Gestión Pública del Perú y el Mundo: La policía nacional y El sistema de justicia

Es Noticia, CASO BAGUA: SE INICIA JUICIO POR SUCESOS EN LA CURVA DEL DIABLO - 13/05/2014 17:02:36

" Bagua. 5 de junio de 2009. 33 peruanos, entre policías y nativos, pierden la vida en lo que constituyó la mayor tragedia de la década pasada. Un mayor de la Policía Nacional del Perú aún continúa desaparecido. Y mañana se iniciará un juicio oral por parte de los sucesos de Bagua. ¿Sobre cual porción de esta historia se concentrará el proceso? Explica Jacqueline Fowks para El País:
Pese a las pruebas de las coordinaciones logísticas y de transporte para que los miles de manifestantes volvieran a sus comunidades desde el 5 de junio, la orden desde Lima se mantuvo y el viernes 5 empezó a las 5:30 con disparos desde helicópteros y desde lo alto de un cerro en la Curva del Diablo. El informe de Gómez y Manacés indica que un grupo de manifestantes, hombres y mujeres, sin armas se acercaron a subir al cerro.
Uno de ellos, Manuin, hizo señales para pedir el cese del fuego y recibió varios disparos en el abdomen. La principal radio de noticias de Lima informó posteriormente de que había muerto. Los policías no tenían equipos de comunicación efectivos, no habían hecho un reconocimiento completo de la zona antes de subir y un grupo fue rodeado por los manifestantes, quienes les arrebataron los fusiles AKM.
El proceso judicial no comprende los hechos ocurridos en la Estación 6, donde varios policías fueron ultimados por indígenas awajun luego de conocerse el desalojo de la Curva del Diablo, que es ventilado en otro expediente. También existen otros procesos por la desaparición del mayor Bazán y otro por la muerte de civiles tanto en la Curva del Diablo como en Uctubamba. Nuevamente, se vuelve a tener un error en el sistema de justicia, al partir un solo caso en varios procesos judiciales.
Claro está, tampoco están comprendidos los principales responsables políticos de la tragedia de Bagua, quienes serán llamados como testigos en este proceso.
En el juicio por los sucesos de la Curva del Diablo se procesará a 53 personas, para las que se pide penas entre 35 años de cárcel y cadena perpetua. Se les imputa los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, rebelión, sedición, entre otros. Los defensores de estas personas señalan que ellos no son los responsables de estos sucesos y que no existen pruebas para acusarlos. Entre los procesados están los líderes indígenas Santiago Manuin y Alberto Pizango, cuyas actuaciones frente a los sucesos de Bagua fueron políticamente distintas.
La Defensoría del Pueblo ha solicitado algunas garantías básicas en este proceso judicial: dedicación a exclusividad de la Sala Penal de Apelaciones de Bagua al caso, sesiones diarias para reducir costos y la presencia de intérpretes para las personas que no hablen castellano.
Este primer proceso judicial debería comenzar a aclarar algunas responsabilidades en torno a lo ocurrido en Bagua, pero no debe ser el único, a la luz de lo antes descrito. Y, por supuesto, más allá de lo judicial, va siendo hora que el triste legado de Bagua comience a ser revertido con políticas sobre nuestros pueblos indígenas que no sean un mero saludo a la bandera.
(Foto: Caretas)
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Que opina usted? Medina: Perú podría vivir violencia de México si no se lucha integralmente contra el crimen y narcotráfico - 04/03/2013 13:38:44

