Gestión Pública del Perú y el Mundo: El Ministerio Público y La justicia militar

El Ministerio Público y La justicia militar

Interesante, CHAVIN DE HUANTAR: UNA VISION EN FRIO - 06/02/2012 9:09:33

" A fines del año pasado, el caso sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales por el caso Chavín de Huántar llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que motivó toda una serie de críticas y cuestionamientos al sistema interamericano, así como toda una serie de llamados a la protesta por ?tocar a nuestros héroes?. Y la gritería impidió, nuevamente, diferenciar a héroes de villanos, así como establecer a ciencia cierta donde están los errores del Estado peruano en el procesamiento de este caso.
Hace algunos meses, publicamos en Diario 16 un artículo acerca de este caso. A la luz de un reportaje de Ricardo Uceda publicado en dos partes por La República (ver aquí y aquí, mañana sale la tercera) acerca del caso, volvemos a examinar lo dicho, lejos de las pasiones de la coyuntura.
1. EL CASO DE ?TITO?:
El caso nítido es el de Eduardo Cruz Sánchez (a) ?Tito?. La evidencia más fuerte fue reseñada por Paola Ugaz y Jimena Rojas para La Mula: la pericia del Equipo Peruano de Antropología Forense, que fue expuesta por José Pablo Baraybar en los distintos juicios orales desarrollados en el caso:
La necropsia mostró que ?Tito? murió por una herida de bala en el cráneo. Posteriormente, el ?Informe sobre los restos humanos atribuidos al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru?, realizado por José Pablo Baraybar, director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), develó qué tipo de arma causó esta lesión.
(Munición con ingreso por la parte posterior del cráneo) Con trayectoria de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. La amplitud y extensión de la fractura sugiere que la herida debió ser causado por un proyectil de alta velocidad (Fragmento tomado del Informe sobre los restos humanos atribuidos al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru realizado por José Pablo Baraybar en Julio del año 2001).
Los comandos de la operación ?Chavín de Huántar? ingresaron a la residencia armados con subametralladoras Hecler Koch MP5, armas de baja velocidad. En el recinto, quienes contaron con armas de alta velocidad fueron los emerretistas y los ?gallinazos? ; todos estos contaban con fusiles AKM, el arma que -se puede inferir- causó la lesión que mató a ?Tito?.
En ello, de acuerdo con Uceda, la fotografía que publicamos arriba es clave. Allí se permite diferenciar a los dos equipos: los comandos, en efecto, tienen HK, mientras que Roberto Huamán Azcurra (en la fotografía, en la parte inferior, con casco), uno de los procesados ante el Poder Judicial, tiene una AKM en su brazo. Ello permite establecer con nitidez que existió el equipo del SIN. A ello se suma otro elemento distintivo de la mayoría de integrantes del equipo montesinista: el uso de pasamontañas, a diferencia de los comandos que usaron camuflaje. Vean a los sujetos que están al costado de Huamán y como se distinguen de los soldados que se encuentran arriba.
A ello se suma que existen otros testimonios que empatan con esta versión, como señala Uceda:
De modo que el único balazo recibido por Tito configura una situación singular. Además, tres testigos lo vieron por última vez con vida luego del rescate, desarmado y con las manos atadas hacia atrás, en condición de detenido. Los policías Raúl Robles y Marcial Torres declararon haberlo sorprendido cuando intentaba escapar haciéndose pasar por rehén. Lo ataron y lo entregaron a un comando enviado por el coronel Zamudio, del equipo de apoyo del SIN. El primer secretario de la embajada de Japón, Hidetaka Ogura, vio a Tito custodiado por un policía con las manos atadas por detrás y tendido boca abajo en el suelo. Estas declaraciones, al relacionarse con la prueba pericial, no dejan lugar a dudas: Eduardo Cruz fue asesinado.
De hecho, los dos libros que han indagado sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales, escritos por los periodistas Umberto Jara y David Hidalgo señalan también que el caso cuyos elementos indiciarios de prueba permiten concluir la existencia de una ejecución extrajudicial es el de Cruz Sánchez. Y, como señala Uceda, esta también es la conclusión del ex agente del Estado para el caso seguido ante la Corte IDH, el abogado César Azabache. Como se puede ver, además, no hay nada que involucre a los comandos con la presunta ejecución del terrorista antes referida.
