Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch sobre Perú y DESDE FUJIMORI HASTA OLLANTA HUMALA

Es Noticia, Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch sobre Perú - 21/01/2014 12:26:13

"Human Rights Watch (HRW) presentó hoy en Berlín su Informe Mundial sobre Derechos Humanos y en la presentación de Sao Paulo hizo hincapié sobre los problemas que afrontan los países de América Latina y sus desafíos para 2014.
La edición latinoamericana analiza los países de la región, entre los que figura nuestro país. A continuación el capítulo referente a Perú.
Human Rights Watch
Informe Mundial 2014: Perú
En los últimos años, las manifestaciones públicas contra proyectos de minería a gran escala y otras políticas gubernamentales e iniciativas del sector privado han sido escenario de numerosos enfrentamientos entre policías y manifestantes, en los cuales murieron civiles abatidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Si bien la cantidad de muertes se redujo considerablemente durante los primeros nueve meses de 2013, hubo escasos avances en la investigación de estos casos o en las medidas para asegurar que la policía cumpla con las normas internacionales sobre uso de la fuerza letal.
A pesar de las emblemáticas condenas dictadas contra el ex presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos, varios generales del Ejército y miembros de un escuadrón de la muerte del gobierno en 2009 y 2010, los adelantos en las causas sobre abusos perpetrados durante gobiernos anteriores han sido realmente limitados.
Muertes durante protestas
Según datos obtenidos hasta septiembre de 2013, un total de 27 civiles habían muerto durante protestas desde que Ollanta Humala asumió la presidencia en julio de 2011. La cantidad de muertos por armas de fuego en estos sucesos se redujo de 18 en los primeros ocho meses de 2012 a tres en el mismo período de 2013. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, un organismo gubernamental creado en agosto de 2012, ha impulsado iniciativas de diálogo para fomentar la resolución pacífica de conflictos sociales que provocan protestas. No obstante, sólo se ha avanzado moderadamente en la determinación de las circunstancias en las cuales se produjeron las muertes y el juzgamiento de policías o militares que aplicaron la fuerza en forma ilegítima.
Juicios por abusos del pasado
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú estimó que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado que asoló al país entre 1980 y 2000. Muchas sufrieron atrocidades a manos de Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes, mientras que otras fueron víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
En 2009, el ex Presidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por desapariciones y asesinatos ocurridos en 1991 y 1992. Su asesor en inteligencia Vladimiro Montesinos, tres ex generales del Ejército y varios miembros del grupo Colina, un escuadrón de la muerte creado por el gobierno, también cumplen actualmente penas de entre 15 y 25 años de prisión por el asesinato en 1991 de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, en Lima, y por 6 desapariciones forzadas. En junio de 2013, el Presidente Humala rechazó un pedido presentado por familiares de Fujimori para que se le conceda el indulto presidencial por motivos de salud. Según trascendió en los medios, una Comisión de Gracias Presidenciales había determinado que Fujimori no sufría una enfermedad terminal o degenerativa ni trastornos psicológicos graves.
La investigación judicial en otras causas ha sufrido extensas demoras y permitido tan sólo unas pocas condenas. En un informe emitido en agosto de 2013 en ocasión del décimo aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo determinó que, pese a los esfuerzos iniciales, Perú no había implementado un sistema judicial especializado con suficiente personal y recursos para juzgar la mayoría de los casos. Según la Defensoría del Pueblo, hasta abril de 2013, de los 194 casos que supervisaba, 113 habían sido cerrados o se encontraban en las primeras etapas de investigación, y solamente en 32 se había dictado sentencia.
En junio de 2013, el Tribunal Constitucional determinó que una masacre ocurrida en 1986 en la cárcel El Frontón durante el primer gobierno del ex Presidente Alan García, y en la cual perdieron la vida al menos 130 internos, estaba sujeta a prescripción debido a que no constituía un delito de lesa humanidad. La opinión del tribunal desconoció una sentencia dictada en 2000 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte, en la cual se ordenó que Perú investigara estos sucesos y juzgara a los responsables. En septiembre, el Ministerio de Justicia pidió al Tribunal Constitucional que modificara la sentencia en razón de que la mayoría de los jueces había desestimado el argumento de los reclamantes sobre inconstitucionalidad del proceso en el caso El Frontón, y no se había solicitado al tribunal que estableciera si los delitos constituían crímenes de lesa humanidad. Hasta octubre de 2013, el tribunal no se había pronunciado.
Jurisdicción militar
Continúa siendo preocupante que los casos de derechos humanos en los cuales están involucrados militares sigan siendo resueltos por tribunales militares. El Decreto Legislativo N.° 1095, adoptado en 2010 por el gobierno del Presidente García, permite que los tribunales militares juzguen casos en que se acuse de abusos contra civiles a miembros de esta fuerza que intervinieron en operativos de seguridad pública. Diversos órganos internacionales de derechos humanos han rechazado insistentemente la intervención de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos en la región. En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional aún no se había pronunciado sobre la constitucionalidad del decreto, que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos de Perú.
Tortura
La tortura representa un problema crónico. Un tercio de las 144 víctimas cuyos casos han sido monitoreados en la última década por la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) murieron o sufrieron incapacidad física permanente debido a torturas, en su mayoría cometidas presuntamente por policías.
Libertad de expresión
En agosto de 2012, en respuesta a la progresiva presencia pública de un grupo reducido que exige la amnistía de presos de Sendero Luminoso, el Presidente Humala presentó un proyecto legislativo que arremete contra la libertad de expresión al tipificar el "negacionismo" de delitos cometidos por organizaciones terroristas. El proyecto, tras las modificaciones en el Congreso, establecería penas de prisión de entre 6 y 12 años a quienes "nieguen" tales delitos o la participación de personas en ellos, cuando exista una sentencia definitiva que establezca tal participación. Establece como condición que la expresión tenga la "finalidad de promover la comisión de los delitos de terrorismo o apología del terrorismo o sirva como medio para adoctrinar para fines terroristas". Cuando la negación se realice a través de medios sociales o tecnologías de la información, la pena se incrementaría hasta 15 años. Hasta octubre de 2013, el proyecto aún no había recibido aprobación definitiva en el Congreso.
Los periodistas siguen estando expuestos a la imposición de penas de prisión en suspenso y multas por difamación. Por ejemplo, en mayo de 2013, un juez en Huaraz, Ancash, aplicó una pena de dos años de prisión en suspenso al periodista Alcides Peñaranda, director de la revista Integración, por haber difamado al presidente regional de Ancash, César Álvarez, y dispuso que debía pagar una indemnización. Esta acusación estuvo vinculada con un artículo de Integración en el cual se indicaba que existía corrupción en el gobierno regional y se hacía referencia a un artículo publicado en una revista de Lima por César Hildebrandt, un renombrado periodista de investigación. Álvarez demandó por separado a Hildebrandt y a su colega Melissa Pérez. Un tribunal de Lima los absolvió, invocando una sentencia de la Corte Suprema que asignaba a las personalidades públicas una mayor carga de la prueba en casos de difamación en los cuales estuviera afectado un interés público.
Aún está siendo analizado en el Congreso un proyecto que reemplazaría las penas de prisión para el delito de difamación por multas y tareas comunitarias. Si bien el Congreso aprobó el proyecto en julio de 2011, el Presidente García objetó algunas disposiciones y la versión reformada nunca se aprobó.
Derechos reproductivos
Las mujeres y jóvenes de Perú solamente pueden solicitar abortos en casos de riesgo para la salud o la vida de la madre. No obstante, el país carece de protocolos claros que permitan a proveedores de salud determinar en qué circunstancias concretas resultaría lícito el aborto. Numerosos organismos de supervisión de derechos humanos de las Naciones Unidas han instado a Perú a adoptar estos protocolos y a legalizar el aborto en casos en que el embarazo sea resultado de una violación. Al momento de elaboración de este informe, el gobierno no había cumplido las recomendaciones.
Derechos de discapacidad
El sistema de interdicción judicial de Perú habilita a los jueces a determinar que personas con cierta discapacidad intelectual o psíquica son jurídicamente "incapaces" y a asignarles tutores legales, lo cual supone en la práctica la suspensión de sus derechos civiles básicos, incluido el derecho a votar. Diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos han instado a Perú a abolir la interdicción o tutela judicial, dado que es incompatible con las obligaciones asumidas por el país conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
En diciembre de 2012 entró en vigor la Ley General de la Persona con Discapacidad, pero hasta octubre de 2013 el poder ejecutivo aún no había reglamentado la norma. La ley contribuiría a adecuar la legislación nacional vigente a la Convención, al garantizar el derecho de las personas con discapacidad a actuar en interés propio y con apoyo adecuado cuando sea necesario. Sin embargo, hasta octubre de 2013 no se había creado una comisión de revisión del Código Civil prevista en la Ley General de la Persona con Discapacidad. El derecho peruano permite el internamiento involuntario para el tratamiento de personas con incapacidad que estén en régimen de tutela.
Actores internacionales clave
En marzo de 2013, en sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Perú, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al país "eliminar efectivamente el uso excesivo de la fuerza por los miembros de las fuerzas del orden y de seguridad" y "redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura". También instó a Perú a adoptar legislación que prohíba la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, a permitir el aborto en casos de violación sexual y a adoptar "rápidamente un protocolo nacional que regule la práctica del aborto terapéutico".
En septiembre de 2013, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes visitó 26 cárceles y dependencias policiales en distintas regiones de Perú. Perú ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en 2006. El vicepresidente del subcomité expresó su expectativa de que a fines de 2013 Perú hubiera establecido un mecanismo nacional de prevención de la tortura y el maltrato con fondos suficientes para que funcionara adecuadamente.
En tanto miembro relativamente reciente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Perú ha tenido un rol positivo en la votación de diversas resoluciones destinadas a abordar violaciones de derechos humanos en países como Sri Lanka, Bielorrusia e Irán. No obstante, Perú adoptó una medida regresiva al determinar que ya no patrocinará resoluciones sobre países individuales en la ONU.
Ver:
Informe Mundial 2014 , versión completa
Capítulo Perú

