlo fue el negociante yanqui de origen irlandés William R. Grace (Basadre 1968-70, VIII: 174). En cartas de Grace fechadas en enero y febrero de 1880, este magnate ,que construyó su fortuna sobre la base de negocios con los gobiernos peruanos, relató que Prado había llegado a la ciudad sin autoridad oficial y, lo que era peor, sin dinero para efectuar adquisición alguna. Textualmente, Grace escribió: "Al salir del Perú [Prado] no se llevó un gran fardo de dinero". En esas condiciones, Mariano era inservible para cerrar nuevas transacciones con la Casa Grace. Por lo tanto, el siempre hábil William procedió a desviar a Prado hacia Europa, luego de tener con él "algunas cortesías" (James 1993, 135).
No está demás indicar que durante su estancia en el exterior ,que duró hasta 1887, Mariano Ignacio Prado no efectuó ninguna adquisición de armamento para el Perú. A su regreso al país tampoco informó sobre los resultados de la supuesta misión compradora de material bélico que se autoimpuso.
Mariano Ignacio Prado privado de la ciudadanía peruana y condenado a degradación militar pública
El 22 de mayo de 1880, el presidente-desertor Mariano Ignacio Prado fue privado de la ciudadanía peruana y condenado a degradación militar pública como consecuencia de su "ignominiosa conducta y vergonzosa deserción y fuga". Firmaron el instrumento legal Nicolás de Piérola, Jefe Supremo de la República, y Miguel Iglesias, Secretario de Guerra.
La condena de Prado no sólo fue la confirmación de un extendido sentimiento de repudio a su traición. Existe otro componente que acompaña el problema de la deserción pradista ,el aprovechamiento personal del poder político, que fue percibido con claridad por la mayoría de observadores y formalizado por el ministro británico en Lima, Spencer St. John, en carta fechada el 22 de diciembre de 1879, dirigida al Marqués de Salisbury, Secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña.
Escribió el embajador: "El jueves 18 del presente el pueblo fue sorprendido al saber que el general Prado se había embarcado en el barco inglés de correo rumbo a los Estados Unidos… Su partida fue generalmente considerada como una huida vergonzosa... Siempre consideré que el general Prado no merecía en absoluto su cargo: en toda ocasión importante demostró una lamentable falta de coraje personal y es de destacar que el hombre conocido en el Perú como "el héroe del 2 de Mayo", sea generalmente considerado como un cobarde consumado… La reputación financiera del general Prado va a la par con la de su coraje: todos los partidos lo acusan del peor sistema de expoliación" (Bonilla 1980, 188-189).
Es por la presencia de la corrupción señalada por Spencer St. John que puede calificarse como incompleto el decreto privando de la ciudadanía peruana a Mariano Ignacio Prado. Al gobierno de ese entonces le faltó ordenar una investigación internacional sobre el enriquecimiento ilícito del fugitivo. La fortuna que amasó Mariano Ignacio Prado estuvo vinculada en importante medida al uso del poder político en provecho personal, en una época de corrupción generalizada. Los recursos que logró captar don Mariano Ignacio alimentaron la acumulación originaria de capital para la conformación del Imperio Económico Prado, expresión por excelencia de la oligarquía que dominó el país durante las primeras tres cuartas partes del siglo XX.
Adicionalmente, queda en pie una pregunta muy importante: ¿Cuáles fueron las verdaderas razones de la fuga de Mariano Ignacio Prado? Ambos temas ,el de los motivos de la deserción y el de la corrupción pradista, serán tratados en los próximos artículos.
Decreto privando de la ciudadanía peruana a Mariano Ignacio Prado. En él también se le condena a degradación militar pública "tan pronto como pueda ser habido".
Obras citadas
Basadre, Jorge. 1968-70. Historia de la República del Perú. Lima: Editorial Universitaria, sexta edición corregida y aumentada, vol. VIII.
Bonilla Heraclio. 1980. Un siglo a la deriva: Ensayos sobre el Perú, Bolivia y la guerra. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.
Caivano, Tomás. 1904. Historia de la guerra de América entre Chile, Perú y Bolivia. Iquique: Librería Italiana Baghetti Hermanos.
