Es Noticia, Tumbes: Hallan perjuicio por S/.21 millones - 26/05/2014 15:05:37
"Habrían vendido de forma ilegal cerca de 36.000 hectáreas de terrenos eriazos por S/.2.500, funcionarios del Gobierno Regional de Tumbes, ello ocasionó al Estado un perjuicio económico por más de S/.21 millones, aseveró la Contraloría General de la República.En tanto, el hecho se detectó durante el control en la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes, donde se verificó el procedimiento de otorgamiento de tierras erizas para el desarrollo de la pequeña agricultura.
La Contraloría verificó si el precio fijado para los terrenos se realizó según regulaciones técnicas y legales, durante la administración regional en el periodo setiembre 2011 , setiembre 2013.
Según auditoría, funcionarios y servidores de la dependencia regional de Agricultura habrían pactado con tres integrantes de una familia la compra-venta ilegal de las casi 36.000 hectáreas, ubicadas en la Quebrada Seca, bajo el compromiso de que se ejecutaría un proyecto productivo de crianza de ganado caprino, lo cual no se cumplió.
El valor comercial de los terrenos asciende a más de S/.21 millones, monto de la defraudación patrimonial ocasionada al Estado por la venta ilegal, detallaron informes técnicos de tasación oficial.
El hecho que demuestra que el interés en los terrenos fue tráfico comercial, es que tras la compra, se vendió al padre de la familia los predios adjudicados a un precio mayor al que pagaron, desnaturalizando el objetivo de promover la actividad agrícola y económica en beneficio de los agricultores.
Asimismo, los hechos detectados por la Contraloría General evidencian indicios razonables de la comisión del delito de colusión simple y agravada, tipificado en el Código Penal.
Por ello, la Procuraduría Pública del organismo superior de control iniciará acciones legales contra los presuntos responsables comprendidos en su informe especial.
De otro lado, a pedido de la Contraloría General, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) congeló en abril de este año cuentas bancarias de la Dirección Regional de Agricultura de Tumbes.
Foto: Difusión.
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Que opina? Procuraduría: Aparentemente se fabricó una necesidad para suscribir contrato con Global CST - 13/03/2013 16:25:40
" Ideeleradio.- Hay sospechas de que hubo la fabricación de una necesidad para la suscripción de un contrato entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la compañía israelí Global CST, para brindar instrucción a personal militar en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), estimó Julio Arbizu González, procurador anticorrupción."La imputación por la presunción del delito de tráfico de influencias contra Hernán Garrido Lecca se debe en buena cuenta a los informes de IDL-Reporteros, pero hay información que se ha hecho pública en relación, por ejemplo, a la presencia de Garrido Lecca en la megacomisión del Congreso. Sí, hay una presunción o más que una presunción hay una certeza que Garrido Lecca lleva al señor Ziv, representante de la empresa Global CST, al Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y estaba muy interesado en que esta empresa fuera contratada", expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Yo podría decir que, aparentemente, inclusive ahí hay una fabricación de la necesidad, es decir, no porque el Estado o las Fuerzas Armadas no necesitaran de una asesoría o entrenamiento de este tipo, sino que la fabricación es de la necesidad respecto a esta empresa. Entonces, es muy sospechoso o por lo menos abre dudas el hecho que el señor Garrido Lecca, luego que llevó y presentó al señor Ziv con las autoridades peruanas, relacionadas además con la toma de decisión, posterior reciba una consultoría en Guinea por la que es bastante bien remunerado", estimó.
Presunción de una influencia de Garrido Lecca
Indicó que la participación del exministro Hernán Garrido Lecca demuestra a la Procuraduría Anticorrupción que hubo una supuesta "efectiva influencia" para favorecer a la empresa Global CST, que dirige el general Israel Ziv.
"Lo que sostiene la Procuraduría es que ahí hay presunción, una presunción de que efectivamente no hay una invocación, sino una efectiva influencia del señor Garrido Lecca. El señor Garrido Lecca ha sido ministro de Estado y tiene una relación fluida seguramente con los funcionarios de ese gobierno todavía. Habría que, y eso saldrá seguramente de las investigaciones, saber cuál es la relación entre esa presentación y la remuneración que recibe de la empresa Global por esta consultoría en Guinea de la cual yo no dudo seguramente se produjo y aparentemente se produjo", opinó.
Caso Global CST no fue un contrato entre privados
Arbizu González precisó que los funcionarios públicos en general deben ser diligentes y respetuosos de la legislación vigente. Dijo que se debió de respetar los procedimientos estipulados en Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para no afectar el erario nacional.
"Este no era un contrato entre privados, fue un contrato en el que participa dos privados como postor y el Estado. El Estado con sus funcionarios tiene que ser absolutamente diligente, que significa seguir las reglas que están contendidas, entre otras, en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, es decir, tiene que haber un estudio riguroso, una serie de requisitos para la contratación, un proceso de selección o una invitación. Aquí no hubo nada de eso", criticó.
"Cuando se ponen de acuerdo presuntamente la empresa proveedora que ya se sabe que va a ganar, porque está participando además de la redacción del borrador final del contrato y para el Estado, ya hay una afectación, una defraudación al Estado", refirió.