2. LOS OTROS DOS EMERRETISTAS:
El proceso judicial abierto ante el Poder Judicial contra 4 personas (Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga) tiene su centro en la presunta ocurrencia de tres ejecuciones extrajudiciales. Sí el caso de Cruz Sánchez parece no dejar lugar a dudas, la demostración de los otros dos posibles asesinatos sí tiene algunas dificultades probatorias. Uceda comenta la hípotesis señalada por Azabache, a partir de las evidencias existentes:
Azabache diferenció la muerte de Tito de las de otros dos emerretistas considerados en la queja ante la CIDH, Víctor Peceros y Herma Meléndez. El examen del cadáver de Tito, rotulado como NN14, revela que mientras estaba inmovilizado recibió un solo disparo en la parte posterior de la cabeza, a diferencia de Peceros y Meléndez, que murieron acribillados, como los demás asaltantes de la embajada. Ocho de los 14 cráneos analizados para el juicio civil presentan evidencias de un disparo por detrás ?una lesión-patrón?, pero no es posible decir cuál de los balazos mató a cada persona, o si esta se hallaba rendida o en situación de enfrentamiento. El operativo fue tan sorpresivo que pocos llegaron a reaccionar. Las pruebas de absorción atómica demostraron que solo seis de los terroristas dispararon su arma aquel día.
Existen dos problemas adicionales. El primero de ellos es que, a diferencia del caso de ?Tito?, sólo existe el testimonio de Ogura como único indicio adicional y las heridas de bala fueron causadas por proyectiles provenientes de balas disparadas por armas de pequeño calibre, como las usadas por los comandos. Además, claro está, del hecho de que Cruz Sánchez sólo tiene un impacto de bala y que dicho disparo fue la causa de su fallecimiento.
La segunda cuestión es la desaparición de evidencias desde las horas posteriores al fin del episodio de la toma de rehenes por parte del MRTA. Como sostiene el periodista David Hidalgo:
Lo que ocurrió fue que hubo una operación de ocultamiento de evidencias, tanto en la escena del combate como en las instancias donde se debieron tomar las pruebas forenses. Hay un secretismo sospechoso, casi delictivo.
De allí que, probablemente, como bien intuye Azabache, estos dos casos queden en el limbo o, en términos judiciales, sin mayor evidencia para condenar a los ?gallinazos? del SIN. Aunque claro, el caso de Cruz Sánchez sería suficiente para que los cuatro acusados - o por lo menos Montesinos, Huamán y Zamudio - se queden buen tiempo en prisión.
3. EL PROBLEMA DEL FUERO MILITAR:
En un artículo anterior sobre este caso, resumimos el dilema central de la demanda que enfrenta el Estado peruano por este caso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
La jurisprudencia nacional e internacional señala que el fuero militar no es el ámbito en el que se deban resolver casos de derechos humanos. Ello porque es una instancia judicial excepcional, destinada para delitos de función, entre los que no se encuentran las ejecuciones extrajudiciales.
Como indicamos, el error del Estado peruano fue absolver a los comandos en el fuero militar, cuando el sobreseimiento del caso para ellos, al no existir pruebas que los incriminen, debió darse en el Poder Judicial. Y este paso a la justicia militar resultará difícil de sostener a partir de la existencia de un estado de emergencia, ya que este argumento ha sido rechazado en anteriores ocasiones por el sistema interamericano de derechos humanos.
De hecho, la linea jurisprudencial de la Corte Interamericana es bien resumida por Uceda:
La Corte Interamericana viene diciendo más o menos lo mismo: la intervención de esta justicia privativa viola la Convención Americana, que exige un juez competente, con independencia e imparcialidad. Un juez militar es competente para temas de seguridad y disciplina pero no para violaciones de derechos humanos, donde procesa a sus mismos pares y no produce garantías de un debido proceso.
Uceda señala que Azabache tenía una línea de defensa para este tema, basada en lo siguiente:
Quería decirle a la Corte Interamericana que el fuero militar conoció episodios sin trascendencia, en un proceso que buscaba principalmente verificar si se cumplieron los reglamentos militares. El único caso en el que había evidencia criminal era el de Eduardo Cruz, que había sido visto por tribunal ordinario.
En efecto, el caso en el fuero militar no conoció el caso de Cruz Sánchez. Como indicamos claramente en nuestra crónica del caso Chavín de Huántar, escrita para IDEHPUCP:
El 5 de abril de 2004, la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar emitió su sentencia recaída sobre Augusto Jaime Patiño, José Williams Zapata, Luis Alatrista Rodríguez, Carlos Tello Aliaga, Benigno Leonel Cabrera Pino, Jorge Orlando Fernández Robles, Hugo Víctor Robles del Castillo, Víctor Hugo Sánchez Morales, Raúl Huarcaya Lovón, Walter Martín Becerra Noblecilla, José Alvarado Díaz, Manuel Antonio Paz Ramos, Jorge Félix Díaz, Juan Carlos Moral Rojas y Tomás César Rojas Villanueva, así como a los restantes miembros de la Patrulla Tenaz, encargada del operativo Chavín de Huantar. La Sala decidió sobreseer el caso, por falta de pruebas para establecer la existencia de ejecuciones extrajudiciales en los casos de Rolly Rojas Fernández, Víctor Salomón Peceros Pedraza, Herma Luz Meléndez Cueva y Luz Villoslada Rodriguez. No fue procesada la muerte de Eduardo Cruz Sánchez.
