Trabajadores estatales podrán recibir su primer depósito de CTS desde mayo 2016-01-08 16:02:39
El Congreso promulgó hoy la norma que dispone el depósito semestral de la CTS a los servidores públicos contratados bajo el Decreto Legislativo 728 y la Ley del Servicio Civil.
EL EVENTO DE LA CONTRALORIA QUE HA TRAIDO POLEMICA ELECTORAL 2016-01-07 11:51:26
Desde hace algunos años, la Contraloría General de la República organiza una Conferencia Anticorrupción Internacional, con expertos sobre la materia, para debatir sobre las mejores prácticas sobre esta materia.
Sin embargo, el evento de este año ha tenido mayor cobertura, porque decidieron entrar en campo electoral. Y ello desató la polémica. Este es el aviso que ha generado la batahola:
(Foto: Facebook Julio Guzmán)
¿Cuáles han sido los cuestionamientos?
Uno, bien resumido en Utero.pe - y remarcado por el candidato de Todos Por el Perú, Julio Guzmán - tiene que ver con la trayectoria de los cinco principales postulantes a la Presidencia de la República. La mayoría, por no decir todos, tienen serios cuestionamientos judiciales y éticos por su actuación pública. Precisamente, parte del desencanto de un sector del electorado frente a los actuales candidatos tiene que ver con una oferta que comprende a candidatos con severas acusaciones y que, además, gozan de respaldo popular. No en vano algunos ironizaban que, en realidad, se “preparaba una redada” en el evento o que “se tendrían estudios de caso” en vivo.
Pero el segundo punto ha sido el más reclamado, sobre todo, por los candidatos que no han sido invitados: la neutralidad que deberían tener las entidades del Estado al momento de hacer sus eventos. Para resumirlo, si una entidad estatal organiza un evento de este tipo, deberían invitar a todos o simplemente no organizar un debate de este tipo.
(La Contraloría en la mira. Foto: Andina)
La respuesta de la Contraloría ha sido esta. Vía El Comercio:
Hilda Abuid, jefa de prensa de esa entidad, manifestó a la agencia Andina que es “materialmente imposible” invitar a 19 candidatos a exponer sus políticas anticorrupción, pues el evento solo dura dos días y también se dará a lugar a ponencias de expositores internacionales.
Además, sostuvo que para ello se ha tomado en cuenta las cifras de intención de votos que arrojan las empresas encuestadoras, y en cuya elaboración no ha participado la Contraloría.
“Se trata de una selección total y absolutamente objetiva, nos hubiera gustado tener a los 19 candidatos, pero era materialmente imposible”, insistió.
Como imaginarán, la respuesta no ha satisfecho a ninguno de los excluidos. Pero quien ha dado la réplica más furibunda ha sido el director de Exitosa Diario, Juan Carlos Tafur:
En cualquier caso, un organismo de control no está llamado a organizar eventos electorales de ningún tipo. Imaginemos que algo semejante se le ocurra hacer al Indecopi, a Osiptel, a la Sunat, a la Sunedu o al Tribunal Constitucional y decidan graciosamente invitar solo a los que ellos consideren con posibilidades de triunfo. No cabe tal iniciativa, que a todas luces tiene un propósito político particular antes que un interés general (aquello de que no puede organizarse un evento con 17 candidatos es una muestra adicional de su incapacidad).
Tafur indica que el objetivo del evento es tratar de congraciarse con los principales candidatos, dado que antes que acabe este gobierno se deberá elegir al nuevo contralor. Fuad Khoury no ha ocultado sus intenciones de reelegirse en el puesto. Y, como remarca el psicólogo y periodista, no que hayamos estado ante la mejor de las gestiones al frente de esta entidad.
Hasta ahora, la Contraloría no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema, pero sin duda, el evento seguirá trayendo cola y fuerte. Tanto por los invitados como por las exclusiones.
SAN MARCOS: LA CRISIS INSTITUCIONAL 2016-01-04 11:51:46
(La Universidad Decana de América en la peor crisis de los últimos años. Foto: UNMSM)
Hoy el campus central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue tomado por un grupo de estudiantes. ¿El motivo? Exigir la salida del rector Pedro Cotillo del cargo, debido a que encabeza la resistencia a la aplicación de la Ley Universitaria y, con ello, perjudica a alumnos y egresados de dicha casa de estudios. ¿Por qué llegamos a este punto? Aquí una explicación al respecto.
