Es Noticia, Fiscal encubre - 12/03/2014 16:43:28
"A las denuncias que hemos publicado en ediciones pasadas de nuestro semanario sobre la cuestionable actuación de la fiscal provincial penal Mirtha Chenguayén Guevara, tenemos que añadir la que se ha formulado de manera sustentada contra la titular de la vigésima cuarta fiscalía provincial penal de Lima, la doctora Bertha Vilma Velásquez Heredia.Esta fiscal ha sido denunciada por los delitos contra la administración pública en la modalidad de omisión de actos funcionales y omisión del ejercicio de la acción penal en agravio del Estado.
Hay cada fiscal. Julio Rissoto López es un ciudadano uruguayo que ha hecho público el triste papel que ha jugado la fiscal Velásquez Heredia al archivar una denuncia por el delito de lavado de activos que él presentó, en octubre de 2012, contra Miguel Ángel Carrillo Macazana.
Rissoto denunció a Carrillo Macazana luego de acumular una serie de pruebas que demostraban cómo había incrementado su patrimonio de manera sorprendente, sin explicación lógica ni financiera alguna.
Carrillo no sólo figuraba con numerosos inmuebles a su nombre, sino que para ocultar su inmenso patrimonio estaría utilizando testaferros para a través de ellos adquirir, con dinero que nadie sabe su procedencia, grandes extensiones de terreno.
La denuncia contra Carrillo Macazana fue presentada en la vigésima cuarta fiscalía que preside Bertha Velásquez Heredia.
La mencionada fiscal remitió la denuncia a la División de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú para la respectiva investigación.
Para los agentes de esa entidad significó un arduo trabajo de recopilación de información durante más de un año, luego de lo cual y de tomarse decenas de manifestaciones, arribaron, entre otras conclusiones incriminatorias, a lo siguiente:
"De la investigación realizada se ha llegado a establecer que Miguel Ángel Carrillo Macazana, Marcelina Esther Gómez Salazar, Filbert Gerónimo Méndez, Elizabeth Vanessa Carrillo Espichán y Erika Teresa Carrillo Espichán habrían utilizado a terceras personas para el ocultamiento, tenencia y obtención de capitales económicos.
Por los cuales el investigado Miguel Ángel Carrillo Macazana no ha sustentado la procedencia de dichos capitales para la adquisición de bienes e inmuebles, por lo que se predeciría ser presunto autor de la Comisión del Delito de Lavado de Activos.
En agravio del Estado peruano en la modalidad de Actos de Ocultamiento y Tenencia procedente de actividades ilícitas (Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, Estafa, Asociación Ilícita para delinquir, entre otros delitos, que le habrían permitido obtener ganancias ilegales…".
Sorprendentemente, y a pesar de las conclusiones de la policía especializada, tres meses después de recibido el atestado la fiscal Velásquez Heredia archivó la denuncia de manera definitiva, sin dar siquiera la oportunidad a que el Poder Judicial investigue un delito que es perjudicial contra el Estado.
Estado que es el que todos los meses le paga el sueldo a la referida fiscal, sin que ella tenga el más mínimo escrúpulo en defender a quien perjudica a su propio empleador.
Velásquez Heredia ni siquiera le pidió a la Policía una investigación ampliatoria, si es que no estaba convencida de la responsabilidad de Carrillo, como suele suceder en estos casos.
Al archivar la denuncia, la fiscal estaba asegurando que el denunciado era inocente de todos los cargos y sus propiedades las había comprado con el producto de su trabajo, sin que nadie pueda decir en qué consiste ese trabajo, como no sea engañar y usurpar terrenos.
Nada le importa. Carrillo Macazana, a quien la policía encontraba responsable del delito de lavado de activos, no es nuevo en estas lides: se trata de un traficante de terrenos que viene siendo denunciado desde hace por lo menos diez años.
Pero para la fiscal Velásquez Heredia se trata de un angelito al que sus enemigos quieren perjudicar.
Por ejemplo, en el 2009 Carlos Lozano y su abuelo Carlos Mendoza lo denunciaron de haberlos despojado de su terreno en los Huertos de Pachacamac en complicidad con el hijo del entonces congresista Gustavo Espinoza, simulando la venta del terreno entre ellos.