Pero la tesis de Azabache tiene tres problemas. El primero, indicado por Uceda, es que el gobierno no quería que el abogado reconociera que, al menos, sí existió una ejecución extrajudicial. Y se vuelve a cometer el error de mezclar papas con camotes pues, como dijimos, en el caso de Cruz Sánchez los comandos no tuvieron ninguna intervención.
El segundo problema tiene que ver con un tema de debido proceso, específicamente, en la motivación de la sentencia confirmatoria del sobreseimiento ante el fuero militar. De hecho, esto fue lo que anotamos en nuestra crónica acerca de la segunda resolución:
El 23 de septiembre de 2004, la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar confirmó la sentencia que sobresee el caso Chavín de Huantar en el fuero militar. Solo se indicó el cumplimiento de requisitos formales para la confirmación del fallo.
Un fallo motivado en forma insuficiente - y aquí lo sabemos por experiencia propia - causa un vicio de nulidad. Y ello, en el sistema interamericano, ya causa la responsabilidad del Estado.
Y, para remate, como indica Uceda, la propia jurisprudencia nacional ha venido señalando que el fuero militar no es competente para casos sobre derechos humanos. Un ejemplo citado por Uceda es:
En 2004, la Corte Suprema denegó la competencia del fuero militar para juzgar a efectivos de la Marina que causaron quemaduras graves y muerte a Indalecio Pomatanta, en 1995. Dijo que esa jurisdicción en ningún caso podía conocer violaciones de los derechos humanos. El fallo fue posterior al de Chavín de Huántar y los jueces firmantes, entre ellos César San Martín, lo instituyeron como ?precedente obligatorio?.
De allí que volvamos a insistir en que:
De allí que una abogada y periodista como Rosa María Palacios haya sugerido desde hace varios meses, cuando era previsible que el caso llegue a la Corte ? y ante la alta probabilidad de derrota en el proceso, por lo arriba señalado -, que el Ministerio Público inicie de oficio una investigación a los comandos que termine con el sobreseímiento del caso para ellos en forma definitiva.
COLOFON:
Como puede verse, el caso ante el sistema interamericano no tiene nada que ver con la inocencia o culpabilidad de los comandos. Pero la resolución del tema en instancias internas ha sido tan mala (y dilatoria) que nos complicará la vida en San José, tanto al no resolver el juicio contra los gallinazos del SIN en un plazo relativamente breve, como por llevar el caso ante un fuero que no era pertinente y con al menos una resolución con problemas de motivación.
Dos lecciones que deben quedar de este caso son: 1. Aprender a diferenciar a los héroes de los villanos en esta historia y 2. saber que los procesos y procedimientos formales no están hechos por gusto, sino que tienen una razón de ser. A ver si el Estado lo entiende en los próximos meses.
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Noticia, Fiscal de la Nación: ?Control de las FFAA en el VRAE permitirá captura de remanentes terroristas? - 20/09/2011 10:31:29

" Ideeleradio.- -La mejor medida que se ha tomado es permitir el control de las Fuerzas Armadas en la zona VRAE , lo cual junto al trabajo realizado con la fiscalía, permitirá la captura de los últimos remanentes terroristas, aseveró el Fiscal de la Nación José Peláez Bardales.
?La idea que ha tomado el gobierno de combatir decididamente en base a un comando unificado con participación activa del Ministerio Público para garantizar que no se violen los derechos humanos, es la mejor medida y eso va a dar buenos resultados en los siguientes días ?, aseveró en el programa ?No Hay Derecho? de Ideeleradio.
?Tenemos asignados fiscales que están trabajando codo a codo con el Comando Conjunto y va a permitir la captura de todos estos últimos terroristas que tenemos en esa zona del Perú?, agregó.
El fiscal de la Nación asimismo aseguró que la captura del cabecilla de Sendero Luminoso Artemio junto con otros remanentes senderistas que no pasan de 200, es inminente. Sostuvo que lo inaccesible de la zona ha hecho difícil su detención.
