Información: Balance general de la situación de los derechos humanos 2012-2013 - 20/03/2014 14:28:10
"Este balance sirve de introducción al Informe Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que pueden descargar acá.¿Cuál sería la mejor manera de caracterizar el año 2013 para los derechos humanos en el Perú? Quizás podría decirse que la inacción de instituciones que deben velar por ellos se cruza con ciertas buenas intenciones de los actores del Estado peruano: lamentablemente en la práctica implicó que, los derechos humanos, siguieron siendo violentados y que el Estado no ha podido implementar las normas necesarias para garantizarlos.
La primera cifra que no revela en toda su dimensión lo que implica por ella misma es esta: 17 personas muertas desde setiembre del 2012 hasta diciembre del 2013 en conflictos sociales. Entre ellas, la historia cruel de Kenllu Sifuentes Pinillos, joven de 22 años que vivía en Barranca, y que cuando tenía doce años en el 2004 recibió una bala de un efectivo del Ejército peruano en un paro agrario en Pativilca. Fue operado en el Hospital del Niño, estuvo internado varios meses, hasta que finalmente se recuperó y pudo terminar el colegio. Diez años después, durante una protesta convocada por la Municipalidad de Barranca, Kenllu Sifuentes vuelve a ser impactado por un proyectil, esta vez en el esternón, y a las pocas horas muere. ¿Acaso el Estado peruano no pudo prevenir esta situación equipando a sus policías antimotines con armas no letales? En Lima la prensa apenas le dedicó algunas líneas: ¿acaso la historia de Kenllu Sifuentes, atravesado dos veces por dos balas que salían para reprimir a los protestantes, no es tan impactante como la de cada uno de los caídos en las protestas venezolanas?
Pero regresemos sobre lo que le ha faltado a varias de las instituciones tutelares del Estado para garantizar nuestros derechos. Ni se ha implementado el Mecanismo de Prevención contra la Tortura, ni se ha promulgado el Plan Nacional de Derechos Humanos, ni se ha derogado el Decreto Legislativo 1095 por el contrario hay mayor impunidad para PNP y Ejército durante represión en conflictos sociales con la dación de la Ley 30151 ni se han anulado los marcos legales que permiten los convenios entre PNP y empresas extractivas. Los peruanos y peruanas seguimos estando divididos entre ciudadanos de primera, con un Estado que garantiza su vida y sus propiedades, y ciudadanos de segunda, cuyas vidas y propiedades, sobre todo cuando son rurales o de pueblos indígenas, siguen siendo subalternas a los intereses de las grandes empresas extractivas que, por sobre todo, tienen garantizadas sus inversiones con la finalidad de que aquellos que gozan del crecimiento sigan gozándolo. Al otro lado de la balanza siempre se encuentran los más débiles: las mujeres campesinas, los comuneros quechuahablantes, los niños afectados por la contaminación de sus aguas y sus cielos. Estas palabras parecen maniqueas, pero en nuestro contexto político actual, no lo son: si al Estado verdaderamente le interesarían los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas y de los niños no priorizaría la flexibilidad de las normas ambientales, de los estudios de impacto ambiental y de la ampliación de proyectos extractivos sobre la vida, la salud y la integridad de sus ciudadanos.
Por eso mismo, este informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es largo, grueso, lleno de cifras, lleva varios artículos firmados, un balance completo sobre los 10 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) pero sobre todo, rezuma cierta desesperanza. Para evitarla, para poder plantear estrategias que nos permitan una visión de largo plazo, proponemos en esta parte del texto, no quedarnos simplemente en la presentación de lo que ustedes, lectores, podrán revisar en el índice y en cada una de estas páginas; proponemos tratar de entender cuáles son las relaciones que puedan existir entre esta realidad de 2013 y nuestro pasado inmediato; proponemos analizar las relaciones que puedan existir entre el conflicto armado interno y los conflictos sociales en la actualidad, entre las estrategias de control desde los aparatos del Estado de las protestas sociales hoy y la subversión de ayer.
En ese sentido, esta propuesta más bien personal, se divide en cuatro acápites: desprestigio, visiones de desarrollo, protesta y disidencia.
Desprestigio
A pesar de que el proceso de la CVR ha planteado un antes y un después de los derechos humanos en el país, debemos dar cuenta de los golpes que nuestro discurso post-conflicto y de justicia transicional ha recibido. Nuestra manera de entender y defender los derechos humanos ha sido todo este tiempo duramente atacada por los sectores vinculados a la necesidad de impunidad. Estos sectores son:
a) el fujimorismo activo y congresal,
b) ciertos sectores de las FFAA y FFPP que están procesados en juicios públicos,
c) cierto sector del aprismo que está vinculado con el comando Rodrigo Franco o los hechos relativos a casos como Cayara o El Frontón,
d) algunos sectores amplios de la opinión pública que tienen intereses en vincularnos como "defensores de terroristas".
La idea que han difundido estos sectores es que en el movimiento de derechos humanos, además de ser "caviares" y de defender a los terroristas, nos aprovechamos de la humildad e ignorancia de los familiares y de las víctimas para cobrar ingentes sumas de dinero por reparaciones y quedarnos con él para solventar un modo de vida elitista y cosmopolita.
Esto es absolutamente falso porque, por lo menos desde las diferentes instituciones de la Coordinadora, jamás hemos cobrado un solo centavo por la defensa de las víctimas, ni por el trámite en torno a sus reparaciones. La diferentes instituciones que conforman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos financian sus actividades con proyectos de diverso rubro, y en el caso concreto de la Secretaría Ejecutiva, debido al cierre de las diversas financieras o el retiro de algunos países que antes apoyaban estos temas, lo que hacemos es presentarnos a concursos públicos de la Unión Europea o de diferentes países con la finalidad de solventar nuestras necesidades institucionales que son, a todas luces, muy reducidas. Los profesionales que trabajan en nuestras instituciones tienen un alto sentido de compromiso con este tema y así queremos que sigan siendo, porque de lo contrario, ya se habrían ido a trabajar al Estado peruano que paga muchísimo mejor que cualquier ONG.
Entonces ¿por qué calan profundamente estos discursos de desprestigio de nuestras instituciones y de nuestros quehaceres?, ¿por qué no se reconoce la valentía con que algunos abogados siempre menciono el caso de Gloria Cano porque me parece que es una de las más emblemáticas se la han jugado en nuestro país para defender los derechos? Ángel Escobar Jurado, por ejemplo, fue un defensor de derechos humanos en Huancavelica que murió en 1990 precisamente cumpliendo su labor, pero no tiene mayor trascendencia ni mayor recuerdo que el premio que actualmente otorgamos desde la CNDDHH con la finalidad, precisamente, de reconocer el esfuerzo de muchos defensores.
