Gestión Pública del Perú y el Mundo: Fiscal encubre y Las contradicciones del fiscal Vizcarra

Que opina usted? Fiscal encubre - 12/03/2014 16:43:28

"A las denuncias que hemos publicado en ediciones pasadas de nuestro semanario sobre la cuestionable actuación de la fiscal provincial penal Mirtha Chenguayén Guevara, tenemos que añadir la que se ha formulado de manera sustentada contra la titular de la vigésima cuarta fiscalía provincial penal de Lima, la doctora Bertha Vilma Velásquez Heredia.
Esta fiscal ha sido denunciada por los delitos contra la administración pública en la modalidad de omisión de actos funcionales y omisión del ejercicio de la acción penal en agravio del Estado.
Hay cada fiscal. Julio Rissoto López es un ciudadano uruguayo que ha hecho público el triste papel que ha jugado la fiscal Velásquez Heredia al archivar una denuncia por el delito de lavado de activos que él presentó, en octubre de 2012, contra Miguel Ángel Carrillo Macazana.
Rissoto denunció a Carrillo Macazana luego de acumular una serie de pruebas que demostraban cómo había incrementado su patrimonio de manera sorprendente, sin explicación lógica ni financiera alguna.
Carrillo no sólo figuraba con numerosos inmuebles a su nombre, sino que para ocultar su inmenso patrimonio estaría utilizando testaferros para a través de ellos adquirir, con dinero que nadie sabe su procedencia, grandes extensiones de terreno.
La denuncia contra Carrillo Macazana fue presentada en la vigésima cuarta fiscalía que preside Bertha Velásquez Heredia.
La mencionada fiscal remitió la denuncia a la División de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú para la respectiva investigación.
Para los agentes de esa entidad significó un arduo trabajo de recopilación de información durante más de un año, luego de lo cual y de tomarse decenas de manifestaciones, arribaron, entre otras conclusiones incriminatorias, a lo siguiente:
"De la investigación realizada se ha llegado a establecer que Miguel Ángel Carrillo Macazana, Marcelina Esther Gómez Salazar, Filbert Gerónimo Méndez, Elizabeth Vanessa Carrillo Espichán y Erika Teresa Carrillo Espichán habrían utilizado a terceras personas para el ocultamiento, tenencia y obtención de capitales económicos.
Por los cuales el investigado Miguel Ángel Carrillo Macazana no ha sustentado la procedencia de dichos capitales para la adquisición de bienes e inmuebles, por lo que se predeciría ser presunto autor de la Comisión del Delito de Lavado de Activos.
En agravio del Estado peruano en la modalidad de Actos de Ocultamiento y Tenencia procedente de actividades ilícitas (Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, Estafa, Asociación Ilícita para delinquir, entre otros delitos, que le habrían permitido obtener ganancias ilegales…".
Sorprendentemente, y a pesar de las conclusiones de la policía especializada, tres meses después de recibido el atestado la fiscal Velásquez Heredia archivó la denuncia de manera definitiva, sin dar siquiera la oportunidad a que el Poder Judicial investigue un delito que es perjudicial contra el Estado.
Estado que es el que todos los meses le paga el sueldo a la referida fiscal, sin que ella tenga el más mínimo escrúpulo en defender a quien perjudica a su propio empleador.
Velásquez Heredia ni siquiera le pidió a la Policía una investigación ampliatoria, si es que no estaba convencida de la responsabilidad de Carrillo, como suele suceder en estos casos.
Al archivar la denuncia, la fiscal estaba asegurando que el denunciado era inocente de todos los cargos y sus propiedades las había comprado con el producto de su trabajo, sin que nadie pueda decir en qué consiste ese trabajo, como no sea engañar y usurpar terrenos.
Nada le importa. Carrillo Macazana, a quien la policía encontraba responsable del delito de lavado de activos, no es nuevo en estas lides: se trata de un traficante de terrenos que viene siendo denunciado desde hace por lo menos diez años.
Pero para la fiscal Velásquez Heredia se trata de un angelito al que sus enemigos quieren perjudicar.
Por ejemplo, en el 2009 Carlos Lozano y su abuelo Carlos Mendoza lo denunciaron de haberlos despojado de su terreno en los Huertos de Pachacamac en complicidad con el hijo del entonces congresista Gustavo Espinoza, simulando la venta del terreno entre ellos.
Cuando ninguno de los dos era dueño de las dos hectáreas de las que se querían apropiar. Primero los invitó a una conciliación alegando que su esposa había comprado el terreno a Espinoza cuando apenas tenía doce años.
Como no logró conciliación alguna, los demandó judicialmente y hasta la fecha continúa ese proceso.
Miguel Ángel Carrillo no sólo perjudicaba a gente de modestos recursos que habían demostrado con pruebas contundentes haber comprado el terreno en los años 80.
Sino que también tuvo el atrevimiento de meterse con poderosos para demostrar que estaba respaldado por oscuros intereses y que tenía comprado a jueces y fiscales que fallaban a su favor.
Un año antes de emprenderla contra Carlos Mendoza y su familia, pretendió apropiarse ni más ni menos que del Fundo Mamacona. Para conseguirlo, se hizo pasar por gerente general de la empresa Huertos de Villa e inscribió parte de la propiedad de dicho fundo a nombre de esa empresa a pesar de comprobarse la posesión y propiedad desde 1979 de Luciano Silva Checa.
Ahora, en ese inmueble se ha levantado un complejo turístico con plaza de toros incluida. Carrillo Macazana tiene alrededor de sesenta (60) denuncias por delitos tales como fraude procesal, defraudación, estafa y muchos más.
No obstante tiene la "suerte" de ser ayudado por las autoridades para salir bien librado de sus latrocinios.
El colegio 7078 "Virgen de Chapi" de Lurín también se ha visto en peligro de perder el terreno donde funciona. El Ministerio de Educación ha tenido que librar una dura batalla contra este traficante de terrenos para evitar que cientos de niños se queden sin estudiar por la voracidad de ese inescrupuloso sujeto.
Pronúnciese, fiscal Peláez. ¿Hasta cuándo el Fiscal de la Nación permitirá el comportamiento cómplice de muchos de sus fiscales? ¿Hasta cuándo Dr. Peláez usted cambiará a fiscales probos y apoyará a quienes, como la fiscal Velásquez, permiten que usurpadores de terrenos se salgan con la suya?
¿Cuándo veremos en el Ministerio Público rodar las cabezas de los fiscales prevaricadores?
¿Ha efectuado usted, señor Peláez, un estudio estadístico para determinar cuál es el comportamiento de cada una de las fiscalías a su cargo? ¿Sabe, por ejemplo, que hay fiscales que en sus narices no sólo ocultan expedientes, archivan denuncias, formulan acusaciones sin sustento o que llegan a trabajar a la hora que les da la gana?
¿No le avergüenza que un extranjero se haya atrevido a denunciar a una fiscal que archiva la denuncia contra una persona que desde hace más de diez años se enriquece a costa de timar a pobres campesinos a quienes les roba sus tierras? ¿Puede dormir tranquilo, Dr. Peláez?
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Es Noticia, Las contradicciones del fiscal Vizcarra - 04/03/2014 17:40:57

