Gestión Pública del Perú y el Mundo: La herencia del Camal Yerbateros 2 y Con o sin Bachelet, Chile sigue el camino de Pinochet

Interesante, La herencia del Camal Yerbateros 2 - 26/02/2014 11:08:33

"La agonía del camal de yerbateros. Como lo mencionamos en la edición anterior, la perita dulce de la discordia entre los hermanastros Paredes es el camal de Yerbateros, ubicado en la Av. Nicolás Ayllón Nº 1215 , 1211, en Ate Vitarte.
El camal estaba valorizado en el 2010 (tasación comercial realizado por el Ing. Enrique Tello Rojas, miembro del cuerpo técnico de tasaciones del Perú, Reg. Nº 324, a solicitud de Blanca Paredes) en US$ 16, 336,615.00 (valor de la edificación y obras complementarias).
Sin embargo, las maniobras fraudulentas de Giovanni Paredes, Gregory Paredes y su tía René Perpetua Cueva, hicieron que las arcas del camal fueran durante muchos años prácticamente saqueadas y la empresa, como era de esperarse, entró en franca falencia, agobiada por las deudas.
Por lo que no se tuvo otro camino que someterla a un proceso concursal ante INDECOPI.
Astutamente, al enterarse de ese proceso concursal, Giovanni Paredes solicitó su suspensión ante la SUNAT, arguyendo que existían juicios pendientes sobre la empresa en el Poder Judicial.
INDECOPI, sorpresivamente, aceptó el pedido y la SUNAT, el principal acreedor, calló sin explicación alguna. ¿Qué poder intervino? se sospecha que ese poder pudo provenir del ala protectora de un padrino que es un reconocido político "figuretti".
Drogas y victimización. Lo mismo ocurrió con la denuncia por TID contra Giovanni que estuvo en la 3° Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita a cargo del Fiscal, César Andrés Espinoza Huaraca, quien a pesar de las pruebas encontradas no denunció el hecho.
¿Intervino otra vez ese poder detrás de la sombra? La segunda vez que Blanca Paredes ingresó como administradora del Camal de Yerbateros fue el 17 de junio de 2011, gracias a una medida cautelar emitida por el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Este.
Durante el operativo para recuperar el inmueble, en una de las gavetas de la oficina de Giovanni se halló una bolsa que contenía cinco envolturas pequeñas y transparentes llenas de un polvo blanquecino y cristalino.
Testigos de eso fueron el personal policial y la secretaria judicial Alejandra Ludeña Makuri.
El resultado del análisis arrojó que esa sustancia era cocaína, con un peso de 48.5 gramos.
Ese hallazgo fue denunciado por Blanca Paredes, ingresando a la 11° Fiscalía Provincial de Lima, en que se le hacía conocer a la fiscalía que las oficinas administrativas del camal de Yerbateros fueron mudos testigos de tremendos bacanales de Giovanni Paredes con sus amigos por las orgías de sexo, alcohol y drogas.
La investigación la realizó personal policial de la Comisaría de Yerbateros. Giovanni fue notificado hasta en cuatro oportunidades pero no se presentó a deslindar su responsabilidad sobre el hallazgo de loa droga en su oficina y quedó sujeto como imputado en el atestado No. 162-2011-DIRTEPOL-DIVTER-ESTE2-CYSEINCRI,
Conjuntamente con el abogado Harold Castillo Veintimilla, Marco Medina Velasco, Gregory Paredes Vergaray, Gustavo Vergaray Núñez y las hermanas Julissa y Rosa Angeludis Tomassini.
Mi fiscal preferido. En la 3° Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita, Giovanni aplicó la estrategia de denunciar a su media hermana, Blanca, y los policías que intervinieron en el operativo.
Incluso, involucró en la denuncia a la secretaria Alejandra Ludeña, por los presuntos delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios y de auxiliares jurisdiccionales.
Con esa maniobra logró victimizarse, aduciendo que le habrían "sembrado" la droga encontrada en su oficina. El displicente fiscal César Espinoza, quien en todo momento demostró complacencia con el inefable Giovanni Paredes.
Después de cien días de investigación decidió acumular la pesquisa con otra denuncia ingresada el 4 de octubre de 2011 y hasta ahora ese caso duerme el sueño de los justos.
Esta situación obligó a Blanca Paredes a quejar al fiscal Espinoza por conducta irregular el 29 de diciembre 2012; queja que motiva que la doctora Lourdes Téllez Pérez, Fiscal Superior de Lima y Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, el 4 de julio de 2012 disponga abrir investigación disciplinaria contra el fiscal pidiéndole un informe de descargo.
La fiscal Téllez, apropiándose de la máxima de los congresistas de que "otorongo no come otorongo", declaró improcedente la apertura de investigación contra Espinoza y ordenó el archivo definitivo de la queja.
Lavado de activos. El 23 Junio de 2011,Blanca Paredes, en su condición de presidente del Directorio y Gerente General de SACIP, interpuso denuncia por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero proveniente del delito de defraudación tributaria ,en agravio de la Sociedad Anónima Comercial Industrial Peruana (SACIP).
La sociedad indivisa de Mario Paredes y el Estado en contra Giovanni Paredes, René Paredes Cueva y Gregory Paredes Vergaray, haciendo conocer a la Sunat que se había aperturado una investigación (Ingreso Nº 36-2010) ante la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios contra Giovanni y su tía Rene Perpetua por la comisión de delito de lavado de activos en la modalidad de defraudación tributaria por S/. 3"417,062, en agravio del Estado.
La denuncia se sustentaba en que Giovanni y su grupo habría utilizado artificios como la creación de las empresas Frigoríficos Industriales SAC (FRILISAC), Agropecuaria Denisse Paredes SAC, entre otras.
Para apropiarse sistemáticamente de gran parte de los bienes que formaban parte de la herencia paterna y así operar con los bienes de SACIP S.A.C., en el mismo inmueble, todo ello con la finalidad de perjudicar a todos los miembros de la sucesión Paredes Cueva , a sus trabajadores, acreedores , a la Sunat , Essalud y la ONP.