Escribió además El Comercio: "Asombro, por no expresar indignación, ha causado en todos los círculos la partida del general Prado, quien con el alba, ocultando los alcances de tan deplorable conducta, en la mañana de ayer y a bordo de una fragata de bandera norteamericana, ha zarpado del puerto de Pisco, con rumbo a Europa. Las circunstancias de este censurable viaje, que ha contado con la permisión del congreso, no pueden dejar de considerarse en las actuales circunstancias que el país confronta una guerra, un acto de deserción de la primera autoridad nacional. Su condición de militar, además de general en jefe del ejército aliado, le obligaban a permanecer al frente de los destinos nacionales y no optar por la dejación de esos sagrados deberes, escudándose en el pretexto que su presencia habrá de favorecer los créditos en los Estados Unidos y en Europa, para adquirir las armas necesarias que urge la nación para la consecución de la guerra. Consideramos que, para el caso, suficiente garantía y solvencia moral la tienen las comisiones Althaus y Canevaro, designadas para atender este servicio y que ya se encuentran operando en esas plazas".
Debe notarse que El Comercio se equivoca al describir los pormenores de la deserción de Prado. Mariano no fugó de mañana, sino de tarde; no lo hizo en una fragata de bandera norteamericana sino en un vapor de bandera inglesa (y chilena); no zarpó de Pisco sino del Callao. Que El Comercio, supuestamente el periódico mejor informado del país en esa época, se equivoque en la descripción de las circunstancias de la deserción de Prado, demuestra que la fuga desde Palacio rumbo al Callao, vía Estación de Desamparados, fue ejecutada de manera subrepticia.
Departamento de Estado de los EE.UU. 1880. Papers Relating to the Foreign Affairs of the United States. Washington: Government Printing Office.
De Secada, Alexander G. 1985. Arms, Guano, and Shipping: The W. R. Grace Interests in Peru, 1865-1885. En "The Business History Review", Vol. 59, No. 4 (Invierno), Business in Latin America.
James, Marquis. 1993. Merchant Adventurer. The Story of W. R. Grace. Wilmington: SR Books, p. 135. Las cartas son de W. R. Grace and Co. a Grace Brothers and Co. (26 de enero de 1880) y de W. R. Grace al capitán de navío de la Armada Peruana Luis Germán Astete (28 de febrero de 1880).
Perolari-Malmignati, Pietro. 1882. Il Perú e I Suoi Tremendo Giorni (1878-1881). Milano: Fratelli Treves, Editori.
© César Vásquez Bazán, 2010
Julio 22, 2010
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Que opina usted? RED MAFIOSA QUE EN EL SENO DEL PODER EJECUTIVO DE EVO MORALES - 05/12/2012 9:34:06
"El Presidente Evo Morales enfrenta el peor escándalo de corrupción que enloda a su gobierno desde que asumió el mando en 2006. Se ha descubierto una extensa red de funcionarios públicos de alto rango dedicados a la extorsión y al robo institucionalizado. Evo está "dolido" porque el clan mafioso, con ramificaciones en el Órgano Legislativo y Ministerio Público, operaba desde hace cinco años en las narices de los jerarcas del MAS.La semana pasada fue desbaratada una banda de funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo y del Órgano Judicial que operaba desde el mismísimo Palacio de Gobierno. Los integrantes de la caterva no son delincuentes comunes sino prominentes abogados de un equipo jurídico del Estado a cargo de importantes procesos judiciales contra ciudadanos acusados de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
El controvertido clan ,integrado por hombres de confianza del entorno palaciego y autoridades del Órgano Judicial, del Ministerio Público y de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados al Narcotráfico (Dircabi) , se convirtió en una especie de comando parapolicial dotado de amplios poderes para el matonaje judicial.
La pandilla de abogados del gobierno aterrorizaba a jueces y fiscales en los tribunales; torcía fallos a punta de amenazas, y esquilmaba a litigantes, procesados y detenidos indefensos mediante la exacción y la coacción descarada. El régimen del MAS fue advertido de la existencia del clan mafioso hace más de un año, pero se hizo de la vista gorda, actuó con negligencia y prácticamente fue obligado a investigar por la presión nacional y extranjera.