"El Fiscal Fredy Vizcarra Villegas, titular de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Tributarios, se encuentra inmerso en un mar de temores, dudas e incoherencias.
Busca sí o sí construir un crimen porque si no lo hace, un influyente congresista se pondrá de mal humor.
En la fiscalía que preside el magistrado Fredy Eloy Vizcarra Villegas se viene investigando una denuncia por presunto delito de defraudación tributaria vinculado con lavado de activos en agravio del Estado signada con el N° 141- 2013, investigación que tiene cerca de nueves meses y los indicios se muestran cada vez más volubles y esquivos.
En su oficina, en los pocos momentos de soledad, el fiscal Vizcarra Villegas lamenta el momento cuando aceptó que su homóloga, la fiscal Ana Santiago Jiménez, de la 21° Fiscalía Provincial Penal de Lima, le pase, después de seis meses de investigación, de taquito esta denuncia sin medir las consecuencias.
Vizcarra tampoco calculó que se estaban enfrentando dos enemigos y huesos duros de roer: por un lado, el inefable congresista de la República Víctor Andrés García Belaunde, más conocido como "Vitocho", y por otro lado, el abogado y director de la revista Juez Justo, Benedicto Jiménez Bacca.
¿Por qué a mí? Él, por espíritu de cuerpo, ya que había sido fiscal de la 21° Fiscalía, aceptó recibir esta denuncia y el 8 de diciembre de 2013 emitió una disposición fiscal iniciando una investigación preliminar por el mismo motivo: delito de lavado de activos provenientes de defraudación tributaria. Vizcarra Villegas construyó una hipótesis incriminatoria que en ese momento consideró bastante sólida contra el director de este semanario, pero que pronto se cayó como un castillo de naipes.
El fiscal era consciente de que se metía en una camisa de once varas, pero confiaba en salir airoso en esta investigación.
Sabía también que la denuncia fue presentada por el parlamentario más figuretti de todos los tiempos, que le gusta presionar a los magistrados, que no le gusta perder un litigio y que sólo se siente feliz si los magistrados cumplen a pie juntillas su voluntad.
De la misma manera, el magistrado tiene claro también que al otro lado del cuadrilátero está el controvertido director del semanario Juez justo, aquel que le gusta escribir, amante de las historias detrás del crimen.
Sin embargo, eso no le preocupaba tanto como el hecho de que ya había pasado cerca de nueve meses y la primera hipótesis incriminatoria se había caído como los rascacielos de las Torres Gemelas de New York.
Hipótesis y más hipótesis. En su resolución del 18 de diciembre de 2013, el fiscal había planteado como tesis incriminatoria contra la empresa Juez Justo TV SAC que ésta había dejado de declarar ante la SUNAT, desde el 2009, tal como figuraba en condicional en la denuncia de "Vitocho"
Y que, se supone, el superávit o dinero que le quedaba de la omisión del pago de sus tributos habría sido utilizado -siempre en condicional- en la compra de bienes muebles (un vehículo y dos departamentos).
Todo, insistimos, estaba en términos condicionales o conjeturales, porque la denuncia no aportaba mayores elementos.
Los hechos incriminatorios que aparecen en la resolución fiscal del 18 de diciembre se basan en probabilidades, existe una presunta construcción de certeza no fundada en hechos plenamente probados o al menos indicios (que no son meras sospechas, conjeturas o chismes).
Sino en probabilidades como que la empresa Juez Justo TV SAC, desde su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (2009), no habría declarado los impuestos de ley ante la SUNAT, por lo que se presume que estaría involucrada en el presunto delito de defraudación tributaria al haber obtenido ingresos económicos ilícitos en perjuicio del Estado recursos con los que habría adquirido bienes inmuebles (así como los dueños de la revista CARETAS).
El Fiscal Fredy Vizcarra Villegas omitió motivar debidamente su resolución del 18 de diciembre y trató de encontrar una actividad criminal o actividad delictiva grave a través de la sospecha de que las declaraciones juradas de la empresa Juez Justo TV SAC no se habrían presentado, cuando debería ser al revés.
Es decir, contar con indicios de una actividad criminal (ejemplo, el informe de la SUNAT en cuanto a que existe indicios de que Juez Justo TV SAC ha cometido delito de defraudación tributaria) y desde allí, teniendo indicios de una actividad criminal, probar que el dinero proveniente de esta actividad es el mismo que esa empresa ha utilizado para su funcionamiento y la publicidad.
Entonces el fiscal, ni corto ni perezoso, al ver que la primera hipótesis incriminatoria se había caído, el 13 de enero de este año construyó otra conjetura, después de siete meses de la denuncia, dándose cuenta -así lo dice en su resolución.
De que analizando los antecedentes del caso y las diligencias que había dispuesto a la Policía Nacional la Fiscal de la 21° Fiscalía Provincial Penal de Lima, que el mecanismo técnico idóneo para revelar o descartar sobre la existencia de indicios razonables y suficientes.
Del presunto delito de defraudación tributaria vinculada con lavado de activos es la evaluación contable, financiera y tributaria de los contribuyentes o responsables titulares del cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de la existencia de hechos económicos imponibles.
Por lo tanto, dispuso que la empresa Juez Justo TV SAC y la persona natural, Benedicto Jiménez, en 15 días presente ante su despacho la documentación contable, financiera y tributaria de los ejercicios fiscales del 2009 al 1013 para efecto de la evaluación correspondiente.