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Noticia, 15 MIL DESAPARECIDO EN PERU: DESDE FUJIMORI HASTA OLLANTA HUMALA - 03/12/2013 13:39:07

" IMPUNIDAD Y COMPLIDAD ACTUAL. En Perú la discusión es interminable para saber la cantidad exacta de personas desaparecidas durante 20 años de conflicto armado (1980-2000). Esta discusión es entre cifras oficiales y el testimonio verídico de los familiares de las víctimas. Los gobiernos que han seguido después del 2000 cuando cayó el régimen de Fujimori han utilizado la coerción, el chantaje y todo el poder del Estado para ocultar los crímenes de las fuerzas armadas, la policía y grupos paramilitares.
El gobierno transitorio de Valentín Paniagua (2000), la administración de Alejandro Toledo (2001-juillet 2006), hasta llegar al gobierno de Alan García (2006-2011), y el actual régimen del militar Ollanta Humala, han protegido militares y civiles acusados de masacres, secuestros y desapariciones de personas acusadas de subversión.
Las cifras de desaparecidos Para la Conferencia Episcopal Peruana, entre 1980 y el 2000 las personas desaparecidas fueron 15 mil. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su informe de 2003, registra 8 mil 558 personas desaparecidos durante el conflicto armado. El Comité Internacional de la Cruz Roja, duplica esta cifra y en octubre del 2011, señala que los desaparecidos en Perú suman 16 mil. Esta cifra se basa en los informes y registros del Instituto de Medicina Legal y el Equipo Peruano de Antropología Forense.
Si para el número de desaparecidos hay cifras en desacuerdo, lo mismo ocurre para la cantidad de muertos durante la guerra interna. Así para la Comisión de la Verdad y Reconciliación el costo en vidas humanas de la guerra interna suman 70 mil. El Consejo de Reparaciones del Perú en un informe del 2011 ha señalado que el número de víctimas de la guerra interna que atravesó el Perú podría ascender a 100 mil personas. Esta cantidad de muertos y desaparecidos fueron en su gran mayoría ciudadanos del campo, estudiantes y trabajadores de la ciudad sindicados de pertenecer o sostener los grupos subversivos, en particular a Sendero Luminoso (Partido Comunista del Perú-PCP). En Perú no pasa una sola semana que no se descubren fosas comunes donde fueron sepultados clandestinamente ciento de victimas de militares y policías durante el conflicto armado. Así por ejemplo en el 2011 la Cruz Roja entrega un informe sobre la posible existencia de 4 mil 644 fosas comunes en todo el Perú. De esta cantidad de cementerios clandestinos, dice la Cruz Roja, más de 2000 aún no han sido localizadas.
¿Por qué tanta impunidad en Perú?
Perú es uno de los países de América Latina, donde los antiguos responsables de muertes, masacres y desapariciones, no solamente no han sido sancionados, sino que vuelven al poder y con ello repiten sus métodos criminales contra la población. Por ejemplo Alan García Pérez presidente entre 1985 y, fue responsable de cientos y miles de asesinatos y desapariciones. Matanza en los penales, desapariciones de estudiantes, crímenes contra la población, etc. Nunca fue sancionado y al contrario fue recompensado con una nueva gestión presidencial entre julio de 2006 y el 2011.
En junio del 2009, el presidente Alan García fue nuevamente acusado de masacres masivas y de desapariciones de pobladores. Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos de Perú), denuncio (13 de junio 2009) la responsabilidad del gobierno de García por el asesinato de 31 indígenas de la selva y 61 desaparecidos. Estos hechos ocurrieron en Bagua, una localidad de la amazonia peruana. El conflicto se inició cuando los indígenas se movilizaron contra decretos gubernamentales atentatorios contra sus derechos a la tierra y la subasta de los recursos naturales en beneficio del tratado del libre comercio con Estados Unidos. El saldo represivo del segundo gobierno de García fue de 174 muertos y 61 desaparecidos.
El régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) significo un de los periodos más sangrientos del conflicto interno. Uno de los jefes militares de este periodo fue el actual presidente del Perú, Ollanta Humala. El actual gobernante, ha sido acusado de secuestros, torturas y crímenes de prisioneros durante la época de Fujimori cuando era jefe militar en una zona de guerra. En sociedades normales, Ollanta Humala debería estar preso por torturas, crímenes y desaparecidos. Pero ello no es así, Humala es el presidente del Perú y ganó las elecciones en el 2011 con el apoyo de las fuerzas armadas y de la izquierda legal peruana.
En el primer año de la gestión de Ollanta Humala 17 campesinos fueron muertos por orden del gobierno. Hasta el final del 2012, el actual régimen ha asesinado en conflictos sociales a 27 personas entre campesinos y asalariados. En el informe ""Un año del gobierno de Ollanta Humala" de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (julio 2012), se anota que en cuanto a los derechos humanos durante el actual gobierno, "muy poco es lo que se ha hecho, y más bien se ha producido un retroceso". Esta comisión advierte en su informe que este problema "se refleja en los muertos, heridos y la criminalización de las protestas sociales, así como el recorte de libertades fundamentales mediante el estado de excepción".
La herencia del fujimorismo en el poder, no solo se refiere al actual presidente peruano, sino también a la legalidad para el movimiento político de la familia Fujimori. Keico Fujimori, es la hija del ex mandatario, ex primera dama fue cómplice de su padre durante su gobierno corrompido y criminal. Pero gracias al sistema de impunidad en Perú, Keico no está en prisión como su progenitor, y al contrario ella aspira a ser presidenta del Perú. La hija de Fujimori es la actual lideresa del grupo "Fuerza Popular", otro nombre de lo que fue "Cambio 90" de la época de Alberto Fujimori. Ella ha sido en el 2011 candidata a la presidencia de la Republica y se ubicó en el segundo lugar después de Ollanta Humala. Actualmente las encuestas y sondeos electorales la ubican como la candidata preferida para las próximas elecciones presidenciales del Perú.
A diferencia de otros países latinoamericanos, el ciclo de muertos y desaparecidos en Perú se desarrolló durante el periodo de tres gobiernos que se instauraron vía procesos electorales, pero que dependían 100% de los militares. Fernando Belaunde, líder de Acción Popular (AP) 1980-1985: Alan García Pérez del Partido Aprista (APRA) 1985-1990 y Alberto Fujimori, líder de "Cambio 90" (1990-2000), fueron los tres gobiernos "democráticos" que recibían órdenes de las fuerzas armadas.
La particularidad común de estos regímenes fue que en el aspecto político, sobre todo en la forma de enfrentar la subversión, entregaron todo el poder a las fuerzas armadas. El modelo de plan contrainsurgente, fue diseñado, dirigido y aplicado por los militares y la CIA americana. El eje de este plan antisubversivo, fue el asesinato masivo de poblaciones enteras sospechosas de constituir "base de apoyo" de Sendero Luminoso. Tanto el gobierno de Alan García así como el de Alberto Fujimori, elegidos "democráticamente", contaron desde su inicio con el apoyo de la izquierda legal peruana, así como de la iglesia católica, y las principales Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del medio peruano. Putis Uno de los casos más brutales de secuestro y asesinato masivo de campesinos acusados de pertenecer o ser base de apoyo de Sendero Luminoso. Este hecho sangriento ilustra la actuación brutal de las fuerzas armadas en las zonas consideradas "rojas" o base de apoyo de la subversión.
Putis es una pequeña localidad andina ubicada en la provincia de Huanta (Ayacucho) y a 300 kilómetros el sureste de Lima. Este genocidio de un pueblo ocurrió en 1984 cuando Fernando Belaunde, considerado "padre de la democracia peruana", era presidente del Perú. En ese pequeño pueblo fueron asesinados 123 campesinos, entre ellos mujeres y niños. Ellos, antes de ser ejecutados, fueron obligados a cavar una gigantesca fosa común donde serían muertos y sepultados. Como dijo la misma Comisión de la Verdad (CVR) estos pobladores "fueron acribillados por miembros de las fuerzas armadas quienes sospechaban que los pobladores rurales colaboraban con rebeldes de Sendero Luminoso".
Estos hechos fueron descubiertos recién en el 2001 por el periodista Edmundo Cruz. Las autoridades se vieron obligadas a reconocer esta matanza. Antes de este descubrimiento las victimas de Putis eran considerados "desaparecidos". Incluso se decía que eran "senderistas" que se habían enrolado con la subversión. Según los expertos que analizaron los restos mortales, el 45% de los cuerpos hallados en la fosa común correspondían a niños y jóvenes entre 1 y 17 años de edad. Todos fueron muertos con balas de fusil y acuchillados. Sobre la cantidad de niños en esta masacre, Edmundo Cruz declaro en un reportaje a la agencia AP, que el asesinato de los niños "solo tenía una explicación muy frecuente en la ideología de los militares de esa época". "Esa ideología era que estos niños más tarde serían iguales a sus hermanos y padres a quienes los militares consideraban terroristas", explicó. Hasta la fecha, no hay ningún militar ni civil acusados por este asesinato masivos de niños, jóvenes, adultos y mujeres.
Parodia de "sanción" e impunidad