" Ideeleradio.- Las instituciones, la sociedad civil y la ciudadanía en general tienen que ser menos inertes y menos indiferentes, porque si no se enfrenta integralmente al crimen organizado, al narcotráfico y a la inseguridad ciudadana, en el Perú podría replicarse el clima de violencia que se vive en México, opinó la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo.
Fue al considerar que no se está trabajado lo suficientemente en esta materia y al estimar que un escenario negativo sería lamentable para las futuras generaciones.
"[¿Si seguimos así con esa dejadez, sí podemos caminar rápido a un escenario como México y Colombia?] Claro, yo creo que la indiferencia es la que marca esta situación ahora. La indiferencia de todo un poco, nosotros lo vemos diariamente a través de nuestros procesos, en la forma cómo se trabaja desde una noticia criminal. Entonces, creo que debemos ser menos indiferentes porque a todos nos toca en algún momento", expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"El hecho que a mí no me roben o el hecho que al ciudadano del frente todavía no le toque pasar por una situación de esas, no significa indiferencia. Entonces, con mayor razón para los servidores y funcionarios públicos que estamos al frente de este tema, de manera que tenemos que sensibilizarnos un poco más y ser menos inertes, ser menos indiferentes, porque esa indiferencia es la que favorece al crimen organizado y la delincuencia común, le da todo el camino para actuar impunemente", enfatizó.
Lucha contra la delincuencia es un trabajo compartido
Indicó que el Perú no merece transitar por el camino de la violencia que produce el narcotráfico. Por ello, invocó a las instituciones públicas del sistema de justicia a unificar esfuerzos para mitigar, reducir, los índices de inseguridad ciudadana, tras comentar que la lucha contra la delincuencia es un trabajo compartido.
"[¿Si no hacemos nada podemos dentro de un tiempo llegar a un escenario tipo el mexicano o el colombiano, en su momento?] Voy hablar casi a título personal y como institución esperemos y esperamos que nunca lleguemos a situaciones o climas como los que usted menciona [a un nivel de violencia tipo mexicano o colombiano, en su momento]. Para nada queremos [esa situación] si queremos nuestro país", dijo.
"Queremos a nuestros prójimos y conciudadanos, pero vuelvo a repetir el trabajo no es solo de una institución ni de dos ni de tres, es del país entero e inclusive de la ciudadanía, la sociedad civil y todas las organizaciones que tendrían que ver con el tema. Si no fuese así, realmente sería lamentable para las futuras generaciones", remarcó.
Tenemos que movernos ya
Medina Calvo sostuvo, además, que los resultados serían demasiado dramáticos si se realiza un análisis compartido en materia de crimen organizado, narcotráfico e inseguridad.
"Sería demasiado dramático [hacer un análisis conjunto del crimen organizado, narcotráfico e inseguridad ciudadana]. Al respecto, tendría que decir, "tenemos que movernos ya" […] todas las instituciones debidamente integradas, porque yo conozco y soy testigo de excepción del trabajo policial sobre todo en mi materia de los denodados esfuerzos que hace la Policía Nacional, sobre todo la policía especializada y, por otro lado, también está alrededor del crimen ordinario que es lo que hace la Dirincri", manifestó.
"La Policía Nacional, en efecto, hace sus esfuerzos, sin embargo eso va acompañado de buenas decisiones fiscales y de buenas decisiones a nivel de la judicialización, lo que percibe acá la comunidad es el efecto más allá de lo que nosotros podamos hacer antes de [algo]. Esto tendríamos que relevarlo en la medida que haya decisiones emblemáticas, precedentes emblemáticas, que lleven a la opinión pública a pensar distinto", acotó. Fuente Artículo

Información: Inaceptable política de "punto final" y reconciliación para violadores de Derechos Humanos - 01/09/2011 16:21:48

