Interesante, "La trayectoria de Martha Chávez es incompatible con los DDHH" - 05/11/2013 16:12:45
" "La trayectoria de Martha Chávez es incompatible con los DDHH"Familiares de víctimas del fujimontesinismo y ONG de DDHH se pronuncian en contra de designación de Martha Chávez en Grupo de Trabajo de DDHH del Congreso
En conferencia de prensa realizada en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, abogados y familiares rechazaron el nombramiento de Martha Chávez como coordinadora del Grupo de Trabajo de DDHH del Congreso de la República. Esta subcomisión tiene como función supervisar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación por parte del Estado peruano, así como realizar el seguimiento de casos de violaciones de DDHH en instancias internacionales.
Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor, estudiante secuestrado, torturado y desaparecido por el grupo paramilitar Colina, se mostró muy molesta y recordó que Martha Chávez ha defendido las acciones de dicho grupo, a la vez que ha atacado a los familiares y a las mismas víctimas, calumniándolas hasta el día de hoy, sin evidencia alguna. "Esa señora se llena la boca desde el 93 afirmando que mi hijo es terrorista", denunció la señora Cóndor, "la reto a que lo demuestre".
Raida Cóndor, madre de estudiante asesinado en La Cantuta.
Glatzer Tuesta, director del Instituto de Defensa Legal, denunció que la trayectoria de Martha Chávez "es incompatible con los DDHH: lo ha demostrado una y otra vez". Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, reclamó al Presidente del Congreso Fredy Otárola y al Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso Carlos Eguren que se pronuncien sobre el controvertido nombramiento.
Estuvieron presentes en la mesa también Martha Flores, viuda de Pedro Huilca, Indira Huilca, hija del reconocido ex director de la CGTP asesinado por el fujimorato, y Victoria Vigo, representante de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas.
Los participantes aprovecharon para convocar a la manifestación de hoy a las 6 pm en la Plaza San Martín.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.
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Que opina usted? Conferencia de prensa: No a Martha Chávez - 05/11/2013 10:04:23
"RECHAZO A DESIGNACIÓN DE MARTHA CHÁVEZ EN EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE DDHH EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICAConferencia de Prensa
Los familiares y afectados por el gobierno de Alberto Fujimori y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) convocan a una conferencia de prensa para presentar los motivos de rechazo a la designación de Martha Chávez en el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en la Comisión de Justicia del Congreso de la República del Perú.
En la mesa estarán Indira Huilca, hija de Pedro Huilca, Victoria Vigo, víctima de las esterilizaciones forzadas, y Gisela Ortiz y Raida Condor, familiares de víctimas del Caso La Cantuta.
Martes 05 de Noviembre Hora: 11:30am.
Lugar: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, calle Pezet y Monel 2467 , Lince.
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Interesante, MARTHA CHAVEZ, EL CONGRESO Y LOS DDHH - 04/11/2013 12:24:12
" Gran revuelo ha causado en la opinión pública la increible elección de la congresista Martha Chávez como presidenta del grupo de trabajo sobre derechos humanos, enmarcado dentro de la Comisión de Justicia del Congreso de la República.Las razones del estupor y el rechazo a esta designación son dos y vale la pena explicarlas en extenso.