¿Por qué en Perú no se ha sancionado ejemplarmente ningún alto militar, civil o ex presidente acusado por crímenes y desapariciones de miles de peruanos?. El verdadero poder en Perú está constituido por las fuerzas armadas. En el caso peruano, las elites políticas, sus partidos y sus organizaciones de fachada, cumplen las órdenes provenientes de los cuarteles. El sistema político, aparte de ser decadente y corrompido, es una "democracia" caricaturesca bajo la tutela de las fuerzas armadas. En este marco político-jurídico, jamás habrá sanción para los responsables de cientos y miles de asesinatos contra la población. En cualquiera de los gobiernos llamados democráticos, la presencia militar es cuantiosa y grosera. Están presentes en el ejecutivo, en el parlamento, en las instituciones públicas, y hasta en la presidencia de la Republica como es el caso del comandante Ollanta Humala.
En este contexto algunos militares han sido condenados a prisión por casos menores, pero no por los grandes crímenes que habían cometido. Estos "militares sancionados", han cambiado la prisión por la detención domiciliaria o por largas estadías en los hospitales militares. Fujimori, es el único ex presidente que ha sido acusado y condenado a 25 años de reclusión por dos hechos de sangre, que en el conjunto de los crímenes bajo su responsabilidad, constituyen apenas dos gotas de agua en un océano de matanzas innumerables. Fujimori fue sancionado por el asesinato de 15 adultos y un niño en Barrios Altos (Lima) el 3 de noviembre de 1991 y la muerte 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta el 18 de julio de 1992. En total 25 muertos, de una cantidad globalmente estimada entre 15 y 20 mil personas durante su gobierno que transcurrió entre 1990 y el 2000.
COMISIONES DE LA VERDAD, OTRA FORMA DE OCULTAR EL CRIMEN
En Perú como en ningún otro país latinoamericano, se ha institucionalizado la propaganda para desprestigiar a los grupos subversivos y responsabilizarlos de muertes y desaparecidos que corresponden a la autoría de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Tanto en Perú como en el extranjero se dice que los principales agentes de muerte, secuestros y desapariciones fueron los grupos armados, principalmente el Partido Comunista del Perú (PCP) organización subversiva conocida bajo el nombre de Sendero Luminoso. En la prensa oficial se repite: "Los culpables fueron todos los involucrados en la guerra: las guerrillas de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)".
Para Salomón Lerner, presidente de la CVR (junio 2003), "la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú , Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar "la lucha armada contra el estado peruano…". En tanto ello es el principal responsable del conflicto interno con el 54% de las víctimas que suman 70 mil muertos. Las cifras de la CVR fueron corregidas en el 2011 por la Defensoría del Pueblo, institución que entrega otra versión. Para esta organización los responsables del secuestro y desaparición fueron: El ejército, responsable del 60.4% de los desparecidos. La Policía Nacional fue responsable del 12.2% de las detenciones y desapariciones. El 7.3% de casos fue de autoría de los miembros de Comités de Autodefensa. En el 6% aparecen como responsables miembros de Fuerzas Combinadas (ejercito-policía).
La Comisión de la Verdad (CVR), junto con diabólizar a los subversivos, ha realizado bastantes esfuerzos para justificar y exculpar de crímenes y secuestros a las fuerzas armadas y gobiernos respectivos. La CVR, dice en 2003 refiriéndose a los militares, ellos actuaron "en nombre de la ley y en defensa del régimen democrático", mientras que los subversivos "se levantaron de manera autoritaria en contra de dicho régimen". Al mismo tiempo señala la CVR, hay que "reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia". Así esta Comisión rinde su "más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber". (CVR, 2003, Tomo VIII, p. 323)
El periodo entre 1980 y 1985, fue una de las etapas más violentas y represivas de 20 años de guerra interna. Fue el inicio del ingreso de las fuerzas armadas para combatir la subversión y el comienzo de las regiones en estado de emergencia controladas violentamente por los militares. En esta etapa se inauguran los centros clandestinos de tortura, crímenes y desaparición de prisioneros. Fernando Belaunde, fundador del Acción Popular, un partido tradicional de la derecha pro americana del Perú, era el presidente del Perú "democráticamente elegido". La misma CVR reconoce que el periodo más violento de la guerra interna fue entre 1983 (cuando Belaunde ordeno la intervención de los militares) y 1984 cuyo resultado fue (oficialmente) 19,468 víctimas.
La trayectoria sangrienta de la etapa gubernamental de Fernando Belaunde no impidió que esta misma Comisión dijera en su informe final, que Belaunde hizo grandes esfuerzos para proteger la democracia. Tampoco fue un impedimento para que Salomón Lerner Febres, presidente de la CVR, dijera el 11 de junio del 2003 que en "el contexto del conflicto armado interno que se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte de PCP-SL, el Estado democrático tenía la obligación de defenderse y de recurrir a las fuerzas del orden".
Sobre el Apra y Alan García Pérez, la Comisión de la Verdad y Reconciliación no se restringe alabanzas. "La CVR resalta, también, el esfuerzo realizado por el gobierno del presidente Alan García Pérez por preservar el sistema democrático, las elecciones locales y generales y la libertad de prensa, en el contexto de una difícil situación en medio del peor conflicto armado interno de la historia republicana del país". La CVR considera que, al asumir Alan García Pérez el gobierno en julio de 1985, "impulsó una serie de políticas sociales para reorientar la estrategia contrasubversiva en marcha. El objetivo explícito fue derrotar a la subversión mediante políticas de desarrollo dirigidas a los campesinos y a las regiones más pobres. El nuevo gobierno asumió como propias las críticas a la actuación de las FFAA que se venían haciendo desde el periodo gubernamental previo".
La CVR es más cautelosa con el régimen de Fujimori, pero no se detiene para ensalzar a la Dincote (policía antiterrorista), una de las ramas más brutales de la policía política de la época de Fujimori. Los miembros de la Dincote han sido acusados de crímenes, torturas y desapariciones de prisioneros acusados de terroristas. Fue en la Dincote donde se organizó y se dirigía el comando "Rodrigo Franco", un grupo paramilitar que funcionó durante el régimen de Alan García (1985-1990). Este comando fue responsable de varias centenas de crímenes, entre ellos altos dirigentes sindicales obreros. La CVR señala en el 2003 refiriéndose a la DINCOTE, que "gracias a la experiencia acumulada desde fines de la década anterior y el énfasis puesto en el trabajo de inteligencia, mostró por esa misma época facetas más constructivas y eficaces".
En diciembre de 1996 un comando integrado por 14 miembros del MRTA tomó por asalto la residencia del embajador japonés en Lima. Había una recepción y el MRTA capturo cerca de 1,000 rehenes entre diplomáticos, ministros, políticos, periodistas y otros. Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori organización un operativo que se denominó "Chavín de Huantar". Su objetivo rescatar a los rehenes y liquidar a todo los integrantes del MRTA. En efecto el operativo se ejecutó el 22 de abril de 1997, y rápidamente el comando del MRTA fue doblegado. La mayor parte de los militantes del comando subversivos se rindieron. Los militares entraron a la embajada, y ahí a sangre fría mataron con tiros de bala en la cabeza a los sobrevivientes del MRTA. La CVR, en su informe final del 2003, reconoció "el derecho del Estado a rescatar a los rehenes allí recluidos y saluda el heroísmo y la eficiencia de los comandos que culminaron con éxito el operativo de rescate".
Conclusión.
La breve información que aquí se ha presentado recoge en parte un problema de la lucha de clases en América Latina. La lógica muestra que la guerra contrainsurgente en Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y cualquier otro país latinoamericano, tiene las mismas características. Lo fundamental es reconocer que el crimen selectivo, y masivo, la tortura y la desaparición de cualquier persona sindicada como subversivo, constituyen la estrategia fundamental del Estado para liquidar la amenaza popular.
Incontestablemente, tanto en Perú como en cualquier otro país, la lucha por hacer justicia y sancionar a militares y civiles criminales de guerra, no es un problema que se restringe a las leyes penales de tal país. Es ante todo una lucha de todo el pueblo contra el actual sistema político y jurídico corrompido. Es imposible lograr que se esclarezca los crímenes de guerra de décadas anteriores, sino se toma en cuenta con objetividad que las clases políticas que ahora están en el poder son las mismas que en décadas pasadas incentivaron y apoyaron el crimen y la represión contra la población.
Es un error creer que la iglesia o cualquier falso demócrata son sinceros cuando se muestran acongojados por los miles de asesinatos y desaparecidos en Perú o en otro país latinoamericano. Ellos fueron cómplices de militares y gobiernos criminales. Hay que evitar que el problema de los desaparecidos se convierta en slogan electoral y en un negocio lucrativo. Un ejemplo de la danza de millones de dólares en las famosas comisiones de la verdad o cualquier otro organismo "defensor de los derechos humanos", es el beneficio económico que hicieron los integrantes de la CVR. En dos años de funcionamiento (junio 2001- agosto 2003) la Comisión de la Verdad y Reconciliación costó 14 millones de dólares al Estado. Su informe final solo ha servido de guion de telenovela y para exculpar a los principales responsables asesinatos de miles de ciudadanos peruanos.
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Información: A diez años de la CVR: "No puede haber reconciliación sin justicia ni reparación" - 20/08/2013 18:23:26