?Yo creo que es inminente no sólo la captura de Artemio, que es el que aparentemente el jefe de estas huestes terroristas, sino de otros terroristas que están formando parte de este destacamento que no deben pasar más de 200 hombres en el VRAE. Lo que pasa es que están armados en una zona muy inaccesible, difícil de poder caminar ahí, donde han hecho un fuerte, pero creo que en el momento que las FFAA decidan con armamento necesario de llegar a esta zona van a llegar a acabar con estas remanentes?, consideró.
Se ha reforzado participación de fiscales en zona del VRAE
En este sentido, dijo que se ha reforzado y mejorado la participación de los fiscales, quienes cuentan con las condiciones físicas requeridas para trabajar en una zona difícil como es el VRAE. ?Ahí tenemos fiscales que están permanentemente en coordinación con las FFAA, es decir con el comando unificado, listas para concurrir a cada uno de los operativos de la zona, eso está garantizado? , dijo.
Descartó asimismo la posibilidad de que se presente algún tipo de tensión entre la justicia militar y la justicia común, tras señalar que las competencias están definidas. ?Yo creo que esto está definido, no hay intervención de la justicia militar sino civil, respecto a estos remanentes que son civiles y vinculados con el narcotráfico, que quieren desestabilizar el Estado?, aseveró.
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Es Noticia, Cronología de la crisis: De tráfico de armas a vladivideos - 18/05/2011 18:18:16

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Artículo originalmente publicado en DEBATE N?111, setiembre 2000
22 de agosto: El presidente Alberto Fujimori anunció, en conferencia de prensa, el desmantelamiento de una organización que traficaba armas desde Jordania hasta la zona de Colombia en la que las FARC desarrollan sus acciones. El presidente reconoció la labor del asesor presidencial Vladimiro Montesinos y lo felicitó públicamente por ser el artífice de tan importante trabajo para la seguridad de la región.
23 de agosto: El gobierno colombiano precisó que los servicios de inteligencia de su país habían detectado el tráfico de armas desde 1999.
25 de agosto: El gobierno de Jordania se pronunció enérgicamente rechazando las afirmaciones del gobierno peruano en el sentido de que los jordanos vendieron armas a traficantes peruanos. Indicó, además, que la compra de estas armas la realizó el gobierno peruano hace dos años.
26 de agosto: El subsecretario norteamericano para Asuntos Políticos, Tomas Pickering, señaló que los fusiles que el gobierno jordano vendió legítimamente al Perú terminaron inexplicablemente en poder de las FARC, que gracias a ello renovaron su arsenal.
28 de agosto: El Consejo Supremo de Justicia Militar anuló la sentencia de cadena perpetua impuesta a Lori Berenson, integrante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, quien fuera recluida por el delito de traición a la patria. Su caso fue trasladado al fuero civil, donde será juzgada nuevamente. El Departamento de Estado estadounidense calificó la decisión como ?un bienvenido primer paso? para una ?resolución justa y expeditiva de este problema?. El congresista del FIM Ernesto Gamarra afirmó que la decisión probablemente obedecía a una negociación de ambos gobiernos para que no se aplicaran sanciones por la falta de democracia en el Perú.
31 de agosto: Según el presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas, la decisión del fuero militar de permitir un nuevo juicio en el fuero civil a la norteamericana Lori Berenson demostró ?la independencia en los poderes del Estado que existe en el Perú?. Por otra parte, Salas negó la falta de voluntad del gobierno para avanzar en el diálogo democratizador.
5 de setiembre: El gobierno se comprometió con la OEA a resolver, en un plazo de 15 días, los casos de Baruch Ivcher y del Tribunal Constitucional.
6 de setiembre: El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, afirmó que su gobierno tenía dudas sobre las explicaciones del Perú respecto al tráfico de armas desde Jordania denunciado dos semanas antes por el presidente peruano.
15 de setiembre: El Frente Independiente Moralizador (FIM) presentó un vídeo donde se muestra a Alberto Kouri recibiendo 15,000 dólares de Vladimiro Montesinos. El ?pago? se efectuaba a cambio de que el congresista se acoplara a la bancada oficialista. Posteriormente, Kouri afirmó que se trató de un préstamo, dada la confianza que existía entre ambos.