Hace poco Víctor Rodríguez Rescia, miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, nos comentó impresionado que el desprestigio de los defensores de derechos humanos en el Perú es peligrosamente alto y que saltar a las agresiones y la justificación de la criminalización desde diferentes instancias públicas y privadas puede ser el próximo paso. Todavía no vivimos como en Colombia una situación de violencia y vulnerabilidad tan alta donde el sicariato ha desaparecido a muchos defensores la historia del doctor Héctor Abad en Medellín es paradigmática pero creo que debemos de tener en consideración la alta tolerancia a la impunidad de los violadores de derechos humanos que estamos constatando con la cantidad de sentencias absolutorias que se vienen dando en la Sala Penal Nacional.
La lucha de dos visiones del desarrollo
Por lo antes mencionado es fundamental discutir sobre el tema de la criminalización de las acciones vinculadas con la defensa de los territorios, con la defensa de los liderazgos y con la defensa, en suma, de los derechos humanos en lugares donde, precisamente, el territorio es el espacio de disputa entre dos maneras de ver el desarrollo: el cortoplacismo que representa el Gobierno de Ollanta Humala y su "gran giro" de transformación a solo acomodamiento para paliar el golpe del capitalismo neoextractivista, por un lado, y una manera de entender el bienestar desde una perspectiva eco-política considerando la defensa del agua y del territorio como la garantía de la reproducción de la especie humana a largo plazo, en el otro lado. Me refiero, en primer lugar, al "neoliberalismo a la peruana" de la mano con el consumismo-emprendedor y, en segundo lugar, a una incipiente manera de entender el sumak kausay (buen vivir) que es un concepto poco reflexionado en el Perú ni académica ni mediáticamente, excepto en espacios restringidos a Cumbres de los Pueblos o a asociaciones de pueblos indígenas.
Es fundamental analizar cómo desde décadas anteriores se fue organizando una urdimbre de lógicas y prácticas que vinculan diversos aspectos de la violencia como recurso de la política. ¿Cómo comprender las lógicas de los actuales movimientos de pueblos indígenas o de los pueblos afectados por las actividades extractivas que presentan memoriales, cartas, exigen mesas de diálogo, y tras ser ignorados o puenteados o mecidos, finalmente optan por la toma de una carretera para tener una presencia en los medios y así poder hacerse oír en Palacio de Gobierno?, ¿qué vínculos existen o no existen entre las formas de reprimir esas manifestaciones y la manera como policías y soldados pensaban que debían intervenir en los pueblos altoandinos de Ayacucho o Huancavelica para repelar la actividad subversiva de Sendero Luminoso y el MRTA?, ¿cuáles son las lógicas que siguen operando entre ese mundo andino subyugado por la violencia de los años 80 y 90 y los pueblos como Espinar, Celendín, Bambamarca, Paita, Sechura, Tayacaja, entre otros, que son a su vez también duramente reprimidos con balas de guerra desde helicópteros o francotiradores posicionados en los cerros?, ¿por qué siguen muriendo peruanos, pero esta vez, no por una violencia sistemática planteada como una salida a la dominación sino por lo que Rolando Luque, defensor adjunto para Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, ha denominado "estallidos de ira" que son, como su nombre lo indica, desembalses de frustraciones acumuladas?
Debemos de entender la situación actual de la sociedad peruana como un proceso, como un continuum, que no solo se articula con formas y prácticas violentas y que en zonas como Ayacucho, Huánuco o Huancavelica hoy se traducen también en pandillaje y violencia contra las mujeres, sino sobre todo con maneras de pensar, con constructos, con imaginarios sociales que alientan este tipo de salidas no consensuadas y confrontacionales. La justificación de los excesos, de la violencia, de la instrumentalización del otro, es la primera piedra de un camino lleno de gestiones peligrosas y que puede terminar con masacres y muertos en niveles inconcebibles.
Protesta
Por lo expuesto, es necesario emprender el giro de la criminalización de la protesta hacia la criminalización de la disidencia como lo ha señalado Raphael Hoetmer en el seminario que la CNDDHH y la UNMSM organizara en octubre del 2013. Esta conceptualización no solo amplía la noción sino que permite indagar en las maneras de instituir un pensamiento único: el desarrollismo extractivista. Plantear la posibilidad de un post-extractivismo en el Perú casi se ve como ser anti-sistema, que fue el alias acuñado para Ollanta Humala durante las elecciones del año 2006 y que hoy nadie recuerda, pero se ha transformado en una categoría utilizada por todos los medios, por los agentes de las grandes empresas, por los directorios de las sociedades de minería e hidrocarburos y en suma por todos los concurrentes al PERUMIN de Arequipa: los antimineros.
Si el desprestigio y el estigma de los defensores de derechos humanos se planteaba desde el apelativo de "caviares" hoy también se suma el de "antimineros". Lamentablemente este sentido común ha calado en la opinión pública y es muy complejo y difícil poder romper con esta idea para tratar de discernir a los defensores de derechos humanos solo como activistas o profesionales que tienen un genuino compromiso con la justicia y la democracia. Este adjetivo no se centra en la descalificación por las acciones que se realizan, sino incluso, por tener una posición diferente al enfoque del neoliberalismo del Ministerio de Economía y Finanzas y ahora, del Presidente de la República. Entonces, en tanto que cuando hablamos de protesta nos referimos a acciones en contexto determinados de lucha, pero cuando nos referimos a disidencia estamos hablando de la pura posición política frente a "sentidos comunes" que operan en los ciudadanos como "lo correcto", considero personalmente que la criminalización que se da en el Perú no se limita a las acciones de protesta en diversos espacios de lucha sino también a la sola acción de pensar a contrapelo de las propuestas de desarrollo que son el eje de la modernidad entendida como el proceso de "superación del atraso".
Disidencia
La disidencia no es solo la protesta: la protesta requiere una acción o una palabra. En cambio la disidencia solo requiere de una reflexión en torno a algún sentido común. Solo requiere estar en desacuerdo. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la "disidencia" (Del lat. dissidentia) es «f. Acción y efecto de disidir» o «f. Grave desacuerdo de opiniones». Y "disidir" (Del lat. dissidere) significa «separarse de la común doctrina, creencia o conducta», cuya etimología literal compuesta significa "separar, no permanecer". En el caso de disidencia por diversos traslados metonímicos su significado se extiende también a las sinonimias de "no desear estar o pertenecer a un mismo grupo o criterio". Se refiere a tener un criterio diferente al criterio de la mayoría.
La disidencia está referida, entonces, a un estado situacional y de opinión, a una actitud. Por tanto, puede ser manifestada por actos, pero también puede ser igualmente un modo de vida o una opción en torno a un modo de vida (por ejemplo, ser un anticonsumista). La "disidencia" remite a una filosofía de vida, a un compromiso total de un individuo o de un grupo que asume todas las consecuencias materiales y espirituales de sus elecciones. La disidencia es una actitud que no necesariamente está dirigida contra algo, sino que más bien implica un desacuerdo o una distancia tomada con un poder o una autoridad política. No entra forzosamente en conflicto directo, sino que se aleja, busca otras vías o espacios de legitimidad. De esta manera, el término «disidencia» se distingue de los términos «contestación» y «oposición», que indican una confrontación al interior mismo del sistema político en vigor.