"La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos convocó a la prensa a un desayuno de trabajo con miras al 28 de agosto, fecha en que se cumplen diez años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Participaron como expositores Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, Sofía Macher, ex-comisionada, Eduardo Cáceres, filósofo y ex-director de Aprodeh y Gloria Cano, directora de Aprodeh.
Sofía Macher: "La gran deuda de la post CVR son los desaparecidos"
En opinión de Sofía Macher, el conflicto evidenció grandes brechas en la sociedad peruana, lo que implicó un gran reto de reformas institucionales para el Estado. Macher indicó que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación planteó 85 recomendaciones, de las cuales se tienen avances a nivel de normas, pero serios problemas en la implementación; asimismo, se han dado también normas en una dirección opuesta, lo que ha generado una contradicción interna. No obstante, la ex comisionada indicó que el balance es satisfactorio en un 60%.
En materia de Defensa
La ex comisionada afirmó que se ha logrado separar las competencias de los policías y militares, que antes no se tenía claro, que se enseña derechos humanos en las escuelas militares y policiales, que se logró desmontar las leyes dadas por el régimen autoritario de Fujimori, y que se logró cambiar de estrategia en el VRAEM. Sin embargo, también afirmo que se está permitiendo la intervención en zonas de emergencia en casos de conflictividad social, lo que garantiza la impunidad de las afectaciones a los derechos humanos.
Inclusión: justicia y reparación
Para Macher es un avance la creación, dentro del Ministerio de Justicia, del Viceministerio de Derechos Humanos, pero todavía no se ve, en la práctica, su funcionamiento transformador. En cuanto a las reparaciones, la ex comisionada opinó que si no se cambia el enfoque del Consejo Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), que se ha convertido en una traba burocrática, no se va a poder reparar, y que en la actualidad es inaceptable que unos reciban 30 mil y otros 10 mil en materia de reparaciones.
El gran pendiente de los desaparecidos
Sobre los desaparecidos, Sofía Macher sentenció que hay una gran deuda pendiente a 10 años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Macher indicó que las exhumaciones solo son un paso en el proceso de búsqueda de desaparecidos, y que si no se crea una oficina para buscar desaparecidos, esto no se va a resolver.
Conclusión­
En conclusión, para la ex comisionada, existen algunos avances a 10 años de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero que los problemas estructurales del racismo y discriminación siguen presentes, que no ha cambiado la relación del estado con la sociedad, y que más bien el Estado sigue siendo desordenado, que se "mete cabe", y, lo más grave, que sigue siendo un Estado que no es garante de derecho.
Eduardo Cáceres: "Existen más de 280 títulos de novelas producidas sobre el tema en el Perú"
Para empezar, el filósofo Eduardo Cáceres comentó que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue un inmenso logro del movimiento de afectados y del movimiento de derechos humanos, constituyendo una suerte de juicio oficial a las dos décadas pasadas de violencia. Además, indicó que en ningún momento el IF-CVR tuvo menos de 40% de respaldo, y que inclusive, durante el juicio a Fujimori, el respaldo al trabajo que la CVR aportó para este juicio estuvo por encima del 60%.
Dos graves pendientes: judicialización y desaparecidos
Cáceres consideró que existe un problema muy serio en cuanto al proceso de judicialización de los casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, que muchos están pendientes y solo se ha avanzado seriamente hasta el juicio a Alberto Fujimori. Sin embargo, más grave aún es el estado de los desaparecidos de la época de violencia política, que no existe un Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, y que más bien estos se han "mantenido en el olvido".
Los posibles avances
Si bien existe un balance mayoritariamente negativo, desde el lado de la producción cultural hay un fuerte avance precisamente a raíz del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ejemplo de ello es que existen más de 280 títulos de novelas producidas sobre el tema en el Perú, y que en el terreno cinematográfico la película La teta asustada fue nominada a los premios Óscar. A pesar de ello, indicó Eduardo Cáceres, existe el riesgo de que todo lo que se planteó en el IF-CVR, a 10 años de su presentación, quede nuevamente en el olvido. En ese sentido, indicó, el rol de los medios de comunicación es muy importante.
Gloria Cano: "En el Poder Judicial hay un ánimo de "unificar criterios" con los militares"
La abogada Gloria Cano, en cuanto al tema de judicialización, indicó el Estado peruano se está negando a dar información. Cano señaló que es imposible que no tengan registro de 1500 patrullas cuando las deben tener en la memoria anual de 1983. Ante ello, APRODEH ha presentado una acción de Habeas Data, pidiendo el acceso a esta información.
Centralismo en el proceso de judicialización
Cano afirmó que las salas judiciales de todo el país se están llenando y que se está centralizando todo en las salas de Lima, lo que implica el traslado de las familias afectadas a la capital. Sumado a ello, no se tiene la competencia para traducir lo que los afectados expresan en los juicios orales desde su idioma originario.
Hoyada, Santuario Nacional
Finalmente, la abogada Gloria Cano indicó que ANFASEP, la asociación de la dirigente Mama Angélica, que ahora cumple 30 años, demanda que el lado oriente del Cuartel Los Cabitos 51 de Ayacucho (en Huamanga), escenario donde se encontraron decenas de restos de desaparecidos durante la década de los ochenta, se convierta en Santuario Nacional de la Memoria. Cano informó que el Ministerio de Justicia tiene la intención de hacer realidad este pedido.
Rocío Silva Santisteban: "No puede haber reconciliación si es que antes no ha habido justicia y reparación para las víctimas"
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, indicó que existen más de 80 lugares de memoria a nivel nacional, y que la gran mayoría son iniciativas regionales con demanda de los propios afectados por el conflicto armado interno. Además, indicó que existen avances en el tema de memoria en otros terrenos, como el intelectual, con la creación del IDEHPUCP, con el Grupo Memoria en el Instituto de Estudios Peruanos y la participación de los estudiantes sanmarquinos en el colectivo Yuyachkanchik.
Cambiar lógicas
Si bien hay un Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Justicia ahora es de Derechos Humanos, Silva Santisteban cuestionó su relevancia en el plano más amplio de políticas estatales. Al respecto, indicó que aún persiste el "ninguneo", se tiene un Instituto de Medicina Legal donde no hay ni siquiera reactivos para identificar a los desaparecidos, se ha tenido que esperar una sentencia de la Corte Interamericana para que el Estado le pida disculpas a algunas de las víctimas.
Discriminación y violencia sexual
Silva Santisteban indicó que, según datos del MHOL, hay diez casos de personas que fueron desaparecidas sólo por su orientación sexual, tanto por Sendero Luminoso, el MRTA, como por la Marina. Esto no ha cambiado, reafirma la secretaria ejecutiva de la CNDDHH. Hace un año, informó, se ha visto el caso de un joven que fue torturado sólo por su orientación sexual en la Hacienda Casagrande. Esto es aún más preocupante en cuanto a las violaciones sexuales durante la época de la violencia política, en las que actualmente solo existen 4 en juicio oral, 8 casos en investigación fiscal y no hay ni una sola sentencia en 30 años.
Conclusión
El trabajo de la CVR ha implicado un cambio: antes del Informe no se conocía ni una palabra de derechos humanos en comunidades alejadas. Hay avances, pero también muchas formas burocráticas desde el Estado. Al respecto, afirmó que la reconciliación no se concibe sin justicia, y que por parte del Estado no ha habido una voluntad en reconocer al otro, siempre ninguneado.
Miguel Jugo: "El gran problema es la falta de institucionalidad"
El secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Miguel Jugo, indicó que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación reclama generar institucionalidad, pero que no se está cumpliendo.
Poder Judicial y Conflictos Sociales
Sobre el Poder Judicial, Miguel Jugo indicó que no existe independencia, y que en cuanto a los conflictos sociales es contradictorio que quien antes era tildado de subversivo (Ollanta Humala), ahora haga lo mismo con la gente que protesta. Jugo increpó que la sociedad debería cuestionarse por la existencia de conflictos sociales, a propósito de haber pasado 10 años de la presentación del IF-CVR.
SOBRE LA MARCHA DEL MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO
Rocío Silva-Santisteban señaló que este 28 de agosto, en el memorial El Ojo que Llora habrá, por una parte, una representante de las víctimas de CONAVIP y otra, de AVISFAIT, Sandra García, viuda de un policía. Se convocó a la ciudadanía a ser parte de esta conmemoración y a marchar, luego de la conmemoración, desde el memorial hasta la Plaza San Martín.
ANEXO SOBRE JUDICIALIZACIÓN
A setiembre de 2012, el número de sentencias emitidas por el Poder Judicial en el Perú durante el período 2005-2012, eran las siguientes: 28 sentencias absolutorias, 9 sentencias condenatorias y 11 sentencias mixtas. También, en este mismo período, el número de imputados sentenciados en casos graves de violaciones a los derechos humanos fueron: 113 absueltos, 66 condenados y 12 ausentes.
Las 28 sentencias absolutorias corresponden a los casos: 1) Luis Manrique Escobar, 2) Chavín de Huantar, 3) Constantino Saavedra 2, 4) Santa Bárbara 2, 5) Gualberto Chipana Wuayra, 6) Walter Castillo Cisneros, 7) Jeremías Osorio 2, 8 ) Felipe Huamán Palomino, 9) Adrián Medina, 10) Cantuta 2 (09-2008), 11) UNCP, 12) Matero 2, 13) Parcco Pomatambo, 14) Marcos Barrantes 2, 15) Marcelino Valencia y Zacarías Pasca, 16) Constantino Saavedra, 17) Los Laureles, 18) Matero 1, 19) Pedro Haro, 20) Jeremías Osorio, 21) Julio César Alcides y Abraham Sandoval Flores, 22) Eladio Mancilla Calle, 23) Benito Céspedes y otros 2, 24) Marco Barrantes 1, 25) Benito Céspedes y otros 1, 26) Rafael Salgado, 27) Moisés Carvajal Quispe, 28) Ramírez Hinostroza.
Las 9 sentencias condenatorias se refieren a los casos: 1) Bernabé Baldeón García, 2) Pucayacu 2, 3) Chillutira, 4) Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos SIE (A. Fujimori), 5) Cantuta 1 (EXP Nº 003-2003), 6) Zulema Tarazona, 7) Efraín Aponte Ruiz, 8 ) Hugo Bustíos, 9) Delta Pichanaki.
Las 11 sentencias mixtas tiene los siguientes casos: 1) Efraín Aponte Ortiz 2, 2) Jorge Gutiérrez Quintero, 3) Indalecio Pomatanta 2, 4) Barrios Altos, Campesinos del Santa y Pedro Yauri, 5) Pucará, 6) Desaparición Autoridades de Acocro, 7) Indalecio Pomatanta, 8 ) Cantuta 2 (09-2008), 9) Santa Bárbara, 10) Chushi, 11) Ernesto Castillo Páez.

