Interesante, EL MINISTERIO PUBLICO Y LA LUCHA ANTICORRUPCION - 27/12/2013 10:59:03
" Desde hace algunas semanas, la actuación del Ministerio Público en torno a casos de corrupción se encuentra en el ojo de la tormenta. Un rápido repaso de los hechos permitirá saber que estamos ante aguas bastante movedizas y que el principal responsable, todo indica, es el señor Fiscal de la Nación.Comencemos por el caso Alan García. Como sabemos, la Fiscalía de la Nación archivó una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente, pues, según José Pelaez Bardales, no pudo demostrarse el supuesto desbalance patrimonial de AGP.
Sin embargo, cuestionamientos fuertes contra los peritos que vieron el caso se ventilaron en la prensa. El perito Julio Mori Donayre, que vio el caso de Alan, tenía carnet aprista. Y, como se mencionó en un reportaje de Laura Grados para Diario 16, tanto él como Javier Tapia Torres participaron en peritajes que beneficiaron tanto a Jorge del Castillo como a la congresista fujimorista María López Córdova. En este último caso, por cierto, ambos peritos están siendo investigados por contactos extraños con la defensa de la parlamentaria. De allí que la Procuraduría Anticorrupción ha pedido que la pericia en el caso García sea descartada y se haga otra investigación de este tipo.
Por cierto, el programa Buenas Noches con AAR ha encontrado dos peritos más con carnet del partido de la estrella.
En otro ámbito, ayer el diario La República dio a conocer un extraño caso:
Investigar presuntos actos de corrupción al interior del Ministerio Público le costó el cargo de coordinador de la 1° fiscalía anticorrupción, al fiscal José Domingo Pérez Gómez.
Además, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, le ha iniciado un proceso por enriquecimiento ilícito, por haberse comprado un departamento en Miraflores.
José Pérez ha sustentado dicha compra en sus ingresos como fiscal y un préstamo bancario, pero en su caso las matemáticas no son suficientes.
El problema es que las investigaciones del fiscal Pérez Gómez tocaban carne: se investigaba el pedido de cupos para otorgar licitaciones para obras en el Ministerio Público. Y una de las personas indagadas era el gerente general del Ministerio Público, Fernando Lazo Manrique. Luego que el fiscal lo llamara para una diligencia y el gerente se quejara ante Peláez sobre esta citación, Pérez Gómez fue cesado en su puesto.
Ayer, César Romero, periodista de La República, presentó dos documentos que podrían explicar la buena suerte de Lazo Manrique: un poder otorgado por Alan García y que fue revocado recién a inicios de este año y su militancia aprista hasta 2009.
Según Pelaéz, este cambio no busca bajarle la llanta a una investigación interna del MP. Pero otro cambio similar llama la atención. Indica Romero:
La fiscal coordinadora de las fiscalías supraprovinciales anticorrupción, Fany Quispe Farfán, que, entre otros casos, investiga los "narcoindultos", fue separada del cargo y relegada a un puesto de menor responsabilidad.
El cambio de la fiscal Quispe Farfán se justificó con un escueto "por necesidad del servicio", aunque extraoficialmente se dice que fue por no "alinearse con los intereses del fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales".
Su apartamiento no detiene la investigación de los "narcoindultos", que sigue a cargo del fiscal Walter Delgado Tovar, pero le quita a este el respaldo institucional que le venía prestado Quispe Farfán.
Por su parte, Iván Montoya, coordinador del proyecto anticorrupción del IDEHPUCP, señaló que el cambio de la fiscal busca afectar la investigación del caso Global CST, sobre irregularidades en los contratos de asesoría israelí en la lucha contra el narcoterrorismo, el cual alcanza al ex ministro de Defensa Rafael Rey.
Ojo que el cambio de la fiscal Quispe puede afectar tanto al caso Global CST como a otros procesos. En el primer caso, porque la magistrada estaba a cargo de la investigación de uno de los casos de asesoría más oscuros del gobierno anterior y que involucra al menos a dos exministros. Según información con la que cuenta DTP, Quispe estaba a punto de concluir una investigación complicada por la falta de apoyo institucional.
