Gestión Pública del Perú y el Mundo: Caravelí el Despojo y Hallan más restos en diligencia de registro en el cuartel Los Cabitos

Es Noticia, Caravelí el Despojo - 29/04/2014 17:13:08

"Hace casi cuatro años, el ingeniero Pedro Livschitz Arriaga fue expoliado violentamente de su mina ubicada en esa provincia arequipeña. Alrededor de 25 malhechores fuertemente armados se apoderaron de lo que era suyo.
En esa apropiación ilegal están involucrados el ciudadano sudafricano Stefan Laurentiu Daniel y el peruano Ulises Solís Llapa.
El también consultor minero ha batallado todo este tiempo para recuperar su propiedad, pero artilugios legales y conciencias compradas de policías, jueces y fiscales se lo han impedido.
El empresario e ingeniero Pedro Livschitz Arriaga ha perdido la fe en el Poder Judicial de nuestro país. Luego de ser vilmente despojado por delincuentes armados de su mina ubicada en la ciudad arequipeña de Caravelí, el reconocido consultor minero ha visto impotente como la justicia le ha sido esquiva.
Durante 22 largos años, Livschitz Arriaga se la pasó litigando con titulares y testaferros de derechos mineros, tanto en la vía administrativa y judicial, llegando incluso hasta la Corte Suprema de Justicia.
Porque habían logrado cancelar el denuncio minero Erika, supuestamente por falta de pago de los correspondientes derechos de vigencia que se cancelan anualmente para mantener actualizado el derecho minero, y consiguió que se anule dicha cancelación.
Después de una larga y costosísima batalla legal, el ingeniero alcanzó el tan ansiado y esperado título de la concesión minera Erika (de 412.9732 hectáreas) que lo había peticionado el 7 de marzo de 1988 ante la jefatura de minería de Ica, quedando materializado en la resolución de presidencia N° 3381-2010 ,INGEMMET/ PCD/PM del 18 de octubre de 2010.
Empieza la pesadilla. Cuando Pedro Livschitz pensaba que por fin iba a poder usufructuar la posesión y su derecho minero denominado Erika, ubicado en el cerro "Alto Perú" en el distrito de Chaparra, provincia de Caravelí (Arequipa) -lugar bastante conocido por ser uno de los principales centros de acopio de minerales.
Especialmente aurífero- de pronto, el 4 de julio de 2010, en horas de la madrugada, fue despojado de su mina por 25 delincuentes que ingresaron de manera violenta al denuncio minero dirigidos por un tal Zúñiga, contando con la participación del jefe de seguridad de la minera Colibrí y el chofer Nicolás Arias Caballero.
Portando armas de fuego que las tenían camufladas en sus casacas, esos sujetos llegaron en tres combis e irrumpieron en la mina abriendo fuego contra los trabajadores, quienes presas del miedo no tuvieron más opción que correr poniéndose a buen recaudo de las balas que estallaban cerca de ellos buscando refugio en las partes altas de los cerros que circundan el denuncio minero.
Según el propietario, detrás de ese violento operativo de despojo, usurpación y robo estuvieron los representantes de la minera Colibrí S.A.C., Ulises Raúl Solís Llapa y el sudafricano Stefan Laurentiu Daniel.
Quienes constituyeron esa empresa el 18 de enero de 2010 y adquirieron la mina Lucila Maximiliana II, realizando una maniobra legal con la clara intención de apoderase de la mina Erika debido a que, según el documento de compra de esta mina, tendría una extensión de 800 hectáreas, cuando en realidad era de 233 hectáreas.
Fundadas sospechas. Como la mina Erika estaba al lado de Maximiliana II y ante el falso aumento del área, los usurpadores aprovecharon para hacer creer que eran propietarios de ambos denuncios.
Según la Junta General de Accionistas de Colibrí S.A.C., el sudafricano Stefan Laurentiu tiene el 1% de las acciones de esa mina y representa a las empresas The Gold Leaf Trust y Adamastor Resources con el 73% y 25% de cada una, pero el asunto es que ambas empresas no existen legalmente, según el reporte de búsqueda en la Sunarp.
Por su parte, el gerente general de Colibrí S.A.C., Ulises Solís Llapa, es dueño del 0.05% de acciones de la mina del mismo nombre y gerencia doce empresas más de acuerdo a la Sunarp.
Lo extraño es que este aparente hombre de negocios es titular o vive en una propiedad ubicada en un asentamiento humano en Punta Hermosa.
Más sospechoso todavía es que esa minera se creó en el 2001 con un capital de dos mil soles y en menos de un año exportó la suma de 790 mil dólares.
Además, sus múltiples empresas mueven millones de dólares sin estar claro como acopia el mineral.