El escándalo se hizo público luego de que el ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher, imputado por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico, denunció serias irregularidades cometidas en el proceso penal que enfrenta en Bolivia, y se declaró víctima de extorsión y robo de parte de burócratas de alto rango de los Ministerios de Gobierno y Presidencia.
Al empresario estadounidense, detenido desde hace 17 meses sin que se haya probado la acusación en su contra, le pidieron 50 mil dólares de coima a cambio de su libertad y posteriormente vendieron irregularmente sus bienes incautados por la oficina de Dircabi en la localidad de Montero. A Ostreicher le robaron 14 mil toneladas de arroz y 273 cabezas de ganado, entre otros bienes, estimó su abogado defensor Jerjes Justiniano. [1]
Ante la inacción del Ejecutivo boliviano, el gobierno de Estados Unidos inició gestiones diplomáticas y protocolares y habría enviado a un agente del FBI para que investigue la situación legal de Ostreicher. Posteriormente llegó al país el congresista republicano Christopher Smith para defender los derechos humanos del empresario; poco después el actor Sean Penn intercedió personalmente a favor de su compatriota; luego un alto funcionario diplomático envió un mensaje electrónico al Presidente para que tome consciencia de la gravedad de asunto, y por fin Evo Morales ordenó investigar en serio las denuncias.
"El Presidente esta conmovido, preocupado y dolido por esta situación, pero absolutamente firme en su decisión de actuar rápido; una vez que le ha llegado la denuncia con indicios importantes, el Presidente dio la instrucción directa" a los ministros de Gobierno Carlos Romero y de la Presidencia Juan Ramón Quintana para que investiguen de manera personal el caso del estadounidense, comunicó la ministra de Comunicación Amanda Dávila.
El ministro Romero aclaró que la investigación comenzó hace siete meses porque "nos llamaba la atención el manejo irregular de bienes incautados a Jacob Ostreicher y el proceso judicial, absolutamente dilatado con muchas audiencias que no se desarrollaban".
Romero instruyó a su viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez que atienda personalmente el caso, pero apenas "avanzábamos un trecho la investigación se caía, se perforaba; planificábamos un operativo y se frustraba o abortaba. Otra vez recolectábamos elementos para armar el rompecabezas, estábamos cerca de desarrollar un operativo, y resulta que otra vez se caía, otra vez algo se filtraba o algo no había funcionado", confesó el ministro.
Romero tenía dos opciones: echar a los funcionarios bajo sospecha o dejarlos actuar. "Si los echaba seguro que estaban trabajando en otro Ministerio y tal vez nos estarían persiguiendo ellos; y si los dejaba la idea era que se muevan para que establezcamos donde estaba la red. Eso nos enseñó la Policía, dejar moverse al objeto de la investigación".
El ministro despidió a uno de los acusados y dejó al otro "para ver cómo se movía". "En determinado momento de la investigación, el viceministro Pérez estaba en la mira. Empezaron a circular rumores y calumnias e intrigas contra él; intentaron sacarlo del camino acusándolo de estar interesado en proteger a narcotraficantes. Esa gente que ahora está detenida en su momento trató de alejarlo de la investigación a toda costa, y (ante la presión, Pérez) fue internado porque le reventaron tres úlceras", contó Romero.
Según diversas fuentes, contribuyó a la caída de la banda de extorsionadores el gobierno de Estados Unidos, y se dice que el trabajo del FBI fue clave. "Un agente de la FBI vino a Bolivia e investigó los nexos de los abogados que ahora están detenidos y recogió toda la información sobre la situación jurídica de Jacob Ostreicher", detalló un periodista de la cadena ABC News.
Sin embargo, el ministro Romero asegura que la agencia de inteligencia estadounidense nada tuvo que ver en el proceso de seguimiento, pesquisa y aprehensión de los integrantes de la red, y que el esclarecimiento del caso fue realizado íntegramente por la Policía boliviana. [2]
El clan al descubierto
Se descubrió que lideraban la banda de extorsionadores el director de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío y el director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia José Manuel Antezana Pinaya. En segunda línea figuraban el abogado del Ministerio de Gobierno Denis Rodas Limachi, el asesor de la Fiscalía de Santa Cruz Gustavo Céspedes Rosales y los funcionarios de Dircabi Hugo Franklin Pedraza Suárez, Eduar Stepane Bellido y Ramiro Ordoñez López, entre otros.
