Que opina? APRODEH: Ley Nº 30151 puede generar más muertes en conflictos - 16/01/2014 13:51:42
" Ley Nº 30151 puede generar más muertes en conflictosLa Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresa su profunda preocupación respecto a la entrada en vigencia de la Ley Nº 30151, publicada el día 13 de enero, que modifica el inciso 11 del artículo 20º del Código Penal, ampliando los supuestos de inimputabilidad al personal de las fuerzas armadas y policiales que cause muertes o lesiones en cumplimiento de su deber.
Es necesario recordar que el mencionado inciso fue incorporado inicialmente vía Decreto Legislativo 982 durante el segundo gobierno de Alan García, generando una fuerte polémica sobre su inconstitucionalidad. Hoy, esta nueva modificación elimina la condición de que el uso de armas sea "en forma reglamentaria" y amplía a cualquier "otro medio" la acción letal por parte de militares y policías.
Si bien es cierto, urgen medidas de cara a la compleja inseguridad ciudadana, la eliminación de la conformidad reglamentaria para uso de las armas es, más bien, una decisión temeraria que constituye un aval de impunidad para el uso indiscrimado de la fuerza letal, y cualquier ciudadano afectado injustamente no podría acceder a la justicia. Del mismo modo se establece que las afectaciones a la vida y la integridad personal pueden ser causadas por cualquier otro medio distinto a las armas reglamentarias, lo que constituye un grave exceso legislativo.
Los índices de delincuencia y criminalidad organizada en nuestro país ameritan un tratamiento integral y diverso que conduzca a la seguridad ciudadana y la paz social, esto implica que ninguna medida puede poner en riesgo indebidamente el derecho a la vida, la integridad personal y el acceso a justicia.
Del mismo modo, nos preocupa que esta norma de impunidad alcance también a la acción de las fuerzas armadas y policiales en conflictos sociales. Aún estamos lejos de cerrar heridas de tragedias recientes como Bagua, Conga y Espinar, entre otras, y es notable el contraste entre la insistente persecución penal contra los ciudadanos que participan (o no) de protestas sociales y los índices de impunidad del personal de la fuerza pública y autoridades responsables de las muertes y lesiones a pobladores. Sólo entre 2006 y 2013, la Defensoría del Pueblo registra 193 muertes civiles en conflictos sociales y más de 2,400 heridos.
Esta situación es preocupante no sólo por la posibilidad de que en futuros acontecimientos, militares y policías actúen sin ninguna ponderación ni responsabilidad, sino también porque los procesos judiciales en curso por muertes y lesiones de ciudadanos sean revertidos y queden sin esclarecer, evitando así determinar eventuales sanciones y las reparaciones correspondientes a las víctimas.
Tal como ha señalado el Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), esta Ley forma parte de las medidas que en nombre de la seguridad ciudadana puedan coartar derechos tan fundamentales como la vida y la integridad física y tener un efecto disuasorio del ejercicio legítimo de la protesta social, siendo responsabilidad del Estado peruano adecuar la legislación nacional y la reglamentación del uso de la fuerza o de armas de fuego, por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a los estándares internacionales de derechos humanos.
Por tanto, exhortamos al Congreso de la República a derogar la Ley Nº 30151, a los magistrados del Poder Judicial a hacer uso del control constitucional para evitar la indefensión de las víctimas de abusos de la fuerza pública, y al Poder Ejecutivo a encausar en el camino del diálogo, la protección de derechos y la participación ciudadana la solución a los conflictos sociales del país.
Lima, 16 de enero de 2014.
APRODEH
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Noticia, Defensoría del Pueblo señala que Ley 30151 debilita la protección del derecho a la vida y a la integridad personal de la ciudadanía - 14/01/2014 18:50:23
"PRONUNCIAMIENTO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLOEN RELACIÓN CON LA LEY N° 30151
La Defensoría del Pueblo expresa que la modificación introducida por la Ley N° 30151 resulta contraproducente con el objetivo de fortalecer la labor policial y militar en la lucha contra la delincuencia, el resguardo del orden público y la defensa de la seguridad nacional. Por el contrario, la norma debilita la protección del derecho a la vida y a la integridad personal de la ciudadanía, al flexibilizar las reglas para el uso regular de la fuerza por parte de los agentes del orden.