En el Perú de hoy no solo se criminaliza la protesta como en muchos otros lugares ante la necesidad del avance de derechos si no fuera por las múltiples protestas sociales, desde la Revolución Francesa hasta Mayo del 68, no habrían avances en los derechos sino que se trata de minimizar y confrontar a aquellos que no están de acuerdo siquiera con el modelo de desarrollo gastronómico-extractivista-neoliberal. Muchas veces hemos sido testigos de linchamientos mediáticos por opinar en contra.
Considero que las apuestas de los Guardianes de las Lagunas en Conga o de Óscar Mollohuanca en Espinar, de los apus awajún en Supayacu o de Santiago Manuin en Bagua, no solo pasan por considerar que quitar tranqueras o llamar a movilizaciones son la lucha fundamental de sus propósitos sino, simplemente, porque ellos mismos como núcleo duro mantiene una "diferencia" en el sentido de desarrollo al que aspiran. Disentir, es hoy por hoy en nuestro país, ganarse una estigmatización que se vincula además con la discriminación de clase y étnica que, por supuesto, llegó a su sumum con la teoría del "perro del hortelano" de Alan García que, lamentablemente, no ha muerto sino que se está transformando en otras maneras de separar, discriminar y desautorizar una opción de vida ecológica y diversa.
Por eso desde esta gestión en la CNDDHH no solamente alzamos la voz para señalar cuáles han sido los derechos humanos que se han violado o los que se han protegido durante el año 2013 o para pedir normativas y políticas públicas que permitan que la mayoría de la población pueda ejercerlos, sino que además consideramos necesario ejercer una disidencia frente a la flexibilización de derechos con la finalidad de mantener un modelo de desarrollo que no beneficia a todos sino que acrecienta las brechas y las diferencias entre peruanos y peruanas.
Rocío Silva Santisteban
Secretaria Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
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Es Noticia, Lanzan propuesta para incorporar atención de lesbianas en protocolos de salud sexual y reproductiva - 14/03/2014 11:43:04
"Este 12 de marzo, la Articulación Lesbianas Feministas de Lima y Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS) lanzaron un documento que contiene 26 aportes para incorporar la atención de las lesbianas en los protocolos de salud sexual y reproductiva del sector Salud.La presentación se realizó en el Hotel Bolívar, a las 9 de la mañana, con la presencia de la congresista Rosa Mavila y representantes de la Defensoría de la Salud y Transparencia del Ministerio de Salud, la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del mismo sector, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva (del año 2004) están conformadas por ocho módulos que brindan orientación a las y los profesionales de la salud en atención obstétrica, infecciones de transmisión sexual (ITS), cáncer y otros aspectos.
La propuesta es visibilizar las necesidades de salud ginecológica de las lesbianas en los módulos I y VII, por lo que se propone ,por ejemplo, que las y los médicos consideren la orientación sexual de la usuaria durante la realización del examen físico general y que brinden atención, tratamiento y monitoreo a la pareja mujer en caso exista un diagnóstico cuyo manejo es diferente en varones.
"Para la sociedad, el modelo de mujer es el que responde al sistema heterosexual hegemónico. Por ello, no es gratuito que el Estado y el sector Salud no hayan realizado nunca estudios sobre la salud lesbiana o que nos incluyan en sus protocolos de atención", sostiene Ruth Ramos, activista lesbiana y autora de la propuesta.
En las siguientes semanas, la Articulación Lesbianas Feministas de Lima y LIFS continuarán su trabajo de incidencia con el sector Salud y otras instancias a fin de que se logre incorporar su propuesta; propuesta que responde a una demanda del movimiento lésbico feminista peruano de hace más de un cuarto de siglo.
OPINIONES
RUTH RAMOS
Integrante de la Articulación Lesbianas Feministas de Lima
"Hay mucho desconocimiento sobre las lesbianas en una sociedad que pretende ser moderna. Desafortunadamente, esta desinformación se basa en mitos y creencias de un orden machista al cual responden los proveedores de salud".
TAMMY QUINTANILLA
Subgerenta de Servicios Integrales de Protección Frente a la Violencia Basada en Género de la Municipalidad de Lima
"Si tomamos como base este documento, la Gerencia de la Mujer podría elaborar una norma de rango municipal, junto a la Gerencia de Salud. Por lo pronto la publicación nos sirve de mucho pues estamos trabajando una guía de monitoreo y evaluación de los servicios de atención, frente a todas las modalidades de violencia basada en género".
LUCY DEL CARPIO
Equipo técnico de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud (Minsa)
"Este 2014 podríamos abordar la problemática que nos presentan. Podrían comunicarse con nosotros e informar formalmente que desean colaborar en la adecuación de los módulos de las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva. Estamos abiertos a trabajar por el provecho y la salud de todos".
SILVIA QUINTEROS
Directora de Políticas de Igualdad de Género y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)
"Efectivamente, existe necesidad de visibilizar a las mujeres lesbianas y de hacer propuestas de políticas públicas a favor de ellas. Como MIMP, formamos parte del Grupo de Trabajo para Promover los Derechos de las Lesbianas (GTL), integrado también por la Articulación Lesbianas Feministas de Lima. Sin duda, este el espacio donde podríamos trabajar juntas el documento que acaban de presentar".
KARINA PRINCE
Representante de la Defensoría de la Salud y Transparencia del Minsa
"Hace un par de meses emitimos el Informe No. 13 sobre el acceso a la salud de la población de lesbianas, trans, gays y bisexuales (LTGB). En él hemos recomendado a la Dirección General de Salud de las Personas trabajar lineamientos y políticas en salud a favor de ella. Su decisión es que la sensibilización de los profesionales de la salud en temas de orientación e identidad de género sea obligatoria".
DANTE PONCE DE LEÓN
Representante de la Defensoría del Pueblo
"Este documento debe llegar igualmente a manos de la Comisión Nacional contra la Discriminación, conformado en diciembre del año pasado. En ella participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como el Ministerio de Salud".
PATRICIA CARRILLO
Directora General de Transversalización del Enfoque de Género del MIMP
"Este es un ejemplo de una sociedad civil madura que le alcanza al Estado información que desconoce y que además elabora propuestas. Será muy útil para los servicios de salud que desconocen la complejidad de la sexualidad humana".
ROSA MAVILA
Congresista de la República de Acción Popular-Frente Amplio
"Si bien hay más ideas progresistas en la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas [distinta a la Comisión de la Mujer y Familia], no hemos incorporado nada sobre lesbianas por pura ignorancia. Por ello, esta propuesta es oportuna, porque hasta ahora el tratamiento de la homosexualidad es patrimonialista ,como lo demuestra el debate del matrimonio, cuando debería considerarse sobre todo el derecho integral a la salud o la patria potestad".