Giovanni en su defensa dijo que el predio donde funciona el camal de Yerbateros lo había adquirido con dinero de su propiedad, pero
nunca explicó la procedencia de dichos fondos, pues cómo un joven de corta edad, sin empleo conocido, pudo obtener tanto dinero.
Asimismo, tampoco pudo explicar el origen de los recursos para la adquisición de otras propiedades en Lurín y San Luís que eran parte del patrimonio de la herencia paterna.
La denuncia penal presentada por Blanca Paredes se refería, además, sobre la adquisición irregular del terreno donde funciona el camal de Yerbateros.
En la década de los 90, Mario Paredes Cueva contrajo una deuda de más de un millón de dólares con Alfonso De Souza Ferreyra, la misma que se vino pagando por cuotas.
Sin embargo, durante la administración de Giovanni esta deuda reaparece como por arte de magia y De Souza Ferreyra entabla una acción judicial por incumplimiento de pago de deuda, logrando que un juez sentencie a su favor.
Cuando el inmueble iba a ser rematado, la supuesta acreencia cambió de propietario por una suma bastante considerable de 700 mil dólares.
¿Quién era el nuevo dueño? Con la acreencia en sus manos, Giovanni se apersonó al proceso y pidió el remate del predio que le fue adjudicado el 16 de mayo del 2006 por la suma de US1"197,176.
En esa oportunidad, también quedó en duda el hecho de que nadie sabía de dónde obtuvo Giovanni tanto dinero para comprar la acreencia.
Al parecer, similar procedimiento se dio en un terreno en San Luís, parcela 10500 del predio rústico Buenavista ,Lurín, predio que también era del patriarca, pero que en el año 1997 se hipotecó al Banco de la Nación.
Durante este proceso, Giovanni simuló la transferencia del predio a Percy Alberto Arata Carbonero, una especie de "testa", por un valor
de venta de 20 mil dólares. Este sujeto accedió a prestar su nombre para esta maniobra, pero cuando se decidió rematar el predio, aparece como postor Giovanni Paredes, quien sólo pagó la suma de US$ 33,000.00 dólares, cuando el precio real de este terreno era US $177,000.00 dólares.
Otro caso similar fue el traspaso de toda la maquinaria del camal de Yerbateros, cuando estuvo la gerencia a cargo de la tía René Perpetua.
Se simuló un supuesto préstamo del Consorcio Denisse (propiedad de Giovanni), que nunca apareció en los libros contables de SACIP S.A.C. y después de un tiempo, el presunto préstamo comenzó a ser saldado con las máquinas del camal.
En el 2009, cuando Blanca Paredes asume por primera vez la administración del Camal de Yerbateros, descubre la existencia de las empresas creadas por su medio hermano y tuvo acceso a contratos y convenios firmados por estas empresas con SACIP S.A.C., a las cuales se les fue transfiriendo "en dación de pago" los bienes de esa compañía.
En buena cuenta, con el compromiso firmado en los convenios y asociaciones, las empresas de Giovanni debían pagar la obligación tributaria de SACIP S.A.C. en el periodo fiscal del 2002 al 2003 pero que nunca lo hicieron y durante meses SACIP S.A.C. facturó por ingresos que no se destinaban a sus arcas, llegando al extremo de que al vender sus activos.
Los créditos fiscales iban a Consorcio Denisse, propiedad de Giovanni.
Soy su padrino, pero no sé nada. De las investigaciones realizadas por este semanario, se llegó a conocer las vinculaciones del congresista Víctor Andrés García Belaúnde con Giovanni Paredes, quien es su ahijado de bautizo.
Una vez le preguntaron a "Vitocho" sobre la deuda millonaria que tenía su ahijado con la SUNAT y la sospecha del tráfico de influencias.
El parlamentario dio a entender que era su padrino pero no sabía nada.
Sin embargo, esa afirmación distaba mucho de la realidad pues su hermano Domingo había presentado escritos ante el Poder Judicial a favor de Giovanni, como el Hábeas Corpus que interpuso y sustentó ante el Juzgado de Chimbote para lograr la liberación del ahijado de su hermano.
En el 2009, cuando fue preso por una denuncia por fraude procesal promovida por uno de los acreedores de SACIP S.A.C., Rafael Samaniego Araujo.
Amanera de corolario. Las investigaciones llevan a determinar que Giovanni Paredes y otros personajes de su entorno familiar y amical, utilizaron una modalidad delictiva a través de la creación de "empresas clones" para apropiarse de los fondos y de los bienes de la empresa madre, dejándola en q Fuente Artículo

Que opina? Con o sin Bachelet, Chile sigue el camino de Pinochet - 03/12/2013 13:38:53

"Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan a todo el poder (Max Weber, 1864-1920).
Los golpes de Estado en América Latina siempre dejaron profundas huellas en la sociedad y el desarrollo socio económico en el continente. Dicen los psicólogos que tienen que pasar varias décadas para que se diluya la herencia de cada dictadura y que la gente se libere del miedo de la persecución, la tortura y la muerte. Hace dos meses se cumplieron 40 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile quien encabezó la dictadura en ese país entre los años 1973 y 1990, pero su legado sigue reflejándose en el quehacer diario del país, lo que se observó claramente durante las recientes elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 17 de noviembre.
Inclusive la vida de cada una de las dos principales candidatas presidenciales está entrelazada estrechamente con esa historia de Chile. Verónica Michelle Bachelet, representante de la Nueva Mayoría de orientación centro-izquierda obtuvo el 46.74 por ciento del voto, es la hija del general de la Fuerza Aérea de Chile, Alberto Bachelet y miembro del gobierno de Unidad Popular encabezada por Salvador Allende. Bachelet se opuso al golpe de Estado en 1973 por lo que fue detenido por los esbirros de la dictadura, falleciendo seis meses después en la cárcel como resultado de las torturas que sufrió. También fue detenida Michelle Bachelet y su madre en 1975 en Villa Grimaldi antes de partir al exilio a la República Democrática Alemana, allí recibió el apoyo del presidente Erich Honecker quien después del derrumbe de la Muralla de Berlín se exilió en Chile donde murió en 1994.
