Que opina? Aprovechando tragedia ajena - 12/03/2014 17:16:56
"Según la acusación fiscal, 15 funcionarios del Ministerio Público se apropiaron de bienes que iban a ser donados a los damnificados del terremoto del 15 de agosto de 2007.Los malos empleados públicos concertaron de manera consciente con los representantes de la empresa PLAMOL SRL, vinculada al jefe de la Oficina de Administración del Seguro Integral de Salud (SIS), José Domingo Vega Díaz.
Para favorecerla en la compra directa, sobrevaloraron los precios, falsificaron firmas de recepción de los bienes comprados por personas que estaban de vacaciones y permitieron que los proveedores dejen cheques como garantías, algo que no está permitido por la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado.
Además, hicieron pagos adelantados cuando aún no se había entregado la mercadería, cotizaciones que se hicieron después del otorgamiento de los bienes, raciones alimenticias y pastillas purificadoras de aguas.
Que nunca llegaron a los almacenes de la zona de emergencia, ocasionan do un perjuicio económico al Estado de un aproximado de dos millones 253 mil 262.78 soles.
Planifican la ayuda. La tarde del 15 de agosto de 2007 se produjo un terremoto en el sur peruano con una magnitud local de 7.0 en la escala de Richter, siendo su epicentro a 60 km del oeste de la ciudad de Pisco.
El sismo causó graves daños materiales y dejó como saldo la muerte de 595 personas, según cifras publicadas por el INEI.
Las ondas sísmicas destruyeron viviendas, infraestructura vial y servicios básicos en Pisco, Chincha, Ica, Cañete y zonas periféricas.
Con la finalidad de ejecutar acciones inmediatas, destinadas a la atención de la población damnificada, a la reducción y minimización de los riesgos existentes y la rehabilitación de las zonas afectadas, el Gobierno central declaró en estado de emergencia el departamento de Ica y la provincia de Cañete por 60 días.
Disponiendo que los gobiernos regionales y locales ejecuten las acciones necesarias para la atención de la emergencia y rehabilitación de las zonas afectadas.
Al día siguiente del evento sísmico, se reunió el Comité de Gestión Institucional del Servicio Integral de Salud (SIS), organismo público descentralizado que depende del sector salud y cuyo objetivo es integrar y contribuir al sistema de aseguramiento universal para garantizar el pleno derecho a la salud.
Estructuralmente, en el 2007, el encargado de su supervisión y control era el viceministro de Salud, el Dr. José Gilmer Calderón Yberico.
En esa reunión de coordinación, los gerentes y asesores, así como el jefe del SIS, Julio Espinoza Jiménez, acordaron por unanimidad conformar grupos de apoyo integrado por médicos del SIS.
Quienes viajarían al sur para apoyar a los familiares de los fallecidos con coberturas de sepelios y para brindar urgente atención de salud.
En tanto, la Oficina de Planeamiento y Desarrollo, a cargo de Ricardo César Corcuera Rodríguez, realizaría las gestiones ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas para tramitar los recursos presupuestales que requería la asistencia urgente a los damnificados del terremoto:
Un total de 150 mil afectados y el SIS estaba planificando cubrir el apoyo de un 20 a 25% de esos damnificados.
Apenas terminó la reunión del Comité de Gestión Institucional, el jefe de la oficina de administración ordenó verbalmente que la subgerente de logística del SIS, Mirtha Díaz Ramos.
Elabore un estudio de mercado sobre bienes a ser donados a los damnificados del sismo (no existe documento que sustente el requerimiento y la necesidad de los bienes a adquirir), mientras que César Corcuera, un funcionario que carecía de experiencia en la gestión administrativa.
Solicitó dos ampliaciones en el calendario de gastos para el mes de agosto por sumas de 4 millones 341 mil 760 soles y 14 mil 938 soles.
