Gestión Pública del Perú y el Mundo: El caso Bustíos y el ministro del Interior y 2013

Interesante, El caso Bustíos y el ministro del Interior - 04/07/2014 10:10:58

"Por Salomón Lerner Febres
Durante más de una década, quienes trabajamos en la Comisión de la Verdad y Reconciliación hemos insistido en la necesidad de alcanzar el máximo de justicia posible en el país en relación con los crímenes y violaciones de los derechos humanos producidas entre 1980 y 2000. Hemos sostenido esta postura por una firme convicción ética: resulta necesario que quienes cometieron graves delitos durante el conflicto armado interno puedan ser sancionados por actos execrables que no pueden ser catalogados, en varios casos, como meros excesos. Y, por ello, resulta indispensable que, en el caso de los miembros de las fuerzas del orden, el Estado brinde todas las facilidades posibles para el procesamiento penal de estas personas, sin que puedan ser encubiertas o, menos aún, premiadas con cargos de representación política.
Hace algunos días, el Instituto de Defensa Legal ha dado a conocer que el actual ministro del Interior, Daniel Urresti, se encuentra procesado por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos ocurrido el 24 de noviembre de 1988. Dicha información no era conocida por la opinión pública al momento de su designación y, hasta el momento, se desconoce si el ministro había contado al Presidente de la República sobre la misma. Los hechos que involucran a este funcionario tienen una alta gravedad.
En la sección respectiva del Informe Final dedicada al rol de los medios de comunicación durante el conflicto, la CVR relató el caso del periodista Bustíos. Este ciudadano, periodista de la ciudad de Huanta, junto a su colega Eduardo Rojas Arce, cubrían los sucesos de violencia que ocurrían en esta convulsionada zona del país. Ambos habían sido amenazados por miembros del Ejército, por sus informaciones sobre abusos y violaciones de los derechos humanos. El día que ocurrió el asesinato de Bustíos, los hombres de prensa estaban investigando el asesinato de dos personas a manos de Sendero Luminoso. Fueron emboscados por una patrulla del Ejército, cuyos miembros ultimaron al corresponsal de la revista Caretas con una carga de dinamita. El caso fue inicialmente procesado por la justicia militar, donde quedó en la impunidad, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó en 1997 que debía hacerse una nueva investigación de este caso. Este punto no fue cumplido por el Estado peruano hasta que la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su Informe Final.
Finalmente, en doble instancia, el Poder Judicial peruano condenó a Víctor La Vera Hernández y Amador García Sanbento a 17 y 15 años de prisión, respectivamente, como autor mediato e inmediato de estos hechos y ordenó al Ministerio Público que iniciara una investigación contra los demás involucrados en el crimen. Producto de las indagaciones hechas por las instancias fiscales y judiciales, cuatro testigos ,entre ellos, el sentenciado García Sanbento, han sindicado a Urresti como jefe de la patrulla y oficial de inteligencia que participó presuntamente en estos hechos.
Resulta cierto que deben respetarse las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia en este caso. Sin embargo, es inadmisible políticamente que el señor Urresti, independientemente de sus calidades personales y profesionales, permanezca como miembro del Consejo de Ministros de un gobierno democrático. Existen razones de principio para ello. En diversas partes del mundo, funcionarios investigados por hechos que atentan contra la dignidad de los seres humanos han debido presentar su carta de renuncia, debido a que el Estado debe garantizar su imparcialidad en el sistema de justicia, sobre todo, frente a crímenes graves que afectan a toda la humanidad. Resulta inaceptable, además, que una persona que esté procesada por un crimen de lesa humanidad sea la encargada de la política de seguridad interna de nuestro país. Peor aún, cuando se trata de un crimen contra un periodista, donde no solo se afecta su vida y la de sus familiares, sino también a toda la comunidad, que no conoció informaciones que podían ser reveladas por este hombre de prensa. Además, un funcionario sobre el que pesa un cargo tan grave pierde credibilidad frente a todos sus interlocutores y, por supuesto, para enfrentar a la criminalidad que afecta a nuestro país.