16 de setiembre: La oposición anunció que no participaría en las sesiones del Congreso a menos que se iniciara una exhaustiva investigación sobre el soborno. A las 9:30 de esa noche, el presidente Alberto Fujimori anunció, en un sorpresivo mensaje al país, su intención de convocar a nuevas elecciones en el menor plazo posible y de no participar en dichos comicios. Manifestó, además, que tenía la firme decisión de investigar el soborno que recibió Kouri de manos del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, así como de desactivar el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
18 de setiembre: Luego del anuncio de Fujimori de ?desactivar? el SIN y convocar a nuevas elecciones generales, el bloque de oposición acordó no concurrir al Congreso de la República ni al diálogo auspiciado con la OEA hasta que no se capturara a Vladimiro Montesinos. Aunque hasta ese momento su paradero era una incógnita, Federico Salas aseguró que Montesinos se encontraba en Lima. Mientras tanto, la prensa nacional y extranjera lo buscaba infructuosamente. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos y la Comisión de Alto Nivel de la OEA expresaron, en comunicados emitidos el día anterior, su satisfacción por el anuncio de convocatoria a nuevas elecciones; así mismo, pidieron un proceso pacífico y transparente. La presidenta del Congreso de la República, Martha Hildebrandt, convocó a sesión plenaria para el día 20 con el fin de discutir las salidas legales a la coyuntura política y fijar los plazos para la convocatoria a elecciones generales. En cumplimiento de la desactivación anunciada por el presidente, Salas comunicó el retiro del personal y de los equipos del SIN
19 de setiembre: El Ejecutivo propuso al Congreso la reducción de los períodos presidencial y legislativo a un año para permitir así nuevas elecciones. El ministro de Justicia, Alberto Bustamante, dijo que los nuevos comicios generales y la transmisión de mando se llevarían a cabo en marzo y en julio del 2001, respectivamente. La modificación se haría en dos legislaturas consecutivas. El paradero del asesor presidencial Vladimiro Montesinos era aún una incógnita.
21 de setiembre: El Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que se comprometieron a colaborar con el gobierno, desmintieron que se hubieran realizado reuniones de altos mandos militares durante esos días y pidieron a la ciudadanía mantener la calma ante la situación política.
23 de setiembre: El gobierno se comprometió a desactivar el SIN en 15 días pero señaló que los avances de dicho proceso serían sólo de conocimiento de la presidenta de la Comisión de Defensa, Martha Chávez. La prensa informó que Vladimiro Montesinos había salido del país en un avión. Al principio, se especuló que se había dirigido a Marruecos, pero luego se confirmó que su destino había sido Panamá. El gobierno panameño le otorgó asilo territorial a pesar de que, en un primer momento, se negó a aceptar la solicitud verbal que con ese fin le había hecho Federico Salas. Posteriormente, la opinión pública se enteró de que, durante esa tarde, algunos jefes de Estado como Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Fernando de la Rúa (Argentina), Ernesto Zedillo (México), Ricardo Lagos (Chile) y Andrés Pastrana (Colombia), así como el secretario general de la OEA, César Gaviria, buscaron, junto con Mireya Moscoso, presidenta de Panamá, y José Miguel Alemán, canciller de dicho país, lograr una salida ?no sangrienta? a la crisis política peruana, ya que, según se supo, Montesinos había amenazado con dar un golpe militar en el Perú si es que no lo dejaban fugar.
25 de setiembre: Se publicó una resolución suprema en la que el gobierno peruano aceptaba la renuncia de Vladimiro Montesinos a su cargo de asesor del SIN y le agradecía por los servicios prestados.
26 de setiembre: La Comisión de Derechos Humanos se retiró de las conversaciones con la OEA en protesta por la actitud de César Gaviria, quien avaló la petición de asilo para Montesinos. Por otra parte, los congresistas Fernán Altuve-Febres, Joaquín Ormeño y Moisés Wolfenson renunciaron a las filas de Perú 2000 argumentando que su decisión estuvo determinada por la presentación del proyecto de reforma constitucional que impide la reelección. Estas renuncias se sumaron a las de Cecilia Martínez del Solar ?quien denunció que tomaba esta decisión en protesta porque a los congresistas del oficialismo se les había pedido apoyar a Alberto Kouri? y de Gregorio Ticona; además, Jorge Pollack había adelantado que también estaba evaluando su retiro de Perú 2000. Con ello, la bancada oficialista se redujo a 59 congresistas.
27 de setiembre: Nina Rodríguez, fiscal provisional de la Décimo Sexta Fiscalía Penal de Lima, decidió archivar la investigación contra Vladimiro Montesinos por el delito de corrupción de funcionarios, debido a que, según ella, no existía responsabilidad alguna por parte del ex asesor pues, en la fecha registrada en el vídeo ?5 de mayo?, Alberto Kouri aún no juraba como congresista. La bancada oficialista acordó separar de la agrupación a Alberto Kouri y presentar una moción de orden del día para sancionarlo con la suspensión de su cargo por 120 días. Alipio Montes de Oca, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), formalizó su renuncia al cargo sin comentar los motivos que tuvo para adoptar dicha decisión. El presidente Alberto Fujimori sostuvo, en Palacio de Gobierno, una reunión con John Hamilton ?embajador de Estados Unidos en el Perú?, Peter Pace ?jefe del Comando Sur de Estados Unidos? y Gilberto Pérez ?jefe del Grupo Consultivo y de Ayuda de Estados Unidos?.
