viernes, 1 de agosto de 2014

denuncian y Escuderos de barro

Asesor de René Cornejo buscó desprestigiar a García Belaúnde, denuncian

Que opina? Asesor de René Cornejo buscó desprestigiar a García Belaúnde, denuncian - 20/07/2014 10:00:00

" El extrabajador del Ministerio de Vivienda, Carlos Franco Pacheco, habría recibido del asesor del primer ministro René Cornejo, Alberto Zegarra Filinich, un dossier con una serie de imputaciones que serían las mismas que utilizó el prófugo Rodolfo Orellana en su revista Juez Justo para desacreditar a García Belaúnde.
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Noticia, Escuderos de barro - 19/07/2014 4:30:00

"Quizá una de las mayores incógnitas que ha despertado la orden de prisión preventiva dictada contra Rodolfo Orellana sea el destino de algunos de sus colaboradores más conspicuos. Para montar ese enorme modelo de negocio, que a decir de la fiscal Marita Barreto se dedicaba a apropiarse de inmuebles particulares y estatales a través del fraude con empresas liquidadoras, medidas cautelares, laudos arbitrales, notarías y testaferros, Orellana necesitó la complicidad de muchas personas, y dentro de la enorme operación de desmontaje emprendida, algunos nombres han cobrado protagonismo. El primero es Benedicto Jiménez. Como es sabido, el coronel en retiro de la PNP ganó fama y reputación cuando se conoció el papel que cumplió en la captura de Abimael Guzmán. Contando con poquísimos recursos y en contra de la opinión de sus superiores, a inicio de los noventa formó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que aplicó modernas técnicas de investigación para perseguir y por fin detener al cabecilla de Sendero Luminoso (mérito que Ketín Vidal y Vladimiro Montesinos quisieron hurtarle). Desde entonces, Jiménez pareció empeñado en fundir su prestigio. Candidateó a la alcaldía de Lima por el Apra en 2006, y aunque fracasó, el gobierno de Alan García lo nombró jefe del INPE. Tuvo que ser separado del cargo cuando se supo que había delatado a dos policías encubiertos y adscritos a la DEA que investigaban al "Lunarejo" Fernando Zevallos. No estaba repuesto de aquel escándalo y fue detenido por la justicia, por permanecer como prófugo en un proceso por difamación agraviada que le inició Ketín Vidal. Ahora la fiscal Barreto asegura que Benedicto Jiménez era el "brazo derecho" de Rodolfo Orellana, capaz de usar la violencia física y psicológica para proteger a su organización delictiva, así como de emprender campañas de difamación y amenaza contra jueces, fiscales y periodistas desde el pasquín "Juez Justo". Informes de inteligencia lo habían acusado antes de liderar una mafia de interceptaciones telefónicas dentro del estudio Orellana. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Jiménez se libró esta semana de ir a la cárcel, y deberá seguir el proceso en comparecencia restringida, respetando estrictas órdenes de conducta. El otro nombre que descuella en este sainete es el congresista Heriberto Benítez. Famoso en los años noventa como defensor de la causa de los derechos humanos, asumió algunos casos complejos y se enfrentó valientemente al régimen de Alberto Fujimori, pero su figura comenzó a empalidecer a partir de las últimas elecciones, cuando postuló al Congreso por el departamento de Áncash. Desde entonces se lo asocia al hoy preso presidente regional César Álvarez, e incluso impidió que la Policía realizara un allanamiento del local donde funcionaba la llamada "Centralita", el centro de espionaje contra los enemigos de Álvarez. Conociendo sus antecedentes, también fue una sorpresa verlo avalar el polémico nombramiento de Martha Chávez como coordinadora del Grupo de Trabajo de Evaluación de Derechos Humanos, que al final quedó anulado. Según un informe de la Procuraduría Anticorrupción, Benítez era parte de la cúpula de Orellana. Jugaba un papel fundamental como engranaje entre la organización y el Estado, gracias a su amplia baraja de contactos políticos. Además, habría empleado la ONG Ucona (Unidad Contra el Narcotráfico y Lavado de Activos), que fundó junto a Benedicto Jiménez y el propio Rodolfo Orellana, para hostigar judicialmente a sus denunciantes. Benítez afirma ahora que no conocía a Orellana ni tenía idea de las acusaciones que pesaban contra él. Rodolfo Orellana sabía bien con quiénes le convenía asociarse. Benedicto Jiménez y Heriberto Benítez le prestaron su solvencia profesional, pero sobre todo un renombre que les venía del pasado. Ojalá la justicia no se detenga ahora, sancione con firmeza a quienes corresponda, nos permita saber a qué precio cambiaron el bien por el mal y nos demuestre que estas farsas nunca pagan.
El diario negro
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Noticia, El prófugo más buscado - 05/07/2014 4:30:00