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Texto: Maribel Reyes.
Fotos: Melissa Merino.
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Información: 7 razones para que Cenaida Uribe nos presente a su novio - 12/02/2014 15:29:57
"Hay otro escándalo en el Congreso, pero ha sido más o menos apantallado por el asunto Secada. Pero, como en el caso del precandidato, aquí la vida pública y la privada se confunden. Así que vamos por partes, a ver si convencemos a la congresista, aprovechando la cercanía de San Valentín.1. Porque el vínculo entre ambos viene del 2009
Y para empezar a desentrañar la historia tenemos que regresar al 2009, a uno de los primeros posts de La Mula. Aquella vez, gracias a Roberto Bustamante, encontramos esta maravilla:
Y esta otra:
Hasta el momento, estas desgracias ortográficas eran la única prueba concreta de la vinculación entre la congresista nacionalista y la empresa Punto Visual.
2. Porque no es la primera vez que amenaza con despedir a alguien
Antes de seguir con el caso Punto Visual, veamos algo más que sucedió ese año 2009:
Según Perú.21:
Cuando la policía le dijo que estaba desobedeciendo una orden y avanzando imprudentemente, Uribe ,según el parte policial, lanzó su amenaza de manera grosera y prepotente: "No sabes quién soy yo. No sabes con quién te estás metiendo. Déjame pasar o, si no, voy a comunicarte (sic) con tu director para que te saque de la Policía".
Recuerden esa frase.
3. Porque han denunciado que quiso favorecer a Punto Visual
Muy bien. Ahora flashforward a este domingo, cuando Cuarto Poder lanza este reportaje, acusando a la congresista de presionar a un colegio para que favorezca a la empresa de paneles Punto Visual:
""Si no se firma el contrato con Punto Visual, te acordarás de mí, como sea te saco del colegio."" ¿Les suena familiar?
Lo que Cenaida Uribe le dijo a Lisandro Quispe, entonces director del Alfonso Ugarte, se parece mucho a lo que le dijo a la policía en el 2009, ¿no? Como si no fueran suficientes los otros testimonios del reportaje, esa actitud hace aún más verosímil la denuncia del profesor, que finalmente fue destituido.
4. Porque destituyeron a Quispe por las puras
Pero hay más, como destaca Patricia del Río en el minuto 3:50 del siguiente video, las acusaciones con las que destituyeron a Quispe se trata de minucias. Huevadas, para decirlo claro. Que faltó una firma, que se olvidó de abrir el acta de la sesión... en fin. El pobre Quispe terminó de patitas en la calle con excusas burocráticas.
5. Porque solita se echó con eso de ""no voy a hablar de mi vida privada""
Y aquí llegamos al punto del post. Atención a lo que pregunta Raúl Vargas en el minuto 5:08. ¿Cuál es su relación con la empresa? Y al toque ella dice que no habla de su vida privada. O sea, te echaste.
Lo cierto es que ya no se trata de su vida privada, si ella ha usado su cargo público para favorecer a la empresa del que todo indica es su pareja: Alberto ""Tito"" de Azambuja Pasara, dueño de Punto Visual.
""Tito"" de Azambuja. Vía Angel Páez
6. Porque todo el mundo lo sabe.
Y por todo el mundo queremos decir todo el mundo, al menos en el ambiente político. O sea que mucha casualidad que justo el director destituido del colegio que ella inspeccionó resulte haber cancelado paneles de la empresa del que todo el mundo sabe que es su pareja. Ya mucho, ya.
7. Porque siguen saliendo conflictos de intereses.
La ex subdirectora del Melitón Carbajal acaba de contar que Uribe también presionó a ese colegio por el tema de los paneles. Y, por si fuera poco, tenemos esto:
TA - CHAAANNNN. Foto: Facebook de Palmeras School
Explica el periodista Rodrigo Cruz:
No por nada, integra la Comisión de Educación del Congreso desde hace cinco años y dirige su propio colegio desde el 2012. Según documentos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) ,a los que El Comercio tuvo acceso, la nacionalista Uribe constituyó en enero del 2012 el colegio Palmeras School.
O sea, ya mucho, ya. Lo siento, matadora, aquí se te acabó ese aspecto de tu vida privada. Preséntanos a tu novio, actualiza tu relationship status en Facebook y siéntate a explicar clarito qué ha estado pasando todos estos años, desde el 2009, por lo menos. No esperes al 14 de febrero.
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Es Noticia, 15 MIL DESAPARECIDO EN PERU: DESDE FUJIMORI HASTA OLLANTA HUMALA - 03/12/2013 13:39:07
" IMPUNIDAD Y COMPLIDAD ACTUAL. En Perú la discusión es interminable para saber la cantidad exacta de personas desaparecidas durante 20 años de conflicto armado (1980-2000). Esta discusión es entre cifras oficiales y el testimonio verídico de los familiares de las víctimas. Los gobiernos que han seguido después del 2000 cuando cayó el régimen de Fujimori han utilizado la coerción, el chantaje y todo el poder del Estado para ocultar los crímenes de las fuerzas armadas, la policía y grupos paramilitares.El gobierno transitorio de Valentín Paniagua (2000), la administración de Alejandro Toledo (2001-juillet 2006), hasta llegar al gobierno de Alan García (2006-2011), y el actual régimen del militar Ollanta Humala, han protegido militares y civiles acusados de masacres, secuestros y desapariciones de personas acusadas de subversión.
Las cifras de desaparecidos Para la Conferencia Episcopal Peruana, entre 1980 y el 2000 las personas desaparecidas fueron 15 mil. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su informe de 2003, registra 8 mil 558 personas desaparecidos durante el conflicto armado. El Comité Internacional de la Cruz Roja, duplica esta cifra y en octubre del 2011, señala que los desaparecidos en Perú suman 16 mil. Esta cifra se basa en los informes y registros del Instituto de Medicina Legal y el Equipo Peruano de Antropología Forense.
Si para el número de desaparecidos hay cifras en desacuerdo, lo mismo ocurre para la cantidad de muertos durante la guerra interna. Así para la Comisión de la Verdad y Reconciliación el costo en vidas humanas de la guerra interna suman 70 mil. El Consejo de Reparaciones del Perú en un informe del 2011 ha señalado que el número de víctimas de la guerra interna que atravesó el Perú podría ascender a 100 mil personas. Esta cantidad de muertos y desaparecidos fueron en su gran mayoría ciudadanos del campo, estudiantes y trabajadores de la ciudad sindicados de pertenecer o sostener los grupos subversivos, en particular a Sendero Luminoso (Partido Comunista del Perú-PCP). En Perú no pasa una sola semana que no se descubren fosas comunes donde fueron sepultados clandestinamente ciento de victimas de militares y policías durante el conflicto armado. Así por ejemplo en el 2011 la Cruz Roja entrega un informe sobre la posible existencia de 4 mil 644 fosas comunes en todo el Perú. De esta cantidad de cementerios clandestinos, dice la Cruz Roja, más de 2000 aún no han sido localizadas.