Ojo al siguiente dato: fue Quispe quien denunció a Luis Castañeda Lossio en el caso Comunicore. Como se recordará, el Fiscal de la Nación postuló en la lista de Solidaridad Nacional en 2000 y fue abogado de funcionarios de Castañeda en el seguro social cuando estalló el caso IPSS Card. Así lo contó Daniel Yovera hace un par de años:
Por ese tiempo, Peláez también defendía a dos de los funcionarios de máxima confianza de Castañeda en el ex-Instituto Peruano de Seguridad Social, que estaban procesados por el escandaloso caso "IPSS Card", que involucró la friolera de US$ 10 millones. Se trataba de Ángel Pérez Rodas y Juan Blest García. Si sus nombres le suenan es porque ellos mismos fueron, años después, gerentes de la Municipalidad de Lima, y hoy están procesados por el caso Comunicore.
El reemplazo de Quispe, Hamilton Castro, a su vez, estaba abocado al caso María López Córdova, cuyas complicaciones periciales ya hemos señalado.
Y, al perder a su respaldo institucional, es probable que el fiscal Walter Delgado, de correcta actuación en el caso "narcoindultos", pueda ser cambiado en el verano, temporada en la que, además, se elegirá al reemplazo de Pelaez al frente del Ministerio Público.
Lo cierto es que ya son demasiados cambios y personajes alrededor de la Fiscalía de la Nación que afectan la lucha contra la corrupción como para no iniciar una investigación a fondo en esta institución.
(Foto: Perú.21)
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Es Noticia, Expertos aseguran que urge reforzar los programas sociales - 07/06/2011 8:22:57
" ara atención a sectores deprimidos, según expertos. Nuevo gobierno debe mejorar su cobertura, dar tranquilidad social, trabajar con gobiernos regionales y locales y replantear la agenda de seguridad.Marco Sánchez.
Asegurar la continuidad y mejora de los programas sociales, trabajar por la descentralización junto a los gobiernos regionales y locales y realizar reformas prioritarias en salud, educación e infraestructura son retos urgentes del nuevo gobierno, advirtieron los expertos.
"En el tema social hay una agenda urgente ya planteada por el programa del nuevo gobierno, como Pensión 65, ampliar la cobertura del programa Juntos y los programas destinados a la primera infancia. Esa es la prioridad social", dijo el economista Pedro Francke.
Consideró que es importante fortalecer la cobertura, pues muchos programas sociales llegan a poca gente y además la gerencia desde el Estado es pobre: "Deben estar bien manejados y tener un soporte fiscal fuerte".
Los analistas creen que si ello se cumple, será más fácil dar tranquilidad social.
Luis Thaís, ex titular del Consejo Nacional de Descentralización (CND) desactivado por el gobierno aprista, sostiene que "el nuevo gobierno debe restablecer la relación con los gobiernos locales y regionales para fijar una ruta descentralista verdadera".
Agenda en seguridad
Thaís opina que la administración nacionalista deberá además restablecer el CND y reponer los recursos "que el actual gobierno quitó a las regiones".
"El gobierno central debe empujar proyectos en las regiones. Esto ayudaría además a limpiar los pasivos que permanecen en conflictos sociales", opina y añade que aprobar la Ley de Consulta Previa es una prioridad que Gana Perú debe impulsar en el Congreso.
En seguridad y defensa también hay retos importantes. El analista José Robles Montoya pidió reforzar la seguridad interna y la lucha contra el narcoterrorismo en el VRAE de manera integral.
También una planificación real en el sector, para retomar la capacidad de operación de las Fuerzas Armadas.
"La agenda interna implica mejorar las remuneraciones del personal militar y policial, la Caja de Pensiones y garantizar cédula viva en el sector, como lo propuso el presidente electo", afirma.
En el caso del narcotráfico, la prioridad implica una nueva política de sustitución de cultivos, control de insumos y lucha contra el lavado de activos, dentro de una política integral del Estado.
Combate a la corrupción
En campaña Ollanta Humala ofreció junto al crecimiento económico con inclusión social una política de lucha contra la corrupción en el Estado, con penas severas y la no prescripción de delitos de esta naturaleza. Luis Thaís cree que una política seria en este campo dará confianza a la ciudadanía, junto a las reformas ya planteadas.
En campaña, el electo vicepresidente Omar Chehade adelantó que un gobierno de Gana Perú declarará a los medios "aliados estratégicos" de la lucha contra la corrupción, se creará una Comisión Nacional Anticorrupción y la inhabilitación a políticos corruptos será de por vida, además de generar una cultura de prevención.
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