Cuando ninguno de los dos era dueño de las dos hectáreas de las que se querían apropiar. Primero los invitó a una conciliación alegando que su esposa había comprado el terreno a Espinoza cuando apenas tenía doce años.
Como no logró conciliación alguna, los demandó judicialmente y hasta la fecha continúa ese proceso.
Miguel Ángel Carrillo no sólo perjudicaba a gente de modestos recursos que habían demostrado con pruebas contundentes haber comprado el terreno en los años 80.
Sino que también tuvo el atrevimiento de meterse con poderosos para demostrar que estaba respaldado por oscuros intereses y que tenía comprado a jueces y fiscales que fallaban a su favor.
Un año antes de emprenderla contra Carlos Mendoza y su familia, pretendió apropiarse ni más ni menos que del Fundo Mamacona. Para conseguirlo, se hizo pasar por gerente general de la empresa Huertos de Villa e inscribió parte de la propiedad de dicho fundo a nombre de esa empresa a pesar de comprobarse la posesión y propiedad desde 1979 de Luciano Silva Checa.
Ahora, en ese inmueble se ha levantado un complejo turístico con plaza de toros incluida. Carrillo Macazana tiene alrededor de sesenta (60) denuncias por delitos tales como fraude procesal, defraudación, estafa y muchos más.
No obstante tiene la "suerte" de ser ayudado por las autoridades para salir bien librado de sus latrocinios.
El colegio 7078 "Virgen de Chapi" de Lurín también se ha visto en peligro de perder el terreno donde funciona. El Ministerio de Educación ha tenido que librar una dura batalla contra este traficante de terrenos para evitar que cientos de niños se queden sin estudiar por la voracidad de ese inescrupuloso sujeto.
Pronúnciese, fiscal Peláez. ¿Hasta cuándo el Fiscal de la Nación permitirá el comportamiento cómplice de muchos de sus fiscales? ¿Hasta cuándo Dr. Peláez usted cambiará a fiscales probos y apoyará a quienes, como la fiscal Velásquez, permiten que usurpadores de terrenos se salgan con la suya?
¿Cuándo veremos en el Ministerio Público rodar las cabezas de los fiscales prevaricadores?
¿Ha efectuado usted, señor Peláez, un estudio estadístico para determinar cuál es el comportamiento de cada una de las fiscalías a su cargo? ¿Sabe, por ejemplo, que hay fiscales que en sus narices no sólo ocultan expedientes, archivan denuncias, formulan acusaciones sin sustento o que llegan a trabajar a la hora que les da la gana?
¿No le avergüenza que un extranjero se haya atrevido a denunciar a una fiscal que archiva la denuncia contra una persona que desde hace más de diez años se enriquece a costa de timar a pobres campesinos a quienes les roba sus tierras? ¿Puede dormir tranquilo, Dr. Peláez?
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Que opina? Corrupción con gasolina - 11/03/2014 10:46:04
"Hace unos días, un programa de televisión reveló, con video incluido, el modus operandi para el robo de gasolina en una dependencia policial.Todos los días, personal de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) -esa división policial que nos hizo sentir orgullosos cuando capturaron a Abimael Guzmán- aprovechaba el combustible que se le daba para los vehículos policiales para llenar sus propios bolsillos.
Nadie puede saber con exactitud cuánto es lo que se roba al año al Estado en combustible (ya sea gasolina, petróleo o kerosene).
Cifras conservadoras hablan de que sólo en la Policía Nacional del Perú la cifra puede estar bordeando los 200 millones de soles. Si a eso le sumamos lo que ocurre en las Fuerzas Armadas, podríamos estar hablando de 500 millones de soles.
Cifra espeluznante tratándose de un país que aún tiene tantas carencias y donde existen millones de peruanos en extrema pobreza.
Nada es reciente. En el 2009, en pleno gobierno de Alan García, un congresista de su propio partido -lo que resultaba inusual-, cuando era presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, denunció que anualmente (se refería al año 2008) se robaba aproximadamente 187 millones de soles en combustible y en el rancho de la Policía Nacional del Perú.
El combustible consiste en todo el petróleo y la gasolina que en dinero se le entrega a las diversas dependencias policiales. El rancho es el dinero que se proporciona a toda comisaría o lugar en donde haya efectivos policiales para que se compre alimentos a cada uno de ellos, teniendo en cuenta que algunos trabajan 24 horas de manera ininterrumpidas.