En primer lugar, por la trayectoria de Martha Chávez en relación con los derechos humanos, un tema en el que ha tenido expresiones deplorables en contra de víctimas de vulneraciones a los derechos fundamentales, sus víctimas, activistas y periodistas. Como ha recordado bien Raúl Tola el sábado en La República:
¿Cómo puede dedicarse al "seguimiento y evaluación de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación" quien fue su opositora más alevosa, capaz de decir: "Yo no creo nada de la CVR. Se debe hacer una comisión de la verdad para la CVR. El propósito de la CVR fue ir en contra de Alberto Fujimori, y se llevaron de encuentro a las Fuerzas Armadas", su informe "Debe tirarse a la basura", o "la CVR fue hecha a la medida de los intereses de Sendero Luminoso"? ¿Con qué autoridad se ocupará del "seguimiento y aprobación de la respuesta que el Estado peruano proyecte ante las denuncias y demandas que se presenten ante los organismos internacionales" una de las defensoras más conspicuas del retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ("No se va a caer el mundo si Perú se desliga de la CIDH"), que en cuanto fue nombrada en su nuevo cargo arremetió contra las ONG de DDHH, sesgándolas políticamente ("Quienes me han dado con palo son algunos oenegistas marxistas")? ¿Cuánto éxito tendrá en "la implementación de la protección de los derechos humanos de los peruanos en el exterior" quien en 1993 afirmó: "No sería raro que (los desaparecidos de la universidad La Cantuta) estén engrosando ahora las filas de Sendero Luminoso. No se han comprobado estos hechos", o intentó menospreciar los sufrimientos de la ex agente Leonor La Rosa insinuando que existía la posibilidad de que se hubiese "autotorturado", o dijo sobre la reducción de penas al grupo Colina: "Es un acto de justicia"?
A ello sumemos una seria acusación recordada ayer en La República:
Y aunque en varias ocasiones Martha Chávez ha afirmado que no estuvo de acuerdo con la política de esterilizaciones forzadas impulsada por el gobierno de Alberto Fujimori,una de las víctimas la acusó de haber querido convencerla para que no denuncie su caso.
Ligia Ríos Lizárraga, sometida a una ligadura de trompas en 1997 pese a estar embarazada, relató que la congresista fujimorista fue al hospital donde estaba internada y le ofreció dinero si se retractaba de su denuncia.
Para decirlo con todas sus letras: la trayectoria y declaraciones de la señora Chávez en materia de derechos humanos son absolutamente repugnantes y vomitivas. Y las expresiones vertidas por ella durante el último fin de semana en Twitter contra todo aquel que la criticaba reflejan su pobre catadura moral. Las expresiones negacionistas de la congresista son, además, el peor recuerdo de una década gubernamental encabezada por un condenado por asesinato y secuestro, considerados como crímenes de lesa humanidad por tribunales nacionales e internacionales. Y en la que se amnistió - con su apoyo cual cheerleader de mejores causas - a criminales del calibre de Santiago Martin Rivas o Telmo Hurtado. Casi al nivel de otro personaje de triste recordación que también pide limpiar al peor criminal de la historia peruana: Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán.
En segundo lugar, porque la señora Chávez no ha entendido los alcances de este grupo de trabajo. En principio, los grupos de trabajo dentro de las comisiones parlamentarias básicamente hacen seguimiento a determinados temas y, a lo sumo, pueden consultarse, en su seno, determinadas iniciativas legislativas. Sin embargo, las bravatas de la parlamentaria contra la CVR y las organizaciones de defensa de derechos humanos dan a entender su objetivo claro: ejecutar una venganza contra lo que ella considera son las entidades que permitieron la condena contra Fujimori. Y en ninguna parte del mundo el poder puede ser ejercido para la realización de venganzas privadas.
Justamente, esta fue una de las razones centrales por las que el fujimorismo perdió las elecciones del 2011: no tuvieron una real autocrítica sobre los crímenes y errores del pasado y, por el contrario, varias de las declaraciones de sus líderes se han dirigido a los deseos de vendetta - que ellos, por supuesto, asocian a sus rivales - contra quienes "derrumbaron el sueño idílico" de un fujimorato que gobernara el Perú por varias décadas, con herederos incluidos cual shogunato.
Finalmente, la designación de la señora Chávez dice también mucho del Congreso de la República y su preocupación por materias como los derechos humanos. Salvo un puñado de congresistas que tratan el tema, el mismo no parece estar en la agenda como prioridad, a pesar que debe ser un eje transversal de las políticas de Estado en el Perú. Y finalmente, terminan avalando una elección similar a la que hubieramos tenido si el congresista Amado Romero hubiera sido elegido para una comisión sobre minería informal o Michael Urtecho asumiera el cargo de presidente de la Comisión de Ética. Todo indica que en la Plaza Bolívar aún no se percatan del grado de desprestigio en el que, lamentablemente, esta sumida esta institución.