(Pedro Cotillo, el aún rector de San Marcos. Foto: Andina)
LA LEY UNIVERSITARIA Y EL RECTOR COTILLO
Como ya hemos explicado, la línea central de la Ley Universitaria es asegurar la calidad de la educación superior. Más allá de algunos aspectos de detalle que se podrían corregir, se trata de la línea correcta y con la que, en principio, la mayoría podría estar de acuerdo.
No es el caso del rector Cotillo. Sus cuestionamientos fundamentales a la norma son dos: la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) por considerarla intrusiva y el recorte del mandato de los rectores de universidades públicas, debido a que la norma establece que se tienen que adecuar los Estatutos de todas las casas de estudio superiores y, ojo, en el caso de las nacionales, con ello, deberán elegir a nuevas autoridades.
Dado que la creación de la SUNEDU sería probablemente convalidada gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Universitaria (como, en efecto, lo fue), el objetivo de Cotillo era único: permanecer en el cargo y evitar que se aplique el plazo (31 de diciembre de 2016) para hacer la adecuación a la LU. Ello implicaba lo que ya mencionamos: cambio de Estatuto y elecciones en las universidades nacionales.
En septiembre, como informó La Mula, Cotillo junto a otros rectores comenzaba a reunirse con congresistas que fueran afines a su causa. Y, posteriormente, vino el intento de zarpazo: la denominada "Ley Cotillo". Un proyecto impulsado por legisladores apristas y fujimoristas para que los actuales rectores de universidades públicas permanezcan en sus cargos, revirtiendo lo dispuesto por la Ley Universitaria.
Al final, la Ley Cotillo no fue debatida en el Pleno del Congreso y fue dejada sin efecto por la Comisión de Educación. La presión de los estudiantes universitarios y de la prensa fue fundamental para evitar que la Ley Universitaria fuera perforada. Y con ello, se inició la cuenta regresiva para la permanencia del Rector, quien amenazó con irse únicamente con un par de tanques en la Ciudad Universitaria.
El plazo venció el jueves. Y con ello, una serie de consecuencias.
(La toma de San Marcos, hoy. Foto: El Comercio)
LOS PERJUICIOS CON LA PERMANENCIA DE COTILLO
La permanencia de Cotillo en el cargo, sin cumplir con la Ley Universitaria, ocasiona una serie de perjuicios. El primero de ellos es económico. Indica La República:
sólo las universidades que se adecúen a lo mandado por la Ley Universitaria contarán con financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas para el 2016.
Entre estos incentivos del estado se encuentran los fondos del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (PROCALIDAD), Ciencia Activa (FONDECYT), el Fondo para la innovación, la Ciencia y la Tecnología (FINCyT) así como el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC). Todos ellos buscan promover la investigación científica, salud y otros campos en los que se desempeñan los estudiantes.
En el caso de los docentes, se beneficiarán con la Primera Diplomatura de Estudios de Buen Gobierno de la Universidad Pública (programa de capacitación docente) que podrá ser convalidada luego con una maestría.
Aquellos que no se adecúen a la ley hasta el 31 de diciembre, recibirán penalidades que van desde las 300 UIT (1 millón 155 mil soles) hasta una denuncia penal.
Ojo a este último punto, que será clave para lo que viene luego.
El segundo se vincula directamente con los egresados de San Marcos: la validez de los grados y títulos que emita la UNMSM desde hoy. Para la SUNEDU no tendrán valor a nombre de la Nación. En la práctica, con ello, se paralizará la emisión de estos documentos, claves para los exalumnos que desean postular a un puesto de trabajo o a estudios de postgrado.
Y el tercero afecta directamente a los estudiantes y egresados de Medicina. Dado que la firma de Cotillo no vale, ellos no podrán acceder al concurso por las plazas en el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS), uno de los pasos obligatorios para poder titularse como médicos.
Ahora bien, como expresaron algunos alumnos de la UNMSM, será difícil vacar a Cotillo, dado que tiene mayoría en el Consejo Universitario, a pesar que ya ha perdido algunos apoyos en la última semana. La salida planteada por un sector de la universidad es convocar a una instancia de autogobierno que pueda negociar con las autoridades actuales el nombramiento del profesor más antiguo de la Universidad como cabeza de la misma, para liderar el proceso de adecuación a la Ley Universitaria.