Su principal rival en las recientes elecciones, y la candidata de la derecha tradicional chilena Evelyn Rose Mathei, obtuvo el segundo puesto con el 25.02 por ciento del voto. En contraste con Michelle Bachelet, Evelyn Mathei es la hija del general en retiro de la Fuerza Aérea, Fernando Mathei y estrecho colaborador de Augusto Pinochet. El participó en el proceso de persecución del padre de Michelle Bachelet. En 1988 durante el referéndum sobre la continuidad de Pinochet en el poder, Evelyn Mathei fue una activa promotora del voto Sí para mantener ocho años más al sanguinario dictador al mando del país.
Así es el Chile actual. En las pasadas elecciones presidenciales, sólo se sufragó la mitad de los habilitados pues la mayoría de los 17 millones de ciudadanos chilenos no creen en ninguna de las dos candidatas presidenciales y consideran que tanto con la presidenta centroizquierdista como con la derechista Chile estará atado al modelo neoliberal y no esperan cambios sustanciales en el país que es presentado en la última década por la prensa globalizada como "el Tigre Latinoamericano" en términos económicos. Es cierto que en los últimos 10 años el índice de crecimiento rondaba alrededor de un cinco por ciento. De acuerdo al director de la organización no gubernamental (ONG) "Educación 2020", Mario Waissbluh, "Chile representa el más neoliberal modelo económico en el mundo. Los pilares del neoliberalismo, Estados Unidos y Gran Bretaña, comparando con Chile, parecen países socialistas".
En Latinoamérica, Chile está ubicado en el quinto lugar por la desigualdad económica. Entre 2000 a 2009, el 20 por ciento de los más pudientes eran dueños del 58 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 20 por ciento de pobres tuvieron acceso a sólo el 4 por ciento. El sistema de pensiones hasta ahora mantiene el modelo instalado en la época de Pinochet basado en el dominio de fondos privados. El actual presidente Sebastián Piñera tuvo que reconocer que "la mitad de los chilenos no tienen acceso al Fondo de Jubilación y de los que lo tienen, el 40 por ciento están recibiendo el mínimo de beneficios". En el 2011 esto significaba unos 180 dólares al mes.
El sistema educativo heredado de Pinochet es considerado como el segundo más caro en el mundo después de Norteamérica. El 50 por ciento de la educación secundaria y el 90 por ciento de la universitaria están en manos del sector privado. En términos del costo esto significa que una familia de la clase media está obligada a destinar un 40 por ciento de su ingreso al pago de la educación universitaria de sus hijos. Esto implica la existencia de segregación social en el sistema educativo, por la cual Chile obtuvo el 64 lugar entre los 65 países evaluados por la Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos (OECD) en 2009.
Precisamente las promesas de solucionar estos problemas llevaron a la candidata del bloque socialista de orientación centro izquierda, Michelle Bachelet a la presidencia de la república en 2006. Sin embargo, sus ideas socialistas se opacaron rápidamente en un sistema al que la sombra de Pinochet no dejaba libre. Durante cuatro años de su presidencia (2006-2010) la dirigente socialista de rostro sonriente y estilo tranquilo se transformó en una líder pragmática concentrada más en mantener la estabilidad macroeconómica del país que en el cumplimiento de sus promesas. No pudo cambiar el sistema educativo a pesar de un fuerte movimiento de los estudiantes de secundaria llamados, "pingüinos". Hizo algo respecto a la sanidad y derechos de la mujer.
Sin embargo, el sistema neoliberal que abrazó Bachelet no ofreció muchas posibilidades para poder hacer cambios socioeconómicos en el país y redistribuir el ingreso. Las grandes corporaciones seguían consiguiendo más ganancias que en cualquier otro país de América Latina. En la política exterior, Bachelet, según sus propias palabras optó por "convergencia con el poder hegemónico del planeta", es decir con los Estados Unidos. Sin duda alguna la beca de un año en el Colegio Interamericano de Defensa en Fort Lesley J. McNair influyó mucho en su alejamiento de las ideas socialistas o simplemente progresistas. Su gobierno siguió aplicando la ley antiterrorista del gobierno de Pinochet especialmente hacia las comunidades nativas mapuche, persiguiendo inclusive a los menores de edad como terroristas a base de testigos secretos. El único delito de los mapuches es reclamar el derecho a su territorio ancestral.
Al no lograr la mayoría ninguno de los candidatos en los comicios del 17 de noviembre pasado, Michelle Bachelet está preparándose para la segunda ronda que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre. Lo interesante es que su plan de gobierno de 200 páginas recibió una evaluación positiva de las instituciones neoliberales. J.P. Morgan Latin American Equity Research Center, en su último informe resaltó que se quedó "sorprendido positivamente" por el programa "moderado" de Bachelet que incluye "muchas ideas en apoyo al mercado libre" y que define como la "prioridad del gobierno asegurar el crecimiento económico". También la candidata de la Nueva Mayoría empezó a suavizar sus consignas tipo "¡Educación gratuita y de Calidad!"," ¡Nueva Constitución!" etc. para ganarse nuevos votantes que se asustan de las posibles reformas de toque progresista.
Tomando en cuenta el pragmatismo de Michelle Bachelet, es difícil esperar grandes cambios en su próximo gobierno que formaría si logre votos necesarios en las próximas elecciones en el país. Existen todas las condiciones para que las gane puse tiene el aval tanto del Partido Comunista como del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El país ya se cansó del multimillonario presidente Piñera y no tiene otra alternativa a Bachelet. Al mismo tiempo su coalición Nueva Mayoría (NM) consiguió 68 escaños frente a los 48 que logró el conglomerado de la derecha, Alianza por Chile, sobre un total de 120 miembros de la Cámara de Diputados. También en el Senado la NM obtuvo 21 curules de los 38 existentes y la derecha se redujo a 16 senadores además de un independiente.
Los cuatro exdirigentes estudiantiles: Giorgio Jackson, Gabrielm Borick, Karol Cariola y Camila Vallejo de orientación progresista, siendo las dos últimas comunistas darán sin duda nueva vida al Congreso y bastante ajetreo a los sectores de la derecha. También los ex pingüinos presionarán fuertemente a Bachelet para que cumpla con algunas de sus promesas especialmente en lo respecto a la educación, salud y el cambio de la constitución.
