Interesante, Más de 80 proveedores fueron inhabilitados para contratar con el Estado - 04/09/2015 21:50:00
El Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó, durante julio, a un total de 86 proveedores, inhabilitándolos de forma temporal o definitiva para contratar con el Estado por infringir la Ley de Contrataciones, informó el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).Ver artículo... Fuente Artículo
Noticia, Designan vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado de la OSCE - 09/06/2015 8:00:00
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó hoy a cuatro vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisión de las Contrataciones del Estado (OSCE), elegidos por concurso público y que tendrán un periodo de tres años.Ver artículo... Fuente Artículo
Noticia, Nuevo criterio para las contrataciones estatales - 16/05/2015 9:43:08
"Un nuevo criterio jurisprudencial administrativo para la aplicación del principio por el cual nadie puede ser juzgado ni castigado dos veces por los mismos hechos, en materia de fiscalización de contrataciones del Estado, se incorporó a la legislación nacional.La Sala Plena del Tribunal de Contrataciones del Estado determinó que cuando la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE, luego de una fiscalización posterior, declare la nulidad de un trámite por la presentación de un documento falso y/o información inexacta e impida al proveedor acceder a esa nómina no corresponderá iniciar el procedimiento administrativo sancionador, sino el archivo del expediente respectivo.
Esto, en aplicación del mencionado principio, denominado Non Bis In Idem, regulado en el numeral 10 del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Fundamento
De acuerdo con el numeral 9.4 del artículo 9 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando la citada dirección verifique la presentación de documentos falsos o con información inexacta de un proveedor ante un trámite seguido en dicha instancia, deberá declarar la nulidad del procedimiento y, luego, solo él podrá pedir su reinscripción después de dos años de haber quedado firme la resolución que declaró la nulidad.
A criterio del colegiado, en los casos que se someten a su conocimiento, la restricción impuesta al proveedor implicará para este una suspensión del derecho de participar en los procesos de contratación que efectúan las entidades estatales, pues la inscripción vigente en ese registro es un requisito para ser participante, postor y/o contratista del Estado.
Para el tribunal, la persona afectada por la decisión de la citada dirección es la misma que la procesada en el procedimiento sancionador, en virtud de hechos similares y por el mismo fundamento, trasgresión a los principios de presunción de veracidad y moralidad. Así, opina que no puede volver a procesarla y/o sancionarla, considerando la decisión de la citada dirección.
Diario El Peruano (16/05/2015)
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Noticia, EL OTRO CASO QUE COMPLICA A DANIEL URRESTI - 27/02/2015 11:53:50
" Luego de su aparatosa presentación como militante (¿y candidato?) del Partido Nacionalista Peruano, hoy Daniel Urresti recibió un baldazo de agua fría en sus aspiraciones políticas. Según Ideele Radio, Urresti ha sido acusado por el fiscal Luis Landa como autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en noviembre de 1988 en Erapata (Huanta, Ayacucho), en el contexto del conflicto armado interno que vivió el país. Se solicita 25 años de prisión y 500 000 nuevos soles de reparación civil.Bustíos fue ultimado por una patrulla del Ejército. Su cuerpo luego fue dinamitado. Urresti ha reconocido haber servido en la base militar de Castropampa - lugar del que salió la patrulla - como oficial de inteligencia, pero ha negado su participación en estos hechos. El Ministerio Público ha calificado este caso como un crimen de lesa humanidad.
Más allá de la valoración de la opinión pública sobre los procesados por violaciones a los derechos humanos, lo cierto es que la acusación deja en mal pie a Urresti. De un lado, porque se trata de un crimen serio y un caso emblemático de vulneraciones a los derechos fundamentales cometidas por agentes del Estado (de hecho, el Poder Judicial ya condenó a dos de los involucrados). De otro lado, porque el estatuto del Partido Nacionalista Peruano impide postular a cargos públicos a quienes tienen procesos judiciales abiertos. Gracias a Rodrigo Cruz, periodista de El Comercio, tenemos aquí el pasaje exacto de dicho documento:
Pero este no es el único caso en el que Urresti deberá aclarar su participación. Una completa investigación del periodista Christopher Acosta, para la revista Poder, pone al descubierto un caso vinculado a la sanidad policial que deja mal parado al exministro del Interior.
Aquí las claves más importantes.
1. LA EXTRAÑA SOLUCIÓN AL DESABASTECIMIENTO DE MEDICINAS EN LA SANIDAD POLICIAL
Todos quienes tenemos familiares cercanos en la Policía Nacional del Perú sabemos que uno de los principales horrores que los pacientes tienen que padecer es el desabastecimiento de medicinas, situación que tiene más de veinte años sin solución.