La referida ley, publicada el día de ayer en el diario oficial El Peruano, modificó el numeral 11 del artículo 20° del Código Penal, disponiendo que «está exento de responsabilidad penal: el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte». Es decir, dicha modificación elimina el enunciado de la norma anterior que obligaba al personal policial y militar a usar las armas de acuerdo con sus reglamentos, y adiciona la posibilidad de que se utilice no solo las armas reglamentarias sino cualquier otro medio para tal fin.
La Defensoría del Pueblo coincide en la necesidad de dotar a las Fuerzas del Orden de las herramientas suficientes para hacer frente a la criminalidad organizada, la delincuencia terrorista, el narcotráfico y la delincuencia común, así como atender los contextos de violencia en los conflictos sociales. Estos distintos escenarios exigen procedimientos diferenciados y especiales. Sin embargo, esta modificación no se condice con dicho objetivo. Por el contrario, pone en riesgo la vida de cualquier persona, al permitirse el uso de armas, desconociéndose el reglamento y manuales de protección de los derechos fundamentales, como el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial.
Esta modificación también contraviene parámetros internacionales como los Principios de las Naciones Unidas, que enfatizan en la necesidad de que el uso de la fuerza por parte de los órganos policiales y militares se realice con sujeción a reglas mínimas, claramente establecidas, que garanticen la vida e integridad de las personas. Actualmente estas reglas no se encuentran reguladas en una norma con rango de ley.
Es necesario recordar que un Estado democrático debe tomar todas las medidas para asegurar que sus agentes harán uso de la fuerza de manera proporcional y necesaria, evitando al máximo la posibilidad de que ocurran muertes o lesiones de civiles o de personas inocentes, como lamentablemente ha ocurrido en nuestro país. En los últimos dos años y medio se ha reportado 34 civiles fallecidos y más de 949 heridos (de los cuales 357 fueron policías y 5, militares) en contextos de conflictividad social.
En ese sentido, es necesario reafirmar que el camino para fortalecer de modo sostenido la labor policial y militar, requiere apostar por su profesionalización. Es decir, dotarla de formación y capacitación permanentes y especializadas, equipamiento adecuado, remuneración justa y, cuando corresponda, de una efectiva defensa legal a cargo del Estado que garantice y asegure que quienes actuaron en legítimo ejercicio de su deber sean reconocidos y no sometidos a sanciones injustificadas. Estos son aspectos de fondo que deben ser atendidos de manera urgente e integral. En esa medida, nuestra institución ha formulado un conjunto de informes y recomendaciones que buscan contribuir con esos esfuerzos.
La finalidad debe ser contar con altos estándares en el cumplimiento de la función policial y militar que garanticen, de igual modo, la eficacia de su labor, así como el respeto de los derechos fundamentales, especialmente la vida y la integridad personal.
Por estas consideraciones, la modificación de la norma resulta innecesaria, pudiendo generar, además, confusiones en su aplicación, pues los supuestos de exención de responsabilidad penal para estos casos ya están debidamente regulados y contemplados en el numeral 8 del artículo 20° del Código Penal.
Lima, 14 de enero de 2014
Defensoria del Pueblo
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Interesante, Soberón: No veo resultados en labor de la DINI y esto no puede ser excusa para tapar seguimientos - 14/06/2013 15:52:38
" Ideeleradio.- No veo resultados en labor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) ni en el Sistema Nacional de Inteligencia (SINA) en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, y la delincuencia más avezada, y esto no puede ser excusa para tapar los supuestos seguimientos, sostuvo Ricardo Soberón, exjefe de Devida.Fue al comentar las declaraciones del premier Juan Jiménez Mayor quien rechazó que la DINI esté realizando labores para atacar a políticos de la oposición y que su fortalecimiento responde al interés del Gobierno para luchar contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.
"[¿El sistema de Inteligencia cuyo sentido está abocado de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, y la delincuencia más avezada, no está haciendo esa labor?] No, pues, porque no tenemos los instrumentos tanto de detección de lavado de dinero. No veo ni observo resultados. No se trata de encontrar a un sicario colombiano, sino el flujo de la madeja, que es una serie de secuencias y segmentos que me conducen a detectar esta dinámica de movimiento", manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"[Entonces, ¿No es válido el argumento por lo menos una justificación a lo que está pasando?] [Miremos] los resultados, si a mí me apareciera el desmantelamiento de unas empresas de origen colombiano con incautación de patrimonio de bienes e inmuebles me quedaría callado, pero no observo resultados, no los veo", aseguró.