Rivera trabajó cerca de seis años en la Contraloría, fue contratado como abogado del Ministerio de Gobierno en la gestión del ex ministro Alfredo Rada (2007-2010), y continuó en funciones en las administraciones de Sacha Llorenti (2010-2011), Wilfredo Chávez (2011-2012) y Carlos Romero (2012).
Antezana Pinaya fungió como abogado del Ministerio de Presidencia desde la gestión de Oscar Coca, y siguió con Juan Ramón Quintana y Carlos Romero. Fue contratado por el ex viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez en octubre de 2008 y llegó a ser director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia.
"Antezana tenía como función el registro, la sistematización y la estadística de gestión pública de los ministerios. Era un acumulador y organizador de información, y se supone que tenía un trabajo científico, técnico y hasta burocrático. Cuando fui Ministro de la Presidencia ya estaba trabajando; no tengo quejas de él, cuando le pedía informes, me cumplía rápidamente, entonces uno no sospecha que se dedicaba a extorsionar", declaró el ministro Romero a la red Erbol.
"Antezana era un buen funcionario, respondía bien por su trabajo, pero obviamente nadie conocía de la gravedad de los hechos en los que estaba involucrado", rememoró el ex presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce Zaconeta, tras admitir que Antezana es su concuñado. [3]
Aprovechando el enorme poder político que ostentaban en su condición de representantes oficiales del Estado, Rivera, Rodas y Antezana se dedicaban a la persecución política y a la detención irregular de presuntos delincuentes y líderes de la oposición, recurriendo incluso a la manipulación de jueces. Cuentan que la caterva infundía miedo y aterrorizaba a jueces, fiscales y litigantes.
Los miembros de la pandilla gubernamental intervinieron en bullados procesos judiciales, como por ejemplo el caso Caranavi, oportunidad en la que persiguieron penalmente a los abogados de los familiares de dos jóvenes asesinados por la Policía. Además, fueron parte querellante contra los refugiados peruanos Hugo y Williams Minaya, acusados de terrorismo en 2011.
Rivera, Rodas y otros integrantes de la red mafiosa también se vieron involucrados en la brutal represión a la VIII Marcha en defensa del TIPNIS, y representaron al Ministerio de Gobierno en el juicio que le inició Carlos Romero a la diputada del Movimiento sin Miedo (MSM) Marcela Revollo por los supuestos delitos de instigación a delinquir y sedición. [4]
Por otro lado, el ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico aseguró que uno de los principales articuladores de la red mafiosa es Boris Villegas, ex director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno y actual funcionario del Ministerio de Transparencia. [5]
Reportes de inteligencia apuntan a Villegas como parte de la organización delictiva, ya que trabajó con Rivera y Rodas en varios casos irregulares, como el del ciudadano peruano José Cantoral, corroboró el viceministro Jorge Pérez. Franz Bustos Gutiérrez, abogado defensor de los peruanos Minaya, confirmó que Villegas, quien fungía como director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, intentó extorsionar a sus clientes y lo amenazó de muerte en una audiencia de medidas cautelares. [6]
Desde que se conocieron las incidencias de la escandalosa extorsión a Jacob Ostreicher en una clínica en Santa Cruz [7] proliferan las denuncias. Se supo que la red mafiosa pidió 30 mil dólares a la colombiana Claudia Rodríguez, socia de Ostreicher, a cambio de que no sea trasladada del penal de Palmasola al Centro de Orientación Femenina de Miraflores en La Paz. [8]
Además, la hija del ex ministro de Gobierno Guillermo Fortún (+), procesado por recibir dinero de gastos reservados en el gobierno de Hugo Banzer, dijo haber pagado al menos 20 mil dólares a la red de extorsionadores liderada por Rivera y Rodas.
Con esos antecedentes, los fiscales del Ministerio Público acusaron a los miembros de la banda de los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias.