"Es inaceptable la posición del gobierno de Ollanta Humala de promover una política de ""punto final"" y reconciliación, tal y como lo expresara el Ministro de Defensa Daniel Mora. Por lo visto en menos de un mes el presidente Humala viola otra vez su juramento en San Marcos, donde se comprometió a defender una política de defensa de Derechos Humanos.
Una política de ""punto final"" y poner fin a los procesos judiciales a los militares que asesinaron y cometieron delitos de violación de los derechos humanos es una forma de darle impunidad a sujetos que ensuciaron con sangre de ciudadanos peruanos su uniforme y que avergüenzan a nuestras Fuerzas Armadas. Es un retroceso y un retorno a lo peor de la política fujimontesinista donde un gobierno, el de Fujimori, cedió a las presiones de un ex capitán expulsado del Ejército por traición a la patria.
Lo que debería hacer el gobierno de Humala es entregar la información pertinente al Sistema de Justicia para que proceda a actuar con la seriedad y distancia que el caso amerita.
No puede haber un silencio cómplice respecto a esta posición por una sencilla razón: estamos condenados a repetir la historia, de asesinatos y violaciones de derechos humanos, si es que no sancionamos a quiénes lo merecen.
Y es necesario actuar sin ambigüedades. Daniel Mora no declararía de motu propio. Es la posición del gobierno y no la de un Ministro que un día después no ha sido corregida por otro miembro del gobierno.
Reproduzco a continuación el texto de APRODEH tomado del FB de Javier Torres Seoane:
APRODEH rechaza declaraciones del Ministro Mora por considerarlas una nueva versión de amnistía encubierta
La solución de punto final es una solución de impunidad
La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, rechaza las expresiones del Ministro de Defensa Daniel Mora quien declaró que el Perú debe llegar a un acuerdo político de "punto final y reconciliación" para poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas militares y policiales acusadas de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
APRODEH considera inaceptable e inadmisible porque constituye una intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, en la búsqueda de impunidad para quienes serían responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Exigimos , que el ejecutivo cumpla con su obligación de entregar la información que tiene en su poder y que ha venido negando al sistema de justicia peruano y así garantizar su total independencia.
El tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia a señalado:
"4 (…) es del caso recordar que la jurisdicción internacional establece plantear expresamente que no pueden oponerse obstáculos procesales que tengan por propósito eximir a una persona de sus responsabilidades en graves crímenes y violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Esta afirmación se deriva, como ha sido señalado, de la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones que hubiesen sido cometidas y que estuviesen pendientes de juzgar (…)
Francisco Soberón, Director ejecutivo de APRODEH, señaló que "en los últimos años, la posibilidad de determinar responsabilidades individuales a estas graves violaciones se ha visto impedida por la nula colaboración del sector defensa con el Ministerio Público y las autoridades judiciales. La inacción del estado ha impedido que la justicia sea pronta e inmediata en todos estos años.".
Asimismo, Soberón indicó que "el clamor de justicia es un reclamo justo en los estados democráticos y que por la experiencia en los países latinoamericanos, demuestra que este tipo de planteamientos son declarados inconstitucionales, como fue el caso de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsin en Argentina".
El derecho internacional ha establecido el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos, tal como se puede ver en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de marzo de 2001 por el caso Barrios Altos:
"(…) 41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
APRODEH, organización que desde hace 29 años viene acompañando la demanda de justicia de los familiares y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, recuerda que este planteamiento no existía en el plan de gobierno original ni la Hoja de ruta de Gana Perú y exige el pronunciamiento oficial del Primer Ministro Salomón Lerner Ghitis, quien en su discurso ante el Congreso, se comprometió a impulsar el proceso de reparación a través del Plan Integral de Reparaciones, tema donde Mora dice que es injusto que se reconozca a las víctimas del Estado y no a los militares y policías víctimas, desconociendo de esta forma que el Registro Único de Víctimas reconoce a ambos.
"Impulsaremos el proceso de reparaciones a través del Plan Integral de Reparaciones, restituyendo su carácter total, orientada a victimas individuales y colectivas, que aborde las dimensiones jurídicas legales, salud, educación y la reparación simbólica.
Asimismo, APRODEH exige que se cumpla con el integro de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Cabe resaltar que en el marco del Octavo Aniversario de la Entrega del Informe final, Sandra García, representante de las Viudas y madres de las víctimas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, junto con Doris Caqui, representante de las víctimas del estado, reclamaron de forma conjunta su derechos a la verdad, memoria, justicia y reparación, por lo que es inaceptable la división que el ministro de defensa pretende hacer de las víctimas.
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