En ambos casos, cuando se trata de dinero en efectivo, el oficial u oficiales encargados se quedan con parte de lo que reciben, destinando una mínima suma a la finalidad para la que lo recibieron.
En el caso del combustible, se reciben vales para poner en funcionamiento todos los vehículos con que cuenta la PNP a nivel nacional.
La cantidad de vehículos registrados es mucho mayor que los vehículos que funcionan y, de los que funcionan, no todos circulan, de tal manera que si, por ejemplo, se tienen 20 mil vehículos -entre carros, camionetas, camiones, lanchas y motos- sólo la mitad de ellos están en capacidad de funcionar y de esos, la mitad circula y la restante permanece en sus garajes o sus estacionamientos.
Pero aun los que circulan, lo hacen en distancias menores a las que aparecen consignadas en los documentos oficiales. Saque usted la cuenta de lo que realmente se gasta de combustible.
Aparte de la modalidad que se ha podido apreciar de los integrantes de la Dircote, también existe la de cambiar los vales por dinero en efectivo, y ese cambiazo lo hacen algunos grifos en donde el dueño de la estación de combustible paga por el vale 75% u 80% del valor y luego se presenta al Ministerio del Interior para que le paguen el 100%.
De esa manera, lucran tanto el policía que recibió el 75% del vale y se lo guarda en el bolsillo, como el dueño del grifo que gana el 25% restante. El que pierde en un 100%, desde luego, es el Estado peruano.
¿Y las investigaciones? A propósito de la denuncia del 2009, se anunció grandes investigaciones que comprenderían, como tenía que ser, tanto a los malos policías como a los empresarios dueños de estaciones de combustible.
Han pasado 4 años y ni uno ni otro bando ha sido sancionado a pesar de que se tenía la relación de los policías y griferos tramposos.
Uno de los grifos era incluso propiedad de dos altos oficiales de la fuerza armada y de la policía. ¿Será esa la razón por la que no prosperaron las investigaciones? Todo parece indicar que sí.
Pero no es sólo en la Policía Nacional de Perú en donde ocurre el robo de combustible. En enero de 2011, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Lima ordenó, contrariamente a lo que había opinado un benevolente juez, que se abriera proceso penal contra siete generales del Ejército peruano por el robo de combustible a su institución.
Siete generales, siete coroneles, siete comandantes, tres capitanes, tres mayores y tres tenientes eran responsables de la apropiación y comercialización ilícita del combustible asignado para uso militar.
Es decir, una pequeña tropa que bien pudo haber defendido nuestro territorio de cualquier amenaza, se había dedicado a combatir sus necesidades económicas y para eso cometieron delitos de peculado, apropiación ilícita, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir.
Uñas largas. La división delictiva tenía entre sus integrantes a dos excomandantes generales: César Reinoso Díaz y Edwin Donayre Gotzch, habiendo éste último sido comandante general del Ejército entre los años 2007 y 2008.
O sea, acababa de ocupar el más alto cargo al que aspira un oficial de nuestro glorioso ejército sucumbiendo ante la tentación del gasolinazo.
No moría en batalla, una resolución judicial lo sacaba del combate acusándolo de robar combustible. El juez que inicialmente investigó el caso del cuarto Juzgado anticorrupción, don Rafael Vela Barba, había querido archivar el caso señalando que no habían cometido los delitos de los que se les acusaba.
Pero la Sala presidida por Jorge Egoavil Abad consideró que sí existían los delitos y por ello ordenó que se inicie el proceso judicial contra ellos.
Según la Sala que ordenó se procesara a los militares, los oficiales de manera concertada fabricaron las supuestas necesidades del uso de mayor cantidad de combustible y mediante esas necesidades ficticias hacían aprobar partidas extraordinarias, sin siquiera dar las especificaciones de en qué vehículos y para qué actividades se usaría esa mayor cantidad de gasolina o petróleo.
Al verse abrumados por los cargos, algunos entre los cuales se menciona a Donayre, presentaron documentos falsos, lo que no hizo otra cosa que agravar sus responsabilidades.
Han pasado cuatro años desde que se ordenó procesar a estos malos militares. ¿Qué ha ocurrido con ese proceso? No se sabe mucho, pues el Poder Judicial no proporciona información y es probable que, como tantas veces sucede en el Perú, caiga sobre ese caso el manto de la impunidad como telón de fondo y se cierre ese capítulo de vergüenza para una gloriosa institución.