¿Por qué tanta impunidad en Perú?
Perú es uno de los países de América Latina, donde los antiguos responsables de muertes, masacres y desapariciones, no solamente no han sido sancionados, sino que vuelven al poder y con ello repiten sus métodos criminales contra la población. Por ejemplo Alan García Pérez presidente entre 1985 y, fue responsable de cientos y miles de asesinatos y desapariciones. Matanza en los penales, desapariciones de estudiantes, crímenes contra la población, etc. Nunca fue sancionado y al contrario fue recompensado con una nueva gestión presidencial entre julio de 2006 y el 2011.
En junio del 2009, el presidente Alan García fue nuevamente acusado de masacres masivas y de desapariciones de pobladores. Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos de Perú), denuncio (13 de junio 2009) la responsabilidad del gobierno de García por el asesinato de 31 indígenas de la selva y 61 desaparecidos. Estos hechos ocurrieron en Bagua, una localidad de la amazonia peruana. El conflicto se inició cuando los indígenas se movilizaron contra decretos gubernamentales atentatorios contra sus derechos a la tierra y la subasta de los recursos naturales en beneficio del tratado del libre comercio con Estados Unidos. El saldo represivo del segundo gobierno de García fue de 174 muertos y 61 desaparecidos.
El régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) significo un de los periodos más sangrientos del conflicto interno. Uno de los jefes militares de este periodo fue el actual presidente del Perú, Ollanta Humala. El actual gobernante, ha sido acusado de secuestros, torturas y crímenes de prisioneros durante la época de Fujimori cuando era jefe militar en una zona de guerra. En sociedades normales, Ollanta Humala debería estar preso por torturas, crímenes y desaparecidos. Pero ello no es así, Humala es el presidente del Perú y ganó las elecciones en el 2011 con el apoyo de las fuerzas armadas y de la izquierda legal peruana.
En el primer año de la gestión de Ollanta Humala 17 campesinos fueron muertos por orden del gobierno. Hasta el final del 2012, el actual régimen ha asesinado en conflictos sociales a 27 personas entre campesinos y asalariados. En el informe ""Un año del gobierno de Ollanta Humala" de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (julio 2012), se anota que en cuanto a los derechos humanos durante el actual gobierno, "muy poco es lo que se ha hecho, y más bien se ha producido un retroceso". Esta comisión advierte en su informe que este problema "se refleja en los muertos, heridos y la criminalización de las protestas sociales, así como el recorte de libertades fundamentales mediante el estado de excepción".
La herencia del fujimorismo en el poder, no solo se refiere al actual presidente peruano, sino también a la legalidad para el movimiento político de la familia Fujimori. Keico Fujimori, es la hija del ex mandatario, ex primera dama fue cómplice de su padre durante su gobierno corrompido y criminal. Pero gracias al sistema de impunidad en Perú, Keico no está en prisión como su progenitor, y al contrario ella aspira a ser presidenta del Perú. La hija de Fujimori es la actual lideresa del grupo "Fuerza Popular", otro nombre de lo que fue "Cambio 90" de la época de Alberto Fujimori. Ella ha sido en el 2011 candidata a la presidencia de la Republica y se ubicó en el segundo lugar después de Ollanta Humala. Actualmente las encuestas y sondeos electorales la ubican como la candidata preferida para las próximas elecciones presidenciales del Perú.
A diferencia de otros países latinoamericanos, el ciclo de muertos y desaparecidos en Perú se desarrolló durante el periodo de tres gobiernos que se instauraron vía procesos electorales, pero que dependían 100% de los militares. Fernando Belaunde, líder de Acción Popular (AP) 1980-1985: Alan García Pérez del Partido Aprista (APRA) 1985-1990 y Alberto Fujimori, líder de "Cambio 90" (1990-2000), fueron los tres gobiernos "democráticos" que recibían órdenes de las fuerzas armadas.
La particularidad común de estos regímenes fue que en el aspecto político, sobre todo en la forma de enfrentar la subversión, entregaron todo el poder a las fuerzas armadas. El modelo de plan contrainsurgente, fue diseñado, dirigido y aplicado por los militares y la CIA americana. El eje de este plan antisubversivo, fue el asesinato masivo de poblaciones enteras sospechosas de constituir "base de apoyo" de Sendero Luminoso. Tanto el gobierno de Alan García así como el de Alberto Fujimori, elegidos "democráticamente", contaron desde su inicio con el apoyo de la izquierda legal peruana, así como de la iglesia católica, y las principales Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del medio peruano. Putis Uno de los casos más brutales de secuestro y asesinato masivo de campesinos acusados de pertenecer o ser base de apoyo de Sendero Luminoso. Este hecho sangriento ilustra la actuación brutal de las fuerzas armadas en las zonas consideradas "rojas" o base de apoyo de la subversión.
Putis es una pequeña localidad andina ubicada en la provincia de Huanta (Ayacucho) y a 300 kilómetros el sureste de Lima. Este genocidio de un pueblo ocurrió en 1984 cuando Fernando Belaunde, considerado "padre de la democracia peruana", era presidente del Perú. En ese pequeño pueblo fueron asesinados 123 campesinos, entre ellos mujeres y niños. Ellos, antes de ser ejecutados, fueron obligados a cavar una gigantesca fosa común donde serían muertos y sepultados. Como dijo la misma Comisión de la Verdad (CVR) estos pobladores "fueron acribillados por miembros de las fuerzas armadas quienes sospechaban que los pobladores rurales colaboraban con rebeldes de Sendero Luminoso".
Estos hechos fueron descubiertos recién en el 2001 por el periodista Edmundo Cruz. Las autoridades se vieron obligadas a reconocer esta matanza. Antes de este descubrimiento las victimas de Putis eran considerados "desaparecidos". Incluso se decía que eran "senderistas" que se habían enrolado con la subversión. Según los expertos que analizaron los restos mortales, el 45% de los cuerpos hallados en la fosa común correspondían a niños y jóvenes entre 1 y 17 años de edad. Todos fueron muertos con balas de fusil y acuchillados. Sobre la cantidad de niños en esta masacre, Edmundo Cruz declaro en un reportaje a la agencia AP, que el asesinato de los niños "solo tenía una explicación muy frecuente en la ideología de los militares de esa época". "Esa ideología era que estos niños más tarde serían iguales a sus hermanos y padres a quienes los militares consideraban terroristas", explicó. Hasta la fecha, no hay ningún militar ni civil acusados por este asesinato masivos de niños, jóvenes, adultos y mujeres.
