Información: CNDDHH a Fiscal de la Nación: Urge protocolo para acabar con impunidad por muertes en protestas - 26/02/2014 12:42:12
"Ante la primera sentencia absolutoria dictada en base a la Ley 30151 (conocida como la ley que da "licencia para matar"), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha solicitado al Ministerio Público elaborar un protocolo que oriente a los fiscales que deben investigar ejecuciones extrajudiciales y lesiones en contextos de protesta social.Lea la carta enviada al Fiscal de la Nación.
La situación de impunidad es innegable: desde el 2002 hasta la fecha no existe ni una sola sentencia condenatoria por las 139 personas fallecidas en protestas que tiene registradas la CNDDHH. Esta situación de impunidad le ha valido severos cuestionamientos al Perú ante el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
Bajo ninguna circunstancia puede considerarse legal y quedar exento de investigación el uso abusivo de la fuerza que quede fuera de los estándares nacionales e internacionales en la materia. El protocolo serviría para guiar la intervención fiscal dentro del marco jurídico nacional e internacional existente, garantizando el derecho a la justicia y reparación por parte de las víctimas.
El protocolo especificaría las diligencias a realizarse en el proceso de investigación, así como el uso permitido de la fuerza pública para el control de disturbios, y las figuras legales para que los fiscales puedan sustentar la responsabilidad de los mandos policiales involucrados en acciones de uso abusivo de la fuerza, incluyendo las figuras de autoría mediata y comisión por omisión (por ejemplo para los casos donde se omite garantizar la provisión de material antidisturbios y equipos protectores para los policías).
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan por la promoción y defensa de los derechos fundamentales. Desde el 2012 viene impulsando la campaña NI UN MUERTO MÁS, para llamar la atención acerca del alto número de ciudadanos muertos como resultado de la intervención de las fuerzas del orden en conflictos sociales.
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Es Noticia, Red Muqui rechaza aprobación de la Ley 30151 - 17/01/2014 12:49:53
" Por una nueva relación con los conflictos sociales, basada en el respeto de los derechos humanosLa Red Muqui rechaza la aprobación de la Ley No. 30151 que modifica el inciso 11 del artículo 20º del Código Penal que declara exento de responsabilidad penal al efectivo militar o policial que en cumplimiento de su deber cause lesiones o muerte con su arma u otro medio de defensa.
La norma, no toma en cuenta estándares internacionales de derechos humanos, que exigen que el uso de las fuerzas del orden deban respetar los principios de necesidad y proporcionalidad y deja abierta la posibilidad de impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que en los dos últimos años, en contextos de conflictividad social, se han reportado más de 949 heridos y hasta 34 civiles fallecidos. La Red Muqui a través de sus instituciones socias ha tomado conocimiento que en la mayoría de investigaciones por muertes y lesiones ocurridas en contextos de conflictos sociales, el Ministerio Público viene archivando los casos.
El actual contexto de criminalización de la protesta social, mediante la cual el Estado en lugar de atender la justas demandas de extensos sectores de la sociedad para que se respete derechos fundamentales como el derecho a la vida, al desarrollo social en un ambiente sano, a elegir un modelo de desarrollo comunal de acuerdo a sus costumbres, cultura, etc.; lo que hace es instrumentalizar el derecho penal para perseguir a los líderes, dirigentes y acallar sus protestas priorizando el uso indiscriminado e irracional de la fuerza. De esta manera, la aprobación de la Ley es una de sus últimas manifestaciones para eximir de responsabilidad a los agentes de esa arbitraria represión.
Junto a esta norma tenemos otras medidas gubernamentales que configuran un escenario crítico en el campo de los derechos humanos. Así tenemos la creación de los frentes policiales y nuevas comisarías en las llamadas zonas mineras del país o los contratos entre la Policía Nacional y las empresas mineras, que en la práctica privatizan los servicios de la seguridad pública y los subordinan a los intereses económicos.