Por todo eso, se presume que ambos sujetos se dedican al lavado de activos.
Otros interesados en hincarle el diente a la rica mina Erika son los representantes de las concesiones mineras conocidas como Las Bravas 2 , cuyo mayor accionista es el ingeniero Enrique Armando Zapata Martineau y Paco Agustín Solano, gerente de Calipuy. "Erika siempre ha sido codiciada por su potencial de riqueza aurífera", sostiene el consultor minero Pedro Livschitz.
Hurto sistemático. El asalto del 4 de julio de 2010 fue el corolario de una serie de actos de perturbación de la posesión de la mina Erika que empezó seis años antes, combinado con un hurto continuado de minerales auríferos habiéndose extraído miles de toneladas de ese mineral con una ley promedio de 0.16 gramos por TM, cuyo valor estimado es de más de dos millones de dólares aproximadamente.
Es decir, al dueño de esa mina le iban robando sistemáticamente su material no renovable.
El día del desalojo, una vez que lograron controlar a los trabajadores (les apuntaron con sus armas de fuego), los asaltantes juntaron las herramientas, motores y los llevaron hacia la parte del enrejado en la boca mina, colocaron cuatro sacos de anfo y dinamita e hicieron explosionar todos esos objetos y otros bienes.
Ante las explosiones, los restos metálicos de las maquinarias destrozadas se esparcieron por el lugar y al desatarse las ondas explosivas dañaron los bienes del campamento minero.
Creando una situación propicia para que el sujeto apellidado Zúñiga sustraiga una mochila que contenía la documentación personal de la concesión minera, así como la suma de US$ 1,700 y S/. 1,200 de los trabajadores de la prospección minera.
Desde el día del asalto, de manera descarada y con total impunidad, los malhechores vienen extrayendo diariamente la riqueza minera, utilizando las mismas herramientas de la mina Erika.
Así las cosas, el hurto sistemático de minerales preciosos asciende hasta la fecha la suma de US$ 3.500.000.00.
La evidente preocupación del ingeniero Livschitz Arriaga es que este robo se convierta en algo continuado e indefinido, causándole graves perjuicios como titular del derecho legalmente constituido.
Ante esa amenaza, efectuó una serie de denuncias ante las autoridades para recuperar su mina -primero ante la policía y luego ante la fiscalía- solicitando que intervengan de manera rápida y efectiva a efectos de evitar que se causen mayores perjuicios contra la propiedad privada y contra la integridad física de las personas que realizan trabajo de prospección.
No obstante, todo fue inútil pues nunca tuvo el apoyo necesario. Lo evidente es que este asalto se llevó a cabo con la complacencia y la complicidad de las autoridades de la zona quienes sabían perfectamente que el mineral aurífero robado era procesado, mayoritariamente en la planta Doble D de propiedad de la minera Colibrí S.A.C.
Obviamente burlándose del pago al fisco, siempre ante la inacción de las autoridades tanto policiales como de la fiscalía.
Justicia ciega. El colmo de la desvergüenza fue cuando además del hurto sistemático del mineral aurífero, las 500 hectáreas de la mina Erika fueron presentadas como si fueran parte del proyecto aurífero "Chaparra" ante la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá) por la minera Calipuy S.A.C.
Subsidiaria de Absolute Resourses Corp y Minera Colorado, ahora en liquidación, timando a los inversionistas para recaudar una millonada de dólares.
Es más, hasta se atrevieron a poner una tranquera en plena carretera de penetración que une a los pueblos de Chaparra y Sifuentes, impidiendo así la circulación por la vía pública y el acceso a la concesión minera Erika.
Esto obligó a que el empresario Pedro Livschitz Arriaga interponga una demanda de amparo contra la empresa minera Calipuy S.A.C. por la violación constitucional del derecho fundamental al libre tránsito y circulación, acción que fue declarada fundada por lo que se notificó a la gente de esa empresa que debían retirar la tranquera.
Sin embargo, hasta la fecha esa tranquera permanece en ese lugar custodiada por matones contratados que portan armas de guerra. No solo eso, pues contrataron personal policial para que controlen el acceso de cualquier persona y vehículo.
Como si eso no fuera suficiente, la fiscalía de Caravelí, pese a las pruebas que acompañaban esa acusación, decidió archivar la denuncia por robo agravado.
El despojo y robo sistemático de minerales auríferos les ha permitido a los usurpadores acumular miles de dólares para comprar las conciencias de policías y fiscales y así con total impunidad puedan seguir robando el costoso material.
Sin duda, lo que han hecho las autoridades en este caso es sentar un nefasto precedente. El denunciante refiere además que la empresa empresa minera canadiense Junior, denominada ABSOLUTE RESOURCES INC., y su filial peruana minera Calipuy S.A.C., gerenciada por Paco Agustín Solano Santiago.