Al cierre de este post, el Consejo Directivo de la SUNEDU venía evaluando la situación de San Marcos y de las otras cuatro universidades cuyas autoridades se resistían a dejar el cargo. La salida sería judicial. Indicó La República ayer:
Así, en el primer día hábil de enero, la Procuraduría Pública de dicha entidad denunciará ante el Ministerio Público a los rectores Pedro Cotillo, de la UNMSM; Vladimiro del Castillo, de La Cantuta; José María Viaña, de la Federico Villarreal;Alejandro Encinas, de la San Luis Gonzaga de Ica y los decanos de la Universidad de Trujillo que siguen en sus puestos. A estas instituciones, la Sunedu las calificó de "rebeldes" por fijar una fecha distinta a la que impuso.
Lo mismo se hará progresivamente con decanos de otras universidades. En el caso de San Marcos, la Sunedu además pedirá la prisión preventiva de Pedro Cotillo y la suspensión de los derechos, lo cual permitiría que un juez lo separe mientras dure el proceso, según el procurador público de la Sunedu, Mac Donald Rodríguez.
Claro está, esta medida deberá complementarse con la elección de autoridades por cada universidad, como acaba de señalar el viceministro Flavio Figallo.
Por ahora, Cotillo no ha dado declaraciones a la prensa sobre el tema, ni tampoco sobre la reciente denuncia de Corresponsales.pe sobre su sueldo. Solo se ha emitido un comunicado lamentando la toma, mientras que el vocero oficial de la UNMSM, calificó como prosenderista a la FUSM, gremio de alumnos que ha participado en la toma, como es el estilo empleado por la gestión Cotillo para tachar a sus opositores.
(¿Vienen tiempos mejores con la posible salida de Cotillo? Foto: Gestión)
SIN COTILLO, ¿CUAL ES EL FUTURO DE SAN MARCOS?
Si la SUNEDU logra que Cotillo salga del cargo, no solo será un gol para dicha entidad, sino que podría comenzar el inicio de una serie de cambios en San Marcos.
Y pongo el condicional, porque también podría ocurrir que nada cambie. A fin de cuentas, el problema de la UNMSM va más allá de su impresentable Rector. Como indicó hace unos meses Roberto Bustamante:
Desde hace algunos años, tenemos en esa universidad pública, un asalto permanente, un saqueo de todo lo que pueda saquearse. Cada semana se inventa un nuevo rubro para cobrar. Se reparten los cargos. Desaparecen las donaciones. Aplausos para los estudiantes que están tratando de hacer la pelea desde dentro, pero, como mucho en este país, no va a haber solución si no hay medidas políticas drásticas, que implique saber para qué queremos una universidad pública de calidad y eso va mucho más allá de las novísimas leyes que tenemos, quizá muy buenas y perfectas estas.
A fin de cuentas, como él mismo refiere, “muchos docentes que ocupan cargos bajo la sombra de Cotillo son los mismos que estaban a finales de años 90″. Es decir, desde la época de la intervención fujimorista. Y que solo pudieron salir del poder durante el rectorado de Manuel Burga Díaz - no confundir con el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol -, a quien le hicieron la vida imposible, pero volvieron en los rectorados de Luis Izquierdo y Pedro Cotillo. Ese es el aparato de poder al que los sanmarquinos que desean rescatar su universidad deben combatir.
Claro está, el futuro de la Ley Universitaria será otro tema por el cual, más allá de declaraciones líricas, los candidatos presidenciales y parlamentarios deberán responder. Y, además de la norma, cuál es su política para las universidades públicas. Un punto clave en la campaña electoral en la que ya estamos inmersos.
ACTUALIZACION (02:50 PM): Al final, el Consejo Universitario de la UNMSM si tuvo los votos para vacar a Pedro Cotillo. En sesión autoconvocada esta tarde, el rector fue destituido de su cargo. Se acordó que Antonia Castro, vicerrectora académica que ya estaba en las filas de la oposición a Cotillo, sea la rectora interina y conduzca el proceso de adecuación a la Ley Universitaria.