Recibida la orden verbal, Díaz Ramos emitió el informe número 375-2007-SIS ,OA/L de fecha 17 de agosto de 2007 en donde señala que se pone a buscar proveedores que puedan abastecer de productos de primera necesidad con el fin de brindar apoyo a los damnificados del sur y logra determinar el número de producto a cotizar.
Adicionalmente, adjunta las cotizaciones, esperando órdenes del jefe de administración para realizar las compras de acuerdo al artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Sin embargo, no se conoce la fuente que utilizó para obtener los datos referenciales y contactar a los proveedores, puesto que la gran mayoría no se encuentran inscritos en el registro de proveedores de Consucode.
Entre los días 17 al 24 de agosto de 2007, la Oficina de Administración del SIS efectuó adquisiciones para la emergencia por un importe de S/14, 275,838.29, incluidos gastos por servicios de alquiler de cuatro equipos satelitales y servicio de transporte.
La noche del 18 de agosto, el médico cirujano Julio Espinoza Jiménez se acercó al local institucional y advirtió de la adquisición de bienes, y no adoptó ninguna acción u observación para suspender los procesos de compra, así como los pagos que se venían realizando.
Al día siguiente, fue entrevistado en canal 7 e hizo la presentación de los productos adquiridos, lo que se confirmó con las notas periodísticas aparecidas en el diario La República (edición del viernes 28 de setiembre de 2007).
Tras bambalinas. Hasta allí todo es loable, pero detrás de las buenas voluntades siempre medra la mente criminal que busca obtener ganancias concertando con los proveedores, sin importarle el dolor y la miseria del pueblo damnificado.
Siempre en la figura de colusión desleal existe un líder que domina permanentemente el escenario desde su posición privilegiada y cuenta con cómplices para alcanzar su propósito criminal.
En este caso, todos los indicios conducen a pensar de que el artífice de la concertación ilegal, malversación de fondos y falsificación ideológica era el jefe de la oficina de administración del SIS, José Domingo Vega Díaz, alrededor del cual se desarrollan los hechos irregulares.
Todo parece indicar que el funcionario habría favorecido a la empresa PLAMOR SRL, con cuyo representante tenía algún grado de amistad.
Esto puede evidenciarse con la intervención en estos hechos de su padrastro Guillermo Alberto Bianchi Burga, tercero cuya participación estaba orientada a verificar el cumplimiento de la "obligación".
Pero Vega no hubiese alcanzado su objetivo de obtener ganancias ilegales sin la complicidad de Ricardo César Corcuera Rodríguez, jefe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo del SIS, quien prestó la ayuda para conseguir los recursos ante el MEF con la finalidad de destinarlos a adquirir los bienes para ser entregados en donación a los damnificados del sur.
Detectadas las irregularidades de las compras, los principales funcionarios públicos del SIS intentaron vanamente darle visos de legalidad y curarse en salud. Espinoza Jiménez, quien autorizaba la adquisición de los bienes y era quien requería la exoneración.
Responsabilidad que era indelegable, solicitó que se formule denuncia penal contra José Vega Díaz (jefe de la oficina de administración) y Ricardo Corcuera Rodríguez (jefe de la oficina de planeamiento y desarrollo) por los delitos de asociación ilícita para delinquir, usurpación de funciones.
Colusión desleal, peculado, cohecho pasivo propio, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos.
Por esas fechas, el ministro de Salud, Carlos Vallejos Sologuren, dispuso que todas las adquisiciones que se realicen para atender el desastre se hagan de acuerdo a la normatividad que regula la exoneración, cautelando el uso de los recursos públicos.
Para convalidar las compras que hasta ese momento había realizado el SIS, lo primero que hizo el Dr. Espinoza Jiménez fue pedirle a Vallejos Sologuren la autorización para que el SIS pueda adquirir los bienes necesarios que permitan atender la emergencia, acompañando un modelo de oficio para que el ministro emita la autorización.