El juez Sexto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz José Zubieta ordenó la detención de Fernando Rivera y Dennis Rodas en celdas de la FELCC, y envió a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz a José Manuel Antezana y a Gustavo Céspedes Rosales. Los ex funcionarios de Dircabi Erland Bellido y Franklin Pedraza fueron favorecidos con medidas sustitutivas.
Céspedes reveló que el fiscal de Santa Cruz Isabelino Gómez se reunió en varias oportunidades con Rivera y Rodas en el despacho de la Fiscalía de Distrito para planear actos delictivos. Rivera y Rodas "tenían poder para acudir a todos los juzgados y presionar a los jueces", y los jueces Fernando Orellana y Wilson Arévalo obedecían sus instrucciones y emitían fallos "de acuerdo a su conveniencia", denunció Céspedes, uno de los primeros detenidos en Palmasola. [9]
En cuestión de días Isabelino Gómez pasó de testigo a denunciado, y el fiscal general del Estado Ramiro José Guerrero Peñaranda instruyó la apertura de un proceso disciplinario y otro penal en su contra, y ordenó investigar a otros fiscales sospechosos. Resultaron involucrados los fiscales Roberto Achá Arandia, Janeth Velarde Luna, Álvaro La Torre, Javier Cordero, Lumia Acho Pinto, Ángelo Céspedes y el juez Wilson Arévalo, todos denunciados por delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, peculado y uso indebido de influencias.
El 3 de diciembre el ex fiscal de Santa Cruz Isabelino Gómez fue detenido en Sucre y posteriormente recluido en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la ciudad de Santa Cruz, acusado de influir en una decisión judicial para mantener tras las rejas a Ostreicher. (ABI)
El estadounidense Ostreicher parece ser una de las últimas víctimas de la red mafiosa, y hasta el momento se sabe que están involucrados ex funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, además de ex empleados de Dircabi, jueces y fiscales. No obstante, "los más altos niveles del gobierno deben informar a la población hasta donde extendió sus tentáculos esta organización mafiosa; el país necesita saber si hay gente de otros niveles o de otras instancias que están involucradas", exigió el dirigente nacional del MSM Edwin Herrera.
El ministro Romero aseguró que la lista de las nueve personas involucradas no está cerrada y la investigación continúa: "La lista se irá completando a medida que la investigación avance… De repente un primer capítulo se ha esclarecido con la participación de funcionarios públicos del Ejecutivo, pero no se cierra todo el círculo, y podría haber alguien más… Otro capítlo se inicia ahora, y posiblemente será más tenebroso y generará más terremoto que la anterior semana… Sé que nos metimos en algo grande…".
La moraleja
El descubrimiento de la red mafiosa que operaba en el seno mismo del Poder Ejecutivo, además de sacudir a la opinión pública nacional, puso al descubierto el talante moral del gobierno y de la justicia boliviana y evidenció que los "socialistas plurinacionales" son tan o más corruptos que los "neoliberales pro imperialistas".
En primer lugar, resulta difícil creer que "cuatro ministros de gobierno que tienen a sus asesores directos involucrados en extorsión indiquen que "no conocían el caso. Entonces Romero no manejaba su ministerio, como sucedió con Llorenti y Quintana, quienes más bien fueron premiados. No vaya a ser que Romero acabe como embajador en algún país", ironizó el secretario general de la Gobernación de Santa Cruz Roly Aguilera.
"Al parecer, la inteligencia del Ministerio de Gobierno está lejos de esta repartición de Estado porque ha sido incapaz de detectar la actuación delictiva de sus funcionarios durante más de cinco años. ¿Incapacidad o complicidad?", cuestionó el diputado de Convergencia Nacional (CN) Alex Orozco.
No hay que olvidar que Fernando Rivera, entre otros miembros de la red mafiosa, "no actuaba por su propia ocurrencia personal; él lo hacía apadrinado por el gobierno y eso es lo que hay que desnudar. Cuando el gobierno sale y dice "los estamos poniendo en la picota a estos corruptos, en realidad esos corruptos de los cuales ellos quieren rasgarse las vestiduras son sus hijos que fueron avalados por ellos", juzgó el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín. [10]
En segundo lugar, subrayó Albarracín, "más allá del hecho de corrupción están las múltiples denuncias sobre cómo los funcionarios del Ministerio de Gobierno dirigían el curso de las audiencias en los tribunales de justicia, con la anuencia del gobierno; ha quedado al descubierto que quien administra justicia no es el Fiscal por su propia voluntad, sino por decisión gubernamental".