Desde 2009, se tiene un parche, llamado Sistema de Reembolso Inmediato, que partía de la siguiente premisa: los pacientes podían comprar las medicinas en cualquier farmacia, para luego, comprobante en mano, ser reembolsados.
Pero rápidamente la "solución" se distorsionó: el parche se convirtió en regla y la única beneficiaria del SIRI era una empresa: Baxley Group. Pequeño gran detalle: el monopolio se entregó sin concurso público y sin contrato de por medio. Así, esta empresa, con el nombre comercial de "Boticas + Ahorro", entre 2009 y 2014, ha ganado cerca de 32 millones de soles únicamente por este concepto. Como indica Acosta, no hay ningún documento que formalice la relación oficial entre la compañía y el Fondo de Salud Policial (antes Fospoli, hoy SaludPol).
La relación se inició cuando el presidente de Fospoli era el hoy retirado general Raúl Salazar Salazar, quien años más tarde fuera director general de la Policía Nacional del Perú, en una controvertida gestión. Salazar no quiso declarar a Poder para el mencionado informe.
Además de la inexistencia de documentación que justifique esta relación comercial, Acosta señala dos cuestionamientos más: casos de falsificación de firmas en algunos de los vouchers entregados por Baxley Group para justificar los reembolsos que SaludPol debe dar a esta empresa y precios más elevados que otras farmacias del mercado en los medicamentos que suministran a la familia policial.
2. UN CONSORCIO FARMACÉUTICO CASERITO DE LOS MEDIOS
Según indica Acosta, Droguería Laboratorio Baxley Group es parte de un consorcio de capitales indios y peruanos que comprende a las empresas Merrock y Eske Corporation, siendo esta última la más conocida del gremio.
El periodista señala que las famosas "Boticas del Pueblo", implementadas durante la campaña presidencial aprista 2006, no son otra cosa que el otro nombre comercial de las farmacias de Baxley. Este proyecto que implicaba la venta de medicinas genéricas a bajo costo, fue diseñado por Hugo Diaz Lozano, militante del partido de la estrella y asesor de la empresa hasta hace poco. Curiosamente, la relación comercial investigada se inició en el segundo gobierno de Alan García.
Pero no es la primera vez que este consorcio farmacéutico ocupa un espacio en medios de comunicación. En la reciente campaña electoral municipal, una investigación del portal Ojo Público reportó la siguiente revelación sobre el entonces candidato a la alcaldía de Lima Salvador Heresi:
El candidato a la alcaldía de Lima fue investigado por recibir 37.500 dólares de un directivo de un grupo farmacéutico entre el 2010 y 2011. Heresi dijo que los pagos fueron por asesorías, pero nunca especificó los servicios. Dos años después, la empresa fue beneficiada por la Municipalidad de San Miguel.
¿Cual era el grupo farmacéutico? Eske Corporation. Y cual era el beneficio. Citamos el informe de Fabiola Torres:
El último episodio de esta relación salió a la luz el 4 de diciembre del 2013. Esa mañana el alcalde de San Miguel inauguró un centro de hemodiálisis municipal en un edificio de la avenida La Paz que presentó como un ejemplo de asociación público-privada, con apoyo de dos ONG: The Wheelchair Project Perú y Manos Fuertes (esta no figura en ningún documento de este caso). El problema es que tal asociación nunca existió formalmente. En realidad, lo que el alcalde inauguró fue un centro de salud privado en un local municipal. El negocio pertenecía nada menos que a la empresa vinculada a Rajan Bandekar, Eske Corporation.
¿Notan algún parecido?
Pero no es el único cuestionamiento que tiene la empresa. Otro informe elaborado por Torres, esta vez para El Comercio, indicaba en noviembre de 2013 que:
Eske Corporation es la empresa que originó la suspensión del programa contra la anemia infantil el 2011, lo que perjudicó a más de 600 mil niños menores de tres años del país y también a madres gestantes.
Esto porque la compañía solo entregó al Pronaa 15 millones de unidades del suplemento vitamínico de un total de 45 millones comprados, pese a que se trató de una situación de urgente necesidad que la exoneró de concurso público el 2010. Además, el único lote abastecido a tiempo por Eske Corporation no respetó las características de empaque del producto indicadas en el contrato.
El problema lo conoce de cerca Paola Bustamante Suárez, actual viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y ex directora ejecutiva del Pronaa en ese período (ahora es la titular del MIDIS, nota de DTP), quien rescindió en forma parcial el contrato con Eske Corporation. Sin embargo, la empresa llevó a un arbitraje al programa para obligarlo a recibir los lotes faltantes del producto fuera de plazo y en condiciones inadecuadas.