Sujeto que tiene antecedentes por estafa, según lo indica el SIATF del Ministerio Público, impunemente transfieren derechos mineros y venden acciones en la bolsa de Valores de Toronto, lo que les permite no tributar un solo centavo al Estado peruano de lo que reciben (se habla de centenares de miles de dólares).
No pierde la fe. Los delitos en agravio de Pedro Livschitz Arriaga han sido acreditados cuando el 28 de abril de 2010 se levantó el acta de inspección en las tierras del derecho minero Erika, contando con la presencia de la fiscalía de Caravelí, la policía y el gerente regional de Energía y Minas, ingeniero Alberto Butrón Fernández.
Encontrándose en dicha inspección a los usurpadores César Vargas Almirco y José Liver Daga Carhuarica (vigilantes de Las Bravas N° 2), así como a un minicargador manipulado por Pánfilo Laura Velásquez que cargaba un volquete con material aurífero que iba a ser tratado por la minera Colibrí S.A.C.
No obstante, el verdadero propietario de la mina Erika se quejó de la actuación del entonces fiscal adjunto, Dr. Percy Raúl Challco Ccallo, quien participó en la elaboración del acta de inspección, pero se negó a identificar a los sujetos que estaban en la garita de control que servía.
Para retener y cobrar el 10% de las regalías a favor de la minera SRML Las Bravas N° 2 de Ica, sin tener derecho alguno sobre las áreas que le pertenecen a Pedro Livschitz.
Desde que le quitaron lo que era suyo, el ingeniero Livschitz Arriaga no cesa en su empeño por recuperar su mina. Él es un hombre tenaz y perseverante, pero tiene razones suficientes para desconfiar de las autoridades del país.
Porque mientras los usurpadores se benefician explotando su mina y se hacen ricos, él se la ha pasado todo este tiempo tocando las puertas de jueces, policías y fiscales y no ha encontrado justicia.
"Creo en Dios y sé que tarde o temprano la justicia y la ley triunfarán sobre el poder de la corrupción", nos dice el afectado.
Mientras tanto, luego de tres años la 6ta Fiscalia Provincial de Lima ha pedido el archivamiento definitivo del expediente N° 71-2011 que consta de más de ocho mil folios y que nunca se han estudiado las abundantes pruebas allí contenidas.
Por eso, Pedro Livschitz ha presentado la queja respectiva ante la 9na Fiscalía Superior y ahora aguarda que las autoridades actúen conforme a ley y la sentencia le sea favorable.
"Espero que esta vez la 9na Fiscalía Superior no haga causa común con la fiscalía de origen y los magistrados procedan con honestidad y transparencia", culmina el ingeniero.
Foto: Difusión.
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Que opina? Hallan más restos en diligencia de registro en el cuartel Los Cabitos - 28/10/2010 10:34:39

"Ayacucho.- Con fecha 26 de octubre de 2010, se llevó a cabo la diligencia de registro y prospección en la zona del Sector II de Totora, perteneciente al Cuartel Domingo Ayarza, ex Cuartel Los Cabitos, al noreste del cuartel y a 80 metros del lugar conocido como la Chanchería; diligencia que estuvo a cargo de la Primera Fiscalía Supra provincial de Ayacucho y peritos del Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público de Ayacucho, con participación de los familiares de los agraviados representados por ANFASEP, su abogado y efectivos del Ejército.
En dicha diligencia se verifico que el Ejército viene realizando edificaciones de Inguar y torreones de vigilancia en el sector antes descrito, desde hace varias semanas; es así que, el pasado 19 del presente mes, los trabajadores de la Empresa Contratista a cargo de la obra, mientras realizaban las excavaciones de zanjas, encontraron restos óseos, los mismos que fueron depositados en una bolsa de cemento y continuaron con sus labores. Los restos, lueg luego de haber sido verificados por el perito forense Luis Rueda, se determinó que correspondía a un individuo probablemente de sexo masculino.
Este hallazgo da fe de la existencia de fosas comunes en este sector del cuartel no trabajado hasta el momento; por lo que, la fiscalía dispuso la inmovilización de la zona y el cese de los trabajos en dicho sector, a fin de continuar en los próximos días con los trabajos de cateo exploratorios y exhumación de fosas. En tanto que los restos óseos fueron recogidos y trasladados al laboratorio de Antropología Forense del Ministerio Público de Ayacucho, para su correspondiente análisis.
Cabe precisar que estos registros continuarán en la zona inmovilizada a fin de obtener mayores elementos de prueba y formalizar la denuncia penal correspondiente, contra los que resulten responsables.

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