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Que opina usted? LA IMPORTANCIA DE LA DEFENSORIA - 11/07/2013 10:11:20

" Durante los últimos días, la postulante a la Defensoría del Pueblo, Pilar Freitas, ha recibido fuego graneado por parte de varios medios de comunicación. Básicamente, se ha recordado su destitución como titular de la Superintendencia de Registros Públicos, así como su pobre actuación como presidenta del Consejo de Defensa Judicial del Estado y su participación en la reforma judicial de fines de los 90s, que fue todo, menos vocación de cambio.
Si a ello se le añade su carnet partidario - más aún, cuando el líder de su partido es severamente cuestionado por las diversas versiones que ha dado sobre las transacciones inmobiliarias de su familia -, desde este espacio consideramos que sería un error designarla como Defensora del Pueblo (Sorry, Susana). Pero creo que hay una razón más de fondo, por la cual, el Defensor del Pueblo debiera ser una persona distinta a la señora Freitas.
Durante sus 17 años de funcionamiento, la Defensoría del Pueblo ha cumplido un rol fundamental en la defensa de los derechos fundamentales en el país. Lo hizo en momentos difíciles, cuando el autoritarismo del gobierno de Fujimori arreciaba. Pero también lo ha hecho en democracia, con sus alertas sobre conflictos sociales, respaldando el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y siendo la única voz desde el Estado que se compraba varios pleitos en temas fundamentales para los ciudadanos.
Este esfuerzo no solo se ha debido a la independencia de los cuatro Defensores del Pueblo que ha tenido el país, sino también a un equipo solvente y profesional, a pesar que no se encuentran dentro de los mejores pagados en el Estado peruano.
Desafortunadamente, este gobierno no ha entendido la importancia de la Defensoría. O mejor dicho, parece haberla entendido bien. Como señala Carlos Meléndez:
No es casual el interés del oficialismo en subrayar el carácter provisional del actual Defensor del Pueblo durante el debate sobre el servicio militar ¿Se imagina usted el desempeño de un Defensor partidarizado ante la imposición del sorteo de "voluntarios"?
De hecho, ese no ha sido el único pleito que el gobierno tiene con la DP. Como lo hemos señalado en este blog, en Palacio de Gobierno discrepan con la metodología del conteo de conflictos sociales que aplica la Defensoría, así como sobre su visión en torno a la consulta previa. Dos papas calientes para Humala.
Por ello se explica que el gobierno vea con buenos ojos que una abogada vinculada a su aliado, debilitados ambos por los cuestionamientos en su contra, asuma la Defensoría del Pueblo. Y esta es la razón de fondo por la cual la señora Freitas no debería ser elegida el 17 de julio. De lo contrario, se petardeará a una de las pocas instituciones que se ha mantenido relativamente incólume ante la precariedad del Estado peruano.
(Foto: La República)
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Que opina usted? LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION Y EL MOVADEF SE CONCIBIO EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO, EN LA "NEGOCIACION" ENTRE SENDERO Y EL GOBIERNO FACILITADO POR GARCIA SAYAN? - 06/10/2012 9:56:07

" Movadef se concibió en reunión de senderistas en la Base Naval
Martes 02 de octubre del 2012 | 00:45
VISITA DE MOROTE A GUZMÁN. Durante encuentro del 20 de diciembre de 2000 se aprobaron directivas que incluían solución política y "verdadera amnistía general en función de una futura reconciliación nacional".
Tras la reunión de fines del año 2000, los seguidores reclamaron amnistía y, años después, se creó Movadef.
(D. Vexelman)
La verdad sale a la luz. Un encuentro de senderistas, según se informó, facilitado por el gobierno de transición, permitió que la cúpula de este grupo terrorista aprobara directivas a sus seguidores que incluían la solución política a los problemas derivados de la guerra popular y una verdadera amnistía en función de una futura reconciliación nacional. Esto, en la práctica, significó la concepción del Movadef.
La información proporcionada a Perú21 da cuenta de que el 20 de diciembre de 2000 se produjo el traslado de dos terroristas que purgaban condena en el Penal de Yanamayo a la Base Naval para visitar a Abimael Guzmán y a Elena Iparraguirre.
El exministro de Justicia, Diego García Sayán, reconoció ,el 21 de julio de 2003 en declaraciones a RPP, que la reunión se produjo y que esta permitió calmar las protestas de los presos senderistas que reclamaban porque creían que Guzmán había sido asesinado.
Una fuente de la Base Naval consultada señaló que en dicha reunión participaron Osmán Morote y María Pantoja, trasladados desde Yanamayo. El encuentro se extendió por dos horas, aproximadamente.
De acuerdo con esta versión, hubo dos reuniones, el 11 de noviembre y el 20 de diciembre de 2000. En la última, la cúpula senderista acordó cinco cuestiones diseñadas por Guzmán e Iparraguirre para ser difundidas entre sus seguidores. El objetivo era reinstalar a Sendero Luminoso en la lucha política y social.
Según se supo, el personal a cargo de la seguridad en la Base Naval interceptó la copia de una denominado "informe" que contenías las conclusiones del encuentro.
El primer punto fue la "solución política a los problemas derivados de la guerra popular" que incluía la lucha por los "prisioneros políticos".
En el segundo punto se plantea la "verdadera amnistía". Sobre este punto, en enero de 2001, es decir, luego de un mes de este encuentro, algunas páginas web, nacionales y extranjeras, vinculadas al senderismo, difundían comunicados planteando la amnistía en función de una futura reconciliación nacional.
El abogado de Guzmán, Manuel Fajardo, confirmó a Perú21 que en dicho encuentro se plantearon los conceptos señalados, pero luego dijo que no recordaba la fecha ni los participantes.
En el año 2009, cuando Movadef se presenta formalmente a la sociedad y anuncia su interés de participar en las elecciones municipales y regionales de 2010, tenía entre sus planteamientos "la amnistía general" y muchos de los conceptos de aquella reunión.
OTROS PUNTOS
Entre los acuerdos de los senderistas destaca también el punto referido a lo que consideran "democratización de la sociedad peruana". Aquí destacaron la necesidad de proceder con lo que consideran los "derechos fundamentales". Para Guzmán y su cúpula, la democratización parte de los cambios de leyes, una nueva constitución, leyes laborales y lucha reivindicativa.
En este punto, el líder senderista ordenó a sus huestes vincularse con diferentes organismos de derechos humanos y ligarse a diferentes sectores populares, planteando aspectos comunes.
El cuarto punto es el de la producción nacional y trabajo para el pueblo y el último es el cierre del penal militar de la Base Naval.
Algunos de estos temas fueron señalados en las cartas que había remitido Guzmán y la cúpula senderista al expresidente Valentín Paniagua, entre el 30 de noviembre y el 19 de diciembre de 2000.
TENGA EN CUENTA
- La explicación. La visita de presos terroristas a la Base Naval, en diciembre de 2000, bajo el argumento de la protesta por rumores de la muerte de Guzmán, se autorizó pese a que este ya escribía cartas al gobierno
de transición.
- La cúpula senderista acordó que su nueva estrategia tomaría entre ocho y 10 años.
- Presentación en sociedad. En 2007, durante la presentación de un libro de Guzmán, ya hablan sobre la amnistía general.
- El 23 de noviembre de 2009, Alfredo Crespo anun-cia la creación del Movadef.
Piden comisión congresal para investigar beneficios a terroristas
Lunes 01 de octubre del 2012
Legislador Mauricio Mulder dijo que el decreto supremo 003 emitido en el 2001 sí favoreció a subversivos recluidos en la Base Naval. Sin embargo, el ex ministro Diego García Sayán lo negó y dijo que nunca respondieron las cartas que les envió Abimael Guzmán.