"Sumada a la captura del presidente regional de Áncash César Álvarez, la orden de prisión preventiva dictada esta semana por la Sala Penal Nacional contra Rodolfo Orellana, su abogado Benedicto Jiménez y otros 23 colaboradores puede ser un segundo golpe decisivo contra las mafias que han asumido el protagonismo de la delincuencia en el Perú. Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, entre 2002 y 2011 la organización comandada por Orellana usó el sistema financiero para recibir más de dos millones de dólares de procedencia ilícita, lo que motivó el pedido de detención de la fiscal de lavado de activos Marita Barreto. Orellana suma abundantes denuncias judiciales y periodísticas que demostrarían que encabeza la red delictiva más grande del país, con al menos 83 personas y 63 empresas vinculadas y negocios que llegan hasta Panamá o China. Ahora sabemos que una de sus principales operaciones consistía en despojar a terceros de sus propiedades, y que tanto el camal de Yerbateros como el hospital Hermilio Valdizán, el Ministerio de Educación y hasta la Fundación por los Niños del Perú y el club Alianza Lima estuvieron en su mira. Para hacerlo recurría a pequeñas fracturas en la ley, y montaba falsos procesos arbitrales, o creaba empresas liquidadoras fantasma que inventaban una deuda y la ejecutaban, o emitía cartas finanzas a través de la cooperativa Coopex, que eran presentadas en procesos de licitación frente al Estado por empresas constructoras, para demostrar su solvencia. Luego estas empresas pedían un adelanto de inicio de obra y desaparecían, llegando según la fiscalía a estafar al Estado por un total de S/. 56 millones. Pero si algo supo hacer Orellana fue cubrirse las espaldas. Para hacerlo contaba con una red de notarios, jueces, policías y congresistas capaces de dilatar o ahogar los procesos en su contra, al tiempo que facilitaban las causas que él mismo iniciaba. Así pudo perseguir judicialmente a los periodistas que lo denunciaron, y que debieron enfrentar querellas por difamación que eran invariablemente aceptadas por el Poder Judicial. El complemento de esta maquinaria de amedrentamiento era la revista Juez Justo, un pasquín llevado por sicarios de la pluma, que injuriaban a quien se atreviera a rozar alguno de los muchos casos donde Rodolfo Orellana estaba implicado. Por si fuera poco, se lo acusa de montar una red de espionaje telefónico y de estar vinculado al caso «La Centralita» de Áncash. Hace muy bien Augusto Álvarez Rodrich cuando se pregunta qué cambió para que Orellana y su corte de los milagros perdieran el favor de un Poder Judicial tan permisivo durante todo este tiempo. En su columna de ayer viernes, Juan de la Puente da una respuesta: tanto el desenlace de este caso como el de César Álvarez ocurren gracias a una nueva y mejor normativa contra la corrupción, y tienen su origen en los «Consejos de Estado», con la participación de los titulares de los máximos organismos estatales, además del Presidente Humala. Como cuenta De la Puente, respetando la autonomía constitucional de cada participante, allí «se trazan estrategias y se exigen cuentas claras», y son una importante muestra de voluntad política. Pero antes que dejarnos ganar por el entusiasmo y hacer una evaluación optimista de este giro que parece dar la lucha contra la corrupción en el Perú, habría que esperar al desenlace del caso del ahora prófugo Orellana. Quizá cuando se capture a este ex militante aprista, que en el 2006 fue candidato a regidor del Consejo Metropolitano de Lima, se autodefine como «un empresario común» y ha sabido sortear a la justicia por un tiempo inusualmente largo, y se lo procese con seriedad e independencia junto con sus cómplices, podamos atrevernos a creer que el extendido cáncer de la corrupción comienza a enfrentarse con verdadera decisión, desde dentro y fuera del Estado peruano.
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