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Interesante, Caso de las esterilizaciones forzadas no está cerrado - 01/06/2011 7:28:55
" La CIDH reclamó al Perú que sancione a los responsables. El 2003, el Estado peruano aceptó que la señora Mamérita Mestanza fue víctima de un caso de violación de Derechos Humanos. Vea los documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.César Romero C.
Ante la negativa del sistema judicial peruano de investigar las esterilizaciones forzadas, en junio de 1999, las víctimas se vieron obligadas a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia.
El primer caso que se presentó fue el de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, quien fue sometida de manera forzada a un procedimiento quirúrgico de esterilización, en un centro médico de Cajamarca en 1998, que finalmente ocasionó su muerte. Luego se sumaron otros dos mil casos de víctimas de esterilización forzada.
Ante esta situación, y tras la caída de la dictadura fujimorista, en octubre del 2003, el Estado peruano aceptó que la señora Mestanza fue víctima de un caso de violación de derechos humanos, y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables.
"El Estado Peruano se compromete a realizar exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aun en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares", precisa el acuerdo.
En virtud de ese acuerdo, el 2003, la Fiscalía de Derechos Humanos inició una investigación que a comienzos del 2010 fue archivado con dos argumentos: 1) que las esterilizaciones eran homicidio involuntario y por lo tanto estaban prescritos, y 2) que las esterilizaciones no están tipificadas como violación de derechos humanos.
El acuerdo de solución amistosa también establece que el Estado peruano debe informar a la CIDH cada tres meses del avance de las investigaciones.
Ante la decisión de la Fiscalía peruana, el 5 de noviembre del 2010, la CIDH emitió un comunicado en el que exige al Perú cumplir con la solución amistosa.
"La CIDH recibió información sobre la prescripción de la acción penal para la investigación de la esterilización forzada de la que fueron víctimas más de 2.000 mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú. La CIDH condena esta situación de impunidad y recuerda que en el acuerdo de solución amistosa firmado el 10 de octubre de 2003, el Estado se había comprometido a individualizar y sancionar debidamente a los responsables", dijo la CIDH.
Si el Perú sigue incumpliendo el acuerdo, la Comisión se vería obligada a denunciar a nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser sancionado por no dar justicia al caso de Marita Mestanza e incumplir el Acuerdo de Solución Amistosa.
En tanto, la Comisión ya ha recibido otras dos demandas de esterilización forzada de una víctima de Piura y otro de La Molina, en Lima. Un proyecto de ley para que las esterilizaciones forzadas sean consideradas delito en la legislación peruana está entrampado en la Comisión de Justicia, que preside Rolando Sousa.
Fujimori dirigía las esterilizaciones
Una subcomisión del Congreso de la República, presidida por el ex congresista Héctor Chávez Chuchón, que el año 2002 investigó las esterilizaciones forzadas, encontró que el ex dictador Alberto Fujimori recibía información mensual del número de ligaduras y vasectomías que se realizaban en los diversos centros médicos del país y del avance del programa.
El mismo Fujimori había establecido una meta de 200 mil esterilizaciones anuales, que luego redujo a 150 mil, en reuniones que sostuvo con los directores de las regiones del Ministerio de Salud, de la seguridad social y de las Fuerzas Armadas, en Ancón y Paracas, de acuerdo con la declaración del ex congresista Róger Guerra García.
Óscar Zúñiga Vargas, ex director de Salud en Huancavelica, reveló que las decisiones para el programa de esterilizaciones estaban a cargo del viceministro de Salud de aquella época, es decir, Alejandro Aguinaga.
Desde 1994 a 1999, el viceministro de Salud fue Alejandro Aguinaga. En 1999, lo nombraron ministro de Salud hasta el final del gobierno. Zúñiga dijo que en una oportunidad fue invitado a una reunión en Lima con el viceministro de Salud. "Esa fue una primera reunión donde se nos hizo énfasis en que una de las prioridades de Salud era el Programa AQV.