Para Aguilera "lo que está claro es que el proceso judicial contra supuestos terroristas (líderes autonomistas de Santa Cruz) se ha convertido en terrorismo de Estado; el caso Ostreicher demuestra que todo es un montaje y que los procesos han servido para llenar de dinero las arcas de funcionarios del gobierno... Queda comprobado el mecanismo y el sistema implantado por altos funcionarios del gobierno para extorsionar sistemáticamente a los ciudadanos".
Con estos antecedentes, la Ley de Extinción de Dominio de Bienes, que está siendo analizada en el Tribunal Constitucional, solo serviría para que funcionarios de gobierno hagan "uso y abuso" de los bienes incautados, consideró el jefe de la Bancada de CN en Diputados Luís Felipe Dorado.
La tercera lección que deja este bochornoso suceso es que la tan mentada cacería de corruptos, "caiga quien caiga", es un eslogan más de un gobierno acostumbrado a obrar de manera totalmente contraria a lo que predica.
El diputado de CN Roy Moroni propuso conformar una comisión legislativa multipartidaria para recolectar denuncias e investigar a los funcionarios públicos acusados de corrupción, pero el jefe de bancada del MAS Roberto Rojas y el senador oficialista Adolfo Mendoza descartaron esa posibilidad con el argumento de que "podría entorpecer" la labor del Órgano Judicial y "politizar" la pesquiza.
El 29 de noviembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una minuta de comunicación recomendando al Fiscal General iniciar una investigación "diligente, pronta y oportuna, sin favoritismo de ninguna naturaleza", con el fin de identificar a todos los implicados en el hecho delictivo. Los diputados instaron a la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción Nardy Suxo a coadyuvar en todas las investigaciones.
Quintana informó que el Ministerio de la Presidencia recibirá denuncias sobre las actividades ilegales y el tráfico de influencias de la red delictiva en Santa Cruz, mientras que el Ministerio de Gobierno también convocó a los afectados a presentar sus denuncias en la Unidad de Transparencia de esta Cartera de Estado. Romero recalcó que su intención no es suplantar las funciones de la ministra Suxo, sino colaborar en la investigación.
Resulta que la zarina anticorrupción, que ni siquiera se enteró de que un clan mafioso se enriquecía en las narices del Presidente, ahora amenaza con procesar por "cohecho" a las nuevas víctimas de la pandilla gubernamental que se animen a contar su verdad. Lo que pasa es que la ministra Suxo está vinculada al clan mafioso, afirmó el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, condenado a 12 años de prisión por corrupción, en una entrevista con la red Erbol.
Al parecer, los cabecillas de la red de corrupción y extorsión tienen padrinos muy poderosos en el Ejecutivo y, como dice el ministro Romero, "mantienen intacta su capacidad de influencia y sometimiento de la justicia", ya que las últimas actuaciones del juez cautelar y de los fiscales asignados al caso develan su intención de favorecer a los acusados.
En la madrugada del 1 de diciembre, el juez cautelar de la causa dictaminó en primera instancia que los cabecillas de la red mafiosa Fernando Rivera y Denis Rodas sean trasladados a la cárcel de Palmasola, pero, a pedido de los acusados y de manera expedita, determinó su reclusión en celdas de la FELCC, supuestamente para precautelar su integridad física.
Además, el juez favoreció con medidas sustitutivas al ex director de Dicarbi, pese a que estaba claramente comprometido con la red, y dejó sin efecto la imputación de organización criminal contra los cabecillas de la banda, alivianando enormemente la labor de su defensa.
El 4 de diciembre, el juez Juan José Zubieta dejó en libertad al fiscal de Sustancias Controladas de Beni Roberto Carlos Achá, quien habría forzado la acusación contra Jacob Ostraicher, además de obligar a un juez a cambiar una sentencia de libertad que favorecía al ciudadano estadounidense.
