Noticia, Abogado todoterreno - 19/03/2014 16:23:58
"Hace unos días la ministra Carmen Omonte compareció ante la prensa en una conferencia en la que estuvo acompañada de sus abogados.Uno de ellos, que dicho sea de paso no abrió la boca ni para despedirse, era ni más ni menos que Aníbal Quiroga León, un letrado que está impedido de ejercer ese tipo de defensas. Sepa por qué.
Hace un año, el Contralor General de la República, Fuad Khoury, anunció con bombos y platillos la creación del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y designó al abogado Aníbal Quiroga León como presidente de dicho tribunal.
El mismo que tiene las facultades para sancionar los casos de funcionarios o servidores públicos que hayan cometido irregularidades graves o muy graves en perjuicio del Estado, de acuerdo con lo que señala la ley 29622 y su reglamento respectivo.
En ese sentido, causó extrañeza la presencia de Quiroga León en la conferencia de prensa que hace unos días ofreció la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte, en la que trataba de explicar sus vínculos con la empresa de cementos que tiene con su ex pareja.
La también parlamentaria no estuvo sola, pues acudió junto a sus dos letrados. No obstante, uno de ellos, Aníbal Quiroga, no debería haber estado allí pues su presencia como abogado defensor es incompatible con el cargo que ostenta en la Contraloría.
¿Qué ocurriría si se sanciona a un funcionario público, y este a su vez es cliente del presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas y el caso llegara a dicho tribunal?
Obviamente, Quiroga no podría participar, pero tampoco podría aparecer junto a su cliente en una conferencia de prensa, debido a que dicha presencia podría influir en los demás integrantes del tribunal e incluso de quienes en primera instancia deben o no sancionar al funcionario.
Ahora bien, no vayan a creer que el cargo que ostenta Quiroga es ad honorem. No, de ninguna manera, pues la Contraloría le ha fijado una dieta por sesión (puede tener hasta seis sesiones al mes).
Es decir, se puede estar embolsicando alrededor de nueve mil soles mensuales, sin que esto le impida defender a sus clientes particulares, aunque estos fueran funcionarios públicos.
Los clientes de quiroga. La frágil memoria de los peruanos, y en particular del Contralor, olvida que Quiroga León ha sido abogado de numerosos funcionarios públicos. De hecho, en la lista de clientes de su estudio aparecen clientes como PETROPERU, la Municipalidad de Lima, la de Miraflores, la Caja de Pensiones Militar Policial, etc.
Un caso particular fue cuando Aníbal Quiroga defendió a la empresa Lucchetti, aquella que construyó su fábrica en los Pantanos de Villa violando toda norma ambiental y que recibió incluso el apoyo de Vladimiro Montesinos en sus procesos judiciales.
Otros casos célebres en los que intervino Aníbal Quiroga fue en la defensa del entonces presidente regional de Lima, Miguel Ángel Mufarech, quien interpuso una demanda de amparo en contra de una disposición del gobierno central a fin de administrar una zona limítrofe entre Cañete y Chincha.
Donde debía construirse la planta de licuefacción del gas de Camisea. Mufarech no sólo perdió la acción de amparo, sino que encima el Tribunal Constitucional pidió que se investigara el uso indebido de recursos públicos, teniendo Quiroga que devolver casi 30 mil soles de honorarios que había cobrado.
Por otro lado, acusado de colaborar con el gobierno de Fujimori a quien defendió en casos de Derechos Humanos ante organismos internacionales los años 1998 y 1999.
Cuando ya se conocía lo que había ocurrido en esa gestión, Aníbal Quiroga fue tachado para integrar el Tribunal Constitucional.
De Fujimori a Humala. Ante la invitación para una conciliación formulada por Oscar López Meneses al presidente Ollanta Humala, para luego interponer una demanda por daños y perjuicios, Aníbal Quiroga León salió a la prensa y calificó dicha pretensión como "ridícula" y añadió que ese "pedido no tiene ni pies ni cabeza y claramente es un despropósito jurídico".