El fiscal Vizcarra sabe que si no logra construir un hecho criminal y resolver a favor del congresista "Vitocho", su suerte está sellada.
He ahí su dilema. No tiene otra alternativa que darle en la yema del gusto o será crucificado y sus expectativas de ascenso en el Ministerio Público serán una quimera.
Asimismo, si la resolución fiscal no le agrada o exculpa a su denunciado, le suelta una andanada de quejas, denuncias y lo crucifica para siempre, porque sabe que "Vitocho" tiene amigos y querendones en las más altas esferas del poder.
Eso lo saben bien los fiscales y magistrados. Así que es lógico deducir que ante una acusación de este legislador, al denunciado sólo le queda un camino: sobrevivir y aprender a utilizar la ley como un fino sainete o una espada eficaz.
No existe otra vía porque nunca los fiscales te van a dar la razón, así utilices los mejores argumentos de defensa.
Como el denunciado es abogado y conoce algo de estrategia legal, le ha pedido al fiscal que declare la nulidad de la resolución que decide continuar con la investigación preliminar.
Debido a que se ha vulnerado el plazo razonable y no existe aquello que se conoce como causa probable (indicios suficientes o un delito tributario previo al lavado de activos) o porque el fiscal ha obviado el requisito de procedibilidad.
O el informe técnico motivado previo emitido por la SUNAT que sirva de indicio o elemento de juicio revelador de un probable delito de defraudación tributaria conforme al Artículo 7° de la Ley de Delitos Tributarios (Decreto Legislativo N° 813).
Jiménez Bacca ha solicitado también que el fiscal aplique el criterio precedente que empleó en la investigación por lavado de activos contra Giovanni Paredes presentado por su media hermana Blanca Paredes, en donde su fiscalía archiva la investigación justamente
porque no contaba con el informe técnico motivado de la SUNAT.
Coerción y amenaza. En vez de pedir este informe técnico, el fiscal Vizcarra optó por captar la prueba por la vía elíptica mediante la coerción, amenazando al denunciando a través de sus resoluciones del 18 de diciembre de 2013 y 13 de enero 2014.
De que en caso de incumplir o negarse a proporcionar la información solicitada, será considerado como presunto autor del delito de rehusamiento en el suministro de información (artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1106).
De paso, el fiscal ordenó a su asistente para que saque copias certificadas de los escritos del abogado Benedicto Jiménez para que sean remitidos al Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y sea sancionado por su conducta supuestamente obstruccionista .
Sin lugar a dudas, "Vitocho" debe estar complacido con las decisiones del fiscal Vizcarra Villegas.
Difícilmente el terco fiscal desconozca que no se puede coaccionar a los ciudadanos a efectos de que aporten pruebas incriminatorias en su contra bajo amenaza, eso está prohibido toda vez que todo ciudadano cuenta con el privilegio de la no autoincriminación y puede abstenerse de proporcionar información cuando es amenazado o coercionado, vulnerándose el principio de presunción de inocencia.
Es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, pero para eso deben concurrir dos elementos esenciales: que exista causa probable y una búsqueda razonable de un ilícito penal, por lo que se viola las pautas del due process of law cuando se formula denuncia penal o se apertura investigación preliminar sin antes haberse determinado el injusto jurídico tributario.
Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el particular que si bien el Ministerio Público tiene la facultad de investigar, reconocida por la Constitución Política, esta debe realizarse de manera regular, no puede amenazar los derechos de cualquier ciudadano a la libertad personal, al debido proceso y debe cumplirse con los principios de interdicción de la arbitrariedad (Exp. Nro. 06079-2008-PHC/TC del 6 de noviembre 2009).
Asimismo, se requiere la existencia de elementos probatorios básicos para el inicio de la investigación judicial y se prohíbe actividades caprichosas, vagas, infundadas, desde una perspectiva jurídica, así como decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad, contrarias a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica.
Esta situación lo tiene al fiscal estresado, malhumorado, más aun que el denunciado le ha presentado un hábeas corpus preventivo porque ha pasado nueve meses, vulnerando el plazo razonable, y paralelamente lo ha quejado y lo ha denunciado por el presunto delito de prevaricato y abuso de autoridad.
Sus asistentes, las veces que acuden a su despacho, lo escuchan rumiar y lamentar su mala suerte, pero se dan cuenta que su terquedad y temor al congresista "Repartija" lo ciega y lo mantiene obcecado, por lo que no dará su brazo a torcer ya que está empecinado en sí o sí construir un crimen, así tenga que mover cielo y tierra.
Lo que está haciendo el fiscal denunciado es construir un caso criminal abusando de las facultades que le otorga la ley. Mientras tanto, el tiempo avanza de manera inexorable y el fiscal sabe que un ciudadano no puede estar eternamente investigado sin una causa probable ya que tarde o temprano tendrá que tomar una decisión.
Así que se espera que su sesuda investigación preliminar no se extienda hasta las calendas griegas.
Foto: Difusión.
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Que opina? PJ abre proceso penal a rector Luis Cervantes Liñán - 07/02/2014 11:07:07

