Que opina usted? [PRONUNCIAMIENTO "YO SOY BAGUA"] A CINCO AÑOS DEL BAGUAZO… - 13/05/2014 14:24:42
"EL COLECTIVO DE LA RED "YO SOY BAGUA" y los ciudadanos firmantes:Queremos pronunciarnos por un Perú en el que la vida humana y su dignidad se respeten, en el que la labor del servidor público esté orientada al servicio a los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción, y a su desarrollo pleno.
Por un Perú en el que todas las voces sean escuchadas, un país en el que las voces de aquellos que históricamente fueron olvidados y discriminados, las poblaciones indígenas, se tomen en cuenta a través de la consulta previa de las políticas y decisiones públicas que los afecten.
Por un Perú en el que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan desarrollarse en armonía con el medioambiente y acceder con justicia a sus derechos.
Por un Perú en el que la justicia nos haga reconciliarnos entre peruanos, en el que los responsables de sucesos como el de Bagua, acontecido el 5 de junio del 2009, con el lamentable saldo de 33 personas fallecidas, 1 desaparecido y 200 heridos (80 de ellos por arma de fuego), sean debidamente procesados y sancionados.
A través de este pronunciamiento queremos llamar la atención sobre determinadas situaciones que pueden estar perturbando estos derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución:
- Luego de los hechos acontecidos en Bagua y lugares aledaños, si bien se aprobó la Ley de la Consulta Previa, su cumplimiento aún es mínimo. Invocamos al gobierno a concretar su pronta y correcta aplicación.
-Luego de los hechos acontecidos en Bagua y lugares aledaños, los conflictos sociales relacionados a temas medioambientales siguen siendo los de mayor importancia, según el Reporte mensual de la Defensoría del Pueblo (63,5% del total de conflictos registrados en marzo de 2014 , Reporte Nº 121). Y ello se debe a una concepción sobre el país en la cual la prioridad la tiene la promoción de las inversiones extractivas con las menores restricciones posibles. Se piensa que el único rol del estado al respecto es estar al servicio de la misma. Otras prioridades tales como cuidar que la inversión sea ambientalmente sostenible, que respete los derechos ancestrales de las poblaciones indígenas o que posibilite una justa distribución del resultado del crecimiento económico de la última década parecen haber salido de la agenda pública.
- Luego de los hechos acontecidos en Bagua y lugares aledaños se abrieron 7 procesos judiciales, de los cuales sólo uno investiga las responsabilidades de las fuerzas policiales que participaron en el operativo, 6 investigan las responsabilidades de ciudadanos mayormente miembros de pueblos indígenas; y ninguno sobre las responsabilidades de los que ordenaron el operativo desde Lima, con armamento de guerra; a sabiendas que los awajun y wampis habían decidido retirarse el 5 de junio a las 10.a.m.
- Uno de esos procesos es el de la Curva del Diablo en el que están encausados 53 personas para quienes se piden penas desproporcionadas que van desde los 6 años hasta cadena perpetua. La fase oral del mismo se iniciará el 14 de mayo en la ciudad de Bagua. En las 187 páginas del expediente no hay pruebas suficientes que acrediten los 8 delitos que se les imputan. Pero además las pruebas de absorción atómica que se tomaron demuestran que ninguno de ellos hizo uso de arma de fuego. Por la cantidad de implicados se teme que el juicio dure 3 años o más. Por ello respaldamos plenamente la invocación hecha por la Defensoría del Pueblo para que se adopten las medidas necesarias que garanticen el debido proceso a los encauzados. Entre sus recomendaciones figura que se cuente con intérpretes de lenguas indígenas y que la sala judicial se dedique solo a este caso, realizando sesiones diarias que permita que el juicio culmine en un plazo razonable. El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, señala que las medidas propuestas "permitirán reducir los costos de transporte, alimentación y alojamiento de un gran número de personas que deberán viajar desde lugares lejanos e inclusive, permanecer en Bagua durante varios días para participar en el proceso".
-Luego de 5 años de los hechos acontecidos en Bagua y lugares aledaños los familiares de las víctimas y los heridos, tanto de las fuerzas policiales como de los indígenas y mestizos afectados, aun esperan por justicia.