Esto es más preocupante cuando comprobamos que en vez de poner en vigencia un escenario de apertura real para perfilar una nueva minería en el Perú, autoridades y funcionarios del Estado continúan expresando una visión de los conflictos socio ambientales asociándolos a la tesis del "complot minero" ,justificativo de la violación de los derechos humanos fundamentales-
Frente a esta situación, la Red Muqui comparte con otras instituciones y personalidades la exigencia de derogar la Ley No. 30151, al mismo tiempo reitera un conjunto de propuestas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, como base sustancial de una nueva relación con la minería y las industrias extractivas. Propuestas formuladas en el marco de los "diálogos ciudadanos" para una agenda de políticas para una nueva minería en el Perú:
1. Garantizar la existencia de canales institucionales para el ejercicio de la ciudadanía ambiental.
2. Aprobar procedimientos precisos que deben usarse en el control del orden interno, asegurando la adecuación de esta normativa a los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Ello implica derogar el Decreto Legislativo 1095 y otros.
3. Promover y garantizar la capacitación continua, en el manejo de conflictos sociales, de los policías llamados a intervenir y dotar de armamento no letal y equipos protectores para los efectivos policiales que participan en el control del orden interno.
4. Garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación de los afectados por el uso abusivo de la fuerza en situaciones de protesta social. Habilitar de manera urgente un procedimiento administrativo para la reparación de los afectados, incluyendo mujeres y niños dependientes de los primariamente afectados. El Estado tiene la obligación de investigar y sancionar.
5. Se respete el debido proceso a las personas procesadas en el contexto de la protesta social. Derogar las normas que criminalizan la protesta social y permite investigar a las personas fuera de sus ámbitos de competencia.
6. Establecer un sistema normativo que permita el procesamiento y sanción a las empresas y/o sus directivos en que se vean involucradas en violaciones de derechos humanos. Eliminar la prestación de servicios privados de seguridad por las fuerzas del orden a las empresas extractivas, sea cual sea la forma jurídica por la que se brinden éstos. Así mismo anular los convenios existentes entre empresas mineras y la Policía Nacional.
Red Muqui
Lima, 17 de enero del 2014
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Información: Ley 30151 sobre uso de fuerza letal por policías y soldados genera grave preocupación en materia de derechos humanos - 14/01/2014 16:52:18
" Ley 30151 sobre uso de fuerza letal por policías y soldadosGrave preocupación en materia de derechos humanos
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en representación de las 81 organizaciones que conforman esta institución, ante la promulgación de la Ley 30151 que modifica el Código Penal y exime de responsabilidad a los policías y militares que causen la muerte o lesiones en el cumplimiento de su deber, consideramos que:
1.- La vida e integridad física de las personas son derechos fundamentales que el Estado debe proteger frente a cualquier actor, civil, policial o militar.
2.- Esta ley tiene como antecedente el Decreto Legislativo 982, frente al cual el Tribunal Constitucional declaró la obligación que tienen los fiscales de investigar y la de los jueces de juzgar y sancionar los abusos de los agentes del orden. Afirmamos que a pesar de la reciente modificación del Código Penal, subsiste plenamente la obligación estatal de investigar, sancionar y reparar las acciones de uso abusivo de la fuerza por parte de los policías y militares.
3.- Creemos que esta es una medida efectista, pero por completo ineficaz para combatir la inseguridad ciudadana que aqueja nuestro país. Este grave problema sólo podrá superarse combatiendo la corrupción, asegurando condiciones laborales dignas al trabajador policial y militar, garantizándole dotación logística y entrenamiento adecuado, así como mejorando la articulación con las otras entidades del Estado y la sociedad civil, entre otras medidas.