En el juramento que hizo durante la campaña electoral, el señor Presidente de la República se comprometió, expresamente, a respetar los derechos humanos, así como a no permitir ningún tipo de influencia política en las investigaciones que sobre la violación de estos derechos estén en curso o se abran en el futuro. Es hora de que cumpla su palabra y pida a su ministro que deje el cargo en el que lo designó. Sería un gesto que honraría lo que prometió a todos los peruanos.
Publicado en el diario La República, viernes 04-07-2014

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Interesante, Balance general de la situación de los derechos humanos 2012-2013 - 20/03/2014 14:28:10

"Este balance sirve de introducción al Informe Anual de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que pueden descargar acá.
¿Cuál sería la mejor manera de caracterizar el año 2013 para los derechos humanos en el Perú? Quizás podría decirse que la inacción de instituciones que deben velar por ellos se cruza con ciertas buenas intenciones de los actores del Estado peruano: lamentablemente en la práctica implicó que, los derechos humanos, siguieron siendo violentados y que el Estado no ha podido implementar las normas necesarias para garantizarlos.
La primera cifra que no revela en toda su dimensión lo que implica por ella misma es esta: 17 personas muertas desde setiembre del 2012 hasta diciembre del 2013 en conflictos sociales. Entre ellas, la historia cruel de Kenllu Sifuentes Pinillos, joven de 22 años que vivía en Barranca, y que cuando tenía doce años en el 2004 recibió una bala de un efectivo del Ejército peruano en un paro agrario en Pativilca. Fue operado en el Hospital del Niño, estuvo internado varios meses, hasta que finalmente se recuperó y pudo terminar el colegio. Diez años después, durante una protesta convocada por la Municipalidad de Barranca, Kenllu Sifuentes vuelve a ser impactado por un proyectil, esta vez en el esternón, y a las pocas horas muere. ¿Acaso el Estado peruano no pudo prevenir esta situación equipando a sus policías antimotines con armas no letales? En Lima la prensa apenas le dedicó algunas líneas: ¿acaso la historia de Kenllu Sifuentes, atravesado dos veces por dos balas que salían para reprimir a los protestantes, no es tan impactante como la de cada uno de los caídos en las protestas venezolanas?
Pero regresemos sobre lo que le ha faltado a varias de las instituciones tutelares del Estado para garantizar nuestros derechos. Ni se ha implementado el Mecanismo de Prevención contra la Tortura, ni se ha promulgado el Plan Nacional de Derechos Humanos, ni se ha derogado el Decreto Legislativo 1095 por el contrario hay mayor impunidad para PNP y Ejército durante represión en conflictos sociales con la dación de la Ley 30151 ni se han anulado los marcos legales que permiten los convenios entre PNP y empresas extractivas. Los peruanos y peruanas seguimos estando divididos entre ciudadanos de primera, con un Estado que garantiza su vida y sus propiedades, y ciudadanos de segunda, cuyas vidas y propiedades, sobre todo cuando son rurales o de pueblos indígenas, siguen siendo subalternas a los intereses de las grandes empresas extractivas que, por sobre todo, tienen garantizadas sus inversiones con la finalidad de que aquellos que gozan del crecimiento sigan gozándolo. Al otro lado de la balanza siempre se encuentran los más débiles: las mujeres campesinas, los comuneros quechuahablantes, los niños afectados por la contaminación de sus aguas y sus cielos. Estas palabras parecen maniqueas, pero en nuestro contexto político actual, no lo son: si al Estado verdaderamente le interesarían los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas y de los niños no priorizaría la flexibilidad de las normas ambientales, de los estudios de impacto ambiental y de la ampliación de proyectos extractivos sobre la vida, la salud y la integridad de sus ciudadanos.