Diego García Sayán, Ministro de Justicia de Valentin Paniagua. Hoy Presidente de la Corte Interamericana deDerechos Humanos Su viceministro fue el actual Premier Juan Jimenez Mayor. El presidente del IMPE fue Gino Francisco Costa Santolalla


Juan Jimenez Mayor, viceministro de Justicia de Diego Garcia sayan y hoy Premier de Ollanta Humala Tasso




El tema del fondo es que a lo largo de estos cinco años se liberaron a más de dos mil senderistas
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El legislador Mauricio Mulder pidió que una comisión investigadora del Congreso revise los beneficios penitenciarios y la flexibilización del régimen carcelario de los condenados por terrorismo que se dieron en los gobiernos deValentín Paniagua y Alejandro Toledo.
Mulder recordó que en el 2002 se denunció el tema en el Congreso, pero como el toledismo tenía mayoría, no se tocó y se archivo la investigación. "Se podría reactivar una comisión", dijo a Perú21.
Sostuvo que, a raíz de esto, se pactó la creación de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, y dijo que cuando los comisionados dialogaron con los terroristas, gran parte de lo que conversaban giraba en torno al régimen de encierro que ellos tenían.
"Yo tengo las transcripciones (de las conversaciones). Hay varios comisionados ofreciendo sus buenos oficios para que les den mejores condiciones carcelarias, acceso a libros, reuniones con los demás miembros de la cúpula, es decir, varias cosas que ellos estaban solicitando", señaló Mulder.
"El tema del fondo es que a lo largo de estos cinco años se liberaron a más de dos mil senderistas. El acceso de Diego García Sayán al ministerio de Justicia durante la época de Valentín Paniagua y después, durante casi toda la gestión de Toledo, les permitió a los senderistas obtener este tipo de beneficios", anotó.
Al respecto, García Sayán, actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), negó que el Decreto Supremo 003-2001, que suscribió cuando fue ministro del gobierno de transición, haya beneficiado a los terroristas recluidos en la Base Naval del Callao.
"El decreto no tiene nada, nada que ver con la Base Naval, ahí dicen algo que es falso. (…) Si dicen algo lo tienen que sustentar porque el decreto 003 no se aplicaba la Base Naval, eso era competencia del Consejo de Justicia Militar y de la Marina, no del Ministerio de Justicia", declaró a Perú21 desde El Salvador.
Sobre las cartas de Abimael Guzmán y otros miembros de la cúpula senderista que revelamos hoy, enviadas al presidente Paniagua entre noviembre y diciembre del 2000, en las que condenaban la legislación terrorista y exigían mejores condiciones carcelarias, García Sayán indicó que esas misivas nunca fueron respondidas.
"Jamás dieron curso a ninguna acción política, porque lo que las cartas buscaban era un diálogo político que no se hizo", señaló, aunque lo concreto es que poco tiempo después de las misivas, se emitió el citado decreto que flexibilizó el encierro de los presos terroristas.*
Y aunque García Sayán aseguró que esta norma no se aplicaba a los reclusos de la Base Naval, Mulder señaló lo contrario. "El decreto supremo (003) sí favoreció a los senderistas de la Base Naval del Callao, además modificaron el reglamento penitenciario para establecer una serie de beneficios", indicó el aprista.
Es más, en los considerandos del decreto 003 se señala, textualmente, que "se requiere una reforma integral de los regímenes especiales, sin perjuicio de las reformas urgentes que se requieren para un mejoramiento inmediato de la situación de los establecimientos penitenciarios". Los cabecillas terroristas presos en la Base Naval estaban bajo un régimen especial.
Piden que se investigue beneficios a terroristas
Martes 02 de octubre del 2012
Martha Chávez acusó a García Sayán de favorecer a senderistas para obtener beneficios políticos.
EL DECRETO. Norma dejaba abierta la posibilidad de aplicar beneficios en la Base Naval.

La inmediata creación de una comisión investigadora en el Congreso de la República ante la denuncia de Perú21 sobre presuntos beneficios penitenciarios a la cúpula senderista, durante el gobierno de Valentín Paniagua, solicitarán este jueves al Pleno los congresistas Martha Chávez y Mauricio Mulder.
Ambos parlamentarios señalaron que no les sorprende la denuncia, es más, aseguraron que esta afianza la información que ellos tenían respecto de una serie de beneficios dados por la gestión de Paniagua.
Acusaron al entonces ministro de Justicia, Diego García Sayán, de estar detrás del Decreto Supremo 003-2001-JUS que flexibilizó el régimen carcelario a raíz de unas cartas que la cúpula senderista remitió al gobierno de Transición, entre el 30 de noviembre y el 19 de diciembre de 2000.
"Esta nueva información abona para que de una vez se tome la decisión de formar una comisión investigadora", señaló la congresista fujimorista, quien recordó que su bancada hizo dos pedidos este año, uno en marzo y el otro en setiembre, sin que hasta el momento el Pleno del Congreso tome cartas en el asunto.
Explicó que el primer pedido de investigación al Congreso fue para que se conozca el origen de unos audios en los que se revelan unas conversaciones entre el exasesor del ministro García Sayán, Javier Ciurlizza, con los cabecillas terroristas. Y el otro, para investigar los indultos concedidos a los sentenciados por terrorismo.
Aseguró que el excanciller García Sayán solo tuvo como objetivo otorgar los beneficios para poder ser nombrado miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
"Él estaba haciendo un file personal de presentación sabiendo que la Corte estaba tomada por una orientación ideológica cercana al marxismo", aseguró
.
A su turno, el congresista aprista Mauricio Mulder señaló que la publicación de este diario confirma la información que él había dado en el año 2002, sobre un acuerdo previo entre la cúpula senderista y Ciurlizza.
Aseguró, asimismo, que el Decreto Supremo 003-2001-JUS no es la única norma que se emitió para favorecer a los terroristas presos. "Después de ese decreto sacaron otro que cambiaba el régimen carcelario para los terrorista, de especial a uno común, con excepción de los internos de la Base Naval.
"El DS 003-2007-JUS sí favoreció a los senderistas de la Base Naval del Callao. Pero además se le otorgaron otros beneficios como patio desde la siete de la mañana hasta las nueve de la noche, visitas abiertas durante todos los días, posibilidades de radio, televisión, periódico, Internet, etc.", recordó.
Por último, acusó a García Sayán de firmar la liberación de más de dos mil acusados de terrorismo.
Opinión que fue compartida por el ex ministro de justicia, Aurelio Pastor, quien señaló que durante su gestión derogó el polémico decreto 927 que liberaba a subversivos.
"Gracias a ese decreto, la sentenciada Lori Berenson logró su libertad", aseguró el ex titular de Justicia.
TENGA EN CUENTA
- Entre el 02 y el 05 de diciembre del año 2000, el presidente Valentín Paniagua y su ministro de Justicia, Diego García Sayán, firmaron diversas resoluciones supremas a través de las cuales concedía indultos a 34 sentenciados por terrorismo.
- Estos beneficios se dieron apenas a los 12 días de haberse iniciado el gobierno de Transición.
- El exministro de Justicia, Aurelio Pastor, reveló que durante su gestión, en el gobierno aprista, derogó el Decreto Legislativo 927, que liberaba a senderistas.

Conversaciones entre Ciurlizza y Abimael Guzman
Artículo publicado originalmente el 23 de julio del 2003 en la página 2 y 3 del Diario La Razón en el que se revelan algunos audios en los que se grabó las conversaciones de Ciurlizza, el emisario del Ministro de Justicia de esa época, Diego Garcia Sayan, con los líderes de Sendero Luminoso y del MRTA a espaldas del Ex Presidente Paniagua , el día 29 de marzo del 2001 en la Base Naval del Callao. Es la primera parte de estos audios, proximamente se publicarán las siguientes:

Abimael Guzmán a Paniagua y García Sayán: "El mérito del Gobierno es que muestra su apertura a nuestra organización"



