Es Noticia, Lizbeth y las torturas - 27/05/2014 11:19:54
"Por Rocío Silva SantistebanEsta no es una historia excepcional sino una historia-patrón: Lizbeth Emperatriz Vázquez Vázquez, cajamarquina que a los 17 años participaba en las manifestaciones en favor del agua en el contexto del conflicto social por el PM Conga, sufrió fuertes agresiones de la policía mientras defendía a su madre cerca de la Plaza Bolognesi en Cajamarca en junio del 2012. Un video sobre su tortura fue vital durante aquellos meses pues se veía claramente a una jovencísima mujer, vestida enteramente de rosado, que era arrastrada de los pelos por varios DINOES, golpeada con las varillas, atosigada con los gases lacrimógenos, levantada en vilo y dejada a un lado de la vereda inconsciente. La violencia se desató cuando la policía pateó una olla común, los gases lacrimógenos nublaron la plaza y la madre de Lizbeth, recién operada, era golpeada por la policía. Lizbeth presentó una denuncia por abuso de autoridad que fue inmediatamente archivada; en cambio, hoy a sus recién cumplidos 20 años tiene un proceso penal en la Fiscalía de Chiclayo, que solicita para ella nueve años de prisión por desacato a la autoridad. El mundo al revés.
El Perú tiene como parte de sus compromisos internacionales luchar contra toda forma de tortura. La tortura, de ningún tipo ni siquiera la psicológica, puede ser jamás usada en ninguna circunstancia. No hay justificación plausible para torturar a un ser humano ni para infligirle tratos crueles y degradantes. Lamentablemente la tortura en el Perú es una práctica extendida, continua, permanente y lo que intentamos desde diferentes ámbitos ,CNDDHH, Defensoría del Pueblo, MINJUS, es que no sea endémica.
Precisamente como parte de esta tarea, ayer se realizó en el PNUD de Lima una reunión para debatir los esfuerzos, insuficientes, del Estado peruano para evitar que en nuestro país se den situaciones de tortura permanentemente. Estuvieron presentes los miembros del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y muchas autoridades, entre ellas, fiscales, congresistas y expertos en derecho penal. El Viceministro de DDHH, José Ávila, apeló en su discurso a la alta tolerancia que tenemos los peruanos a la tortura, en el sentido de que consideramos, contra todos los principios éticos, que debemos usarla para evitar "males mayores".
Ávila tiene razón pero para actuar su despacho debería plantear, de cara a varios niveles educativos, una política que permita introducir la TOLERANCIA CERO a la tortura no solo entre policías y efectivos de las fuerzas armadas, sino también entre los universitarios y escolares para aprender a combatirla. Muchos peruanos y peruanas creen que una pateadura contra los manifestantes de Conga, Tía María o Cañaris "a veces es necesaria para imponer el Estado de Derecho". Lo lamentable es que eso también lo piensen los ex ministros y ex presidentes.
Sin embargo el problema es que esta percepción la tengan los propios operadores de justicia incluyendo fiscales, jueces, policías, INPEs y miembros de las Fuerzas Amadas. Escucho a varios abogados jóvenes y entusiastas que trabajan en la actualización del Manual de Derechos Humanos de la PNP (MININTER) como una forma de difundir esta TOLERANCIA CERO. Muy bien, pero ¿cuándo estará listo?, ¿el manual es un protocolo obligatorio?, ¿de qué se trata que los policías no torturen? No olvidemos la muerte de Gerson Falla luego de ser golpeado en una comisaría de Lima mientras sus agresores grababan un video de todo el acto. No olvidemos la golpiza a Marco Arana incluso con medidas cautelares de la CIDH. No olvidemos a Lizbeth Emperatriz ni su ropa rosada y ensangrentada.
Publicado en el diario La República, martes 27/05/2014
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Que opina usted? Secuelas: "Operativo Eclipse" - 25/03/2014 11:00:25
"Los familiares y habitantes de las ciudades de Aucayacu, Monzón y Tingo María, en la región Huánuco, han denunciado al expresidente Alan García, al exministro del Interior Miguel Hidalgo y al entonces director de la policía Carlos Morán, por el famoso."Operativo Eclipse" (noviembre 2010), pues afirman que en esa diligencia policial se cometieron una serie de abusos y tropelías contra varios pobladores de esas zonas.
En el instante de ese operativo, varios ciudadanos fueron sorprendidos cuando descansaban plácidamente en sus hogares, derribaron sus puertas y fueron sacados con violencia con lo que tenían encima, sin que ninguno de ellos comprendiera bien lo que estaba pasando.
Peor todavía, 42 de ellos fueron, sin explicación alguna, trasladados a la capital acusados de colaborar con el narcotráfico y el terrorismo.