Parodia de "sanción" e impunidad
¿Por qué en Perú no se ha sancionado ejemplarmente ningún alto militar, civil o ex presidente acusado por crímenes y desapariciones de miles de peruanos?. El verdadero poder en Perú está constituido por las fuerzas armadas. En el caso peruano, las elites políticas, sus partidos y sus organizaciones de fachada, cumplen las órdenes provenientes de los cuarteles. El sistema político, aparte de ser decadente y corrompido, es una "democracia" caricaturesca bajo la tutela de las fuerzas armadas. En este marco político-jurídico, jamás habrá sanción para los responsables de cientos y miles de asesinatos contra la población. En cualquiera de los gobiernos llamados democráticos, la presencia militar es cuantiosa y grosera. Están presentes en el ejecutivo, en el parlamento, en las instituciones públicas, y hasta en la presidencia de la Republica como es el caso del comandante Ollanta Humala.
En este contexto algunos militares han sido condenados a prisión por casos menores, pero no por los grandes crímenes que habían cometido. Estos "militares sancionados", han cambiado la prisión por la detención domiciliaria o por largas estadías en los hospitales militares. Fujimori, es el único ex presidente que ha sido acusado y condenado a 25 años de reclusión por dos hechos de sangre, que en el conjunto de los crímenes bajo su responsabilidad, constituyen apenas dos gotas de agua en un océano de matanzas innumerables. Fujimori fue sancionado por el asesinato de 15 adultos y un niño en Barrios Altos (Lima) el 3 de noviembre de 1991 y la muerte 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta el 18 de julio de 1992. En total 25 muertos, de una cantidad globalmente estimada entre 15 y 20 mil personas durante su gobierno que transcurrió entre 1990 y el 2000.
COMISIONES DE LA VERDAD, OTRA FORMA DE OCULTAR EL CRIMEN
En Perú como en ningún otro país latinoamericano, se ha institucionalizado la propaganda para desprestigiar a los grupos subversivos y responsabilizarlos de muertes y desaparecidos que corresponden a la autoría de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Tanto en Perú como en el extranjero se dice que los principales agentes de muerte, secuestros y desapariciones fueron los grupos armados, principalmente el Partido Comunista del Perú (PCP) organización subversiva conocida bajo el nombre de Sendero Luminoso. En la prensa oficial se repite: "Los culpables fueron todos los involucrados en la guerra: las guerrillas de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)".
Para Salomón Lerner, presidente de la CVR (junio 2003), "la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú , Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar "la lucha armada contra el estado peruano…". En tanto ello es el principal responsable del conflicto interno con el 54% de las víctimas que suman 70 mil muertos. Las cifras de la CVR fueron corregidas en el 2011 por la Defensoría del Pueblo, institución que entrega otra versión. Para esta organización los responsables del secuestro y desaparición fueron: El ejército, responsable del 60.4% de los desparecidos. La Policía Nacional fue responsable del 12.2% de las detenciones y desapariciones. El 7.3% de casos fue de autoría de los miembros de Comités de Autodefensa. En el 6% aparecen como responsables miembros de Fuerzas Combinadas (ejercito-policía).
La Comisión de la Verdad (CVR), junto con diabólizar a los subversivos, ha realizado bastantes esfuerzos para justificar y exculpar de crímenes y secuestros a las fuerzas armadas y gobiernos respectivos. La CVR, dice en 2003 refiriéndose a los militares, ellos actuaron "en nombre de la ley y en defensa del régimen democrático", mientras que los subversivos "se levantaron de manera autoritaria en contra de dicho régimen". Al mismo tiempo señala la CVR, hay que "reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia". Así esta Comisión rinde su "más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber". (CVR, 2003, Tomo VIII, p. 323)
El periodo entre 1980 y 1985, fue una de las etapas más violentas y represivas de 20 años de guerra interna. Fue el inicio del ingreso de las fuerzas armadas para combatir la subversión y el comienzo de las regiones en estado de emergencia controladas violentamente por los militares. En esta etapa se inauguran los centros clandestinos de tortura, crímenes y desaparición de prisioneros. Fernando Belaunde, fundador del Acción Popular, un partido tradicional de la derecha pro americana del Perú, era el presidente del Perú "democráticamente elegido". La misma CVR reconoce que el periodo más violento de la guerra interna fue entre 1983 (cuando Belaunde ordeno la intervención de los militares) y 1984 cuyo resultado fue (oficialmente) 19,468 víctimas.
La trayectoria sangrienta de la etapa gubernamental de Fernando Belaunde no impidió que esta misma Comisión dijera en su informe final, que Belaunde hizo grandes esfuerzos para proteger la democracia. Tampoco fue un impedimento para que Salomón Lerner Febres, presidente de la CVR, dijera el 11 de junio del 2003 que en "el contexto del conflicto armado interno que se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte de PCP-SL, el Estado democrático tenía la obligación de defenderse y de recurrir a las fuerzas del orden".
Sobre el Apra y Alan García Pérez, la Comisión de la Verdad y Reconciliación no se restringe alabanzas. "La CVR resalta, también, el esfuerzo realizado por el gobierno del presidente Alan García Pérez por preservar el sistema democrático, las elecciones locales y generales y la libertad de prensa, en el contexto de una difícil situación en medio del peor conflicto armado interno de la historia republicana del país". La CVR considera que, al asumir Alan García Pérez el gobierno en julio de 1985, "impulsó una serie de políticas sociales para reorientar la estrategia contrasubversiva en marcha. El objetivo explícito fue derrotar a la subversión mediante políticas de desarrollo dirigidas a los campesinos y a las regiones más pobres. El nuevo gobierno asumió como propias las críticas a la actuación de las FFAA que se venían haciendo desde el periodo gubernamental previo".
La CVR es más cautelosa con el régimen de Fujimori, pero no se detiene para ensalzar a la Dincote (policía antiterrorista), una de las ramas más brutales de la policía política de la época de Fujimori. Los miembros de la Dincote han sido acusados de crímenes, torturas y desapariciones de prisioneros acusados de terroristas. Fue en la Dincote donde se organizó y se dirigía el comando "Rodrigo Franco", un grupo paramilitar que funcionó durante el régimen de Alan García (1985-1990). Este comando fue responsable de varias centenas de crímenes, entre ellos altos dirigentes sindicales obreros. La CVR señala en el 2003 refiriéndose a la DINCOTE, que "gracias a la experiencia acumulada desde fines de la década anterior y el énfasis puesto en el trabajo de inteligencia, mostró por esa misma época facetas más constructivas y eficaces".