4.- Cabe recordar que solo en lo que va de gobierno del Presidente Ollanta Humala Tasso, 29 civiles (incluyendo dos menores de edad[1]) han perdido la vida como consecuencia de la actuación de las fuerzas del orden en contextos de protesta social. Nos preocupa que continúe el aumento de violaciones de derechos humanos en contextos de conflictos sociales frente a la imposición de proyectos de desarrollo e industrias extractivas. No es una preocupación solo del movimiento de derechos humanos, pues esta situación le ha valido al Perú severos cuestionamientos tanto en Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
5.- Para superar esta situación, invocamos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a convocar una Comisión para la elaboración de una norma que regule de manera precisa los procedimientos operativos de la Policía para el control de disturbios y deroguen todas las normativas que flexibilizan el uso de la fuerza letal en estos contextos. Esta Comisión deberá incorporar la participación de especialistas en seguridad ciudadana y en derechos humanos.
Lima, 14 de enero del 2014.
[1] Los menores son Carlos Alberto Ramos Carmen y César Medina Aguilar.
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Información: Modernidad sin proyecto nacional - 29/09/2013 11:03:51
"Publicado en Noticias Ser, escrito por Gabriel Salazar*Un presente de conflictos sociales lleno de un pasado de violencia política
En nuestro país parece que aún tiene vigencia esa imagen de la convivencia de los dos perúes: el indígena y el criollo, producto de una historia del capitalismo peruano que no ha escapado a la colonialidad. El Perú, a diferencia de otros países étnicamente más homogéneos como Chile y Argentina, posee un fuerte tronco indígena. La violencia política del siglo pasado y los conflictos sociales de hoy se hallan imbricados a la historia de acceso o marginación al poder de esta población. Y podemos verlo, cuando notamos que no es necesario que las comunidades de Cajamarca y Bagua vivieran la violencia política para que los llamaran terroristas, o hasta senderistas en segundo caso. El pasado de violencia política está presente incluso donde no estuvo antes.
La violencia política ahondó el desgarramiento entre aquellos dos perúes, como señalaba Carlos Iván Degregori; y esto se dio en un contexto de contrarreforma agraria, cuando el terreno social y político podría ser más peligroso, cuando las reformas estaban sin consolidarse y las instituciones eran precarias. Por ello es que el presente de conflictos sociales está lleno de un pasado de violencia política, inclusive anterior a la que existió en los años ochenta.
Luego de Velasco Alvarado el campo se terminó por democratizar -en la lógica del capitalismo- constituyendo un avance para el mundo rural, históricamente expoliado por la lógica colonial, rentista y gamonal. Esta desestructuración avizorada por Arguedas, generó la aparición de los hoy denominados "emprendedores"; es decir, los capitalistas emergentes, vinculados a ese Perú indígena, históricamente ninguneado. Así, luego de la reforma agraria este actor fue avanzando en el proceso de acumulación de capital y hoy lo vemos ubicado en espacios de poder. Una historia que rastreé este proceso aún está por escribirse.
Vemos pues la continuidad del capitalismo "emprendedor" que en los años de la violencia política aprovechó la ilegalidad; acumulando capital de manera individual y/o familiar, reproduciendo sus relaciones de compadrazgo u otras tradiciones. Este germinal "emprendedurismo" es el que también pesó para expulsar a Sendero Luminoso del campo. Mirar el pasado de violencia política a través de este enfoque, nos permite encontrar algunas raíces del presente. El Perú imaginado de hoy es otro, ha cambiado, es distinto aunque en algunos aspectos sigue siendo el mismo. Esto es justamente lo complicado de aprehender.
Lo que planteo es que por un lado, los dos perúes se alejaron y desgarraron violenta y aceleradamente durante los 80"s, en un contexto de contrarreforma que aún continua. Y por otro lado, durante los 80"s también asistimos al inicio de un Perú donde se abrió el camino para el desarrollo del capitalismo "libre", lo que empujó inevitablemente al acercamiento de ambos perúes.