En el "Operativo Eclipse" fueron detenidos alrededor de 150 personas. Para demostrar los excesos cometidos y la violación de los derechos humanos en esa intervención policial.
Basta con dar a conocer lo sucedido con el agricultor Onores Maldonado Vargas quien sufre de paraplejia y se encuentra en una silla de ruedas desde hace tiempo.
Según nos contó su esposa Marcela Grández Cárdenas, cuando la policía irrumpió su vivienda obligaron a su cónyuge a que se pare y camine pues decían que se estaba haciendo en inválido.
Cuando se dieron cuenta de que no era así, optaron por subirlo a la tolva de una camioneta con todo y silla de ruedas.
Otro de los detenidos fue el exburgomaestre de Monzón, Iburcio Morales Baltazar.
El alcalde también dormía cuando fue sacado en vilo con lo que tenía puesto.
Morales Baltazar murió en octubre de 2012, en el Hospital Hipólito Unanue producto de una cirrosis en fase terminal que lo aquejaba.
Iburcio Morales había sido evacuado al hospital desde el penal Castro Castro, donde permanecía recluido cerca de dos años bajo los cargos de narcotráfico y supuesta colaboración con el terrorismo.
Según el certificado de necropsia emitido por el Instituto de Medicina Legal, las causas de la muerte fueron un "edema cerebral severo y congestión multivisceral, falla multiorgánica y cirrosis hepática".
Todas las detenciones producidas en el denominado "Operativo Eclipse" dejaron una secuela de pánico y dolor en los familiares de los afectados, pues las escenas vividas fueron comparadas con las que se experimentó durante la década del terrorismo.
El Estado peruano tiene una deuda con los inocentes detenidos injustamente, que tarde o temprano tendrá que pagar.
Carlos Francisco Vásquez Jurado, un empresario que se dedicaba con mucho éxito en la zona a la comercialización de gaseosas, todavía purga prisión luego de haber sido apresado en el llamado "Operativo Eclipse" realizado el 26 de noviembre de 2010.
Esto a pesar de las pruebas que ha podido presentar en el proceso para demostrar su inocencia. A él se le acusa de ser colaborador de narcotraficantes y terroristas en el Huallaga.
Su abogada, Ni k i t i n a Hidalgo Robles, confía en que el nuevo juez que revisará el caso de su defendido, el Dr. Marco Aurelio Tejada,
"un magistrado más experimentado en el derecho penal", tome la decisión de resolver el pedido de comparecencia solicitado y se lo conceda.
Asimismo, la letrada comenta ampliamente cómo fue que la camioneta incautada a su patrocinado terminó en manos de la procuradora Julia Príncipe y de cómo esta funcionaria hizo de todo para no soltarla pese a que ya había un mandato expreso de que lo haga por el mal uso que estaba dándole a ese bien incautado.
¿En qué circunstancias fue detenido el señor Carlos Vásquez?
Fue arrestado en el denominado "Operativo Eclipse" (2010) durante el gobierno del expresidente Alan García. Allí se detuvieron a alrededor de 150 personas, dentro de las que hubo un sinnúmero de ciudadanos inocentes como el caso de mi patrocinado.
Después de eso, mediante la resolución MLDD 295-2010 de fecha 15 de noviembre de ese año, la jueza del Primer Juzgado Penal Supraprovincial.
Dra. María León Yarango decidió declarar procedente la medida limitativa de detención preliminar hasta por quince días contra mi defendido y todos los demás detenidos.
¿Quiénes ejecutaron esta medida de detención preliminar y qué otras medidas adicionales se dictaron?
El fiscal Cristian Genaro Alfaro Cáceres y otros 60 miembros de la PNP ejecutaron esa medida limitativa de detención preliminar. Pero eso no es todo, pues el referido fiscal además de detener a mi patrocinado, con abuso de poder y desconocimiento del Decreto Legislativo 299 dispuso llevarse la camioneta de placa A4G.273.
A pesar de que en la tarjeta de propiedad aparecía como propietario el Banco Continental, y pese a que en las pruebas de campo no se encontró ninguna prueba del delito de Tráfico Ilícito de Drogas ni indicio alguno del delito de colaboración con el terrorismo.
¿Qué ocurrió después?
Después de la medida de detención preliminar el juez Manuel Loyola Florián, del 3er Juzgado Penal Nacional, dispuso el Auto de Procesamiento (12-12-2010) contra mi cliente por la presunta comisión de esos delitos. El problema es que el magistrado abrió proceso sin pruebas que acrediten el hecho criminal atribuido contra Vásquez Jurado.
El abuso queda acreditado cuando dispone en una resolución posterior al auto de procesamiento que la camioneta incautada A4G- 273 quede bajo la responsabilidad de la Fiscalía Supraprovincial.