" El Poder Judicial abrió proceso contra el rector de la Universidad Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán, como presunto autor del delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de dicha casa de estudios.
La titular del 29 Juzgado Penal de Lima, Celia San Martín Montoya, ordenó también el impedimento de salida del país de Cervantes Liñán.
Esto se debe, según se explica a través de una nota de prensa, "a la existencia de un real y efectivo peligro procesal por su conducta obstruccionista durante la investigación preliminar, las enormes cantidades de dinero que maneja y por su "extenso movimiento migratorio".
También se procesará a empleados, estudiantes y graduados de dicha casa de estudios, imputados como presuntos cómplices de Cervantes Liñán.
Como se recuerda, se puso en evidencia que el cuestionado rector percibía mensualmente un sueldo de más de 2 millones de soles. Sin embargo, él no era el único beneficiado. La "planilla dorada" de la Garcilaso también incluía a su hijo, Luis Adolfo Cervantes Ganoza, así como a decanos y otros trabajadores de su confianza.
Asimismo, a inicios de este año un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera concluyó que el catedrático no pudo acreditar una transferencia interbancaria ascendente a US$1"900,000.
Desde setiembre del 2013, Cervantes Liñán es investigado por el Ministerio Público por el delito de lavado de activos.
Fuente: Perú21
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Noticia, Lo Justo: Pedofilia en el país - 27/09/2013 15:41:52