Estamos en pañales para detectar flujos de criminalidad
El exjefe de Devida recordó que los reportes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) eran muy pobres y señaló que aún estamos en pañales para detectar flujos de criminalidad organizada.
"[¿Crees que los servicios de inteligencia están abocados a la tarea de combatir el crimen organizado y a lo que se está diciendo?] Pienso que estamos en pañales aún en términos de instrumentos para detectar flujos de criminalidad organizada. Recuerdo cuando leía los reportes de la DINI, eran muy pobres aún", anotó.
"Es verdad que hay un transvase de inversiones colombianas al exterior en Ecuador, Perú, Argentina. Hay gente excelente y gente buena, mala, regular y muy mala, de todos los niveles, que sale del país para aprovecharse de estas coyunturas. Entonces, yo no veo una posibilidad de que esto me sirva como excusa para tratar de tapar lo otro, no se está produciendo porque no veo resultados", finalizó.
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Que opina usted? Ley contra crimen organizado permitirá operaciones encubiertas contra bandas - 20/05/2013 11:55:00
El coordinador de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, informó hoy que la Ley Contra el Crimen Organizado permitirá efectuar operaciones encubiertas para combatir a las grandes bandas delincuenciales.Ver artículo... Fuente Artículo
Es Noticia, Maldonado: Conmutaciones de penas a narcos exige una investigación seria del MP - 05/04/2013 15:52:25
"Ideeleradio.- Los indultos y las conmutaciones de penas otorgados por el expresidente Alan García a condenados por el delito de narcotráfico deben ser investigados de manera muy seria por el Ministerio Público, consideró el exprocurador Antonio Maldonado."Estos indultos como los que pretendió hacer [Alan García] con [José Enrique] Crousillat, como los otros indultos [a narcotraficantes] que deben ser materia de investigación que beneficiaron a grupos de la delincuencia y criminalidad organizada vinculados al tráfico de drogas, que es un delito de persecución internacional y muy grave, pues amerita y exigen de parte del Ministerio Público una investigación muy seria", expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
El exprocurador apuntó que llama a la sospecha las explicaciones realizadas en torno al tema por parte del ex ministro de Justicia, Aurelio Pastor, y del ex titular de la Comisión de Gracias Presidenciales, Facundo Chingel.
"Llama la atención la explicación que dio el entonces ministro de Justicia y presidente de la Comisión de Gracias. Esto llama a sospecha, uno sostenía que solo firmaba lo que le ponían frente a él y el otro no sabía dar una explicación coherente ante la entrevista con preguntas muy básicas de una periodista. Todo esto llama a sospecha y, lamentablemente, es muy probable que esto haya ocurrido, pero esto debe ser investigado en el nivel que corresponde, lo cual sería grave", afirmó.
En este contexto, sostuvo que el Estado de Derecho y la democracia en el país todavía dista mucho de estar fortalecida. Estimó que existen desafíos en materia de lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
"Hay delitos de tortura y maltrato policial, casos de corrupción en el Poder Judicial y el Estado de Derecho no ha acabado de ser reivindicado en su totalidad", opinó.
No puede vivir en la esquizofrenia
Por otro lado, consideró que es grave que todavía siga vigente la Constitución del 93 y señaló que el Congreso de la República debería ser el primer preocupado en tomar una posición en el tema. Dijo que el país no puede vivir en la "esquizofrenia" de un marco institucional derivado de un golpe de Estado.
"Yo creo que este tema en algún momento hay que enfrentarlo. Simplemente el país no puede vivir llamémoslo de manera metafórica, en la esquizofrenia de un marco institucional que fue propio o derivado de un golpe de estado y a la vez proponerse fortalecer el Estado de Derecho y los valores democráticos ", aseveró.
"Un hecho muy grave es que todavía sigue vigente la Constitución del 93, eso me parece una contradicción fundamental. Creo que el Congreso de la República debería ser el primer preocupado en tomar una posición frente a este tema. Este es un tema de fondo y es totalmente inconsistente. Lo del indulto y de la revocatoria demuestra que hay problema muy serio con la Constitución vigente", concluyó.
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Información: Respaldan acelerar aprobación de proyectos contra delincuencia y crimen organizado - 27/02/2013 20:51:00
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, José León, respaldó hoy la invocación del Ejecutivo para dar celeridad a la aprobación de los proyectos referidos a la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada.Ver artículo... Fuente Artículo
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