El proceso acabó recién el 2 de febrero del 2012 y el Pronaa fue obligado a recibir los 30 millones de sobres de suplementos vitamínicos faltantes (dos años después de la compra), cuando ya no se encontraban en óptimas condiciones para el consumo de los niños.
El laudo arbitral solo declaró infundadas las pretensiones de la compañía de una indemnización de más de un millón de soles del Estado y pagos de otros gastos administrativos.
Un mes después, el Pronaa empezó a distribuir el producto a las regiones, pero el Ministerio de Salud ordenó la inmovilización de todos los lotes vendidos por Eske Corporation porque detectó que estaban llegando en mal estado a los beneficiarios.
Se presentaron 20 casos de intoxicaciones de niños y el Pronaa interrumpió nuevamente la distribución de los nutrientes.
Y no era el único problema de la empresa hermana de Baxley Group
Este no es el único antecedente de Eske Corporation para tomar en cuenta. El 14 de marzo pasado, el Tribunal de Contrataciones del Estado inhabilitó a la empresa para participar en licitaciones públicas por un año debido a que nunca entregó los lotes de un medicamento (heparina sódica) comprado por el Gobierno Regional de La Libertad. Esto perjudicó a los pacientes del Hospital de Belén de Trujillo en el 2009.
La empresa perdió un primer arbitraje contra el gobierno regional, pero inició un segundo proceso. Hasta que se resuelva esta última demanda, el tribunal suspendió su sanción en abril pasado. Solo así pudo participar en la licitación del Ministerio de Salud.
3. LO QUE OCURRIÓ EN LA GESTIÓN URRESTI
Volvamos al caso. Según Acosta, durante la gestión del exministro Walter Albán, se tomaron varias decisiones. Se nombró como presidente del directorio de SaludPol a David Tejada Pardo, padre del congresista Sergio Tejada, y como gerente al médico José Paredes Cabel. La breve gestión de Paredes, según la nota, tenía tres signos claros: ninguna reunión con proveedores, reactivación de contratos existentes para disminuir el desabastecimiento de medicinas y la decisión de acabar con la relación con Baxley Group.
Esta última decisión, tomada ya en la gestión Urresti, debió ser revertida dado que los pacientes eran recetados por los médicos de la sanidad policial con medicamentos que solo podían conseguir en "Boticas + Servicios". Paredes presentó su renuncia.
En esa línea, la salida de Tejada Pardo, de acuerdo con el informe, se explica menos por el alejamiento de su hijo de las filas oficialistas y más por una decisión: dado que no podían cortar inmediatamente con Baxley Group, era momento de acabar con el monopolio de la empresa. Urresti lo sacó y nombró como nuevo presidente de SaludPol a un miembro del directorio favorable a continuar con el trato.
4. UNA REUNION A ACLARAR
Finalmente, según Acosta, en octubre de 2014 se produjo una reunión en el despacho de Urresti. Allí Baxley Group - Eske Corporation presentaba al directorio de SaludPol, a un viceministro y a dos de los asesores del entonces titular del Interior una fórmula de operador logístico. La reunión fue reconocida por el actual presidente de SaludPol. Semanas después, Urresti anunciaba a la prensa la necesidad de tener un "sistema de tercerización de medicamentos".
La pregunta es si Urresti le echará la culpa a las ong"s por esta reunión y por las decisiones tomadas en su gestión. O si, por primera vez, responderá algo que no sea invocar al "señor del Ego". Y claro está, el ministro Pérez Guadalupe deberá decirnos que hará con esta situación en la sanidad policial.
(Foto de Urresti: Partido Nacionalista Peruano. Foto de reportaje: Revista Poder)
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Interesante, OSCE: Empresas sancionadas seguirán contratando con el Estado - 08/07/2015 14:18:20
La Procuraduría Pública del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE informó, a través del Observatorio OSCE, que nueve empresas proveedoras que habían sido sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado y por la Dirección del Registro Nacional de Proveedores …" RNP seguirán contratando con el Estado al haber obtenido medidas cautelares del Poder Judicial entre el 13 de mayo y el 12 de junio pasado.
Para conocer los nombres de estas empresas proveedoras favorecidas por las medidas cautelares bastará con ingresar al Observatorio OSCE, que detalla el tipo de proceso sancionador, fecha de vigencia de la medida cautelar, así como el Juzgado del Poder Judicial, el nombre del juez, al igual que el número de expediente y número de resolución respectiva.
El Observatorio OSCE, es una herramienta de Transparencia Pública que permite al usuario y a las entidades públicas conocer qué proveedores han sido sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado; y, qué proveedores han obtenido medidas cautelares para seguir vendiendo al Estado pese a haber sido sancionados.
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