28 de setiembre: El presidente Alberto Fujimori viajó a Washington para reunirse con el secretario general de la OEA, César Gaviria, informó el secretario permanente de la OEA, Eduardo Latorre. Trascendió que el objetivo del encuentro era conversar sobre el fortalecimiento de la democracia peruana y los avances de la agenda propuesta por la misión de alto nivel Gaviria-Axworthy. El congresista Miguel Mendoza del Solar renunció a la alianza oficialista Perú 2000 y denunció haber recibido presiones para formar una bancada a favor del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Según Mendoza, el objetivo del nuevo ?movimiento independiente? era desatar un caos que generara un golpe de Estado en 20 días para permitir el retorno de Montesinos. Adicionalmente a Mendoza, presentaron su renuncia Eduardo Farah y Mario Gonzales Inga, lo que dejó a Perú 2000 con 54 parlamentarios.
29 de setiembre: El oficialismo y la oposición se reencontraron en la sesión plenaria del Congreso de la República, donde 102 parlamentarios aprobaron por unanimidad el proyecto de ley de desactivación del SIN. Asimismo, se decidió sancionar al congresista Alberto Kouri con una suspensión de 120 días sin goce de haber, independientemente de las conclusiones a las que lleguen las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Permanente del Congreso. Dominador Bazán, vicepresidente de Panamá, dio por hecho el asilo a Vladimiro Montesinos asegurando que su gobierno ?sintió que era importante? concederlo para fortalecer la democracia en el Perú. Mientras tanto, la emisora radial española Ser informó que el gobierno de José María Aznar estaba mediando para conseguir el asilo político de Montesinos en Marruecos.
11 de octubre: Fue publicada, en el diario oficial El Peruano, la Ley 27351 que ordena se proceda a la desactivación del SIN. Este proceso deberá concluir en 15 días y estará a cargo de una comisión integrada por el presidente del Consejo de Ministros, los ministros de Defensa y del Interior, y un representante de la sociedad civil. La norma fue promulgada por el presidente Alberto Fujimori el pasado 3 de octubre.
12 de octubre: Con 60 votos en contra se descartó la moción de censura de la Mesa Directiva del Congreso presidida por Martha Hildebrandt.
14 de octubre: Eduardo Latorre decidió suspender el diálogo que sostiene con representantes del gobierno y de la oposición debido a que ambas partes incumplieron los acuerdos. La bancada de Perú 2000 decidió prorrogar la legislatura que debía finalizar el 15 de octubre y ello provocó que la oposición no asistiera a la sesión con la OEA. Latorre elevó un informe a César Gaviria y manifestó a la prensa el interés de la OEA porque las conversaciones se reanuden pronto.
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Noticia, LA JUSTICIA Y EL FUJIMORISMO - 19/04/2011 16:05:03

" Otra de las deudas pendientes del fujimorismo es con el sistema de justicia. No, no me refiero a los funcionarios de dicho régimen que aun siguen en procesos penales o que se encuentran purgando prisión, sino al control que se ejerció desde el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la justicia militar, etc.
Para recordarnos esa brecha, el viernes, Martha Chávez nos dio una lección de Memorex (y de lo que puede ocurrir). Vía Diario.16:
Durante una entrevista que concedió a Willax TV, la virtual congresista de Fuerza 2011 lanzó una seria advertencia al actual presidente del Poder Judicial, César San Martín, quien ?según dijotendrá que explicar la sentencia que dictó, en su condición de juez, contra Fujimori por delitos de lesa humanidad.
?El doctor (César) San Martín tendrá que responder por varias cosas en su momento?, dijo Chávez, cuando le preguntaron por las pruebas que vinculan al Grupo Colina con el ex presidente, quien actualmente cumple una condena de 25 años de prisión.
Hoy San Martín - que presentaba su balance de 100 días de gestión al frente del PJ - le respondió a Chávez con claridad y corrección. Vía La República:
?En una democracia no puede confundirse la libertad de expresión con las amenazas. Los jueces tenemos autonomía, independencia, responsabilidad y autoestima para emitir nuestros fallos?, expresó San Martín Castro.
La situación en este terreno no es fácil para el fujimorismo. Incluso sectores en los que parecía improbable un pronunciamiento a favor del juicio y la sentencia contra el ex autócrata, le han terminado dado la espalda a Keiko. Un ejemplo de ello es lo señalado por el flamante presidente de la CONFIEP, Humberto Speziani, a El Comercio:
¿La condena de Alberto Fujimori fue justa?