Es una pena que quienes juraron ser los herederos de Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y Andrés Avelino Cáceres sean procesados por robarle al propio ejército al que pertenecieron más de treinta años y que seguramente les sigue pagando sus pensiones.
De manera religiosa, sin que hayan devuelto al Estado peruano ni un centavo de lo que se apropiaron indebidamente.
Quienes sí pueden sentirse orgullosos de vestir el uniforme son los integrantes de la Inspectoría General del Ejército, quienes a pesar de las presiones sufridas, formularon las denuncias respectivas.
Por otro lado, no hay que olvidar que Edwin Donayre -sí el mismo que dijo que "chileno que entra (al país) ya no sale. O sale en cajón. Y si no hay los suficientes cajones, saldrán en bolsas plásticas"- ha confirmado su candidatura para la presidencia del Gobierno Regional de Ayacucho en las próximas elecciones por el Movimiento Desarrollo Integral de Ayacucho.
Según nuestras fuentes, el exc omandante del Ejército del Perú tiene grandes posibilidades de ganar. O sea.
¿Qué hacer? En primer lugar se debería saber con exactitud el monto de lo defraudado. Se especula con varias cifras sin que el titular de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, tan rápido para aumentarse el sueldo y el de sus colegas ministros, diga algo al respecto.
Otro punto a determinar es la antigüedad de esta mala costumbre, por llamar eufemísticamente así a lo que es un robo descarado.
Muchos hablan de 30 años, otros dicen que el tema del combustible es de mayor antigüedad, remontándose incluso a los primeros vehículos que adquirieron nuestras instituciones.
¿Esto solo sucede en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú? El caso de Alejandro Toledo, a quien se le da una dotación de gasolina de cinco mil soles mensuales, pero que vive en el extranjero, demuestra que esta maldita práctica alcanza a muchos más sectores de la administración pública.
Sería redundante decir que hay que ejercer un debido control. La Contraloría General de la República, y las instituciones deben tener un mecanismo para controlar, en primer lugar, el número de vehículos operativos con que cuenta la administración pública.
El examen de los signos exteriores de riqueza de los funcionarios públicos es algo plasmado en muchas normas, pero que resultan letra muerta.
Finalmente, mientras se sigan nombrando en los ministerios de Defensa y del Interior a personas que tienen que esperar la luz verde -de Nadine, desde luego- para poder actuar demostrando falta de liderazgo, será muy difícil que puedan ni siquiera saber lo que está ocurriendo en sus sectores.
En otras palabras, mientras sigan en sus cargos Pedro Cateriano y Walter Albán no se puede esperar ningún cambio trascendental.
Foto: Difusión.
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Información: El premier y sus ¿manos limpias? - 04/03/2014 14:57:59
"René Cornejo Díaz, quien acaba de juramentar como nuevo primer ministro del "Gabinete Nadine", es un viejo conocido en la administración pública, a la que ha pertenecido desde 1993 cuando, durante la gestión de Alberto Fujimori, integró el comité de privatización de Electrolima.El flamante premier tiene, faltaba más, algunos "tapaditos". Conózcalos en esta nota.
Luego de integrar el Comité Especial de Privatización (CEPRI), que vendió en nombre del Estado Peruano la empresa Electrolima, el hoy premier continuó trabajando para la dictadura de Fujimori en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Primero bajo las órdenes de Jorge Camet y luego con Víctor Joy Way, Efraín Goldemberg y Carlos Boloña en la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) de ese ministerio.
El año 2000, al derrumbarse el gobierno de Fujimori, Cornejo pasó al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y se quedó allí hasta el 2002, año en el que se le nombra Secretario Ejecutivo del Fondo Hipotecario de Promoción de Vivienda-MIVIVIENDA- de donde sale el 2004 para integrarse a las filas de PROINVERSION
Hasta que una crítica del entonces presidente García Pérez lo obligó a renunciar.
Como todo astuto funcionario, René Cornejo, que había estudiado Ingeniería Eléctrica, logró reciclarse y volvió a la administración pública con el gobierno nacionalista de Ollanta Humala, quien contra todo pronóstico designó a Cornejo como ministro de Vivienda, pese a que el hoy primer ministro representaba la privatización de las empresas del Estado que Cosito tanto repudiaba.