En diciembre de 1996 un comando integrado por 14 miembros del MRTA tomó por asalto la residencia del embajador japonés en Lima. Había una recepción y el MRTA capturo cerca de 1,000 rehenes entre diplomáticos, ministros, políticos, periodistas y otros. Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori organización un operativo que se denominó "Chavín de Huantar". Su objetivo rescatar a los rehenes y liquidar a todo los integrantes del MRTA. En efecto el operativo se ejecutó el 22 de abril de 1997, y rápidamente el comando del MRTA fue doblegado. La mayor parte de los militantes del comando subversivos se rindieron. Los militares entraron a la embajada, y ahí a sangre fría mataron con tiros de bala en la cabeza a los sobrevivientes del MRTA. La CVR, en su informe final del 2003, reconoció "el derecho del Estado a rescatar a los rehenes allí recluidos y saluda el heroísmo y la eficiencia de los comandos que culminaron con éxito el operativo de rescate".
Conclusión.
La breve información que aquí se ha presentado recoge en parte un problema de la lucha de clases en América Latina. La lógica muestra que la guerra contrainsurgente en Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y cualquier otro país latinoamericano, tiene las mismas características. Lo fundamental es reconocer que el crimen selectivo, y masivo, la tortura y la desaparición de cualquier persona sindicada como subversivo, constituyen la estrategia fundamental del Estado para liquidar la amenaza popular.
Incontestablemente, tanto en Perú como en cualquier otro país, la lucha por hacer justicia y sancionar a militares y civiles criminales de guerra, no es un problema que se restringe a las leyes penales de tal país. Es ante todo una lucha de todo el pueblo contra el actual sistema político y jurídico corrompido. Es imposible lograr que se esclarezca los crímenes de guerra de décadas anteriores, sino se toma en cuenta con objetividad que las clases políticas que ahora están en el poder son las mismas que en décadas pasadas incentivaron y apoyaron el crimen y la represión contra la población.
Es un error creer que la iglesia o cualquier falso demócrata son sinceros cuando se muestran acongojados por los miles de asesinatos y desaparecidos en Perú o en otro país latinoamericano. Ellos fueron cómplices de militares y gobiernos criminales. Hay que evitar que el problema de los desaparecidos se convierta en slogan electoral y en un negocio lucrativo. Un ejemplo de la danza de millones de dólares en las famosas comisiones de la verdad o cualquier otro organismo "defensor de los derechos humanos", es el beneficio económico que hicieron los integrantes de la CVR. En dos años de funcionamiento (junio 2001- agosto 2003) la Comisión de la Verdad y Reconciliación costó 14 millones de dólares al Estado. Su informe final solo ha servido de guion de telenovela y para exculpar a los principales responsables asesinatos de miles de ciudadanos peruanos.
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Que opina? Ayacucho: Afectados señalan falta de compromiso en cumplir con reparaciones - 13/09/2013 14:59:28
" Ideeleradio.- A diez años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, no se ha hecho nada respecto al Plan Integral de Reparaciones en la región Ayacucho, cuestionó el Coordinador Regional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política CORAVIP-Ayacucho Percy Huauya."Creo que el tema pendiente son las reparaciones en todos los ámbitos que la ley lo define y no se está cumpliendo como tal. Después de 10 años del informe final de la CVR recién estamos con el Plan Integral de Reparaciones en la región, eso puede resumirse que no se ha hecho nada. En los gobiernos locales se ha hecho algunos aspectos de memoria, pero no hay más allá. Por ejemplo los han apoyado con los pasajes para gestiones Lima o unos actos o manifestaciones particulares, pero más allá no hay un compromiso", aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Hay una reparación indigna que simplemente te da 10 mil soles repartidos en sobres de 800. Cuando a un funcionario técnico de alto nivel, que trabaja en la CMAN recibe mensual 10 mil mas los viáticos y que llegaría hasta 15 mil soles. Ahí está la discriminación", cuestionó.
Es importante que se trabaje el tema de memoria
El representante de las víctimas además cuestionó que se insista con el proyecto que propone incorporar al Código Penal el delito de negacionismo en temas vinculado
"Para nosotros es importante trabajar el tema de la memoria no solo a nivel curricural y educativa, sino organizacionalmente y que todos comprendamos para que no se regrese a saber quiénes son y quién es quién. Aquí hubo corresponsabilidad de ambos, tanto de los grupo de los terroristas y del Estado que actuó de forma venganza hacia la población más pobre", apuntó.
"Por qué el Estado empieza a agrandar, hacerles una propaganda fácil al negárseles su inscripción [al Movadef]. Nosotros con movimientos podemos debatir con ellos en el escenario. Al negárseles se crea un resentimiento y quieren ellos cada vez tener un rol protagónico", expresó.
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Que opina? CUESTIONES MUNICIPALES - 12/09/2013 9:29:24
" Al terminar el proceso de revocatoria, Augusto Álvarez Rodrich señalaba, con acierto, lo siguiente:Quedarse sola en el trono municipal pero perdiendo a casi todo su equipo, con una ciudad que va a seguir en temporada electoral hasta fin de año ,con todo el perjuicio que esto significará para Lima,, luego de lo cual quedará más sola aún, y al merecer, en función de un pacto cuyo cumplimiento dependerá de la cercanía de la próxima elección municipal, puede llevar a que Villarán parezca pronto una alcaldesa rehén.
Creo que mi amigo Augusto acierta. Y yo iría un paso más allá. Mi hipótesis es que Villarán se ha quedado bastante sola, con algunos pocos funcionarios y regidores que responden a sus expectativas. Pero también rodeada por algunos gerentes especialistas en meter la pata, algunos radicales que ya han provocado pleitos internos en la confluencia de izquierda y con una facción del PPC poco proclive a asumir un rol más colaborador, sin dejar de lado la labor de fiscalización (que no ha sido mala, para ser justos). Desarrollemos punto por punto.
EL CASO RELIMA Y UNA METIDA DE PATA DESCOMUNAL
Para ilustrar el primer punto, usemos el caso más reciente que ha puesto en aprietos a la MML: Relima. Como informó El Comercio ayer, la empresa que ve el tema de la limpieza pública en varias zonas de la ciudad pretende cobrar a la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA) una deuda de casi cuatro millones de soles, por un servicio de limpieza al Mercado Mayorista de Santa Anita que no se formalizó mediante contrato, durante el año pasado. Peor aún, funcionarios de la Municipalidad conocían de la deuda en enero, pero recién pocos meses después sus relevos tomaron cartas en el asunto.
Desde EMMSA, indican que su propia investigación interna señala a cuatro funcionarios como responsables del horror administrativo, los mismos que ya están fuera de la institución. Asimismo, se les iniciará proceso disciplinario y están estudiando posibles acciones judiciales. El problema está en que el martes la sesión de Concejo terminó entre gritos y bronca, dejando una mala imagen frente a los ciudadanos. El tema se debatirá la semana próxima en la MML.