Ya los jóvenes, dieron el mensaje a Bachelet cuando el pasado 17 de noviembre, el día de las elecciones, los estudiantes agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) tomaron el cuartel general de Michelle Bachelet declarando que "El Movimiento Estudiantil en su conjunto tiene la claridad que más allá de los resultados de las elecciones, el próximo año y los que vienen serán de lucha y organización. Hoy la antigua Concertación se disfraza de la Nueva Mayoría, ha tomado nuestras demandas llevándolas a un programa que sabemos que no cumplirán, deformándolas y convirtiéndolas en propuestas para la clase empresarial y alejándolas de su origen: el movimiento social… Trabajaremos incansablemente por la articulación transversal de las luchas de hoy y las de mañana. Salga quien salga electo, seguiremos consecuentes y firmes con el movimiento social".
Sin duda alguna, estos nuevos vientos que soplan en Chile darán mucho dolor de cabeza a los futuros gobernantes del país que está atado fuertemente al neoliberalismo y a una casi íntima relación comercial, financiera e ideológica con los Estados Unidos. Pero la historia demuestra que ninguna atadura es eterna y el destino de cada país no depende tanto de sus gobernantes como de la voluntad de su pueblo. Está llegando la hora de las nuevas generaciones de los chilenos los que determinarán el futuro de su país guiados, como decía Víctor Hugo, por "la llama que arde en sus ojos".
Ver artículo...
" Fuente Artículo

Información: NARCOINDULTOS: NOTICIAS DE BRASIL - 30/10/2013 11:19:14

" A todos sorprendió el cambio de versión de Carlos Butrón dos Santos "Brasil", en relación con el caso narcoindultos. Pero, durante los últimos días, varios indicios apuntan hacia quienes produjeron esta sorpresiva variación del testimonio del narcotraficante, procesado por el cobro de cupos para la obtención de indultos y conmutaciones.
La primera pista fue dada el jueves por Daniel Yovera en Buenas Noches: la versión de un abogado de un colaborador eficaz en el caso narcoindultos, quien señala que recibió ofertas económicas de allegados al exministro Aurelio Pastor para que varíe su versión. Hay que recordar que colaboradores eficaces han declarado en este caso.
El segundo indicio fue enunciado por Augusto Álvarez Rodrich al día siguiente: las únicas personas que, además del fiscal Walter Delgado, podían acceder a los documentos exhibidos por "Brasil" eran los abogados de Miguel Facundo Chinguel.
El domingo, el tema fue cobrando más impulso. Cuarto Poder presentaba un reportaje en el que contrastaba las versiones de Butrón Dos Santos, dirigentes apristas, el procurador Julio Arbizu y el presidente de la Megacomisión Sergio Tejada. Dos datos fueron los claves:
a) Uno de los abogados de Miguel Facundo Chinguel, Edward Álvarez Yrala, trabajó en el estudio de Luis Nava Guibert, secretario de Palacio de Gobierno en el segundo periodo de Alan García. Así consta en su CV puesto en la web de su estudio de abogados.
El dato es importante, pues Yovera encontró una reunión entre Nava y Facundo Chinguel en Palacio en 2008. Nava también reconoció la existencia de 6 reuniones con el funcionario, pero negó que se trataran temas vinculados a gracias presidenciales, los que se discutían, según Nava, con el funcionario de Palacio Julio Zavala Hernández. Facundo Chinguel colaboró con la campaña de Nava al Parlamento Andino, tanto con contribuciones económicas como con obras sin permiso en San Juan de Lurigancho.
b) Mariano Freddy de la Cruz Huamán, abogado de "Brasil", es un exjuez destituido por favorecer a dos rankeados narcotraficantes.
El círculo comienza a completarse hoy. En Diario 16, un reportaje de Laura Grados tiene tres datos claves:
UN ABOGADO DE FACUNDO CHINGUEL EN BRASIL: Como lo demuestra el registro migratorio, el abogado Julio César Olórtegui estuvo en Brasil en los primeros días de octubre:
En esos días, como ha señalado la periodista Mónica Vecco, Carlos Butrón Dos Santos comenzó a contactarla para darle alguna información relevante, lo que terminó en la interceptación de los correos de la exasesora de la Megacomisión.
Olórtegui fue el abogado que presentó un recurso para sacar a Facundo Chinguel de la cárcel, sin éxito. Ha sido funcionario de Serpost, entidad estatal donde el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales era miembro del directorio y, además, donde se descubrió que operaban personas que obtuvieron su conmutación durante la gestión de Facundo para sacar drogas al exterior. Actualmente, según su cuenta en Linkedin, Olórtegui chambea en Facundo Abogados, el estudio del hoy preso militante aprista.
Dato adicional de DTP: Olórtegui estuvo activo en la revocatoria, interponiendo denuncias contra Susana Villarán.
LOS PAPELES EN PODER DE DEL CASTILLO
Como menciona Grados:
en el programa "La hora N" (edición del lunes 21 de octubre, un día después del cambio de versión de "Brasil"), el aprista expremier Jorge del Castillo mostró otro documento que contenía la declaración del colaborador eficaz 001. Del Castillo reveló su nombre y dio detalles de lo que contenía su declaración para intentar deslegitimar a los investigadores. El detalle es que el documento mostrado por Del Castillo también pertenece al mismo folio del documento que mostró "Butrón dos Santos en su rectificación. Mientras "Brasil" mostraba su propia declaración ante la Fiscalía, el expremier exhibía a otro colaborador eficaz. Ambos papeles estaban solo en posesión del fiscal Delgado Tovar y de los abogados del encarcelado Facundo Chinguel.
EL OTRO NEXO APRISTA
Aquí el dato final del reportaje de Grados, que termina de completar el círculo:
los defensores del encarcelado aprista Facundo Chinguel como el nuevo abogado de Butrón dos Santos, Mariano de la Cruz Huamán, están más que vinculados al partido de la estrella.