Su trayectoria privada. Al salir de la administración pública, René Cornejo fundó su propia empresa a la que llamó pomposamente Corporación Helio S.A., que según su página web tiene como misión "contribuir al crecimiento de sus clientes, brindándoles servicios de asesoría, consultoría y generación de negocios".
Es decir, toda la experiencia que adquirió en la administración pública la volcaría a favor de los particulares que lo buscaran para hacer negocios, utilizando, según las malas lenguas, información privilegiada que había obtenido en PROINVERSION, entidad que sabemos se dedica a buscar inversiones en el Perú y te indica los sectores en donde es mejor hacerlo.
Corporación Helio S.A. nos hace referencia a una gran cartera de clientes muchos de los cuales se sienten atraídos por ser una entidad integrada por personas que tienen la experiencia de haber sido consultores en PROINVERSION y en particular porque el director ejecutivo de esa institución es el factótum de Corporación Helio S.A.
Aunque no es un delito crear una empresa para brindar asesorías a privados para invertir en el país, sí es un dilema ético que conociendo lo que otros no conocen, obtengas clientes.
Pero ¿qué ocurre cuando a Cornejo lo nombran ministro de Vivienda y ahora premier? Las empresas privadas asesoradas por Corporación Helio S.A. desarrollan sus iniciativas privadas y las presentan a PROINVERSION para que esta declare de interés dichas iniciativas.
En el caso del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el jefe de proyectos emite su opinión favorable y se inicia el proceso de convocatoria a Concurso Público.
Corporación Helio S.A. realiza el seguimiento del proceso a nombre de sus clientes inversores y brinda la asesoría para obtener el proyecto con el Estado Peruano, el mismo que está a cargo de PROINVERSION.
Quien hace las observaciones pertinentes, evalúa y finalmente otorga la buena pro, lo que significa que la empresa ganadora le paga sus honorarios de éxito a Corporación Helio S.A., quien distribuye sus utilidades entre sus accionistas (Cornejo incluido).
Rostros conocidos. Desde que Cornejo asumió el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, muchos de los funcionarios de la Corporación Helio S.A. han pasado a integrar entidades del Estado y, en algunos casos, sin dejar de participar en esa empresa.
Por ejemplo, Ana Inés Reátegui Vela quien aparece como socia fundadora de la Corporación Helio S.A. junto con René Helbert Cornejo Díaz (el premier) la encontramos también como presidenta del directorio de Electro Oriente, cargo para el que ha tenido que ser nombrada por el Gobierno, que integra precisamente su socio fundador.
Incluso, Reátegui Vela en algunos documentos figura como la gerente general de Corporación Helios S.A.
No obstante, ese no es el primer cargo que ha ocupado Reátegui Vela en el aparato estatal.
La socia de Cornejo también ha trabajado en MIVIVIENDA (2001- 2002), precisamente en la misma época en que trabajaba también en ese organismo René Cornejo.
Lo mismo ocurrió, y ya no parece casualidad, en PROINVERSION, donde en el 2004 ocupó el cargo de gerente de Promoción y Apoyo al Inversionista Privado 2004.
Adivinen quién estaba en ese mismo organismo público. Sí, René Cornejo Díaz.
La cosa no queda allí, pues mucho más personal de la Corporación Helio S.A. están estratégicamente ubicados en entidades tales como Sedapal, Banco de Materiales, Electro Oriente, Electro Ucayali y Ministerio de Vivienda.
Todo esto sucedió cuando Cornejo tenía a su cargo la cartera de Vivienda.
En el sector saneamiento, los funcionarios que estuvieron a cargo de los procesos de concesión de Sedapal fueron Eduardo Escobal Mc Evoy como jefe de Proyectos de Saneamiento y Rossina Manché Mantero, quien también ocupó en PROINVERSION.
El mismo cargo que Escobal, quien luego pasó a ser consultor y gerente general de Corporación Helios S.A sin dejar de ser también asesor del ministro.
René Cornejo como ministro de Vivienda era director de PROINVERSION y FONAFE, lo que significaba que tenía bajo su control las empresas del Estado que tienen procesos de concesión en marcha y a futuro.