Según hemos podido consultar a varias fuentes jurídicas y periodísticas durante las últimas horas, no nos encontramos, como algunos regidores de oposición mencionan, ante un nuevo caso Comunicore. Sin embargo, todos coinciden en señalar que lo ocurrido es una grave negligencia administrativa en la que, mínimo, deberían rodar varias cabezas. Y si el tema de la deuda con Relima no se resuelve en forma expeditiva y, sobre todo, poco onerosa para la comuna limeña, allí si se corre el peligro de un problema mayor.
Es cierto que la gestión Villarán ha sabido cortar a tiempo con cualquier signo de corrupción. Lo hizo con el caso de los regidores Valer y Tito, quienes fueron vacados de la comuna limeña antes del proceso de revocatoria. Sin embargo, ha costado más - y esto es un defecto de la gestión - desprenderse de algunos funcionarios que no le han hecho bien a la MML. Esto es algo que debería corregirse cuanto antes (de hecho, se debió hacer luego de la revocatoria), pero este hecho es una buena oportunidad para hacerlo.
Y, frente al caso Relima o cualquier otro tema polémico de la gestión, la confluencia de izquierda deberá ser lo suficientemente inteligente y no dejar que cualquier gerente o funcionario les arruine la gestión. Es más, si se llega a armar una comisión investigadora del tema - cuestión que debería ocurrir - la misma debería ser presidida por la oposición. Varias fuentes municipales nos indican que la gente más cercana a Villarán es favorable a una investigación sobre el caso, por lo que no debería haber oposición sobre el tema. La cercanía de las elecciones de regidores no debería ser pretexto para que algunos de los regidores de FS pretendan señalar que "la investigación es un invento de la derecha" o sandeces de ese tipo.
Y, precisamente, el tema de las elecciones es el que motiva la segunda parte de mi hipótesis.
LAS DISPUTAS INTERNAS EN LA CONFLUENCIA
Hace algunas semanas, Jonathan Castro contó en Velaverde cómo se habían desarrollado las "primarias" del denominado Frente por Lima. Pugnas internas por la forma de elección, una elección con lista cerrada convocada solo 24 horas antes y con poca difusión, olvido de la necesidad de la continuidad de la gestión, han sido algunas de las críticas que se han hecho (en público y en privado) al interior de la Confluencia sobre el proceso.
Una vez superado este escollo, Tierra y Libertad, la agrupación que pone la inscripción electoral al Frente Amplio, sufrió un duro golpe. Cien militantes renunciaron en agosto, señalando problemas internos de institucionalidad. En lo que respecta a la elección de noviembre, la carta de renuncia, encabezada por uno de los defensores de la gestión Villarán en su primera etapa, el exregidor Marco Zevallos, es bastante dura:
En los hechos, Tierra y Libertad ha impuesto condiciones y vetos para la participación de la izquierda en las Elecciones Municipales de este año sobre la base de su registro legal, polarizando desde una mirada sectaria y autosuficiente. Por el contrario, nosotros hemos deslindado tanto de sectarismos como de pragmatismos, buscando promover el valor de la unidad de diferentes opciones políticas en torno a un bien mayor bajo circunstancias extraordinarias, como las que habrá que enfrentar en noviembre próximo, tal como se hizo en la campaña del NO a la revocatoria, o como ocurrió en el 2000 para vencer a la dictadura en nuestro país.
Lo otro que queda claro en los pasillos de la MML es que los regidores que se fueron eran más proclives a entendimientos con el PPC, la principal fuerza de oposición, con miras a tener un mejor manejo de la ciudad hasta el 2014, cuando la gestión concluya. Un sector de los actuales regidores de izquierda está convencido, sin embargo, que un lenguaje más radical podrá posicionarlos mejor hacia noviembre.
Esta facción olvida que que el triunfo de Villarán en 2010 no se produjo por una cuestión ideológica, que una mayoría precaria puede ser más engañosa que ser una minoría y que, finalmente, hay que aprender a convivir con otras tendencias, sin sectarismos. Y sobre todo, saber que, si bien hay un espacio para los sectores zurdos en la política nacional, hay una desconexión con los sectores populares desde que se rompió la conexión organizaciones sociales - partidos a fines de la década de 1980.
De hecho, algunas encuestas internas de otras agrupaciones indican que, a lo sumo, la Confluencia solo mantendría a 2 regidores en el Concejo 2014. Otros regidores consideran que debe retomarse un camino más moderado.
Así las cosas, se ha terminado potenciando es al sector del PPC que no estaba muy convencido de sostener a la gestión Villarán y que, ahora, combina su rol fiscalizador con la necesidad de obtener mayoría en noviembre. Y he aquí el tercer punto de mi hipótesis.
EL PPC: BUSCANDO UNA MAYORIA (¿O UN PRESENTE GRIEGO?)
Como hemos señalado líneas arriba, el PPC ha cumplido su palabra en lo que se refiere al rol fiscalizador de la gestión, lo que ha permitido corregir errores o apurar el paso en algunas acciones de la Municipalidad. Hasta allí todo bien.
El problema se encuentra en que, lejos de ganar peso el sector más liberal, parece que es la tendencia más conservadora la que viene tomando la palestra. Si las críticas de un sector del partido fueran acompañadas por un lenguaje menos flamígero y menos antizquierdista, probablemente se abrirían menos flancos tanto con la izquierda como con un sector de la ciudadanía que aún desconfía del PPC por algunos motivos (en particular por la imagen de partido conservador y cercano a abogados mercantilistas que mantiene en varios ciudadanos).
En esa línea, hemos tenido debates francamente delirantes en el Concejo Metropolitano. Quizás el mejor ejemplo de ello fue lo que ocurrió en torno al programa Rutas de la Memoria. A modo de autocrítica, Pablo Secada escribió en su blog lo siguiente:
Dejamos que unos trolls que quieren opacar el trabajo de la Comisión de la Verdad (CVR), resaltar sus mitos y esconder crímenes y atrocidades nos pusieran la agenda. Entramos en un "debate" estéril, desinformado y sesgado. Ni verdad ni reconciliación. Nada de humanismo y, desde mi perspectiva, nada de liberalismo. Bastante sesgo y alharaca, además de lo que los gringos llaman un "pissing contest" de experiencias familiares penoso por partida doble.
Precisamente Secada es la cara más visible de un sector de regidores del PPC que, sin dejar de perder su perfil fiscalizador (ver el post del economista del IPE sobre el tema Santa Anita, que su partido conoce bien gracias a su presencia en mercados desde la época de Bedoya), no deja de defender algunos aspectos de la gestión en los que se han hecho las cosas bien. Aquí un video en el que Secada termina escueleando a Fernan Altuve por el tema de los bonos municipales (a partir del minuto 1:38):
Pero las elecciones complementarias también han complicado el panorama interno, pues también existieron disputas sobre sus candidatos para noviembre. Vuelvo al informe de Castro en Velaverde:
Las elecciones complementarias de regidores no solo han generado pu
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