Fue impecable. Tiene derecho de apelar, como todos. Me sorprendería que el Tribunal Constitucional cambie esta condena. El mundo vio el juicio y sabe que el procedimiento fue justo y legal.
Y saliendo del terreno de los juicios al ex presidente, la situación no es aún mejor. Ya que está de moda revisar los planes de gobierno, le di una lectura al Plan de Fuerza 2011 y encontré que ni siquiera hay un capítulo sobre Administración de Justicia en dicho documento.
Lo máximo que encuentro en el Plan sobre la materia está en el rubro Seguridad. Allí Keiko propone la creación de juzgados para delitos menores para promover soluciones efectivas a este tipo de conductas, lo que no es una mala propuesta y ya se ha escuchado incluso en la campaña municipal.
¿Y sobre el resto de problemas del sistema de justicia? Nada de nada. De hecho, su rival actual - osea, Ollanta - y sus ex competidores dicen mucho más sobre un tema bastante complejo y en el que las reformas son urgentes. Chequeen un artículo que hice para Ideele al respecto.
Y ojo, los temas de justicia no solo competen a los abogados, sino a todos los ciudadanos. Y ya que hablamos de estabilidad económica, un recuerdo de Mildemonios sobre la influencia del (mal) funcionamiento del sistema de justicia en la economía:
En el Perú, como no hay forma humanamente posible de predecir qué cuernos va a suceder en el Poder Judicial con un juicio en marcha, muchas veces alguien que tiene todas las de perder igual inicia un proceso. Porque, caray, qué diablos. A lo mejor me liga. Y en el proceso, los jueces terminan tomando decisiones que le hacen daño a la economía. De hecho, una de las propuestas de Confiep para solucionar esta caótica situación es la de incluir más cursos de impacto económico en la educación de los abogados. A ver si así ven la luz.
Y con la cantidad de abogados de empresa que hay en el equipo técnico de Keiko, ¿cómo no se dieron cuenta de eso? Ah, verdad, eso no es asistencialismo.
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Interesante, IDL presenta informes de balance y propuestas sobre justicia en el Perú - 18/02/2011 10:33:30

"Balance señala que el gobierno saliente dejará un PJ y un TC menos independientes
El Programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL) presenta dos recientes documentos titulados ?Balance de la Justicia 2009-2010. ¿Cómo estuvo la justicia en el Perú?? y ?La reforma judicial pendiente. Hoja de ruta?. Ambos informes aportan a la comprensión del sistema de justicia, pues en uno se muestra un diagnóstico sobre los avances y retrocesos del sistema judicial en el período pasado, y en el segundo, se contribuye con algunas propuestas para mejorar la justicia en el país.
Una de las principales conclusiones a las que llega el Balance de la Justicia 2009 ? 2010, es que el gobierno saliente dejará un Poder Judicial (PJ) y un Tribunal Constitucional (TC) menos independientes. Se señala que el resultado de grandes casos de corrupción del actual régimen como ?Petroaudios? y ?Business Track?, se encuentran estancados en el PJ; se da cuenta también del retroceso que ha tenido el actual TC en importantes fallos; así como otros importantes casos que, vistos en conjunto, apuntan a concluir que hoy en día el sistema de justicia es más permeable a las presiones e injerencias políticas del partido aprista y del gobierno de García.
Además, se analizan temas como la transparencia judicial, la independencia judicial, examinando la actuación del titular de la Corte Suprema frente a los demás poderes. Luego, los asuntos referidos a la Carrera Judicial y al funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, con todos los problemas que allí se han generado.
Otros temas tratados son los referentes a la implementación del nuevo Código Procesal Penal en los dieciséis distritos judiciales, que viene ocurriendo sin realizar una evaluación previa; asimismo se realiza un análisis positivo sobre lo ocurrido en el campo del acceso a la justicia, empezando por la justicia de paz, donde se valora lo sucedido con la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP), y la importante asignación presupuestal ocurrida por primera vez en la historia del Poder Judicial.
Este arqueo forma parte de una serie de diagnósticos sobre los avances y retrocesos del sistema de justicia que, desde el 2004, el IDL publica.
Por otro lado, La reforma judicial pendiente, toma en cuenta 60 problemas de todo el sistema de justicia, y plantea soluciones puntuales para cada uno ellos, constituyéndose así en una propuesta integral para el mejoramiento de la justicia en nuestro país.
Las propuestas tratadas en el documento tienen que ver con temas de presupuesto y transparencia, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, justicia penal, justicia militar y policial, entre otros.