Todo queda en familia. Por si fuera poco, es preciso señalar que la esposa del flamante primer ministro también ha pertenecido a la burocracia estatal: la abogada Araceli Rita Basurco Neumann fue secretaria general del Ministerio de Justicia en el último tramo de la gestión aprista.
En ese sentido hay un dato inquietante, pues durante el tiempo que Basurco Neumann estuvo en esa dependencia pública, la gerente de Corporación Helio S.A. Ana Reátegui consignó en su CV que fue "asesora financiera en el servicio de asesor de transacción en el proceso de la primera concesión en el Perú de un establecimiento penitenciario incluyendo la promoción entre potenciales inversionistas (setiembre 2009-noviembre 2010)".
También coincidió con la cónyuge del premier Cornejo en el Ministerio de Justicia la Dra. Mary Ramos Barrientos, quien ocupa hoy el cargo de secretaria general de la Superintendencia de Bienes Estatales, pero que viene a ser en la práctica la jefa de esa importante entidad del Estado.
¿La habrá recomendado a su esposo para que la nombre al corresponderle precisamente al ministro de Vivienda la designación de esos funcionarios?
Habrá mucha atención en la gestión de este nuevo primer ministro (el quinto de la administración Humala).
Se espera que haga bien su trabajo y, además, que no chuponee a los funcionarios cuando aparezcan informaciones comprometedoras.
Foto: Difusión.
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Información: La herencia del Camal Yerbateros 2 - 26/02/2014 11:08:33
"La agonía del camal de yerbateros. Como lo mencionamos en la edición anterior, la perita dulce de la discordia entre los hermanastros Paredes es el camal de Yerbateros, ubicado en la Av. Nicolás Ayllón Nº 1215 , 1211, en Ate Vitarte.El camal estaba valorizado en el 2010 (tasación comercial realizado por el Ing. Enrique Tello Rojas, miembro del cuerpo técnico de tasaciones del Perú, Reg. Nº 324, a solicitud de Blanca Paredes) en US$ 16, 336,615.00 (valor de la edificación y obras complementarias).
Sin embargo, las maniobras fraudulentas de Giovanni Paredes, Gregory Paredes y su tía René Perpetua Cueva, hicieron que las arcas del camal fueran durante muchos años prácticamente saqueadas y la empresa, como era de esperarse, entró en franca falencia, agobiada por las deudas.
Por lo que no se tuvo otro camino que someterla a un proceso concursal ante INDECOPI.
Astutamente, al enterarse de ese proceso concursal, Giovanni Paredes solicitó su suspensión ante la SUNAT, arguyendo que existían juicios pendientes sobre la empresa en el Poder Judicial.
INDECOPI, sorpresivamente, aceptó el pedido y la SUNAT, el principal acreedor, calló sin explicación alguna. ¿Qué poder intervino? se sospecha que ese poder pudo provenir del ala protectora de un padrino que es un reconocido político "figuretti".
Drogas y victimización. Lo mismo ocurrió con la denuncia por TID contra Giovanni que estuvo en la 3° Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita a cargo del Fiscal, César Andrés Espinoza Huaraca, quien a pesar de las pruebas encontradas no denunció el hecho.
¿Intervino otra vez ese poder detrás de la sombra? La segunda vez que Blanca Paredes ingresó como administradora del Camal de Yerbateros fue el 17 de junio de 2011, gracias a una medida cautelar emitida por el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil del Cono Este.
Durante el operativo para recuperar el inmueble, en una de las gavetas de la oficina de Giovanni se halló una bolsa que contenía cinco envolturas pequeñas y transparentes llenas de un polvo blanquecino y cristalino.
Testigos de eso fueron el personal policial y la secretaria judicial Alejandra Ludeña Makuri.
El resultado del análisis arrojó que esa sustancia era cocaína, con un peso de 48.5 gramos.
Ese hallazgo fue denunciado por Blanca Paredes, ingresando a la 11° Fiscalía Provincial de Lima, en que se le hacía conocer a la fiscalía que las oficinas administrativas del camal de Yerbateros fueron mudos testigos de tremendos bacanales de Giovanni Paredes con sus amigos por las orgías de sexo, alcohol y drogas.