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Interesante, El caso de las esterilizaciones forzadas durante el fujimorismo no está archivado - 01/06/2011 5:00:00
"Investigación. la CIDH reclamó al perú que sancione a los responsables. El 2003, el Estado peruano aceptó que la señora Mamérita Mestanza fue víctima de un caso de violación de derechos humanos.César Romero C.
Ante la negativa del sistema judicial peruano de investigar las esterilizaciones forzadas, en junio de 1999, las víctimas se vieron obligadas a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia.
El primer caso que se presentó fue el de la señora María Mamérita Mestanza Chávez, quien fue sometida de manera forzada a un procedimiento quirúrgico de esterilización, en un centro médico de Cajamarca en 1998, que finalmente ocasionó su muerte. Luego se sumaron otros dos mil casos de víctimas de esterilización forzada.
Ante esta situación, y tras la caída de la dictadura fujimorista, en octubre del 2003, el Estado peruano aceptó que la señora Mestanza fue víctima de un caso de violación de derechos humanos, y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables.
"El Estado Peruano se compromete a realizar exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las sanciones legales contra toda persona que se determine como participante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato u otra condición, aun en el caso de que se trate de funcionarios o servidores públicos, sean civiles o militares", precisa el acuerdo.
En virtud de ese acuerdo, el 2003, la Fiscalía de Derechos Humanos inició una investigación que a comienzos del 2010 fue archivado con dos argumentos: 1) que las esterilizaciones eran homicidio involuntario y por lo tanto estaban prescritos, y 2) que las esterilizaciones no están tipificadas como violación de derechos humanos.
El acuerdo de solución amistosa también establece que el Estado peruano debe informar a la CIDH cada tres meses del avance de las investigaciones.
Ante la decisión de la Fiscalía peruana, el 5 de noviembre del 2010, la CIDH emitió un comunicado en el que exige al Perú cumplir con la solución amistosa.
"La CIDH recibió información sobre la prescripción de la acción penal para la investigación de la esterilización forzada de la que fueron víctimas más de 2.000 mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú. La CIDH condena esta situación de impunidad y recuerda que en el acuerdo de solución amistosa firmado el 10 de octubre de 2003, el Estado se había comprometido a individualizar y sancionar debidamente a los responsables", dijo la CIDH.
Si el Perú sigue incumpliendo el acuerdo, la Comisión se vería obligada a denunciar a nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ser sancionado por no dar justicia al caso de Marita Mestanza e incumplir el Acuerdo de Solución Amistosa.
En tanto, la Comisión ya ha recibido otras dos demandas de esterilización forzada de una víctima de Piura y otro de La Molina, en Lima. Un proyecto de ley para que las esterilizaciones forzadas sean consideradas delito en la legislación peruana está entrampado en la Comisión de Justicia, que preside Rolando Sousa.
Fujimori dirigía las esterilizaciones
Una subcomisión del Congreso de la República, presidida por el ex congresista Héctor Chávez Chuchón, que el año 2002 investigó las esterilizaciones forzadas, encontró que el ex dictador Alberto Fujimori recibía información mensual del número de ligaduras y vasectomías que se realizaban en los diversos centros médicos del país y del avance del programa.
El mismo Fujimori había establecido una meta de 200 mil esterilizaciones anuales, que luego redujo a 150 mil, en reuniones que sostuvo con los directores de las regiones del Ministerio de Salud, de la seguridad social y de las Fuerzas Armadas, en Ancón y Paracas, de acuerdo con la declaración del ex congresista Róger Guerra García.
Óscar Zúñiga Vargas, ex director de Salud en Huancavelica, reveló que las decisiones para el programa de esterilizaciones estaban a cargo del viceministro de Salud de aquella época, es decir, Alejandro Aguinaga.
Desde 1994 a 1999, el viceministro de Salud fue Alejandro Aguinaga. En 1999, lo nombraron ministro de Salud hasta el final del gobierno. Zúñiga dijo que en una oportunidad fue invitado a una reunión en Lima con el viceministro de Salud. "Esa fue una primera reunión donde se nos hizo énfasis en que una de las prioridades de Salud era el Programa AQV.
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