Sin embargo, la pretensión de López Meneses, a quien debe investigarse a fondo, no es ni ridícula ni es un despropósito jurídico.
Para demostrarlo bastaría con recordar que Alberto Fujimori, el exjefe de Quiroga, estaba precisamente en una diligencia judicial cuando se produjo el rescate de los rehenes de la embajada del Japón.
Y esa diligencia judicial era motivada por una citación en el proceso seguido en su contra por Susana Higuchi, quien previamente lo había invitado a una conciliación extrajudicial.
Asimismo, Alejandro Toledo tuvo que concurrir a responder ante la justicia cuando fue demandando por filiación y alimentos.
En ambos casos, por más que los demandados eran presidentes de la República, a nadie se le ocurrió calificar de ridículas las pretensiones de las demandantes.
Repase sus libros, dr. Quiroga. Alguno de los alumnos de Aníbal Quiroga debería explicarle que un presidente de la República sí puede ser demandado judicialmente y si la ley establece que para determinadas demandas es requisito la conciliación, puede ser invitado a conciliar.
Pretender la impunidad total de un presidente de turno sí es un ridículo. Imagínense que un presidente de la República echara de su hogar a su esposa y a sus hijos y la cónyuge lo demanda por alimentos.
¿Alguien se atrevería, como Aníbal Quiroga, a calificar la demanda de "despropósito jurídico"?
¿En su sano juicio una persona podría sostener que la esposa tiene que esperar que concluya el mandato del presidente para interponer su demanda y que mientras tanto sus hijos pasen hambre?
También los alumnos del Dr. Quiroga tendrán que explicarle lo que significa conflicto de intereses. Por ejemplo, no se puede integrar un tribunal que debe sancionar a los funcionarios públicos y a la vez defender a esos mismos funcionarios públicos.
¿Se imaginan al Dr. San Martín presidiendo en la mañana el tribunal que juzga a Fujimori y que por la tarde salga en una conferencia de prensa acompañándolo en la mesa junto al otro abogado del expresidente?
¿Verdad que sería una locura? Algo de eso ha hecho el Dr. Quiroga. Finalmente, es preciso señalar que en el caso de la ministra Carmen Omonte la Constitución y el Reglamento del Congreso no prohíben a ningún parlamentario ser accionista minoritario de empresas que contraten con el Estado.
Por lo que los críticos deberían revisar un poco las leyes antes de opinar y despotricar contra alguien. En particular el congresista Bruce, que parece actuar por motivaciones distintas, como diría Castañeda Lossio.
Foto: Difusión
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Información: Gobierno pide incorporar delito de feminicidio - 23/11/2011 9:55:25
" El Consejo de Ministros a enviará al Congreso el proyecto de ley que tipifica el feminicidio con una pena no menor de 15 años. Con ello, el gobierno incorporará al Código Penal el delito de feminicidio.Si bien muchos de esos casos son calificados como homicidios agravados, de acuerdo con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, el 14,2% de esos homicidios de mujeres presuntamente a manos de sus parejas o ex parejas fueron calificados como homicidios simples, los mismos que son sancionados con una pena no menor de seis años.
"Quisiéramos que el proyecto de ley sea exonerado del trámite de comisiones para pasar directamente al Pleno. Ojalá los legisladores de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, de la Mujer y la Familia tomen este tema como parte de una agenda urgente", expresó la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Aída García Naranjo.
Este delito afecta a las ciudades del país, aunque la situación más grave se vive en Lima y Callao.
Con esta decisión de establecer una norma que castigue a los agresores de mujeres, el Perú se convertiría en el sexto país en Latinoamérica en tipificar el feminicidio, porque hasta el momento solo Guatemala, Costa Rica, Colombia, El Salvador y Chile han modificado sus leyes nacionales para incluir esta figura. También ha sido tipificado en el Código Penal del Distrito Federal (México).
Fuente: La República
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