La Comisión de la Verdad fue un punto de agenda de las reuniones entre el Gobierno y el alto mando terrorista.
La Razón tuvo acceso a tres audios que contienen las conversaciones de Javier Ciurlizza Contreras, enlace del ministro transitorio de Justicia, Diego García Sayán, con la cúpula senderista en la Base naval del Callao encabezada por Abimael Guzmán Reinoso.
RESUMEN:
Se reunieron en varias oportunidades para tratar la política carcelaria de entonces, las modificaciones a la legislación antiterrorista, la "solución política a los problemas derivados de la guerra interna" y la formación de la CVR.
El emisario Javier Ciurlizza entró según fuentes confiables a las 11.25 del 29 de Marzo del 2001 a un ambiente de la Base Naval del Callao para reunirse con los senderistas Abimael Guzmán ("Presidente Gonzalo"), Elena Iparraguirre Revoredo (Camarada "Miriam"), Oscar Ramirez Durand ("Camarada Feliciano") y el cabecilla del MRTA Peter Cárdenas Schulte ("Camarada Alfonso"). Ciurlizza hace una introducción y les plantea un tiempo de 15 minutos de intervención individual y un tope de una hora y media para tratar la agenda que está en torno a la flexibilización de la legislación antiterrorista, la formación de la CVR, entre otros puntos que se verá a continuación.
La conversación fluye amistosa, por momentos hay risas entre los presentes y todo corrobora que no ha sido la primera, porque la dinámica de la conversación sugiere negociaciones y concesiones del emisario del estado sobre aquellos y otros puntos de debate.
Un detalle final: Los paréntesis son inaudibles.
AUDIOS CIURLIZZA , GUZMAN, PARTE 1:
Abimael Guzmán Reinoso: En el primer audio interviene Guzmán dando cuenta de los cinco, diez, quince años que le han robado de su vida. Explica en forma compungida su edad avanzada -¿Porqué sabe?…Que yo tengo ya mi edad (…) Tantos años encerrado aquí, tanto tiempo (…) Entonces necesito mas visita…Tengo mi familia…"
Javier Ciurlizza : Vamos a pedir una ampliación entonces, Usted es un padre , tendrá a sus hijos. Usted es un abuelo, tendrá a su madre (…)
Abimael Guzmán retoma la palabra y hace una evaluación del momento con estas palabras: "La situación: Se dan normas por este Gobierno, por este Ministro de Justicia actual, que son buenos pasos pero que no rige aquí. Y aquí estamos a fin de cuentas. Dos cosas nos parecen saltantes entre otras… Es que ya pasa a ser este un sistema carcelario semiabierto"
"No podemos seguir tantas horas en esta bendita celda. No esta bien, nos está dañando demasiado ya. ¡Hasta donde! La aniquilación que el Gobierno anterior con su mentalidad reaccionaria, etc nos exigen poner (…) como destrucción y aniquilamiento. No han podido cumplir su objetivo".
"Está probado que no nos pueden destruir, ni aniquilar. Porque ese es un problema de lo que pensamos y eso nos sostiene. Los que estamos aquí metidos no hemos hecho crimen alguno".
"Hemos bregado por seguir en la causa…Eso es lo que nos mantiene en estas condiciones (…) Entonces, ya pues, debemos, como se ha dicho ya (…) poder tener un poco de independencia y libertad por esa parte"."Seguimos nosotros con una situación (…) de no poder abrir un caño, de no poder jalar la cadena del wáter ¿hasta cuando vamos a seguir así?¿Que están pretendiendo? Reducirnos a la nada".
"Debemos tener derecho a deambular, aunque sea en momentos restringidos, abrir las rejas y cada quien que se mueva(…), mirar la tv, conversar, leer, escribir o lo que fuere…Algo que exprese nuestra condición de seres humanos que tenemos libertad; y no simples entes que se tratan y se manejan como simples mecánicos, eso no tiene sentido".
"Finalmente ese aislamiento (…) esas cortaduras (se refiere a las alambradas que rodean la Base Naval) rompen vínculos, buscar una salida. Es decir quisiéramos ser hombres políticos como se dice desde Aristóteles (…) que se enamora de la vida…"
"Somos eso pero nosotros tenemos cortaduras, tenemos unas restricciones para vincularnos con los demás (dirigentes de SL) Solamente tienen vínculos con los nexos familiares mas cercanos, mas próximos".
"Ni siquiera la familia en el amplio espectro, solo en el dominio doméstico, es decir los familiares mas directos o el estrecho vínculo de la familia de casa"
"¡Eso no puede ser! ¿Entonces que pedimos? Ampliación de las visitas a otras personas que rebase el círculo familiar y las amistades"
(…) Luego habla de su familia "En fin esas son situaciones que implican tratar mas políticamente el problema " (de la subversión)
"Esta bien (…) esas son metas y responsabilidades del país (…), yo no tengo porque reclamar nada (en términos personales)

Javier Ciurlizza, emisario del Ex Ministro de Justicia, Garcia Sayan para las conversaciones con los terroristas de Sendero y del MRTA, posteriormente fue secretario ejecutivo de la CVR.

"Méritos de este Gobierno"
Luego Guzmán hace una valoración de la nueva conducta del gobierno de Valentín Paniagua.
"Son situaciones entonces (…) de esa voluntad de tratar políticamente y darnos un trato mas acorde y afín. Como se ha dicho acá, ni siquiera se ha dicho que se apliquen las leyes que están plenamente vigentes y vigentes en Perú" (…)
"El mérito de este Gobierno es que la está aplicando y muestra expresamente su apertura a nuestra organización. Pero queremos que también llegue eso a nosotros (a los que están en la Base Naval)".
"Entonces nos parece positivo que el gobierno hable de su materia y se inicien conversaciones. Quisiéramos que se concrete en algo mas especifico (…) Eso es lo que pediría yo. Que de una vez se arregle con cada uno de nosotros".
Javier Ciurlizza: "Muchas gracias a todos Uds. Mientras viene el señor Carlos (…) no se si se podría ordenar los puntos que se han planteado aquí, quizás partiendo de lo mas concreto y específico. (…) Quizás partiendo de lo concreto tendría este orden, un poco en la línea planteada por el señor Peter Cárdenas; que es posible y que no es posible".
"En primer lugar se dan las condiciones de encarcelamiento, las visitas, todo eso me parece lo mas concreto. En segundo lugar deberíamos conversar, si les parece sobre el pedido de conversaciones y contactos. En tercer lugar el tema de la difusión de las comunicaciones. En cuarto lugar como le llaman ustedes, el tema de la auténtica Comisión de la Verdad. En quinto lugar revisión de la legislación y juicios. Y finalmente yo diría lo que ustedes denominan soluciones políticas a los problemas derivados de la guerra, que me parece obviamente el tema mas general".
"(…) Y hay un punto en el que ustedes lo tienen aquí en la carta, que no entiendo bien: Solidaridad con la lucha de todos los presos políticos y prisioneros de guerra. No se si es un tema aparte o está subsumido dentro del tema de "solución política", o hay algo en especial.

El ex Ministro de Justicia y posterior Presidente de la CIDH, Diego Garcia Sayan, junto con el ex Presidente Paniagua que inició la política de ablandamiento de legislación antiterrorista y la creación de la CVR.

Rafael Rey acusa: "Diego García Sayán sí favoreció a terroristas"
Jueves 13 de septiembre del 2012
El exministro de Defensa coincidió con PPK y acusó al actual presidente de la Corte-IDH de dar beneficios a subversivos. Dijo que, incluso, siguió presionando cuando fue canciller de Toledo.
Rafael Rey Rey, ex Ministro de Defensa


PPK: "García Sayán favoreció liberar a terroristas"
Tras el cruce de palabras que mantuvo con Pedro Pablo Kuczynski, el exministro de Justicia, Diego García Sayán,negó por todos los medios que haya favorecido a terroristas durante el gobierno de Alejandro Toledo. Sin embargo, no habría revelado toda la verdad.
Según el también extitular de Justicia, Rafael Rey, García Sayán sí participó en los indultos y conmutaciones de pena de varios procesados por terrorismo cuando fue ministro durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua.
"En efecto, el solo fue canciller durante el gobierno de Alejandro Toledo, pero desde el Ministerio de Relaciones Exteriores seguía habiendo presión al Ministerio de Justicia (…) Eso se lo pueden preguntar al entonces ministro Fernando Olivera", contó Rey en el programa Abre los ojos.
Agregó que posee los documentos de las resoluciones firmadas por García Sayán y puso como ejemplo el caso de una terrorista a la que le conmutaron la pena de 25 a 7 años, en dos rebajas, y que finalmente salió libre dos meses después de que el actual presidente de la Corte IDH dejara el Minjus.
"Si esa mujer era inocente, ¿por qué no simplemente la indultaron? ¿Por qué le bajaron la pena en dos instancias? Pues para que pasara piola. El señor García Sayán miente sin asco", agregó.