Pero este le respondió que el SIS, como organismo público descentralizado, gozaba de autonomía económica y administrativa por lo tanto no le correspondía al ministro autorizar las adquisiciones ya que esto era competencia del titular del SIS.
El 23 de agosto de 2007, después después de conversar con el ministro de Salud, Espinoza Jiménez le pide a José Vega Díaz que informe sobre el estudio de mercado que sirvió de base para el proceso de adquisición, si contaba con disponibilidad presupuestaria y si los proveedores estaban en condiciones de contratar con el Estado.
Así como la documentación que sirvió para el proceso de adquisición, el destino y lugar de origen de las compras. Vega Díaz le informa que el estudio de mercado, tanto de bienes y sus cantidades, fueron determinadas en función a la información proporcionada por los medios de prensa y los equipos de apoyo que se trasladaron a la zona.
De esa manera, se pretendía regularizar las compras por cualquier medio, por eso se reunieron con funcionarios del MEF para informarse si el SIS podía estar dentro de los alcances del DS 068-2007-PCM y la forma en que podían regularizar las adquisiciones para la donación a los damnificados del terremoto.
Serias irregularidades. El caso fue investigado por la División de la Policía Adscrita a la Controlaría General de la República, cuyo resultado se refleja en el atestado 234-2007-DORCOCOR- PNP ,DIVPACGR.
E1, denuncia fiscal y auto que dio inicio al proceso penal. En las investigaciones se detectó además que el SIS efectuó adquisiciones bajo la exoneración por causal de emergencias.
Sin embargo, los requerimientos fueron elaborados por el área usuaria, que para este supuesto correspondía a la gerencia de mercado, órgano que promueve, organiza y dirige y evalúa las actividades orientadas a la atención de la demanda de servicios que brinda el SIS.
Además, se determinó que no se contaron con las especificaciones técnicas del bien ni con un valor referencial estimado, que debió haber sido remitido a la oficina de administración para que a través de la subgerencia de logística se efectúe la adquisición.
En este caso, los requerimientos se originaron a través de la oficina de administración, pero ese departamento no celebró los contratos con los proveedores a los que otorgó la buena pro.
Motivo por el cual no se contaron con los respectivos requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías, recepción y conformidad de los bienes.
Tampoco se requirió el contrato de consorcio, el cual es posible que se perfeccione mediante documentos privados con firmas legalizadas de cada uno de sus representantes legales ante un notario público.
El SIS estaba facultado para ejecutar las acciones necesarias para la atención de la emergencia y rehabilitación de la zonas afectadas en cuanto a cubrir los gastos de sepelio, costo de atención de heridos, adquisición de ataúdes, bolsas de cadáveres, costos de evaluación, entre otros.
Pero no tenía facultades para adquirir y/o contratar bienes que estaban fuera de su competencia, los cuales deberían ser canalizados por otras instituciones del Estado.
El 27 de agosto, el ministro de Salud dio por concluida la designación del médico Julio Espinoza Jiménez, nombrando en su reemplazo al médico Esteban Chiotti Kaneshima.
Por otro lado, el viceministro de esa cartera, José Calderón Yberico, no cumplió con su labor de supervisión del SIS en la contratación anómala de José Vega Díaz en un cargo de confianza cuando se desempeñaba como jefe del SIS.
En este escandaloso caso de colusión ilegal, malversación de fondos y falsedad ideológica están procesados 15 exfuncionarios del SIS:
Elliot Santa Cruz Jaure, Julio Espinoza Jiménez, José Vega Díaz, Ricardo Corcuera Rodríguez, Mary Consuelo Malca Villa, Gilda Manrique Miranda, Guillermo Frías Martinelli, John William Mego Calderón, Ilich Máximo Ascarza Delgado y Jhony Ricardo Morzán Delgado, entre otros.
Foto: Difusión.
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Noticia, Presidente regional de Apurímac destaca diálogo con el gobierno - 21/12/2011 10:22:11
""Ha sido una reunión histórica para nosotros y nos da la esperanza de poder lograr superar los márgenes de indicadores sociales que tiene Apurímac", manifestó tras reunión con el Jefe de Estado, ministros y alcaldes.