El 23 de octubre de este año, De la Cruz Huamán se apersonó al despacho del fiscal que investiga los narcoindultos, Walther Delgado Tovar, para presentar un escrito en el que se presentaba como el nuevo abogado de alias "Brasil".
El letrado en mención figura actualmente como integrante del estudio jurídico Delgado y Asociados SAC, de propiedad del aprista de carné José Luis Delgado Núñez del Arco, conocido como "Pepe Lucho", excongresista aprista en el periodo 2001-2006 y amigo fraterno del expremier Jorge del Castillo.
Pero no es el único vínculo que une al nuevo abogado de "Brasil" con juristas del APRA. Mariano de la Cruz Huamán participó, hace solo unas semanas, de una audiencia del juicio que se le sigue al capitán Gilmer Vilca Torres, quien está siendo procesado por el delito de cohecho pasivo propio, por liberar, a cambio de una fuerte suma de dinero, al denunciado por tráfico ilícito de drogas y robo agravado Arminio Blas.
La audiencia se realizó el jueves 3 de octubre pasado. De la Cruz Huamán asistió en representación del abogado del capitán Vilca Torres, Edward Álvarez Yrala, el mismo que defiende en la actualidad a Miguel Facundo Chinguel, principal acusado en el caso de los narcoindultos.
Pero Delgado Nuñez del Arco no es cualquier aprista, según ha podido comprobar Desde el Tercer Piso. Durante el segundo gobierno de García, recibió el encargo de elaborar una ley de radiodifusión estatal, por encargo de Jorge del Castillo. El nexo de amistad entre George y Pepe Lucho ha sido mencionado por La República en un reportaje. Mientras el excongresista aprista participó en dos desagravios a Del Castillo en los últimos años y la esposa de Delgado fue nombrada jefa de SUNARP cuando George era Premier.
Y, para completar el círculo, Facundo Chinguel, Del Castillo y Delgado Nuñez del Arco formaron parte de la misma lista parlamentaria en 2006.
Todo apunta a que estamos ante la punta del hilo de la madeja.
(Foto: El Comercio, sobre imagen de Canal N)
Ver artículo...
" Fuente Artículo

Noticia, Exigen subsanar vacíos legales ante cibercrimen - 29/08/2013 11:12:54

"La cibercriminalidad va en aumento. Así, un aspecto relevante pawra este diagnóstico es el incremento de la clonación de tarjetas con transferencia fraudulenta durante los últimos años.
De ahí que resulta necesario el inmediato debate y, de ser posible, la aprobación del proyecto de ley de represión de la ciberdelincuencia, presentado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.
En opinión del experto y miembro del Estudio Torres y Torres Lara Abogados, Alonso Morales Acosta, de prosperar la iniciativa presentada con el respaldo de la Asociación de Bancos (Asbanc) nuestro país se pondría a tono con las demás naciones en este tratamiento normativo.
Planteamiento
Aunque lo fundamental, dijo, es que permitirá subsanar importantes vacíos legales para sancionar con severidad la incidencia de estos ilícitos. Entre ellos, citó la clonación de tarjetas de crédito o de débito, que pese a su alta incidencia a la fecha no está tipificada.
Tampoco existen penas para los implicados en delitos informáticos como el phishing, que se basa en la clonación fraudulenta de los sitios web bancarios y generar sistemas informáticos fraudulentos, todo ello para acceder a las cuentas y sustraer el dinero.
"Lo más importante del proyecto es que ya no se sancionaría solamente el tener acceso a los sistemas informáticos y lograr perjudicar al cliente mediante la sustracción de fondos sino también el mero hecho de acceder a la información sin autorización como una especie de delito de peligro", afirmó el especialista.
Por tanto, agregó, se pretende evitar que las personas traten de acceder a los datos de terceros indebidamente, lo cual constituye un vacío legal en el tratamiento de la represión de la cibercriminalidad que se está tratando de subsanar.
Según esta iniciativa, se sancionaría con pena de cárcel no menor de uno ni mayor de cuatro años y con 30 a 90 días multa a quien acceda sin autorización a todo o parte de un sistema informático siempre que se realice vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo. Igual sanción se impondría al que lo haga excediendo lo autorizado. Por tanto, se pretende penalizar el acceso ilícito a esos sistemas e incorporar el art. 208 -A al Código Penal como parte del Título V-A Delitos contra los datos y sistemas informáticos.
En general, la propuesta recoge delitos informáticos que constituyen reinterpretaciones teleológicas o modificaciones de tipos penales existentes.
Más tipificación penal
El proyecto de ley de represión de la cibercriminalidad plantea la tipificación penal de conductas como el acceso ilícito a un sistema informático, los atentados a la integridad de datos o sistemas informáticos, los abusos de dispositivos o mecanismos informáticos y su interceptación indebida.
En estos casos, los bienes jurídicos que se pretende proteger y cuya lesión o puesta en peligro se busca sancionar son los sistemas y datos informáticos, pues debido al avance de las tecnologías de la información, dichos bienes tienen importancia para el desarrollo de la persona y la comunidad.
Diario El Peruano (29/08/2013)
Ver artículo...
" Fuente Artículo

Noticia, ¿Por qué los "socialistas del siglo XXI" se parecen cada vez más a los liberales de extrema derecha? - 11/07/2013 4:07:08

"(Bolpress). Los pueblos indígenas del continente aún sufren discriminación extrema, son desplazados de sus tierras y no participan efectivamente en la toma de decisiones políticas y económicas. Los organismos internacionales están muy preocupados por la continua vulneración del derecho indígena a la consulta previa en Bolivia, donde gobierna el "primer presidente indígena" de la región.
La Asamblea General de Naciones Unidas ha dedicado dos Decenios Internacionales consecutivos al análisis de la situación de los Pueblos Indígenas del mundo. En el primer decenio 1995-2004 creó el Consejo Económico y Social y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI) con el mandato de examinar los problemas relativos al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos de los pueblos originarios.
La máxima instancia de la ONU adoptó un plan de acción para el segundo decenio 2005-2014 que busca promover la inclusión de los derechos de pueblos originarios en legislaciones internacionales, regionales y nacionales relativas a políticas de desarrollo y recursos naturales.