Cinco ONGs derechohumanistas recibieron sin nigun control US$ 20 millones




Congresista Alejandro Aguinaga asegura que solo cinco de estos grupos fueron beneficiados con este importante aporte, sin ningún control por parte de la APCI.
CARLOS NAVEA P.
Lluvia de millones. Algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como Aprodeh y el IDL, han vuelto a ser noticia en los últimos días por su gestión contra nuestras Fuerzas Armadas y su intento por desaparecer la justicia militar en nuestro país, como lo revelara EXPRESO días atrás.
Pero eso no es todo, ya que hoy nos damos con una nueva sorpresa alrededor de estos grupos, con cifras que dejan a más de uno con la boca abierta. Y es que resulta que en apenas cuatro años: del 2006 al 2010, solo cinco ONGs ,entre ellas Aprodeh y el IDL, han recibido US$ 19 millones 900 mil, para supuestas actividades sociales y solventar acciones a favor de los derechos humanos.
Así lo reveló el congresista Alejandro Aguinaga, quien consideró que el trabajo de operadores judiciales de las fuerzas terroristas, que realizan algunas de las ONG, las favorece con remuneraciones millonarias que nadie sabe a dónde van a parar.
Sin control
Aguinaga, representante de Fuerza 2011, recordó que en el 2006 se dio una ley para regular el funcionamiento de las ONG, para que no solamente inscriban sus proyectos sino que brinden la información de las fuentes cooperantes y cómo es el desarrollo de sus gastos, norma que se declaró inconstitucional. "Estos organismos, que a todos nosotros nos exigen transparencia, no fueron transparentes. No quieren serlo", dijo.
El parlamentario recordó además que un informe del Consejo por la Paz, entidad presidida por Francisco Diez Canseco, reveló que entre los años 2004 y 2005, apenas doce ONG, autodenominadas defensoras de los derechos humanos y vinculadas a la izquierda, recibieron US$ 43 millones, significando esta cifra entre el 20 y 30 por ciento del total de dinero obtenido por las diferentes organizaciones sin fines de lucro, sólo referente a la cooperación internacional entregada por organismos extranjeros independientes a sus gobiernos.
De todas estas entidades que operan en el país, IDL (Instituto de Defensa Legal) se adjudicó más de US$ 5.5 millones en dicho período, y Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos) recibió en 2004 un total de US$ 465 mil 99 para trabajos en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, relacionados con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
"Sacan provecho"
Según el ex ministro de Defensa Rafael Rey, organismos como Aprodeh reparten el cuestionado Informe Final de la CVR en el extranjero, buscando percibir mayores ingresos, aunque no siempre llevando la verdad bajo el brazo.
Recordó que durante la visita de los comisionados de la verdad a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo ,al poco tiempo de haber presentado su informe, una serie de organizaciones representadas por él intentó conversar con las autoridades europeas y hacer llegar puntos de vista distintos a la CVR y las criticas hacia su informe, pero estas se negaron, señalando que solamente querían escuchar a Salomón Lerner Febres.
Rey agregó que los fallos favorables en los juicios que arman en contra del Estado llevan directamente a sus cuentas nada menos que el 40% de lo que se indemniza a las supuestas víctimas. Por ello dijo estar convencido que el lobby de las ONG de izquierda caviar, con el poder político que consiguieron al infiltrarse en los medios de comunicación y poderes del Estado, las envalentona y las lleva, incluso, a legitimizar los abominables actos de terrorismo con el objetivo de favorecerse económicamente.
180 ONGs se beneficiaron
El ex ministro de Defensa Daniel Mora denunció que en las dos últimas décadas del siglo pasado, en la ciudad de Huamanga (Ayacucho), más de 180 ONGs se beneficiaron económicamente con las indemnizaciones que recibían los familiares de los senderistas que perdieron la vida tras enfrentar a las fuerzas del orden.
"Lamentablemente no se ha resarcido a las víctimas reales o a los ronderos, quienes lucharon contra Sendero Luminoso, sino a los familiares de terroristas. Por ello, muchas de las verdaderas víctimas no creen en el Estado, porque no fue capaz de indemnizar la pérdida de su familiar", dijo.
Refirió que es falso que Aprodeh defienda a los terroristas de forma caritativa. "Aprodeh cobra parte de las indemnizaciones que las victimas de terrorismo reciben, piden al Estado que les pague los costos que han demandado los procesos de terroristas. Ellos sin eso no tendrían de qué vivir", refirió Mora.
"Muestran desconocimiento"
Las ONG que demandan la inconstitucionalidad de la justicia castrense en el país muestran un absoluto desconocimiento de la Carta Magna, pues este fuero está plenamente resguardado por el máximo documento normativo del país.
Así lo indicó el ex titular de Defensa Ántero Flores-Aráoz, quien dijo que la ley de leyes consagra a la justicia militar policial como la encargada de juzgar los delitos de función cometidos por miembros de la PNP y las Fuerzas Armadas. "La justicia militar policial es perfectamente constitucional. Las ONG muestran un desconocimiento absoluto al pretender la eliminación de esa instancia jurisdiccional", aseveró el también ex presidente del Congreso.
Recordó que el Tribunal Constitucional ya ha declarado la constitucionalidad de la existencia, organización y competencias del Fuero Militar Policial, ante otra demanda presentada hace tres años por una ONG, pero agregó que ya nada de lo que hagan esas organizaciones no gubernamentales le causa extrañeza.
El dato
Aprodeh, la ONG que demandó al Perú por supuestas ejecuciones extrajudiciales en el operativo Chavín de Huántar, y que abogó por el MRTA en el Parlamento Europeo, viene asesorando a la madre del emerretista Eduardo Cruz Sánchez, conocido como camarada "Tito".
¿SABEN QUIENES PAGAN LA LLUVIA DE US MILLONES PARA PERSEGUIR INJUSTAMENTE A MIEMBROS DE NUESTRAS FFAA, LIBERAR E INDEMINIZAR A LOS TERRORISTAS DE SENDERO Y MRTA?
OBVIAMENTE SON LOS MISMOS QUE FINANCIARON AL 100% AL MISMO SENDERO Y MRTA Y ESTOS MISMOS FINANCIAN ACTUALMENTE CON MUCHOS US MILLONES, LOS CONFLICTOS SOCIALES Y LUCHA ANTIMINERA, A TRAVES DE ONGS CON LOS CUENTOS ECOLOGISTAS, INDIGENISTAS Y DDHH, SOLO PARA DESTRUIR A NUESTRAS FUERZAS ARMADAS, TOMAR EL PODER Y DEPREDAR TODOS LOS EXTRAORDINARIOS RECURSOS NATURALES DEL PERU.
FUENTE DOCUMENTADA : "COMPLOT CONTRA LAS FUERZAS ARMADAS LATINO-AMERICANAS", AUTOR LYNDON LAROUCHE (USA), CO-AUTOR : ING LUIS VASQUEZ MEDINA (PERU)

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Que opina? CVR+9 - 28/08/2012 11:29:59

" Hoy es el noveno aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, uno de los documentos oficiales (recuerden, la CVR fue una institución estatal, esto se olvida a veces) más importantes emitidos durante el país. Y hoy, creo que la reflexión se impone a partir de lo que ha sido la discusión sobre el Informe Final durante estos años.
Si revisamos los términos del debate producido desde 2003 en adelante sobre el IFCVR, se parecerán mucho a los descritos por Beto Ortiz, en la misma semana que el documento fuera entregado a los 3 poderes del Estado:
¿Quién dijo que el Acuerdo Nacional no era posible? Señoras y señores, bienvenidos a la soñada concertación: Paniagua, Fujimori y García, Flores-Aráoz, Cabanillas, Rey, la Chávez y Barrón, por fin todos en ronda y de la manito. Y en la angurria electoral, hermanitos. Suave, locos, aquí no ha pasado nada. ¿Cuántos muertos dijo? Nooo, imposible. Aguanta tu carro. Qué va a ser. ¿Sesenticuánto? No, no se pasen, pues.
Para decirlo en crudo, estos términos del debate político sobre la CVR - y la serie de críticas que suscitó la entrega de su informe - se debió a una premisa: nosotros matamos menos o nosotros fuimos menos responsables. El centro de la discusión se basó en las responsabilidades políticas, sociales y, en varios casos, penales, de los actores armados, políticos y sociales que estuvieron durante las dos décadas más violentas de la historia repúblicana. En parte, porque el espíritu político en que nació y trabajó la CVR era el de la lucha contra la impunidad (recuerden, eran los años de la transición). En parte, porque pocos de los actores políticos de aquellos años quedaban indemnes de algún tipo de responsabilidad.
Esa fue la base de la ofensiva que durante estos años diversos actores (y sus escuderos mediáticos) han emprendido contra la Comisión, su informe, sus integrantes y sus defensores. En muchos casos, con medias verdades y mentiras de por medio. Y eso trajo una reacción: que quienes defienden el Informe Final lo hagan en bloque, sin leerlo críticamente y olvidando que el mismo documento, en su introducción, ratificaba su carácter de relato perfectible en el tiempo por nuevas investigaciones.
Sobre este último punto, por ejemplo, caben resaltar algunas muestras: dos capítulos de "Qué difícil es ser Dios" de Carlos Iván Degregori, en el que hace anotaciones sobre los intelectuales y el periodo de violencia, así como la comparación entre Sendero Luminoso y otros movimientos alzados en armas en la región; las cifras sobre desaparecidos estimadas por el EPAF (mayores a las calculadas por la CVR); la propia parte narrativa de la sentencia de primera instancia contra Alberto Fujimori y podríamos seguir detallando, pero creo que es suficiente para demostrar el punto.
Volvamos a nuestro hilo conductor. Es cierto que las responsabilidades del proceso de violencia deben ser esclarecida, los culpables sancionados y eventualmente, los actores políticos y sociales deberán enfrentar el juicio de la historia. Es parte de un proceso que es largo, que está sujeto a idas y venidas, y en el que siempre habrá que estar con la mirada abierta frente a cualquier intento de impunidad.
Sin embargo, no debe dejarse de lado dos temas. De un lado, la descripción que la CVR hizo del Perú y que fue el telón de fondo del conflicto. Y que debe emparentarse con los problemas que tenemos hoy en día. No puede explicarse el Movadef sin la pobre atención que se le da a la educación pública en todos sus niveles, excepto cuando hay una huelga o cuando aparece el cuco del SUTEP, olvidando que uno de los principales problemas de la educación peruana es el autoritarismo presente en la forma de dictado. No puede entenderse la forma de afrontar los conflictos sociales sin analizar cuales son las lógicas de actuación regional así como la forma como un sector de la Policía concibe a una parte de los ciudadanos peruanos.
Pero fundamentalmente, creo que la discusión ha perdido de lado a las víctimas, que fueron el centro del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y allí tiene cierta razón Carlos Meléndez en su columna de hoy en El Comercio cuando señala que la memoria resulta ser selectiva. Recordamos Tarata más que decenas de atentados en Lima Norte o en San Juan de Lurigancho (pueden ver una lista amplia en el tomo IV del IF), para ya no hablar de las historias regionales de la violencia.
Y podríamos seguir enumerando los ninguneos del Estado frente a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto que podríamos resumir en lo ocurrido ayer en el comportamiento de los agentes del Estado en la audiencia por el caso Barrios Altos ante la Corte Interamericana o en la deuda que aún se tiene a los caídos o heridos en acción de las Fuerzas Armadas o Policiales. Pero, a diferencia de hace algunos años, las asociaciones de víctimas buscan tener una voz propia y directa con el Estado y sus demás interlocutores.
Esta narración sobre la discusión del Informe Final de la CVR debe hacer recuperar el norte de las preocupaciones en torno a la agenda pendiente sobre sus recomendaciones. Y a sus detractores debe hacerles acordar que, finalmente, esta historia, la que tanto nos dolió y de la que tanto aún cuesta recuperarnos habla de peruanos. Y que, por tanto, no puede quedar enterrada bajo el manto del olvido. El pasado trae lecciones, debemos comenzar a aplicarlas.
MAS SOBRE EL TEMA:
Un balance del estado de las recomendaciones de la CVR por Salomón Lerner Febres
Eduardo Gonzáles Cueva da una mirada comparada frente a otras comisiones de la verdad
En Spacio Libre, una discusión a 9 años del IF
Un especial completo en Número Zero
(Foto: Dámaso Quispe, archivo TAFOS)
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