Esto genera una situación de encuentro y desencuentro de los dos perués que se alejan como consecuencia de la violencia política, y se acercan por el desarrollo inevitable del capitalismo, más aún hoy con la bonanza económica que vivimos. El resultado debe ser investigado con datos concretos, ya que al parecer este no es sólo el presente sino también el futuro del país. Así, en la actual coyuntura política podemos ver la disputa entre ambos mundos, claramente sentados en la misma mesa de repartija de poder, como burguesías nacionales. Así, no es casualidad que García en dos ocasiones, Fujimori, Toledo, y Humala hayan sido los últimos presidentes de este país. Algo ha cambiado.
El Perú de hoy, tan alejado y desgarrado de sí mismo, vive el avance del capitalismo dependiente de la extracción de materias primas, y cuenta con una burguesía nacional de raíces oligárquicas que no desea impulsar industrialización alguna, traumada aún por el proyecto de Velasco Alvarado, y que rechaza cualquier propuesta política parecida como la del candidato Humala. A su vez, el Perú de hoy vive palpablemente el fuerte avance del empresariado emprendedor, que se alimenta de la misma bonanza económica neoliberal y que posee muchos espacios de poder en lugares como las provincias donde no es tan fuerte el otro tronco. Todos conviviendo con el narcotráfico y las mafias. Al final resultamos ser uno. Somos un nuevo Perú.
Dicho esto, lanzaré dos ideas transversales a este marco de continuidad algo bipolar. Primero, parece ser un acuerdo mayoritario entre los dos perués el avanzar por la instauración de la hegemonía de la filosofía del "yo mismo soy" y/o del individualismo indiferente y abusivo, tan impulsado por el neoliberalismo. Ese individualismo que no es el de la ética protestante de Max Weber, sino el que hace lo que quiere con la ley con tal de enriquecerse, genera -lo más importante de todo-, una "cultura nacional". Es este el (no) proyecto nacional de hoy, con estas dos burguesías miedosas e inmaduras que no dan la talla, que reproducen esta cultura del "yo mismo soy".
Segundo, creo que la confusión puede ser la sensación mayoritaria de los peruanos hoy, y que se expresa en no saber cuáles son los marcos legales, las reglas morales y socio-culturales por las cuales se debe transitar y ser (peruano). A esta confusión, que es terreno para la impunidad, y que expresa un egoísmo profundo, hay que sumarle la pregunta sobre el futuro del capitalismo en el Perú, que a pesar de su avance exportador-extractivista, puede terminar en una crisis sistémica del país, si es que la bonanza termina, trayéndose abajo el ficticio mercado interno, producto de un capitalismo golondrino. El Perú se puede convertir otra vez en un avispero, en una nefasta caja de pandora.
Sin embargo existe otra cara de la modernidad. Y es que los últimos 30 años han sido para el Perú un avance en comparación con los tiempos de la servidumbre. El Perú de hoy avanza en su desarrollo material generando oportunidades, formando un país que cobija a múltiples orígenes étnico-culturales, que son más "libres" que antes. Se está constituyendo ese Perú de todas las sangres. Los ronderos de ayer y hoy son una muestra. Y es que la experiencia capitalista de la modernidad en el Perú tiene dos caras, la cara del desarrollo material y de la "libertad" individual, por un lado, y la cara de la explotación y de la reproducción de la colonialidad por el otro, como ya hace muchos años dijera Anibal Quijano.
*Gabriel Salazar es historiador y jefe de prensa de la CNDDHH.
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Interesante, Rocío Silva Santisteban advierte en la CIDH: "Se está privatizando la Policía Nacional del Perú" - 11/03/2013 22:17:37
"En el marco del 147° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevó a cabo hoy lunes 11 de marzo la audiencia titulada "Derechos humanos y protesta social en Perú". En la parte peticionaria estuvieron Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Mar Pérez, directora del área DESC de la CNDDHH, David Velazco, director de Fedepaz, Mirtha Vasquez, directora del área jurídica de Grufides, y Alejandra Vicente, de CEJIL.De izquierda a derecha, Alejandra Vicente, Mirtha Vásquez, Rocío Silva Santisteban, David Velazco y Mar Pérez.