La investigación la realizó personal policial de la Comisaría de Yerbateros. Giovanni fue notificado hasta en cuatro oportunidades pero no se presentó a deslindar su responsabilidad sobre el hallazgo de loa droga en su oficina y quedó sujeto como imputado en el atestado No. 162-2011-DIRTEPOL-DIVTER-ESTE2-CYSEINCRI,
Conjuntamente con el abogado Harold Castillo Veintimilla, Marco Medina Velasco, Gregory Paredes Vergaray, Gustavo Vergaray Núñez y las hermanas Julissa y Rosa Angeludis Tomassini.
Mi fiscal preferido. En la 3° Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita, Giovanni aplicó la estrategia de denunciar a su media hermana, Blanca, y los policías que intervinieron en el operativo.
Incluso, involucró en la denuncia a la secretaria Alejandra Ludeña, por los presuntos delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios y de auxiliares jurisdiccionales.
Con esa maniobra logró victimizarse, aduciendo que le habrían "sembrado" la droga encontrada en su oficina. El displicente fiscal César Espinoza, quien en todo momento demostró complacencia con el inefable Giovanni Paredes.
Después de cien días de investigación decidió acumular la pesquisa con otra denuncia ingresada el 4 de octubre de 2011 y hasta ahora ese caso duerme el sueño de los justos.
Esta situación obligó a Blanca Paredes a quejar al fiscal Espinoza por conducta irregular el 29 de diciembre 2012; queja que motiva que la doctora Lourdes Téllez Pérez, Fiscal Superior de Lima y Jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno, el 4 de julio de 2012 disponga abrir investigación disciplinaria contra el fiscal pidiéndole un informe de descargo.
La fiscal Téllez, apropiándose de la máxima de los congresistas de que "otorongo no come otorongo", declaró improcedente la apertura de investigación contra Espinoza y ordenó el archivo definitivo de la queja.
Lavado de activos. El 23 Junio de 2011,Blanca Paredes, en su condición de presidente del Directorio y Gerente General de SACIP, interpuso denuncia por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de dinero proveniente del delito de defraudación tributaria ,en agravio de la Sociedad Anónima Comercial Industrial Peruana (SACIP).
La sociedad indivisa de Mario Paredes y el Estado en contra Giovanni Paredes, René Paredes Cueva y Gregory Paredes Vergaray, haciendo conocer a la Sunat que se había aperturado una investigación (Ingreso Nº 36-2010) ante la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios contra Giovanni y su tía Rene Perpetua por la comisión de delito de lavado de activos en la modalidad de defraudación tributaria por S/. 3"417,062, en agravio del Estado.
La denuncia se sustentaba en que Giovanni y su grupo habría utilizado artificios como la creación de las empresas Frigoríficos Industriales SAC (FRILISAC), Agropecuaria Denisse Paredes SAC, entre otras.
Para apropiarse sistemáticamente de gran parte de los bienes que formaban parte de la herencia paterna y así operar con los bienes de SACIP S.A.C., en el mismo inmueble, todo ello con la finalidad de perjudicar a todos los miembros de la sucesión Paredes Cueva , a sus trabajadores, acreedores , a la Sunat , Essalud y la ONP.
Giovanni en su defensa dijo que el predio donde funciona el camal de Yerbateros lo había adquirido con dinero de su propiedad, pero
nunca explicó la procedencia de dichos fondos, pues cómo un joven de corta edad, sin empleo conocido, pudo obtener tanto dinero.
Asimismo, tampoco pudo explicar el origen de los recursos para la adquisición de otras propiedades en Lurín y San Luís que eran parte del patrimonio de la herencia paterna.
La denuncia penal presentada por Blanca Paredes se refería, además, sobre la adquisición irregular del terreno donde funciona el camal de Yerbateros.
En la década de los 90, Mario Paredes Cueva contrajo una deuda de más de un millón de dólares con Alfonso De Souza Ferreyra, la misma que se vino pagando por cuotas.
Sin embargo, durante la administración de Giovanni esta deuda reaparece como por arte de magia y De Souza Ferreyra entabla una acción judicial por incumplimiento de pago de deuda, logrando que un juez sentencie a su favor.
Cuando el inmueble iba a ser rematado, la supuesta acreencia cambió de propietario por una suma bastante considerable de 700 mil dólares.
¿Quién era el nuevo dueño? Con la acreencia en sus manos, Giovanni se apersonó al proceso y pidió el remate del predio que le fue adjudicado el 16 de mayo del 2006 por la suma de US1"197,176.