Después de tres años, el fiscal de la 4ta fiscalía Supraprovincial no sabía dónde estaba la camioneta.
¿Cuál es la verdadera historia de la camioneta incautada a su defendido?
La camioneta había sido adquirida a través del Banco Continental mediante contrato de Leasing por la señora María Ramón, en junio del 2010, pero recién el banco se lo entregó en setiembre de ese año.
Cuando sucedió el operativo, en noviembre, la camioneta solo había estado dos meses en poder de María Ramón y uno en manos de Carlos Vásquez, quien utilizada ese vehículo para distribuir bebidas gaseosas.
Cuando la policía irrumpe contra el domicilio de mi cliente, la camioneta estaba en la cochera.
Bastaba con que el fiscal Alfaro Cáceres y los 60 policías que participaron en esa incautación revisaran la tarjeta de propiedad para comprobar que el vehículo no era de propiedad de mi patrocinado y por lo tanto, jamás debió ser incautada.
¿Cómo termina entonces esa camioneta en poder de la procuradora Julia Príncipe?
Una vez que la camioneta fue incautada, la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI) o la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD), no lo tengo muy claro, entregó el vehículo a la procuradora de lavados de activos Julia Príncipe Trujillo.
¿Pero qué tenía que ver Príncipe con este caso?
Es lo que todos nos preguntamos. Todo es muy extraño. Peor todavía si tiempo después la funcionaria fue descubierta haciendo mal uso de la camioneta al utilizarla para llevar a su hija a su centro de estudios o para hacer sus compras en tiendas y mercados.
Durante los últimos tres años la procuradora usó a su gusto la camioneta, a pesar de todas las irregularidades que se han visto en el proceso.
Cuando la procuradora Príncipe Trujillo es descubierta haciendo mal uso de esa camioneta que le fue asignada,
¿qué ocurre ante esa comprobación?
A raíz de esas denuncias aparecidas en varios medios de comunicación, el 21 de enero del 2013 el juez del 3er Juzgado Penal Nacional, el Dr. Manuel Loyola, consideró que la procuradora estaba dándole un mal uso del bien incautado, por lo que no tuvo más remedio que otorgarle la propiedad a su legítimo dueño: el Banco Continental.
De esa manera, dispuso levantar la medida de incautación de la camioneta y desafectarla en registros públicos.
Pero la procuradora no se quedó tranquila… No. La Dra. Príncipe Trujillo le pidió al procurador de asuntos de terrorismo, Mirko Alberto Ruiz Espinoza, que apele lo inapelable y defienda lo indefendible.
En los argumentos de la apelación dicen que mi patrocinado pretende salvaguardar su propiedad, cuando está demostrado que la camioneta no es suya. Felizmente, el fiscal superior Víctor Cubas Villanueva emitió un dictamen con argumentos sólidos.
Sin embargo, tuvo que pasar un año para que se cumpla ese dictamen, tiempo en que la procuradora siguió usando indebidamente ese vehículo. O sea, se negaba a devolver la camioneta.
¿Qué argumentó CONABI?
No quisieron entregar la camioneta, le dijeron a la señora María Ramón "no te la podemos entregar porque ya hay una apelación y porque la procuradora Julia Príncipe dijo que no se la pueden quitar porque ha apelado".
Claro, su amigo Mirko se había encargado de eso y la procuradora seguía usando la camioneta que María Ramón pagaba puntualmente al Banco Continental.
Lo increíble es que una persona sigue pagando el contrato de Leasing de una camioneta que usa la procuradora pública.
¿El Banco Continental reclama la camioneta?
El banco solicitó la devolución de la camioneta ante el Juez del 3er Juzgado Penal Nacional en agosto de 2012. Sin embargo, cuando se resolvió levantar la medida de incautación del vehículo (21-1-2013), la entidad bancaria le entregó un poder a la señora María Ramón y le dan un poder inscrito ante los Registros Públicos.
Donde el banco le da poder para que recoja la camioneta, pero allí es cuando el CONABI le dice que su pedido no procede.
¿Qué va pasar con el tiempo transcurrido en que la procuradora usó indebidamente la camioneta?
Estamos a la espera de que se confirme el levantamiento de la incautación dictada por la primera instancia y que la sala opine de la misma forma que el fiscal superior Víctor Cuba Villanueva.
Si eso sucede, la señora María Ramón con sus abogados ejercitarán el derecho a las indemnizaciones correspondientes en contra del Estado peruano representado por Julia Príncipe Trujillo.
¿Cuánto tiempo tuvo en su poder la procuradora esa camioneta?