Por eso mismo, este informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es largo, grueso, lleno de cifras, lleva varios artículos firmados, un balance completo sobre los 10 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) pero sobre todo, rezuma cierta desesperanza. Para evitarla, para poder plantear estrategias que nos permitan una visión de largo plazo, proponemos en esta parte del texto, no quedarnos simplemente en la presentación de lo que ustedes, lectores, podrán revisar en el índice y en cada una de estas páginas; proponemos tratar de entender cuáles son las relaciones que puedan existir entre esta realidad de 2013 y nuestro pasado inmediato; proponemos analizar las relaciones que puedan existir entre el conflicto armado interno y los conflictos sociales en la actualidad, entre las estrategias de control desde los aparatos del Estado de las protestas sociales hoy y la subversión de ayer.
En ese sentido, esta propuesta más bien personal, se divide en cuatro acápites: desprestigio, visiones de desarrollo, protesta y disidencia.
Desprestigio
A pesar de que el proceso de la CVR ha planteado un antes y un después de los derechos humanos en el país, debemos dar cuenta de los golpes que nuestro discurso post-conflicto y de justicia transicional ha recibido. Nuestra manera de entender y defender los derechos humanos ha sido todo este tiempo duramente atacada por los sectores vinculados a la necesidad de impunidad. Estos sectores son:
a) el fujimorismo activo y congresal,
b) ciertos sectores de las FFAA y FFPP que están procesados en juicios públicos,
c) cierto sector del aprismo que está vinculado con el comando Rodrigo Franco o los hechos relativos a casos como Cayara o El Frontón,
d) algunos sectores amplios de la opinión pública que tienen intereses en vincularnos como "defensores de terroristas".
La idea que han difundido estos sectores es que en el movimiento de derechos humanos, además de ser "caviares" y de defender a los terroristas, nos aprovechamos de la humildad e ignorancia de los familiares y de las víctimas para cobrar ingentes sumas de dinero por reparaciones y quedarnos con él para solventar un modo de vida elitista y cosmopolita.
Esto es absolutamente falso porque, por lo menos desde las diferentes instituciones de la Coordinadora, jamás hemos cobrado un solo centavo por la defensa de las víctimas, ni por el trámite en torno a sus reparaciones. La diferentes instituciones que conforman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos financian sus actividades con proyectos de diverso rubro, y en el caso concreto de la Secretaría Ejecutiva, debido al cierre de las diversas financieras o el retiro de algunos países que antes apoyaban estos temas, lo que hacemos es presentarnos a concursos públicos de la Unión Europea o de diferentes países con la finalidad de solventar nuestras necesidades institucionales que son, a todas luces, muy reducidas. Los profesionales que trabajan en nuestras instituciones tienen un alto sentido de compromiso con este tema y así queremos que sigan siendo, porque de lo contrario, ya se habrían ido a trabajar al Estado peruano que paga muchísimo mejor que cualquier ONG.
Entonces ¿por qué calan profundamente estos discursos de desprestigio de nuestras instituciones y de nuestros quehaceres?, ¿por qué no se reconoce la valentía con que algunos abogados siempre menciono el caso de Gloria Cano porque me parece que es una de las más emblemáticas se la han jugado en nuestro país para defender los derechos? Ángel Escobar Jurado, por ejemplo, fue un defensor de derechos humanos en Huancavelica que murió en 1990 precisamente cumpliendo su labor, pero no tiene mayor trascendencia ni mayor recuerdo que el premio que actualmente otorgamos desde la CNDDHH con la finalidad, precisamente, de reconocer el esfuerzo de muchos defensores.
Hace poco Víctor Rodríguez Rescia, miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, nos comentó impresionado que el desprestigio de los defensores de derechos humanos en el Perú es peligrosamente alto y que saltar a las agresiones y la justificación de la criminalización desde diferentes instancias públicas y privadas puede ser el próximo paso. Todavía no vivimos como en Colombia una situación de violencia y vulnerabilidad tan alta donde el sicariato ha desaparecido a muchos defensores la historia del doctor Héctor Abad en Medellín es paradigmática pero creo que debemos de tener en consideración la alta tolerancia a la impunidad de los violadores de derechos humanos que estamos constatando con la cantidad de sentencias absolutorias que se vienen dando en la Sala Penal Nacional.