"Lo Justo
En los últimos días ha saltado una denuncia más por el caso de pedofilia. Esta vez, el presunto autor del delito de pedofilia fue el ex obispo auxiliar de Ayacucho, Gabino Miranda, quien fue destituido por el Vaticano.
Lamentablemente, este es un caso que se suma a muchos más además del problema de la flexibilidad de muchos jueces que emiten sentencias que dejan impunes muchos casos que atentan contra los derechos de los niños y niñas de nuestro país.
Para conocer la situación de la pedofilia en nuestro país nos acompañaron en esta edición de Lo Justo: Teresa Carpio, asesora regional de Save the Children, y Susana Chávez, presidenta de Promsex.

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Es Noticia, Impacto: Alexis en la cuerda floja - 14/03/2013 20:43:00

" Comisión de fiscalización aprueba informe que recomienda denunciarlo
Con bronca y pese a que el oficialismo intentó blindarlo, la Comisión de Fiscalización aprobó ayer el informe del caso Alexis Humala, el hermano del presidente Ollanta Humala, sindicado como presunto autor del delito de usurpación de funciones y falsificación de documentos.
Alexis viajó a Rusia en 2011, donde sostuvo reuniones con autoridades de ese país como enviado de su hermano electo presidente.
Además, respecto a la contratación de la empresa Krasny (de la cual Alexis sigue siendo accionista) como proveedora de medicinas al sector salud, se habría incurrido en delito contra la administración pública y falsedad ideológica.
Se recomienda trasladar lo actuaado al Ministerio Público para las investigaciones.
Sobre el caso Krasny se recomienda que el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado tome medidas correctivas contra quienes resulten responsables por la compra de medicinas y remita sus conclusiones a la Fiscalía.
Antes de la votación del informe, el congresista Yehude Simon (APGC) pidió que el tema se vea la próxima semana, pero encontró rechazo de Juan Díaz Dios (Fuerza Popular). Este tema no se puede debatir porque no he leído el documento, dijo Simon. A viva voz, Díaz Dios le replicó que era su responsabilidad leer el informe, pero la respuesta de Simon fue insperada: Cállate mocoso malcriado. La sangre no llegó al río.
El delito de falsificación de documentos se castiga con penas entre dos y diez años de cárcel, y usurpación de funciones hasta con siete años. El informe fue elevado al Pleno del Congreso.
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Que opina usted? Breves: Cae requisitoriado - 17/07/2012 22:29:00

" La policía de la comisaría de Sol de Oro capturó a Hugo Román Martínez (28), quien estaba solicitado por el Segundo Juzgado Penal de Comas como presunto autor del delito de homicidio.
Fue arrestado la madrugada de ayer cuando se desplazaba en el auto Kia de placa A8G-626, junto a Mario Tinoco Cabrera (30), por la cuadra 25 de la avenida Carlos Izaguirre, en San Martín de Porres. En el vehículo, la policía halló un revólver calibre 38.
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Consulte Información en Delito y Corrupción La herencia del Camal Yerbateros 2 y Piden que se levante secreto bancario de alcalde de SJL

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