Noticia, Organizaciones del continente se pronuncian sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos - 03/06/2014 12:35:08
"La Coalición Internacional de Organizaciones de los Derechos Humanos en las Américas ("Coalición") ha expresado su preocupación ante la reciente reunión y disposiciones adoptadas por los Estados del continente en relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), en Haití el mes de mayo, en la medida que, más allá del fortalecimiento del SIDH, las medidas vulnerarían la autonomía de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), órgano de la OEA a quien le corresponde implementar cualquier reforma a sus reglamentos.Coalición Internacional de Organizaciones de los Derechos Humanos en las Américas
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DECLARACIÓN DE HAITÍ EN RELACIÓN CON EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
Las organizaciones firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones de los Derechos Humanos en las Américas ("Coalición"), expresamos nuestra profunda preocupación por algunas disposiciones incluidas en la denominada "Declaración de Haití", aprobada el 27 de mayo de 2014, en la IV Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se llevó a cabo en Haití los días 26 y 27 de mayo de 2014 y que abordó temas relacionados con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ("SIDH").
En primer lugar, reafirmamos nuestro compromiso con un fortalecimiento genuino del SIDH y, por ello, valoramos todas aquellas iniciativas orientadas a su universalidad, adecuado financiamiento, mejora de los procesos de selección de los miembros de sus órganos, el anhelo por construir una agenda de derechos integral y el cabal cumplimiento de sus decisiones, entre otros. En ese sentido, reconocemos el declarado compromiso de los Estados participantes de la Conferencia de Haití para lograr la universalizacion del SIDH.
Sin perjuicio de lo anterior, la Declaración de Haití contiene varias disposiciones que atentarían contra la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("CIDH"), órgano principal de la Organización de Estados Americanos ("OEA") de protección y promoción de derechos humanos.
En este sentido, considerando la posibilidad de que en la Asamblea General de la OEA, que se celebra los días 3 al 5 de junio de 2014 en Asunción, Paraguay, algunos de estos temas sean debatidos, las organizaciones firmantes alertamos sobre lo siguiente:
La Declaración de Haití propone que "durante la Asamblea General de la OEA de Paraguay 2014… se acepte la disposición de Uruguay y México… de acoger los períodos de sesiones de la CIDH durante los próximos dos años." Al respecto, recordamos a los Estados que ,en el marco del cumplimiento de sus objetivos convencionales- la Comisión Interamericana puede decidir reunirse en un lugar diferente a su sede si ello la ayuda a avanzar de manera más efectiva su misión de protección y promoción de los derechos humanos. Esta potestad la debe ejercer la CIDH de manera independiente y no corresponde a la Asamblea General "aceptar" o "denegar" a la CIDH los lugares en donde debe sesionar, como parece insinuar la Declaración de Haití.
En cuanto al financiamiento del SIDH, la Declaración de Haití promueve la creación de un Fondo único para la recepción de contribuciones extra presupuestarias asignadas de acuerdo a un programa de trabajo previamente
aprobado por los Estados. Tal propuesta claramente violaría la autonomía de la Comisión, en tanto supedita a aprobación gubernamental previa el financiamiento que tienen la obligación de garantizar los Estados.
Adicionalmente, la Declaración de Haití contiene dos referencias para organizar el trabajo de las relatorías de la CIDH. Al respecto, las organizaciones consideramos que no se deben generar mecanismos que indirectamente afecten la independencia y autonomía de la CIDH para organizar su trabajo interno. Adicionalmente, recordamos que en la Asamblea General Extraordinaria de 22 de marzo de 2013 los Estados propusieron a la CIDH fortalecer todas sus relatorías. En este sentido, reconocemos el esfuerzo que realiza la CIDH para trabajar los derechos considerando su interdependencia, y resaltamos en este sentido la creación de una Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por lo anterior, al celebrarse la Asamblea General de la OEA en Paraguay, las organizaciones firmantes demandamos a los Estados lo siguiente:
Que respeten en todos sus extremos la resolución AG/RES.1(XLIV-E/13) corr.1, adoptada en la sesión plenaria de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA el 22 de marzo de 2013;
Que no reabran a debate temas ya cerrados durante el reciente proceso de reflexión, y que permitan que la CIDH implemente sus reformas reglamentarias y centre sus esfuerzos en cumplir de manera eficiente su mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región;
Que cualquier decisión vinculada con el SIDH respete la autonomía e independencia de la CIDH, y se oriente a fortalecer a los órganos del SIDH mediante el adecuado financiamiento de los mismos, la promoción de la universalidad, la mejora de los procesos de selección de sus miembros, y el cabal cumplimiento de sus decisiones.