Según Romero, los jueces y fiscales asignados al caso Ostreicher enviaron "sin empacho" a la cárcel a ex funcionarios administrativos de Dircabi de mando medio, y "resulta que ahora a Palmasola no van los principales acusados que son tratados con mucho beneplácito".
"Esto no puede ser, esto no puede volver a pasar, la justicia en el país debe dar sanciones drásticas como ejemplo para que esta situación no se repita. La justicia ya estaba mal desde hace mucho, pero hoy lamentamos que sigue mal, que no va con ese ritmo de cambio histórico que vive el país; elegimos a nuestras autoridades judiciales, pero todavía falta cambiar ese entorno malicioso", vociferó el Vicepresidente Álvaro García Linera.
El Vice y Romero arremeten sin piedad contra los administradores del Órgano Judicial ,que supuestamente iban a revolucionar la justicia boliviana por el solo hecho de vestir polleras, calzar ojotas y haber sido elegidos por el voto popular,, y deliberadamente desvían la atención y ocultan lo más escandaloso del caso: Los jefes de la mafia no son jueces sino hombres de confianza del "entorno" más íntimo del Poder Ejecutivo.
La propia ministra de Comunicación Amanda Dávila reconoció que los mafiosos se infiltraron en altas esferas gubernamentales porque no existe un sistema de control e investigación para la contratación de funcionarios de alto rango en los diferentes ministerios. Recién ahora Suxo quiere confeccionar una base de datos de burócratas procesados por corrupción o por deudas.
Hasta hace poco se creía que Evo Morales era solo una víctima inocente del complot permanente de los "entornos" palaciegos, pero cada día surgen nuevas denuncias y el Presidente se enreda más en la telaraña de la mega corrupción. Lo último que se supo es que el Mandatario estaba enterado de las tropelías de sus abogados, pero, como se dice vulgarmente, se hizo el loco.
En agosto de este año, el alcalde de Warnes Mario Cronembold (MAS) informó personalmente al Presidente que Rodas y Rivera lo extorsionaron "usando un poder ratificado por el ministro Carlos Romero el 3 de febrero; el 20 de julio se querellaron contra mi persona y me acusaron (por legitimación de ganancias ilícitas); le pidieron a mi esposa 50 mil dólares, no lograron sacarme plata y me metieron preso". [11]
Cronembold reclamó al Presidente Morales y al ministro Romero: "Me siguen extorsionando, hasta cuándo voy a estar con esto; por último le dije al Presidente: "si soy culpable que me vuelvan meter preso; y el Presidente me respondió: "Aguante, yo aguanté 17 años de juicios y presiones y aquí me tienes de Presidente; y entonces, yo aguanté".
Notas:
[1] El 9 de septiembre de 2011, por orden judicial se incautó 20 mil toneladas de arroz depositadas en los ingenios arroceros San Jorge, Renacer, Oriental y Gonzales de Montero, pero ahora "sólo quedan seis mil toneladas. Además, el 8 de noviembre de 2011 el jefe departamental de Dircabi Juan Ríos Ocampo y el subteniente Ariel Ocampo vendieron 273 cabezas de ganado por 125 mil dólares. También hay que tomar en cuenta las propiedades y las fanegadoras. Ya todo está perdido", denunció Justiniano.
Miguel Ángel Gutiérrez Soliz se presentaba en los ingenios arroceros como responsable de Bienes incautados, "acompañado por Jorge Vaca Justiniano, Jorge Henry Chávez Medina, portando credenciales del Ministerio de Gobierno) y el abogado Redy Edwin Villarroel. Llevaban consigo una orden de cambio de depositario judicial del arroz a favor del señor Jorge Vaca Justiniano, quienes monetizaban el arroz en millonarias sumas de dinero", detalla un documento oficial al que accedió la red Erbol.
