Que opina? HISTORIAS DE DOS ASESORES - 21/07/2014 14:41:58
"Ayer, las trayectorias de dos asesores pusieron en problemas a sus respectivos jefes. Aquí las historias.GLOBO DE HELIO(S)
Ayer, a las 7:45 p.m., llegaba el siguiente comunicado a las mesas de redacción desde la PCM:
Respecto al reportaje que será transmitido esta noche en el programa dominical "Cuarto Poder", en cuyos avances se presenta una denuncia en contra de un asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, bajo el título "¿Oscuros métodos en la PCM?", se informa lo siguiente:
La Presidencia del Consejo de Ministros reitera su absoluto respeto por el Parlamento y por la labor fiscalizadora de los congresistas de la República, con quienes coordina estrechamente iniciativas propias de su función.
La PCM niega rotundamente haber propiciado cualquier tipo de acción irregular orientada a investigar y anular políticamente al congresista Víctor Andrés García Belaunde.
En aras de contribuir al esclarecimiento total de esta denuncia, el Presidente del Consejo de Ministros ha aceptado la renuncia del Señor Luis Zegarra Filinich y ha dispuesto la realización de las investigaciones necesarias, de manera inmediata y transparente.
¿Qué había ocurrido? Durante el fin de semana, Cuarto Poder había anunciado un reportaje donde Zegarra, asesor de René Cornejo, trataba de convencer a un extrabajador del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para que iniciara una campaña de desprestigio en contra de Vitocho. Según el denunciante, buena parte de los infundios contra el congresista ya habían sido usados en la revista Juez Justo, vinculada al controvertido grupo Orellana, denunciado por el parlamentario.
¿Cuál era el motivo de la campaña? García Belaúnde es el principal impulsor en el Congreso de las investigaciones sobre el caso Helios, que involucra al actual presidente del Consejo de Ministros. Según lo que varios medios han cubierto, Helios es una empresa fundada por Cornejo, su esposa y otros socios luego que salió de Proinversión y que brinda asesorías en temas de contrataciones con el Estado. Se investiga si es que el ministro se desligó a tiempo de la compañía, así como el ingreso de varios de sus trabajadores como directores en varias empresas del Estado (y otros puestos de confianza), así como posibles favorecimientos con contratos con el Estado.
Este caso aún está en investigación en el Congreso y le puede costar el puesto a Cornejo, quien ayer salió indignado intentando deslindar de las acciones de su ahora exasesor. El tema puede costarle caro al gobierno: ya hoy la bancada Acción Popular - Frente Amplio pidió la salida del actual presidente del Consejo de Ministros, en momentos en los que Humala y Nadine cruzan los dedos para obtener los votos necesarios para la elección de Ana María Solórzano como presidenta del Congreso. Tal vez por ello Ollanta acaba de mandarse con lo siguiente (vía La República):
"Me siento mortificado por esta situación, le he pedido al premier explicaciones, que se hagan las investigaciones y que los que tengan algo que ver, directa o indirectamente, que den un paso al costado", aseguró el primer mandatario.
Aseguró que su gestión presidencial no permitirá que acciones como estas se den. Por ello, pidió la salida de las personas que estén involucradas en la denuncia, aunque no señaló si Cornejo Díaz sería una de ellas.
"Ni bien me he enterado de este problema he llamado al premier y le mostré mi mortificación por esta situación, porque esto tiene un velo de oscuridad en lo que no debe haber. (…) En este Gobierno no vamos a permitir ese tipo de prácticas", aseguró.
Este tema puede tener varias repercusiones. Pasemos ahora al segundo caso.
ROSAS COMPLETA EL CIRCULO
Todos conocemos al pastor Julio Rosas: fujimorista, pastor evangélico, promotor de una universidad, patrocinador de condecoraciones a personas abiertamente homofóbicas, opositor tenaz contra la Unión Civil y con varios personajes de su círculo cercano vinculados a los expulsados comerciantes de La Parada. Y, dentro de lo que son los estándares fujimoristas en materia de derechos humanos, había procurado no tener declaraciones demasiado altisonantes.
Ayer Patricia Montero, productora de Espacio 360, publicó que el flamante asesor de Julio Rosas es nada menos que el abogado Sergio Tapia Tapia. Aquí lo podemos ver en esta foto junto a medio fujimorismo, durante la campaña de 2011, en la que intervino brevemente.
Aquí un resumen de su trayectoria, en la nota de Montero:
Desde su creación, en el 2001, fue el representante legal en el Perú de la Fraternidad de Asociaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), una organización ultraconservadora fundada en Argentina por Fray Aníbal Fosbery, recordado por mostrar pública simpatía por el criminal de guerra nazi Erich Priebkeel, responsable de la masacre de las Fosas Ardeatinas en Roma, en 1944.
Su afiliación, sin embargo, no es ideológica sino que la ha llevado a la práctica en su profesión de abogado. Fue abogado de los marinos procesados por la matanza de El Frontón y el ex comandante Alvaro Artaza "Camión", acusado del asesinato del periodista, Jaime Boris Ayala Sulca, corresponsal del diario La República en Huanta, asesinado en 1984.