Ello no obsta para que la SUNEDU emprenda las medidas legales correspondientes contra el ahora exrector. La entidad ya indicó que el relevo de autoridades compete a cada casa de estudios.
Los referendos catalanes y la reforma constitucional 2016-01-03 18:05:36
La independencia de Cataluña (o de cualquier otra Comunidad Autónoma) requiere en todo caso una reforma constitucional. El necesario referéndum en el correspondiente territorio podría realizarse antes de esa reforma (el denominado consultivo en el artículo 92 de la CE) o después (en el caso de articularse al amparo de una ley de claridad estilo canadiense). En este post vamos a tratar los pros y contras de ambos escenarios.
El referéndum "consultivo"
El art. 92.1 señala que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos".
Esta competencia aparece reservada al Estado en el art. 149.1.32 CE, pero se discute si sería posible su delegación a una Comunidad Autónoma al amparo del art. 150.2 CE (la Generalitat siempre ha defendido que sí). En cualquier caso, y a nuestros efectos, el tema no es muy relevante, porque la cuestión a debatir es si el Estado podría organizar un referéndum de independencia en solo una Comunidad sin reformar previamente la Constitución.
Aunque el artículo 92 no establece ningún límite material al respecto, el PP y el PSOE consideran que un referéndum consultivo sobre este asunto no podría realizarse únicamente en un Comunidad Autónoma, sino que tendría que ser nacional, frente a la postura contraria, que sostiene su perfecta constitucionalidad, mantenida por la Generalitat y defendida por algunos especialistas como Rubio Llorente. No voy a resumir los argumentos de unos y de otros, pero lo que parece claro es que solo podría ser admisible si el referéndum es genuinamente "consultivo", es decir, si no implica efecto jurídico alguno, lo cual tampoco está muy claro, como veremos enseguida.
Pero admitamos como hipótesis su constitucionalidad. Para convocarlo se necesita que, a petición del Presidente del Gobierno, el Congreso apruebe la convocatoria por mayoría absoluta (arts. 2.3 y 6 de la Ley Orgánica 2/1980). No se requiere la intervención del Senado para nada, por lo que en la actualidad, pese a la oposición del PP y de Cs, el resto de grupos podría aprobar esa convocatoria.
Bien, imaginemos que lo hacen y que el referéndum tiene como resultado un sí a la pregunta de si se desea que Cataluña sea independiente. ¿Qué ocurre entonces?
Aquí es donde empiezan los verdaderos problemas. En primer lugar no sabemos exactamente qué efecto tendría este resultado. El carácter "consultivo" del referéndum previsto en el art. 92 CE no tiene un alcance pacífico en la doctrina constitucionalista. De hecho, ni siquiera lo tenía para los "padres de la Constitución" si nos fijamos en los trabajos parlamentarios de la Comisión (ver en este sentido el trabajo de Joan Oliver al respecto). De ahí que para algunos no vincule en absoluto (Alzaga), para otros solo cuando el resultado sea concluyente (Santamaría), mientras que para unos terceros vincularía en todo caso (Jorge de Esteban y López-Guerra). Controversia razonable, porque por muy consultivo que pueda ser un referéndum no deja de plantear dudas que la decisión del pueblo (titular último de la soberanía nacional) no vincule a sus representantes de alguna manera. Claro, que siempre cabría alegar en este caso que los catalanes no son aquí "todo el pueblo", por lo que su carácter meramente consultivo y no vinculante quedaría reforzado.
Pero de nuevo, por razón del argumento y como mera hipótesis, imaginemos que adoptamos la tercera postura (o la segunda y el resultado es concluyente): ¿Qué implicaría esa "vinculación"? Pues en realidad poca cosa, desde el momento en que ejecutar ese mandato exige una reforma constitucional. Que esa reforma es imprescindible lo reconoce hasta la propia Generalitat en su informe de abril de 2015 sobre el "proceso" (aquí) y resulta obvio en cuanto pulveriza el Título VIII de la Constitución en un determinado territorio. El hecho de que su Título Preliminar no enumere las CCAA podría evitar una reforma agravada, pero en cualquier caso no la ordinaria.