Como resultado del diálogo se lograron acuerdos importantes, entre ellos el incremento en más del 100 por ciento en el presupuesto de las municipalidades y del gobierno regional, además de algunos proyectos importantes para el desarrollo de la región.
El presidente de la región Apurímac, Elías Segovia, afirmó esta noche que el diálogo del gobierno tiene que ser con interlocutores válidos elegidos por el pueblo como los presidentes de comunidades, los alcaldes distritales y provinciales y los presidentes regionales "porque ellos son los que manejan el desarrollo de cada región, articulados con el Presidente de la República en el desarrollo del país".
En una declaración a la prensa en Palacio de Gobierno, acompañado por los alcaldes provinciales de Aymaraes, Cotabambas y Grau, Segovia expresó su agradecimiento, a nombre de Apurímac, a la actitud dialogante del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y de sus ministros con quienes estuvo reunido por más de tres horas y media.
Dijo que como resultado del diálogo se lograron acuerdos importantes, entre ellos el incremento en más del 100 por ciento en el presupuesto de las municipalidades y del gobierno regional, además de la consideración de algunos proyectos importantes para el desarrollo de la región, los cuales se coordinarán con el Ministerio de Economía y Finanzas para determinar de qué fuentes se van a financiar las obras.
Entre los proyectos señaló los referidos a reforestación, sistemas de riego, comunicación con las provincias altas y mejoramiento de las zonas turísticas, entre ellas la construcción de un teleférico incorporado al aeropuerto de Abancay. "Son proyectos ambiciosos, estamos buscando las fuentes financieras ya con el visto bueno del Presidente de la República", dijo.
"Ha sido una reunión histórica para nosotros y que nos da la esperanza de poder lograr superar los márgenes de indicadores sociales que tiene Apurímac", recalcó.
Al ser preguntado sobre la impresión que tuvo de lo ocurrido ayer en Cajamarca, por el diálogo frustrado ante la negativa del presidente regional Gregorio Santos quien se negó a firmar un acta previamente acordado, dijo: "creo que se va dando llaves innecesariamente a gente que no ha sido elegida por el pueblo, y ellos que nada tienen que perder presionan para que un presidente regional actúe, quizás con cierto temor, y eso es porque se viene la etapa de revocatoria y hay instrumentos para revocar, y el presidente de la región Cajamarca creo que está un poco temeroso de tomar una decisión como estadista y como presidente regional ante este tema porque hay muchos que están interesados en revocarlo".
Segovia sostuvo que con ese tipo de amenazas de gente que no ha sido elegida por el pueblo se debilita la estructura de los presidentes regionales y alcaldes elegidos.ç
"Y ese es un tema que el pueblo se tiene que dar cuenta, tenemos que hacer que el país se desarrolle con autoridad, con proyectos grandes, obviamente también hablando de inclusión social y que las empresas que invierten en minería estén condicionadas también al margen de lo que ve el presidente regional y obviamente el Presidente de la República", señaló.
La reunión de trabajo, que se inició a las 6 de la tarde, se prolongó por más de tres horas y media en el Salón Túpac Amaru de la sede del Ejecutivo.
Participaron los alcaldes provinciales de Aymaraes, Jaime Antonio Torbisco Martínez, de Cotabambas, Guido Ayerve Quispe y la provincia de Grau, Rosendo Echevarría Aquipa.
Acompañaron al Jefe de Estado los ministros de Economía y Finanzas, Miguel Castilla; de Salud, Alberto Tejada; de Agricultura, Luis Ginocchio; y de Educación, Patricia Salas.
Asimismo, los titulares de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes; de Energía y Minas, Jorge Merino; de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli y los viceministros de Vivienda, Miguel Romero y de Construcción, Carlos Juscamaita.
Fuente: Presidencia
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