[2] Según Romero, el único antecedente del FBI relacionado con la indagación es un informe difundido en el blog de Jacob Ostreicher, redactado por el ex agente del FBI Stephen Moore, retirado de esa agencia en 2008. El ex agente compara a Evo Morales con Al Capone en los siguientes términos:" En 1928 en la ciudad estadounidense de Chicago, Al Capone controlaba casi todos los negocios con violencia e intimidación. Por ejemplo, uno de esos negocios bajo su control era la reparación de vehículos. Si un mecánico se mudaba a Chicago y abría un negocio sin la aprobación de Capone, había violado una norma muy seria. Y si el negocio era exitoso, las cosas eran aún peores para los propietarios. Si un negocio se abría en la ciudad y era exitoso, los negocios de Capone hacían menos dinero, y el jefe perdía los pagos que necesitaba. También, la sola existencia del nuevo negocio motivaba a los otros negocios a pagar dinero por la protección. ¿Qué hubiera hecho Capone? Hubiera destruido el negocio y al mecánico. Morales opera de la misma manera con emprendimientos capitalistas que ponen en peligro sus ideas socialistas. Él ha destruido muchas empresas y a sus ejecutivos por esa misma razón, una de esas empresas es COLIAGRO y Jacob Ostreicher".
[3] Héctor Arce reconoció que Antezana está casado con la hermana de su esposa, pero "no es ni pariente mío ni pariente de mi esposa, sino vendría a ser casado con una hermana de mi esposa". El diputado del MAS recalcó que nunca tuvo relación con Antezana, pero sí contrató a su hermano, Juan Manuel Antezana, cuando fungió como presidente de la Cámara de Diputados. (Ver planilla de sueldos adjunta).
[4] El país tiene que saber que los presuntos delincuentes y miembros de la red de corrupción fueron quienes iniciaron un proceso ante el Ministerio Público contra mi persona, usando grabaciones ilegalmente obtenidas, denunció Revollo. Paradójicamente, en el proceso que activó la diputada contra Romero y sus abogados por espionaje político, ninguno de ellos fue convocado a declarar.
[5] Ya se detectaron indicios de irregularidades en el accionar de los abogados, sobre todo Boris y Denis, durante las investigaciones del caso terrorismo y el entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti fue alertado del caso, pero no le dio importancia, reveló Torrico a la red Erbol.
[6] Cuando llegué a la audiencia y los matones de Boris Villegas no me dejaban entrar para que mis defendidos estén sin abogado, hice un escando y salió Villegas. Yo lo conocía de vista, pero no tenía consciencia del poder que ostentaba; me dijo: "vos no sabes quién soy yo; exaltado le contesté de forma grosera y me amenazó: "Sin mover un dedo te puedo hacer aparecer muerto", relató Bustos a la red Erbol.
[7] Antezana fue el operador directo y cobró casi 10 mil dólares por la venta irregular del arroz decomisado al empresario norteamericano.
[8] Rodríguez no pagó la coima y fue trasladada a la ciudad de La Paz, donde sufrió tres paros cardíacos, denunció su abogado defensor Fabio Jofré.
[9] Diario El Deber de Santa Cruz.
[10] Red Erbol.
[11] Cronembold reveló en una entrevista concedida a la red Erbol que después de salir de la cárcel de Palmasola, se quejó al Presidente y al ministro Romero en un encuentro de alcaldes celebrado en agosto de 2012 en el Hotel Casa Blanca de Santa Cruz.
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Que opina? ¿Choque de civilizaciones? Parte I - 21/11/2012 18:46:17
"Publicado originalmente en Debate 114, noviembre - diciembre del 2001.El 11 de setiembre cambió el mundo. Miles de personas perdieron la vida en losatentados terroristas contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York y el Pentágono en Washington, y Estados Unidos no encontró otra forma de defenderse más que el ataque. Algunos temen que sea el inicio de la tercera guerra mundial, otros creen que será una guerra bacteriológica, pero lo cierto es que los atentados terroristas han puesto al mundo en jaque y han despertado recelos, temores e ignorancias. ¿Qué es el Islam? ¿Sólo los musulmanes son fundamentalistas? ¿Sabe Estados Unidos lo que es el terrorismo? ¿No tenía Estados Unidos otra manera de defenderse? ¿Hemos aprendido los peruanos lo que es el terrorismo? Para responder algunas de estas interrogantes DEBATE ha invitado al sociólogo Farid Kahatt, al periodista estadounidense Lucien Chauvin, a la filósofa Gis
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