Finalmente, consideramos que cualquier debate sobre el trabajo y competencias de la CIDH debe darse en el marco de los órganos competentes de la OEA, y con aplicación de los mecanismos existentes de participación de la sociedad civil y las víctimas. Al respecto, denunciamos que la IV Conferencia de Estados Parte de Haití se realizó sin transparencia ni participación de la sociedad civil organizada. En ese sentido, no se hicieron públicos con anterioridad a la reunión los documentos de trabajo, ni la agenda de temas a tratar, así como tampoco se dio a conocer procedimiento formal alguno de participación e incidencia de las organizaciones de sociedad civil.
ORGANIZACIONES FIRMANTES
ORGANIZACIONESINTERNACIONALES:
Amnistía Internacional
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
ORGANIZACIONESREGIONALES:
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
IPAS Centroamérica
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RRCOM)
POR PAIS:
ARGENTINA:
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
BOLIVIA:
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Oficina Jurídica Para la Mujer de Cochabamba
CHILE:
Centro Regional de derechos Humanos y Justicia de Género: Corporación Humanas
COLOMBIA:
Consultorio Jurídico Internacional, Facultad de Derecho, Universidad Santo Tomás, Bogotá
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
COSTARICA:
Alianza por tus Derechos
Asociación Demográfica Costarricense
Centro de Investigación y Promoción para América Central de DDHH (CIPAC)
Centro Integral para los derechos humanos de los Migrantes (CIDEHUM)
Defensa de Niñas y Niños , Internacional (DNI)
Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres de Costa Rica
ELSALVADOR:
Agrupación ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico
Asociación Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos "Entre Amigos" El Salvador
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador
ESTADOSUNIDOS:
Clínica de Derechos Humanos , University of Texas, School of Law
GUATEMALA:
Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos (FAMDEGUA)
Asociación El refugio de la Niñez
Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Fundación Myrna Mack
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI)
Seguridad en Democracia ,SEDEM-
HONDURAS:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y Radio progreso
Foro de Mujeres por la Vida
La Convergencia por los Derechos Humanos
MÉXICO:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociadas por lo Justo (JASS) , MX y Meso
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres CEDEHM
Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. de México
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC)
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia, A.C.
Grupo de Mujeres de San Cristóbal las Casas, A.C.
Red Solidaria contra la Impunidad A.C.
NICARAGUA:
Asociación Nicaragüense Trans Diversidad Sexual
Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH)
Grupo Cívico Ética y Transparencia
Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos en Nicaragua
Movimiento contra el abuso sexual
PANAMÁ:
Centro de Asistencia Legal Popular
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá (CONAMUIP)
PARAGUAY:
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Capítulo Paraguayo de la PIDHDD
Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ)
PERÚ:
Paz y Esperanza
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (EQUIDAD)
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y reproductivos (PROMSEX)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) / International Institute on Law and Society (IILS)
URUGUAY:
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
VENEZUELA:
Acción Solidaria en VIH/Sida
Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
CIVILIS Derechos Humanos
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)
Espacio Público
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas
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Información: Mujeres violentadas sexualmente, ¿sin derechos? - 03/03/2011 11:15:35
"Publicado en AditalMiles de mujeres peruanas, que fueron violentadas sexualmente durante el conflicto armado que sacudió este país entre la década de los ochenta y 2000, corren el riesgo de quedar fuera del Sistema de Reparaciones del Estado, en virtud a un informe del Ministerio de Justicia que aduce que la violencia sexual no está contemplada como delito por el Código Penal peruano.
De esta manera, el citado ministerio -que está dirigido por una mujer, la Dra. Rosario Fernández- se opone, en la práctica, a incluir como víctimas y beneficiarias del Plan Integral de Reparaciones a las mujeres que, sin haber sido violadas, sufrieron otros tipos de violencia sexual durante esos años, lo cual ha despertado una ola de protestas entre los expertos en derechos humanos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos recordó, en un pronunciamiento público, que según la Ley del Plan Integral de Reparaciones "no es condición ni requisito para acceder a las reparaciones por la grave violación de derechos humanos que los hechos que la ocasionaron se encuentren tipificados como delitos".
Asimismo, subraya que los crímenes de violencia sexual son reconocidos como de lesa humanidad por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Son considerados actos de violencia sexual el embarazo forzado, el aborto forzado, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la desnudez forzada, las uniones obligadas, entre otras acciones que coactan la libertad sexual.
"Creemos importante distinguir entre procesos de justicia y sanción, en los que se individualiza a los responsables de los crímenes a través del correspondiente proceso judicial por caso; de los procesos de reparación, dirigidos a la dignificación de la persona", precisa la Coordinadora y añade que no existe una razón valedera para dejar sin reparación a miles de mujeres que sufrieron ataques criminales.
En el Registro Único de Víctimas se encuentran inscritas 1,150 mujeres violadas sexualmente y otras 122 figuran como víctimas de otros tipos de violencia sexual. Además, el Consejo Nacional de Reparaciones ha recibido 697 solicitudes de mujeres que se consideran violentadas sexualmente. No obstante el propio Consejo reconoce que el número de víctimas es mucho mayor y el número exacto resulta imposible de saberse.
Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora , dijo a SEMlac que muchas de esas mujeres aún ahora, 30 o 20 años después de esos sucesos, no se atreven a decir en voz alta que fueron sometidas de esa manera "o incluso no saben siquiera que "eso que les hicieron" es un delito".
En su opinión, el argumento ofrecido por el Ministerio de Justicia es rebatible pues si bien la violencia sexual no está contemplada como tal en el Código Penal, está reconocida en normas y convenios suscritos por el Perú, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
"Más allá de las implicancias jurídicas, el punto central es que nuestro país como nación debe reconocer con vergüenza, pero con firmeza, que instituciones del Estado como ciertos sectores de la Policía y las Fuerzas Armadas, usaron muchas veces a las mujeres como objetos de estas prácticas", denunció Silva Santisteban en su columna de opinión en el diario La República.
"El término "pichanear" que se recoge, por ejemplo, en muchos testimonios de hombres y mujeres en zonas como el Huallaga, significa que los soldados debían "barrer" a las mujeres, en otras palabras, violarlas en masa", agregó.
"El término "pichanear" se entendía -según el Protocolo para Investigación de Casos de Abuso Sexual- como la acción de permitir que toda la tropa viole a una sola mujer. Esta práctica no ha sido aislada, sino, para congoja de todos, bastante común durante las patrullas en zonas de la selva", continúa el artículo.
"¿El ejército debe encubrir a esos malos soldados? Eso implicaría que las Fuerzas Armadas como institución justificarían estas prácticas. Y aunque parezca doblemente increíble, pues resulta que sí, que algunos soldados y oficiales sostienen que, debido a la incontrolable sexualidad masculina, los soldados tenían que "desfogarse" y que eso debería ser entendible. Esta justificación, en realidad, lo que hace es animalizar a la tropa", añadió.
Por su parte la ONG Demus, de defensa de los derechos de las mujeres, dijo que no se deben hacer distingos en el otorgamiento de las reparaciones y que, además, no deben ser solamente económicas, sino simbólicas y colectivas, es decir en educación y salud.
Diana Portal, abogada de Demus, dijo que el informe del Ministerio de Justicia es otra prueba de la insensibilidad mostrada por las autoridades del Estado para atender a las víctimas de las distintas formas de violencia sexual, incluida la violación.
Señaló que 146 mujeres víctimas de violación sexual que estaban inscritas en el Registro ya han muerto sin ver alcanzada la justicia que les correspondía.
"¿Cuánto más tenemos que esperar para que las mujeres vulneradas en su integridad sexual puedan recibir una reparación integral que contemple la atención a su salud mental, montos económicos y acceso a la educación para sus hijos e hijas?", se preguntó.
El estado peruano ha destinado 20 millones de soles (unos 7.2 millones de dólares) por concepto de indemnizaciones a las víctimas de la violencia política y con el fin de determinar todos los aspectos operativos de la entrega, desde los montos, hasta las víctimas y los sectores prioritarios, conformó una Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que fue la que solicitó al Ministerio de Justicia su opinión para incluir también a las mujeres víctimas de violencia sexual.
De momento, la CMAN no se ha pronunciado oficialmente sobre el pronunciamiento del Ministerio de Justicia.
En cuanto a la fecha de inicio de la entrega de las reparaciones, su secretario ejecutivo, Jesús Aliaga, adelantó a la prensa que aún no hay una decisión tomada pues ello corresponde al Presidente del Consejo de Ministros, luego de lograrse el consenso entre los miembros de la CMAN.
Sin embargo, Aliaga afirmó que se comenzará por los adultos mayores de las zonas rurales, tomando en cuenta que según la comisión técnica, tres de cada cuatro víctimas del conflicto armado fueron campesinos pobres quechua-hablantes de la región andina.
Ha trascendido también que en cuanto a los montos, la comisión técnica opina que deben ser homogéneos para todas las víctimas, independientemente del hecho cometido, para evitar resentimientos.
En el plano legal, a las mujeres violadas durante los años de la guerra civil tampoco les va mejor. Desde que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó su informe en 2004 hasta la fecha, ningún militar ha sido sentenciado por violación sexual y solo dos tienen una causa penal abierta, de un total de 538 casos identificados por la Comisión.
Sin embargo, esa cifra prácticamente se ha triplicado con el paso de los años pues actualmente en el Registro Único de Víctimas hay inscritas 1,150 mujeres violadas en 15 de los 24 departamentos en los que se divide el país, lo que confirma que la vejación sexual en todas sus variantes fue un arma de tortura usada con frecuencia por ambos bandos en conflicto contra las mujeres, algo que el Ministerio de Justicia parece negarse a reconocer en todos sus alcances.
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