En 2007 la ONU aprobó la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, un instrumento complementario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que legitima los derechos de esos pueblos al uso y acceso a la tierra, agua, océanos y humedales, y a los beneficios generados por la explotación de recursos naturales.
La Declaración de la ONU legitima el derecho indígena a mantener y fortalecer su relación espiritual con la tierra; a controlar sus territorios y patrimonio cultural, y a adoptar planes de desarrollo coherentes con sus tradiciones y conocimientos ancestrales. Además, reafirma la necesidad de que los Estados reconozcan legalmente las tradiciones, costumbres y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos originarios; y que asuman la responsabilidad de restituirles los territorios y recursos confiscados, tomados u ocupados.
Pese a que una gran mayoría de países del continente son signatarios del Convenio 169 y de la Declaración sobre los Derechos Indígenas, muchos Estados vulneran el derecho a la consulta previa, reconocidos por esos instrumentos jurídicos, y además reprimen a los indígenas que se atreven a reclamar.
"Tenemos motivos para celebrar el progreso alcanzado; sin embargo no podemos conformarnos ya que aún existe una amplia brecha entre la realidad y los principios de la Declaración", admitió la alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navi Pillay en la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto de 2010.
Pillay afirmó que las "continuas violaciones" de los derechos indígenas en todas las regiones del mundo "merecen nuestra máxima atención y acción". Y es que "la situación ha empeorado inclusive en los Estados donde hubo mayores avances", como Bolivia y Ecuador, lamentó Bartolomé Clavero miembro del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas.
A Clavero le sorprendieron los cambios políticos en gobiernos de "centro derecha y centro izquierda" que empezaron a "infravalorar la presencia indígena", y en la actualidad abren los territorios indígenas a las corporaciones extranjeras en nombre del "desarrollo económico" y del "interés general". Con ese argumento, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impulsa una Ley en Honduras que vulnera los preceptos del Convenio 169.
El eje del problema es el modelo de desarrollo imperante que antepone los intereses de las corporaciones transnacionales a los derechos humanos de los originarios. El relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya ha documentado innumerables casos en el último año.
Muchos pueblos originarios de la región se han visto obligados a abandonar sus tierras y han perdido sus medios de subsistencia como consecuencia directa de la explotación de petróleo, gas y minerales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación por la continuidad de prácticas violatorias de derechos, tales como la construcción de mega represas y la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y afrodescendientes, poniendo en riesgo su supervivencia. ([1])
Anaya y la CIDH han emplazado a los Estados a cumplir con su obligación de consultar de buena fe a los pueblos originarios, con el fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de aprobar y ejecutar cualquier proyecto en sus territorios ancestrales. Es así que la CIDH instó al gobierno de Brasil a detener las obras de construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte hasta tanto no se consulte a los indígenas que habitan el Rió Xingu.
La medida cautelar está respaldada por el derecho internacional, pero el gobierno brasileño la calificó de "injustificada y precipitada". El propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza recomendó a la CIDH "asesorar" a los Estados en vez de tratarlos como violadores de derechos humanos.
Insulza insinuó que la vulneración de los derechos indígenas no es tan grave como la tortura, las desapariciones forzadas u otras violaciones de derechos humanos. Estas "desafortunadas declaraciones constituirían una preocupante interferencia de un órgano político de la OEA en la autonomía e independencia del sistema interamericano de derechos humanos", criticó Amnistía Internacional (AI).
Las normas internacionales de derechos humanos debieran protegen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales frente a las nuevas amenazas para la región, en particular los impactos de los planes de desarrollo económico. Los megaproyectos como la represa Belo Monte en Brasil o la mina Marlin en Guatemala pueden afectar profundamente los derechos humanos de personas y comunidades, argumentaron AI y decenas de organizaciones sociales del continente.
Conflictos socioambientales en Bolivia
Desde 2010 se registran innumerables conflictos socioambientales en Bolivia, protagonizados por pueblos indígenas que no se sienten representados ni beneficiados por el nuevo Estado Plurinacional. Y es que el plan de desarrollo extractivista del gobierno de Evo Morales impacta negativamente en sus sistemas económicos, sociales, culturales y ambientales.
Según el artículo 352 de la Constitución Política del Estado, la explotación de recursos naturales en territorios indígenas está sujeta a un proceso de consulta libre, previa e informada a los dueños del territorio, la cual debe ser convocada por el Estado, respetando las normas y procedimientos propios de los pueblos afectados.
Sin embargo, la política económica del gobierno de Evo Morales ha entrado en franca contradicción con los preceptos de la Constitución y de los convenios internacionales. El Ejecutivo impone proyectos de desarrollo industrial vulnerando el derecho a la consulta previa y causando graves daños ambientales en territorios indígenas y campesinos.
Por ejemplo, las comunidades del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) rechazan la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que parte en dos a su TCO; mientras que la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Yacuiba está en contra de la exploración de yacimientos de petróleo en la reserva acuífera de Aguaragüe al sur del país. [2]
En 2009 los pueblos indígenas leco y mosetén del norte de La Paz denunciaron que YPFB inició actividades petroleras en su territorio sin consultar antes a sus ocupantes. Se trató del primer reclamo público, que luego desencadenó protestas en varias comunidades afectadas por la explotación de recursos naturales.
Los pueblos indígenas de la Amazonía y del Chaco comenzaron a denunciar la vulneración de su derecho a la consulta previa en el segundo semestre de 2009. El primer conflicto estalló entre mayo y julio de 2009 a raíz de la licencia concedida a Petroandina para la explotación de hidrocarburos en el norte de La Paz, en perjuicio de los pueblos mosetén, leco, tacana y chimán. [3]
En agosto de 2008 comenzaron las negociaciones con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) que aglutina a ocho organizaciones. ([4]) La empresa negoció rápidamente con los gremios campesinos y suscribió un acuerdo, pero no pudo convencer a los grupos indígenas.