Exhortamos al Estado y a las autoridades de sus distintos poderes, a realizar una labor que fortalezca los lazos con los ciudadanos a través de la justicia, el respeto a la dignidad humana, los derechos humanos, los derechos de los pueblos y el desarrollo integral sustentable.
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Noticia, WOLA cuestiona ley sobre uso de la fuerza letal por parte de militares y policias - 16/01/2014 11:54:41
"Modificaciones al Código Penal del Perú podría incrementar el uso de la violenciaWashington, D.C.El 13 de enero de 2014 el Presidente del Perú, Ollanta Humala, promulgó la Ley 30151, que modifica el Código Penal del Perú y exime de responsabilidad penal a policías y militares que al hacer uso de la fuerza letal produzcan lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber. El resultado de estas modificaciones podría ser un incremento en el uso de la violencia de parte de las fuerzas de seguridad. La norma también vulnera un principio básico de la democracia: el derecho a la igualdad al eximir a los policías y militares de ser procesados si matan o hieren a civiles.
"Tomando en cuenta el alto nivel de conflictividad social en el Perú, este tipo de medida genera gran preocupación. Parece que esta ley tiene la intención de garantizar la impunidad cuando se abuse el uso de la fuerza", asegura Jo-Marie Burt, Asesora Principal de WOLA y experta en la política peruana.
La referida norma vulnera derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.Desde el fallo Caso Vela"squez Rodri"guez Vs. Honduras, emitida en 1988, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados tienen el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derecho humanos, mientras ha reconocido en varios otros fallos el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a obtener verdad y justicia.
Según la Defensoría del Pueblo, hay más de 200 conflictos sociales latentes, muchos de ellos sobre la minería, y en los últimos dos años y medio se ha reportado 34 muertos y más de 500 civiles heridos en contextos de conflictividad social. En la actualidad existen diversos casos de efetivos policiales y militares denunciados por haber provocado la muerte o lesions de personas que participaban en manifestaciones o protestas sociales.
"Nuestra preocupación va más allá de esta norma, puesto que desde hace un año el Estado del Perú ha implementado una serie de normas sobre el accionar de las fuerzas armadas que consideramos incongruentes con el estado de derecho", afirma la Dra. Burt.
En diciembre de 2012, por ejemplo, el Estado promulgó una ley que califica de secreta toda la información sobre la defensa y la seguridad nacional y considera un delito su difusión. En enero de 2013, el Estado promulgó otra norma que permite a las fuerzas armadas realizar el levantamiento de cadáveres en zonas de emergencia sin la presencia de un fiscal. "Este conjunto de normas parecen direccionadas a limitar la transparencia, debilitar los controles de la sociedad sobre el actuar del Estado, y asegurar la impunidad para los agentes del Estado", asegura la Dra. Burt.
WOLA reconoce que existe el en Perú una gran preocupación social por los altos niveles de criminalidad y violencia social. Consideramos que la mejor forma de enfrentar la inseguridad ciudadana es dotando a las fuerzas policiales reglamentos claros que regulen, de acuerdo a la Constitución y el derecho internacional, el uso de la fuerza, y fortaleciendo la institucionalidad democrática, especialmente las fuerzas policiales, para poder cumplir cabalmente su labor dentro del marco de la ley y las normas democráticas.
"En un estado democrático es imperativo que está debidamente regulado el uso de la fuerza por parte de los agentes del estado", concluye la Dra. Burt. Los reglamentos deben asegurar que la fuerza sea utilizado sólo en casos necesarios para proteger el bien común y de manera proporcional, evitando al máximo la posibilidad de que ocurran muertes o lesiones de civiles o de personas inocentes. Al suprimir este requerimiento, y establecer que quedan exentos de responsabilidad penal, la Ley 30151 deja a los ciudadanos indefensos frente a cualquier abuso.
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Contacto:
Jessamine Bartley-Matthews
Asistente de Comunicaciones de WOLA
Tel: +1 (202) 797-2171
press@wola.org
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