Pues bien, en este escenario la previsible oposición del PP es insoslayable, tanto por su mayoría en el Senado como por su minoría de bloqueo en el Congreso. Sencillamente porque, aunque admitamos esa "vinculación" a los poderes públicos (que ya es mucho admitir), esta no puede conllevar que por una vía indirecta se alteren las precisas normas que para la reforma constitucional consagra el Título X.
¿Qué conclusiones entonces deducimos en el caso de seguir este procedimiento? Pues en mi opinión nos veríamos condenados a un absoluto desastre desde todos los puntos de vista. Veámoslo con un poco de detalle:
En primer lugar, un referéndum previo consultivo sin efectos decisorios genera todo tipo de incentivos perversos y conductas estratégicas (free rider), tanto para votantes como para partidos políticos. Como saben que su voto no será decisivo, es posible que, pese a no desear como primera opción la independencia, cedan unos y otros a la tentación de votar por el sí con la finalidad de mejorar su respectiva posición negociadora de cara al futuro. De tal manera que con un referéndum de este tipo ni siquiera sabríamos realmente cual sería la verdadera opinión de los catalanes.
En segundo lugar, este proceso generaría una enorme conflictividad política y jurídica, pues la convocatoria sería impugnada por los disidentes de manera inmediata ante el Tribunal Constitucional, al que una vez más se le obligaría a resolver la patata caliente política, para desprestigio de nuestras instituciones, que no están precisamente para servir de instrumento a las estrategias políticas de nuestros partidos.
Pero en tercer lugar, y esto es lo verdaderamente importante, esta vía totalmente muerta (en cuanto condenada a chocar con una reforma constitucional no negociada a priori) produciría una enorme frustración social que, sinceramente, creo que no nos podemos permitir en este momento de nuestra historia.
Todo ello aconseja aceptar (Sr. Iglesias) que, si somos serios, el único referéndum posible, en el caso de desear de verdad hacerlo, sería el decisorio que se celebre después de la reforma constitucional y no antes.
Los referendos decisorios derivados de una Ley de Claridad
Conforme a esta línea de actuación existirían dos referendos, uno nacional y otro autonómico.
En primer lugar habría que realizar una reforma constitucional con la finalidad de incluir en el Título VIII una opción de salida a la canadiense, siempre que se siguiese un determinado procedimiento y se cumpliesen unos determinados requisitos fijados por el Tribunal Constitucional de ese país, sobre los que hemos hablado en este blog en varias ocasiones (por ejemplo aquí y aquí). Así pues, la "Ley de Claridad" podría ser esa misma reforma sin necesidad de ulterior desarrollo legislativo, aunque no hay ningún inconveniente a que la reforma exija luego ese desarrollo.
La última fase de ese procedimiento de reforma constitucional (ordinaria) es un referéndum nacional siempre que lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras (art. 167.3 CE). No cabe duda razonable de que ese requisito va a concurrir en ese caso, por lo que el primer referéndum decisorio sería el nacional, con el fin de que el pueblo español en su totalidad, depositario último de la soberanía nacional, se pronuncie sobre su oportunidad.
Aprobada la correspondiente reforma, la Comunidad Autónoma que reúna los requisitos previstos en esa "Ley de Claridad" podría solicitar la celebración de otro referéndum autonómico, que sería –este ya sí- totalmente vinculante. Aquí no cabrían conductas estratégicas de ningún tipo. El referéndum sería el último paso de un largo proceso y no el primero (con todos los inconvenientes que tal cosa plantea) y en el caso de que el resultado fuese afirmativo conllevaría la independencia de manera inexorable.
Claro que para ello habría que lograr variar la oposición del PP, Cs y PSOE en este tema, sin cuyo acuerdo no hay reforma constitucional que valga. Pero con ser eso siempre necesario (sigamos una vía u otra) hay que recordar dos cosas: que en esto consiste precisamente la democracia y el Estado de Derecho, y que las casas no se construyen por el tejado.
Caso Nadine Heredia: TC evalúa en audiencia pública su hábeas corpus 2015-10-14 11:25:31
El Ministerio Público busca que se siga indagando a la primera dama por el presunto delito de lavado de activos. Eduardo Roy Gates expresó su deseo de que el Tribunal Constitucional resuelva de manera objetiva.
FuenteMinisterio de Justicia abrirá dos procuradurías y Aprueban nuevo Código Penal para fortalecer combate a delincuencia organizada
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