Defraudación y concertación previa
Finalmente, precisó que Hernán Garrido Lecca y Rafael Rey fueron denunciados por la Procuraduría, luego del informe de la Contraloría General de la República contra los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
"Se sostenía que la empresa podía haber actuado correctamente, es decir podía haber previsto los servicios para lo cual se les había contratado y esto seguramente será materia de un análisis posterior, pero esto no importa para la imputación, no importa para la consumación eventual del delito de colusión. ¿Qué se requiere para el delito de colusión? Se requiere básicamente defraudación y concertación previa, nada más", acotó.
"No se requiere entonces que ese funcionario se aproveche para sí de un dinero que le puedan entregar, sino que simplemente se defrauda al Estado y cómo se defrauda, de dos maneras, según la última modificación del artículo de colusión. Una que es el tipo base, cuando hay una defraudación que no es de carácter patrimonial y otra que es de tipo agravado donde sí hay una defraudación de carácter patrimonial", concluyó.
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Noticia, Gobierno debe revisar la polémica Ley 29703 - 14/06/2011 7:59:56
" Pero la presidenta del Consejo de Ministros insiste en que la norma no beneficia a los corruptos. Nacionalismo presentó proyecto para derogar norma. PJ señala que cambios al proyecto original se hicieron en comisión presidida por fujimorista Sousa.La polémica Ley 29703 que facilita salidas legales a funcionarios del Estado procesados por corrupción generó rechazo en todos los frentes judiciales y en sectores del Parlamento, donde la bancada nacionalista presentó ayer una iniciativa para su derogación.
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, pidió que la norma que modificó varios artículos del Código Penal sea revisada, y se detuvo en la obligación de sancionar el delito de colusión sólo cuando exista perjuicio económico al Estado.
"El delito de colusión se produce cuando dos personas conciertan para defraudar al Estado, independientemente del daño producido. En consecuencia, esta norma tendrá que revisarse ya que permitiría la impunidad a muchos casos que se están investigando", dijo.
Por su parte, el contralor de la República, Fuad Khoury, alertó que la ley no recoge lo dispuesto por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana de la OEA contra la Corrupción, ratificadas por el Estado peruano. Ahí se señala que no es necesario acreditar el perjuicio económico al Estado para investigar, perseguir y sancionar delitos de corrupción.
Desde China, advirtió que esta ley "crea una barrera para que la Contraloría identifique a presuntos responsables" en estos actos.
En tanto, el coordinador de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, Genaro Matute Mejía, señaló que la norma, que no le fue consultada, significa un tremendo retroceso en la lucha contra la corrupción, pues blinda a los enjuiciados por este delito.
"La evaluación del delito de colusión sin que haya perjuicio al Estado es un problema porque es difícil probar el perjuicio al Estado. Lo explico así: la corrupción paga comisiones por fuera y esto no aparece", subrayó Matute.
Según el ex contralor, Rómulo León Alegría y Alberto Químper, implicados en el caso de los "petroaudios", también pueden beneficiarse con esta ley.
Comisión Sousa la cambió
El presidente del Poder Judicial aclaró a través de un comunicado que la Ley Nº 29703 no recoge la propuesta original formulada.
Indicó que el proyecto original que presentaron en agosto del 2010 sufrió un cambio en la comisión de Justicia del Congreso, que preside el fujimorista Rolando Sousa, quien elaboró un texto sustitutorio donde "no se consideraron los cambios normativos planteados".
La condición de defraudación patrimonial al Estado fue agregada por esta comisión, señaló.
Sousa reconoció que se dio la modificación de este artículo.
Como autor de la iniciativa original, el Poder Judicial anunció que analizará con mayor detalle la ley en cuestión, y oportunamente propondrá, de ser el caso, las reformas que correspondan.
Proyecto de derogación
La bancada nacionalista fue la única en reaccionar y ayer presentó el proyecto 4878/2010 que propone modificar ocho artículos del Código Penal afectados por la cuestionada ley, que sería derogada.
Víctor Mayorga explicó que se busca eliminar la figura del "daño económico al Estado", como condición para sancionar. Otras observaciones se hacen para los delitos de tráfico de influencias, peculado de uso y enriquecimiento ilícito.
Otras bancadas, sin embargo, se mostraron tibias.
La premier Rosario Fernández negó que la ley elimine la inhabilitación para funcionarios implicados en corrupción. Precisó que más bien se aumentaron penas y que "la inhabilitación se mantiene porque está en el artículo 426 del Código Penal".
A su turno, el ex procurador Ronald Gamarra dijo que cualquier modificación a la cuestionada norma no tendría efecto sobre hechos del pasado.
"El daño ya se causó y es muy grave. Se envía un mensaje de permisividad frente a las actividades de carácter delictivo", sostuvo.
Hasta Del Castillo se favorecería
El ex procurador Luis Vargas Valdivia, experto en derecho penal, advirtió que esta ley sí beneficia a procesados por corrupción del régimen fujimorista y del gobierno aprista, pues en materia penal se aplican con retroactividad las normas favorables al imputado. Dijo que podrían pedir su absolución invocando los nuevos cambios en el Código Penal.
Advirtió que el congresista aprista y ex premier Jorge del Castillo podría ser beneficiado y solicitar el archivo de la investigación que se le sigue en el Ministerio Público por el caso de Petrolera Monterrico.
"Se podría argumentar que no se acreditó perjuicio patrimonial real material (al Estado) y al no existir este podrían pedir que sus patrocinados sean absueltos de cargos, se archive el proceso y se les deje de inmediato en libertad", dijo.
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