Este tipo de representación lo hicieron llegar hasta el ministro de Defensa, Rafael Rey, a quien además ayudó a redactar el Decreto Legislativo 1097, que en la práctica daba amnistía a los condenados por delitos de lesa humanidad.Luego fue asesor de Luis Giampietri en la primera vicepresidencia de la República entre el 2006 y 2011. En su hoja de vida presentada ante el Congreso, Sergio Tapia muestra las órdenes de servicios, las locaciones de servicio y los contratos CAS que le brindó Giampietri. Los servicios de Tapia le costaron al Estado, tan solo entre agosto y diciembre del 2008, unos S/. 63,500.
Algo parecido sucedió al siguiente año, en el 2009, cuando por solo seis meses de trabajo, el abogado recibió S/. 76,200 de la Presidencia del Consejo de Ministros.
El año pasado, DTP descubrió que Tapia fue Fuente Artículo
Es Noticia, CLASES SOBRE AMNISTIA PARA EL MINISTRO VEGA - 31/10/2011 10:11:44
" En la noche del último domingo, en el programa ADN Político de Canal N, el Ministro de Trabajo Rudecindo Vega trajo al debate público una controvertida propuesta: una amnistía general en todos los sectores, que incluya a violadores de derechos humanos, sin distinción alguna.Más allá de que el Ministro de Trabajo se mande con una propuesta que nada tiene que ver con su sector, es necesario aclarar que esta propuesta es inviable, tanto desde el punto de vista ético como político.
En el campo ético, Vega ha señalado que su propuesta tiene como objeto "consolidar el crecimiento económico del país, para hacer sostenible la inclusión social, para fortalecer la descentralización, para luchar contra la corrupción y promover la ética pública". El problema es que una amnistía no produce ese efecto, ni tampoco una reconciliación nacional, como el Ministro ha afirmado.
En términos coloquiales, se ha asociado el término reconciliación con el perdón. Mejor dicho, con el sacramento católico de la confesión. Pero la reconciliación no pasa por el olvido de hechos execrables, sino por la reconstrucción de lazos que hagan posible y sostenible la vida en sociedad y la convivencia pacífica. Ello implica ejercer la acción del sistema de justicia y no la abstención de la actuación estatal en esta materia.
En el caso concreto del Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación descartó expresamente la posibilidad de una amnistía para alguno de los actores que haya cometido delitos en el marco del conflicto o de la lucha contra el terrorismo, debido a que la reconciliación no puede basarse en la impunidad. Ello le cierra las puertas tanto a los militantes del MOVADEF, que reclaman una amnistía general que incluya a los miembros de Sendero Luminoso, comenzando por el criminal Abimael Guzmán, como para los políticos y periodistas (sobre todo, los vinculados al fujimorismo y a los sectores más conservadores del país) que cada cierto tiempo plantean iniciativas de impunidad, como el Decreto Legislativo 1097.
Si en términos éticos la propuesta del señor Vega es cuestionable, en términos jurídicos resulta ciertamente inviable, por varias razones que expondremos a continuación:
1. La naturaleza de la amnistía: Esta institución es un rezago de la época absolutista, cuando el monarca despótico era el encargado de tomar las decisiones más importantes en un Estado: desde las normas jurídicas hasta las condenas judiciales. Y se ha mantenido en el Estado contemporáneo como última posibilidad de corregir errores judiciales o responder a "delitos políticos". Dado que el otorgamiento de la amnistía elimina, para todo fin práctico, el hecho punible, la condena y cualquier otra consecuencia penal, e implica una ingerencia del Poder Legislativo en actos del Poder Judicial, debe usarse en forma excepcional.
2. Los límites puestos por el Tribunal Constitucional: El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia del expediente N° 679-2005-AA/TC una serie de límites para el ejercicio de esta facultad. La amnistía debe ser dada por una ley expresa del Congreso de la República, no puede oponerse a la obligación que tiene el Estado de defender los derechos fundamentales ni a los compromisos internacionales adquiridos por el Perú en materia de derechos humanos. Tampoco puede otorgarse a los hechos comprendidos como delitos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
3. La imposibilidad de su otorgamiento para casos de graves violaciones a los derechos humanos: Existen cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Barrios Altos, Almonacid Arellano, Gomes Lund y Gelman) que prohíben la expedición de leyes de amnistía, "punto final" o similares a casos de graves violaciones a los derechos humanos. Estas sentencias tienen dos fundamentos centrales: la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables de este tipo de crímenes y la imposibilidad de establecer mecanismos que impidan el procesamiento penal de estas conductas. Estos argumentos también han sido recogidos por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial para oponerse a la aplicación del Decreto Legislativo N° 1097, una amnistía apenas encubierta promulgada en el gobierno que acaba de irse.
De acuerdo con la hoja de vida del Ministro, ha estudiado y ejercido la carrera de Derecho por varios años. Convendría que revise estos argumentos legales antes de realizar propuestas que no sólo son inviables en términos estrictamente jurídicos, sino que terminan dándose de portazos con las propuestas que un sector mayoritario del gobierno tiene en materia de derechos humanos. Ahora se entiende porque Salomón Lerner Ghitis quería que sus Ministros sólo hablen de temas vinculados a su sector.
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