Los indígenas pidieron garantías de seguridad para sus territorios y sobre todo la titulación de TCOs pendientes. Los debates se estancaron y la empresa prefirió continuar negociando directamente con las comunidades de Tomachi, Ullapi y San Juanito, por donde pasan las líneas sísmicas, desautorizando de esta manera a sus organizaciones matrices CPILAP, OPIM y PILCOL.
El 19 de mayo de 2009, YPFB-Petroandina SAM obtuvo la licencia ambiental para iniciar trabajos de exploración en el bloque Liquimuni de 675 mil hectáreas, ubicado en Caranavi; y el 1 de julio los Ministerios de Hidrocarburos y Medio Ambiente oficializaron la licencia para el tendido de líneas sísmicas en territorios de algunas comunidades afiliadas a la OPIM y PILCOL.
El 2 de julio, el presidente de la CPILAP José Ortiz y representantes de la OPIM y PILCOL impugnaron la licencia ambiental concedida a Petroandina, alegando que el proceso de consulta fue irregular. Los dirigentes denunciaron que el Ministerio de Hidrocarburos y sus técnicos manipularon la consulta y pasaron por encima de las organizaciones locales. No brindaron información necesaria, no dieron suficiente tiempo a los dirigentes para planificar un mecanismo de consulta democrático, e inclusive falsearon acuerdos recabando firmas de niños.
Lo peor de todo fue que la petrolera dividió a las organizaciones sobornando a caciques de Covendo, Villa y San Pedro de Cogotay. Petroandina SAM "nos ha dividido orgánicamente comprando al compañero José Tupa Gonzales y a otros ex dirigentes", denunció el presidente de PILCOL Walter Pinto.
El cacique mosetén de Covendo Enrique Romero se puso de lado del Ministro de Hidrocarburos, dijo que su comunidad estaba de acuerdo "con el desarrollo del norte de La Paz", y denunció el 29 de julio que algunas ONG como el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) "tienen intereses ocultos".
El cacique de Simay Daniel Gigasi reveló que una de las primeras consecuencias de la avanzada petrolera fue el "rompimiento de la estructura dentro de la comunidad y de la organización a nivel local, regional y la nacional". Se generalizaron sentimientos de desconfianza entre vecinos, familiares y compañeros; los dirigentes perdieron autoridad, y las organizaciones comunitarias comenzaron a debilitarse. Prueba de ello fue la creación del Consejo Regional Indígena Leco Larecaja (CRIL), una asociación paralela a la PILCOL que obtuvo muy rápido su personería jurídica.
Petroandina no cumplió ni siquiera compromisos mínimos y no atendió las mayores preocupaciones de las organizaciones indígenas, como por ejemplo la apertura de sendas, el desmonte del bosque para instalar campamentos y la invasión de extraños a su territorio. La petrolera contrató a "consultores ambientalistas" en las mismas comunidades, dizque para que vigilen las obras y cuiden los recursos naturales y ojos de agua; pero en realidad los contrató para que abran sendas. Todo fue una mentira.
El segundo conflicto fue protagonizado por pueblos indígenas guaranís y weenhayek, quienes advirtieron que no permitirán el inicio de operaciones de Petrobras y de la británica British Gas (BG) en el Chaco de Tarija mientras no se desarrollen proyectos productivos y se generen empleos locales. El pueblo weenhayek exigió 11 millones de dólares como compensación a BG Bolivia y finalmente firmó un acuerdo por 2 millones de dólares.
El director general de Gestión Socio Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos Omar Quiroga informó que en 2007 se realizaron cinco procesos de consulta previa; cuatro en 2008 y cinco en 2009, haciendo un total de 14 procesos concluidos en tres años. Aseguró que en 2010 al menos tres comisiones de funcionarios de la Dirección General de Gestión Socio Ambiental (DGGSA) visitaron Camiri, Montegaudo y Yacuiba con el fin de concretar procesos de consulta y participación para los proyectos Sísmica 2D del Bloque Iñau, la Sísmica 3D del Bloque San Antonio y el Gasoducto de Integración Juana Azurduy.
Según la autoridad, la gestión 2010 marcó un punto alto en la labor de informar a las comunidades campesinas y tierras comunitarias de origen sobre el impacto de los proyectos de hidrocarburos o electricidad en sus territorios. Ese año se completaron siete procesos de consulta, para sumar un total de 21 procesos concluidos.
Para 2011, la DGGSA tiene planificados 12 procesos de consulta y participación, además de ocho consultas anunciadas, sumando un total de 20 procesos. "El desafío de este año es extremadamente grande, ya que con 20 procesos estaríamos prácticamente duplicando la cantidad de consultas de los cuatro años anteriores" destacó Quiroga. [5]
El gobierno "antiindígena"
Los hechos demuestran que el derecho a la consulta previa no tiene plena vigencia en Bolivia. En realidad, el propio Estado considera que la consulta previa es un obstáculo para las inversiones, y por ello ha decidido "reglamentar" ese derecho con el fin de acelerar la explotación de hidrocarburos y minerales.
Durante la declaratoria del nuevo reservorio de Aquío X-1001 en Caraparicito, Santa Cruz, el Presidente Morales dijo que ""a veces las consultas ya no son tanto para conservar el medioambiente, sino son un chantaje y hasta una extorsión a las empresas, al Estado o a Yacimientos".
Tiempo después, Morales criticó a "algunas ONG que se pronuncian por una "Amazonía sin petróleo, lo que quiere decir que no habrá gas ni petróleo para los bolivianos. ¿De qué vivirá Bolivia si algunas organizaciones dicen Amazonía sin petróleo? Están diciendo en otras palabras que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya IDH (impuestos), que no haya regalías".
El 14 de julio de 2010, el presidente de YPFB Carlos Villegas acusó a algunas ONGs de "asumir una actitud hostil y una postura no acorde con la realidad del país"; y el 21 de septiembre fustigó a los indígenas que reclaman "indemnizaciones y compensaciones sobredimensionadas, que en muchos casos exceden con creces la disponibilidad de la empresa".
Villegas culpó a los indígenas de la postergación de planes de inversión, y anunció que el Ministerio de Hidrocarburos elabora una disposición legal que permita que los reclamos sociales "ya no sean un obstáculo para la inversión".