En el tema de transparencia, por ejemplo, el informe propone la aprobación de un reglamento de elección de presidentes de cortes superiores y de Corte Suprema, así como promover un debate para la regulación de autoridades del Ministerio Público.
En el actual contexto electoral y por la renovación de diversas autoridades del sistema de justicia, ambas publicaciones resultan relevantes. En ese sentido, el análisis y las propuestas pueden orientar los planteamientos en materia de justicia de los actuales candidatos presidenciales y congresales, y de las autoridades elegidas en los diversos poderes del Estado.
Ver:
?Balance de la Justicia 2009-2010. ¿Cómo estuvo la justicia en el Perú??
?La reforma judicial pendiente. Hoja de ruta?
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Que opina? AI: Decretos Legislativos constituyen un grave retroceso en derechos humanos - 03/09/2010 15:14:31

"El gobierno peruano debe abandonar todo intento por legislar a favor a violadores de los derechos humanos, dice Amnistía Internacional.
Cuatro decretos legislativos emitidos por el Presidente Alan García, en uso de las facultades delegadas por el Congreso del Perú, podrían permitir el cierre de las causas que involucran a personas que están siendo investigadas por crímenes de lesa humanidad.
?Los decretos legislativos adoptados el pasado miércoles en el Perú constituyen un grave retroceso en el respeto de los derechos humanos y sientan las bases para una posible amnistía encubierta?, manifestó Silvia Loli, Directora de Amnistía Internacional en el Perú.
Los dispositivos aprobados por el presidente García abarcan desde la sanción de un nuevo Código de Justicia Militar Policial, hasta la aplicación de nuevas normas procesales para casos de violaciones a los derechos humanos.
El decreto 1097 permite decidir el sobreseimiento de los acusados ?que hayan sufrido el exceso de plazo de la investigación? por el Ministerio Público y el Poder Judicial. ?La falta de empeño del estado peruano en investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, es una excusa para el cierre de las pesquisas contra personas acusadas de haber cometido dichos crímenes, lo cual podría constituir una amnistía encubierta?, afirmó Silvia Loli.
Por otro lado, el decreto 1094, permite que los crímenes de guerra estén sujetos a prescripción. Además, este decreto, que establece un nuevo Código de Justicia Militar Policial, se extralimita pues propone que los tribunales militares no solo juzguen delitos o faltas típicamente militares, sino también crímenes de guerra, que pueden ser cometidos en conflictos armados internos contra la población civil. Estos delitos deberían ser juzgados por tribunales civiles.
En 2006 el Tribunal Constitucional había decidido que la inclusión de crímenes de guerra en el Código de Justicia Militar era contraria al ordenamiento jurídico peruano y decretó su inconstitucionalidad.
INFORMACI?N ADICIONAL
Sin perjuicio de hacer pública más adelante una crítica detallada de los cuatro decretos legislativos adoptados el 1? de Septiembre por el Presidente Alan García, Amnistía Internacional estima que, en abierta contradicción con la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de los que el Perú es un estado parte, el nuevo Código de Justicia Militar Policial consagra la prescripción de los crímenes de guerra y admite también las amnistías y los indultos para las personas responsables de tales crímenes.
Tales normas contravienen las obligaciones del Perú bajo el derecho internacional convencional y consuetudinario y deberían ser dejadas de lado prontamente. Por su lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en varias oportunidades que los estados no pueden oponer ni amnistías ni prescripción ni cosa juzgada en los casos en que se ventilan graves violaciones de derechos humanos.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para determinar las circunstancias que rodearon los abusos contra los derechos humanos cometidos en las décadas de 1980 y 1990, de los 69.000 casos de personas que se calcula que perdieron la vida o desaparecieron en esos veinte años, el 54 por ciento fueron obra del grupo armado de oposición Sendero Luminoso y el 46 por ciento de las fuerzas armadas.
Mientras que en la actualidad cientos de miembros de Sendero Luminoso están encarcelados, los primeros juicios contra miembros de las fuerzas armadas presuntamente responsables de 47 de esos casos comenzaron en 2005 en circunstancias muy difíciles. Se ha expresado preocupación porque no se estaban ejecutando las órdenes de detención contra agentes del ejército y la policía acusados de violaciones de derechos humanos, porque algunos de los casos seguían juzgándose ante tribunales militares y porque, según informes, el Ministerio de Defensa no había cooperado con los tribunales civiles. No obstante, el sistema de justicia peruano ha dado pasos importantes en los últimos años para acabar con la impunidad, entre ellos el juicio que se celebra actualmente contra el ex presidente Alberto Fujimori.
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