En esa oportunidad, también quedó en duda el hecho de que nadie sabía de dónde obtuvo Giovanni tanto dinero para comprar la acreencia.
Al parecer, similar procedimiento se dio en un terreno en San Luís, parcela 10500 del predio rústico Buenavista ,Lurín, predio que también era del patriarca, pero que en el año 1997 se hipotecó al Banco de la Nación.
Durante este proceso, Giovanni simuló la transferencia del predio a Percy Alberto Arata Carbonero, una especie de "testa", por un valor
de venta de 20 mil dólares. Este sujeto accedió a prestar su nombre para esta maniobra, pero cuando se decidió rematar el predio, aparece como postor Giovanni Paredes, quien sólo pagó la suma de US$ 33,000.00 dólares, cuando el precio real de este terreno era US $177,000.00 dólares.
Otro caso similar fue el traspaso de toda la maquinaria del camal de Yerbateros, cuando estuvo la gerencia a cargo de la tía René Perpetua.
Se simuló un supuesto préstamo del Consorcio Denisse (propiedad de Giovanni), que nunca apareció en los libros contables de SACIP S.A.C. y después de un tiempo, el presunto préstamo comenzó a ser saldado con las máquinas del camal.
En el 2009, cuando Blanca Paredes asume por primera vez la administración del Camal de Yerbateros, descubre la existencia de las empresas creadas por su medio hermano y tuvo acceso a contratos y convenios firmados por estas empresas con SACIP S.A.C., a las cuales se les fue transfiriendo "en dación de pago" los bienes de esa compañía.
En buena cuenta, con el compromiso firmado en los convenios y asociaciones, las empresas de Giovanni debían pagar la obligación tributaria de SACIP S.A.C. en el periodo fiscal del 2002 al 2003 pero que nunca lo hicieron y durante meses SACIP S.A.C. facturó por ingresos que no se destinaban a sus arcas, llegando al extremo de que al vender sus activos.
Los créditos fiscales iban a Consorcio Denisse, propiedad de Giovanni.
Soy su padrino, pero no sé nada. De las investigaciones realizadas por este semanario, se llegó a conocer las vinculaciones del congresista Víctor Andrés García Belaúnde con Giovanni Paredes, quien es su ahijado de bautizo.
Una vez le preguntaron a "Vitocho" sobre la deuda millonaria que tenía su ahijado con la SUNAT y la sospecha del tráfico de influencias.
El parlamentario dio a entender que era su padrino pero no sabía nada.
Sin embargo, esa afirmación distaba mucho de la realidad pues su hermano Domingo había presentado escritos ante el Poder Judicial a favor de Giovanni, como el Hábeas Corpus que interpuso y sustentó ante el Juzgado de Chimbote para lograr la liberación del ahijado de su hermano.
En el 2009, cuando fue preso por una denuncia por fraude procesal promovida por uno de los acreedores de SACIP S.A.C., Rafael Samaniego Araujo.
Amanera de corolario. Las investigaciones llevan a determinar que Giovanni Paredes y otros personajes de su entorno familiar y amical, utilizaron una modalidad delictiva a través de la creación de "empresas clones" para apropiarse de los fondos y de los bienes de la empresa madre, dejándola en q Fuente Artículo
Noticia, CAN plantea fortalecer normas vinculadas a la ética en la administración pública - 12/02/2014 15:47:00
La coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), Susana Silva, planteó hoy la necesidad de fortalecer las normas vinculadas a la ética dentro del ejercicio de la administración pública.Ver artículo... Fuente Artículo
Es Noticia, ?Los deshonestos no tienen vocación de servicio? - 15/01/2014 8:06:00
Tiene 15 años trabajando en la administración pública y le apasiona servir. Es la coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción desde noviembre del 2011. Ha logrado que se cambie el concepto penal de ?funcionario público? para evitar abusos y malas prácticas de congresistas o autoridades antes de asumir su cargo.Ver artículo... Fuente Artículo
Consulte Información en Delito y Corrupción Ordenan extraditar a EEUU acusado de fraude bancario y esta vez, para proteger la "inversión" canadiense
Consulte Información en Gestiión Publica Perú Denuncia del Apra contra Tejada es un "Frankenstein jurídico" y Procuraduría pedirá información y evaluará posibilidad de denunciar a tía de Humala
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