El gobierno de Morales continúa negociando contratos para la explotación de hidrocarburos sin consultar a las comunidades afectadas, y comenzó a elaborar nuevas normas y reglamentos que restringen el derecho a la consulta previa, amplían las concesiones y flexibilizan las normas ambientales.
La protesta de los originarios recrudeció y alcanzó repercusión internacional luego de la emblemática marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) a mediados de 2010. Pero el gobierno no escucha los reclamos y prefiere estigmatizar cualquier expresión de descontento. [6]
El Ejecutivo despliega una furiosa campaña mediática para desprestigiar al movimiento indígena e intimida a sus dirigentes. El ex prefecto oficialista del departamento de La Paz Pablo Ramos fue uno de los encargados de hacer callar al indio más rebelde, el mallku de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) Rafael Quispe.
"Cuando empezó el (problema minero) de Corocoro, Pablo Ramos me dijo "por qué tanto reclamas por los medios de comunicación; nos sentaremos en el hotel Europa y hablaremos con el jefe (Evo Morales) para que ya no molestes sobre este tema", reveló Quispe a la Red Erbol.
De manera simultánea, el oficialismo intenta fracturar a las organizaciones repartiendo ingentes cantidades de dinero. El presidente de la CIDOB Adolfo Chávez reiteró que el Ejecutivo y YPFB compran a dirigentes para que autoricen la explotación de recursos naturales en sus territorios.
Quispe denunció que el gobierno de Morales soborna a algunos dirigentes de las organizaciones sociales con fondos de la Cooperación Española administrados por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesinas y Comunidades Interculturales de Bolivia (Coincabol).
"Coincabol es un apéndice del Fondo Indígena, encabezando por el señor Freddy Condo y de ahí viene el control político", aseveró Quispe e señaló que los operadores del gobierno son los senadores Isaac Ávalos y Fidel Surco, ex dirigentes campesinos.
El diputado opositor Adrián Oliva denunció que seis días antes del frustrado gasolinazo de diciembre de 2010, la ministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo entregó 1.400 millones de bolivianos al Pacto de Unidad integrado por gremios campesinos afines al MAS.
Pisotean los derechos indígenas en todo el continente
El 25 de marzo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció tres casos de violación del derecho de los pueblos indígenas en una audiencia regional titulada "Jurisdicción indígena y derechos humanos". El organismo resaltó que la violación del derecho a la jurisdicción indígena, reconocido en el derecho internacional, constituye una manifestación del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas.
El Convenio 169 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a controlar sus instituciones y formas de vida, su derecho consuetudinario y sus métodos de control de delitos. La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) reconoce que los sistemas jurídicos indígenas son parte de su autonomía o libre determinación.
Sin embargo, las rondas campesinas del Perú, una forma de administración de justicia y solución de conflictos de familia, robo, abigeato, homicidios, contaminación ambiental, entre otros casos, han sido denunciadas ante las autoridades como delito de secuestro, usurpación de funciones u otros, habiendo más de mil autoridades ronderas y miembros de comunidades criminalizados.
Otro ataque a la jurisdicción indígena en Perú es el de la Comunidad nativa "Tres Islas", conformada por familias del pueblo Shipibo y Ese"eja en el departamento de Madre de Dios. La comunidad decidió controlar el ingreso de taladores y mineros a su territorio. Empresas transportistas respondieron presentando un hábeas corpus por libertad de tránsito.
A fines de 2010, el Ministerio de Energía y Minas de Perú adjudicó 14 nuevos lotes de potencial petrolífero en la Amazonía a transnacionales, sin tener en cuenta los criterios de los nativos, con el argumento de que la Ley de Consulta Previa no había entrado en vigor.
En Venezuela, la lucha por territorio de las comunidades Yukpa en la Sierra de Perijá ha merecido una violenta ofensiva gubernamental y de sectores ganaderos. A pesar de que el caso tuvo lugar en territorio indígena y que las dos partes involucradas han invocado el respeto a la jurisdicción indígena, establecida en la Constitución y la ley, las autoridades venezolanas han vulnerado este derecho.
Se denunció que los dirigentes del movimiento Sabino Romero, Alexander Fernández y varios de sus familiares han sido torturados y sometidos a tratos degradantes por parte de efectivos militares y policiales. El 5 de mayo, el Grupo Venezuela dentro del Parlamento Indígena de América analizó un plan de trabajo para atender las demandas puntuales de los pueblos originarios. Los recién designados presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes acordaron acelerar la funcionalidad del ente que por varias razones no había sesionado antes.
El gobierno Venezolano decidió aprobar una reforma parcial del decreto presidencial 7855, que adscribió a la Vicepresidencia de la República la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas. La normativa establece que el despacho del vicepresidente Elías Jaua dirigirá el trabajo del equipo, destinado a garantizar la conservación y el reconocimiento de las formas de vida de los pueblos originarios.
Por otro lado, el 21 de abril de 2011 la CIDH solicitó al gobierno de Argentina que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad indígena qom, para garantizar "la integridad física" de sus miembros, así como también el regreso de su cacique Félix Díaz a su hogar. (Página 12)
La intervención del organismo internacional fue requerida por la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diciembre del año pasado, tras la represión que sufrió el pueblo originario el 23 de noviembre de 2010, cuando murieron el indígena Roberto López y el policía Heber Falcón. Los originarios fueron desalojados y reprimidos cuando se manifestaban en la ruta 86 por la recuperación de 1.300 hectáreas de territorios ancestrales.
La CIDH pidió al gobierno argentino que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" de los qom "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales".
De otra parte, la CIDH de la OEA solicitó al gobierno de Brasil la suspensión inmediata del licenciamiento y construcción de la represa de Belo Monte, en el estado de Pará, argumentando que el proyecto podría perjudicar los derechos humanos de las comunidades de la cuenca del río Xingú.
El 1 de abril la CIDH emitió la Medida Cautelar 382/10 a favor de los indígenas de Arara de la Volta Grande do Xingu; Juruna de Paquiçamba; Juruna del ""Kilómetro 17""; Xikrin de Trincheira Bacajá; Asurini de Koatinemo; Karara
Consulte la Fuente de este Artículo