Recordando la cifra de 24 civiles muertos como resultado del accionar de las fuerzas del orden en el marco de los conflictos sociales, incluyendo menores de edad, además de la cifra de 649 heridos (cifra de la Defensoría del Pueblo), Silva Santisteban explicó que el Estado peruano ha movilizado centenares de efectivos policiales y militares a pueblos pequeños, pero de forma más preocupante aún, que se han firmado convenios entre la Policía Nacional y las diversas empresas extractivas, "privatizando la Policía Nacional del Perú". Silva Santisteban lamentó haber llegado a esta situación, producto de la defensa de las inversiones de empresas y corporaciones multinacionales en industrias extractivas, dado que se privilegia el modelo primario exportador como motor del desarrollo del Perú.
Mar Pérez denunció que se ha vulnerado el carácter excepcional de la declaratoria del estado de emergencia, figura usada en los conflictos de Conga y Espinar, recurso que ha servido como el "escenario de detenciones arbitrarias, torturas a defensores y periodistas, así como un sistemático uso abusivo de la fuerza". Velazco, por su parte, advirtió de una serie de normas que favorecen en la práctica la criminalización de la protesta y la impunidad, como el DL 1095, que permite el uso de la fuerza por parte de las FF.AA. en el marco de una protesta social en contra de civiles, creando un "escenario de guerra que hace que para juzgar supuestos delitos que se puedan haber cometido en esas circunstancias no se aplique el derecho internacional de derechos humanos sino el derecho internacional humanitario, pensado para la guerra". Mirtha Vásquez hizo énfasis en las leyes que permiten alquilar los servicios de la PNP a empresas privadas, especialmente empresas mineras.
Vea la sesión completa, incluida la respuesta del Estado peruano.
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Es Noticia, Tregua política - 08/12/2012 0:14:21
"Ollanta Humala y Nadine Heredia deben dormir plácidamente estos días.Desde que se inició el gobierno no habían gozado un periodo de tanta tranquilidad política, como la que vienen teniendo desde hace unas semanas.
La razón fundamental, sin duda, el clima de unidad nacional en torno a La Haya y ,mérito del gobierno, lo bien que han manejado el asunto. Se suma que la economía sigue a todo vapor, que no ha habido atentados terroristas y que los conflictos sociales están entrando en su etapa de "descanso" por fiestas y lluvias.
¿Cuánto puede durar todo esto?
La primera advertencia de que este clima de distensión no será largo, lo da la indignación por dos situaciones de abuso de poder que comienzan a irritar a la población cada vez más.
Por un lado, un Congreso incompetente e incapaz de ponerse de acuerdo por más de un año para nombrar a los miembros del BCR, Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo, pero que logra sin dificultad concordar en duplicarse los gastos de representación para el próximo año.
Otro, un ministro de Trabajo prepotente que primero niega un bochornoso incidente en Arequipa y la agresión a la trabajadora de LAN; que luego pide disculpas, pero dice que no hubo la agresión física que ya está documentada. Qué papelón el de Jiménez y los cuatro ministros que salieron a respaldarlo y decir que la página ya estaba volteada en este caso.
Pero más allá de estos abusivos, lo más importante es que todos los problemas de manejo político (ambición reeleccionista vía Nadine, el indulto a Fujimori, etc.) y los de fondo (terrorismo senderista en su dos variantes Movadef y VRAE, inseguridad ciudadana, etc.) están haciendo cola.
Los problemas no se resuelven solos, como alguna vez creyó Manuel Pardo. Y los asuntos mencionados (y otros nuevos) van va a entrar en escena. Lidiar con ellos requerirá de ideas y liderazgo. Algo que hasta ahora han mostrado muy escasamente.
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Consulte Información en Delito y Corrupción El narcotráfico y El traslado de IQBF por lo que están
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