Tres años y medio. Como es obvio, el uso que deben haberle dado trae también como consecuencia el deterioro del vehículo, por eso es que lo más justo es que haya una indemnización de por medio por los perjuicios ocasionados a los que con mucho esfuerzo han ido pagando el costo de ese vehículo.
¿Quién debe resolver esta situación?
El caso está en manos de los magistrados de sala penal nacional: Valladolid Zeta, Inga Michue y Vásquez Bustamante.
Ellos tienen en sus manos resolver conforme a ley y declarar infundada la apelación formulada por el procurador Milko Alberto Espinoza y confirmar la resolución del 21 de enero de 2013 que dispuso levantar la medida de incautación de la camioneta.
Por otro lado, ¿en qué parte del proceso está el caso de su patrocinado?
Mi cliente, un empresario honesto que desde antes de su detención era el único distribuidor de la Corporación Lindley S.A. en Huánuco, Tingo María y Ucayali, sigue purgando cárcel injustamente.
Pese a que ya se acreditó una pericia de identificación facial que concluyó que la descripción que los testigos hacen de mi defendido no concuerdan con las características de mi patrocinado.
Ahora estamos a la espera de un nuevo pronunciamiento de la autoridad que ahora verá este caso: el Dr. Marco Aurelio Tejada, un magistrado más experimentado en el derecho penal y que estoy convencida accederá a concedernos la solicitud de comparecencia que hemos solicitado.
Foto: Difusión.
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Interesante, PANORAMA POLITICO POST PRESENTACION DEL GABINETE - 01/09/2011 9:12:18
" Ollanta Humala: Acentuando una línea más cercana a la socialdemocracia, con algunos rasgos populistas, como estilo general de gobierno. Aún no culmina de nombrar funcionarios en áreas clave, como Indecopi, lo que hace que aún no veamos cuál será su menú completo.Salomón Lerner Ghitis: Un Presidente de Consejo de Ministros menos mediático, pero con más poder que varios de sus antecesores. Estilo gerencial, en el que, en su concepción, hablar poco cuenta tanto como los resultados a obtener, como en el caso del gravamen minero.
Luis Miguel Castilla: Deberá ser la voz que, dentro del Gabinete, convenza a sus pares de la inconveniencia de algunas iniciativas de empresariado estatal que se vislumbraron en el mensaje de Lerner. Como señala Alfredo Torres en Semana Económica, este tema le es indiferente al gran público, pero tampoco le suma al gobierno ni atrae confianza a los agentes económicos.
Adrián Villafuerte: Convertido por obra y gracia de Ollanta Humala y de la debilidad de Daniel Mora en el hombre fuerte en Defensa. Esta confusión de roles hace más fácil prever líneas de ascenso castrense antes que una política en esta materia.
Keiko Fujimori: Con pocas salidas para dar entrevistas, pero con el fantasma de su padre y de Martha Chávez pesando más en la opinión pública, antes que la imagen moderada que quiso proyectar. Confía en que Aguinaga y Reátegui sean sus operadores políticos en el Congreso.
Alejandro Toledo: Menos locuaz que en el mes previo al cambio de mando. Conviene que defina el rol que tendrá Perú Posible en el próximo quinquenio y también las relaciones con sus aliados.
Carlos Bruce: Cumple eficientemente el rol de líder de una bancada pequeña pero bulliciosa, tal como en el Congreso pasado. Veremos cómo vota en los temas de fiscalización a sus ahora aliados apristas.
Susana Villarán: Reconoce que algunas declaraciones políticas le sumaron puntos antes que restarle. La coyuntura y su propio programa de gobierno le han hecho descubrir una veta en el transporte, un tema en el que no sacará réditos inmediatos, pero, de ordenarlo, hará un gran bien a la ciudad.
Juan Luis Cipriani: Jugándose a fondo por tomar el control de la PUCP, con aliados mediáticos y políticos que quisieran eliminar todo rasgo zurdo, en nombre de un conservadurismo ramplón. Ello con un alto costo en términos de imagen para la Iglesia Católica.
(Columna publicada en Diario 16 el 01.09.2011)
POST SCRIPTUM: Anoche, luego de entregar mi columna, me enteré de las lamentables declaraciones dadas por Daniel Mora a Ideele Radio, proponiendo un "punto final" para los juicios por violaciones a los derechos humanos (cualquier parecido con Argentina no es mera coincidencia) y haciendo una serie de anotaciones sobre derecho penal que serían el horror de cualquier Facultad de Derecho. Coincidiendo con Roberto Bustamante y Eduardo González, a Mora le quedan dos caminos: o la rectificación o que le ponga "punto final" a su paso por el Ministerio de Defensa. Como señalo en la columna de hoy, es el punto más bajo de un gabinete que, en términos generales, hasta ahora, se conduce correctamente.
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