La lucha de dos visiones del desarrollo
Por lo antes mencionado es fundamental discutir sobre el tema de la criminalización de las acciones vinculadas con la defensa de los territorios, con la defensa de los liderazgos y con la defensa, en suma, de los derechos humanos en lugares donde, precisamente, el territorio es el espacio de disputa entre dos maneras de ver el desarrollo: el cortoplacismo que representa el Gobierno de Ollanta Humala y su "gran giro" de transformación a solo acomodamiento para paliar el golpe del capitalismo neoextractivista, por un lado, y una manera de entender el bienestar desde una perspectiva eco-política considerando la defensa del agua y del territorio como la garantía de la reproducción de la especie humana a largo plazo, en el otro lado. Me refiero, en primer lugar, al "neoliberalismo a la peruana" de la mano con el consumismo-emprendedor y, en segundo lugar, a una incipiente manera de entender el sumak kausay (buen vivir) que es un concepto poco reflexionado en el Perú ni académica ni mediáticamente, excepto en espacios restringidos a Cumbres de los Pueblos o a asociaciones de pueblos indígenas.
Es fundamental analizar cómo desde décadas anteriores se fue organizando una urdimbre de lógicas y prácticas que vinculan diversos aspectos de la violencia como recurso de la política. ¿Cómo comprender las lógicas de los actuales movimientos de pueblos indígenas o de los pueblos afectados por las actividades extractivas que presentan memoriales, cartas, exigen mesas de diálogo, y tras ser ignorados o puenteados o mecidos, finalmente optan por la toma de una carretera para tener una presencia en los medios y así poder hacerse oír en Palacio de Gobierno?, ¿qué vínculos existen o no existen entre las formas de reprimir esas manifestaciones y la manera como policías y soldados pensaban que debían intervenir en los pueblos altoandinos de Ayacucho o Huancavelica para repelar la actividad subversiva de Sendero Luminoso y el MRTA?, ¿cuáles son las lógicas que siguen operando entre ese mundo andino subyugado por la violencia de los años 80 y 90 y los pueblos como Espinar, Celendín, Bambamarca, Paita, Sechura, Tayacaja, entre otros, que son a su vez también duramente reprimidos con balas de guerra desde helicópteros o francotiradores posicionados en los cerros?, ¿por qué siguen muriendo peruanos, pero esta vez, no por una violencia sistemática planteada como una salida a la dominación sino por lo que Rolando Luque, defensor adjunto para Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, ha denominado "estallidos de ira" que son, como su nombre lo indica, desembalses de frustraciones acumuladas?
Debemos de entender la situación actual de la sociedad peruana como un proceso, como un continuum, que no solo se articula con formas y prácticas violentas y que en zonas como Ayacucho, Huánuco o Huancavelica hoy se traducen también en pandillaje y violencia contra las mujeres, sino sobre todo con maneras de pensar, con constructos, con imaginarios sociales que alientan este tipo de salidas no consensuadas y confrontacionales. La justificación de los excesos, de la violencia, de la instrumentalización del otro, es la primera piedra de un camino lleno de gestiones peligrosas y que puede terminar con masacres y muertos en niveles inconcebibles.
Protesta
Por lo expuesto, es necesario emprender el giro de la criminalización de la protesta hacia la criminalización de la disidencia como lo ha señalado Raphael Hoetmer en el seminario que la CNDDHH y la UNMSM organizara en octubre del 2013. Esta conceptualización no solo amplía la noción sino que permite indagar en las maneras de instituir un pensamiento único: el desarrollismo extractivista. Plantear la posibilidad de un post-extractivismo en el Perú casi se ve como ser anti-sistema, que fue el alias acuñado para Ollanta Humala durante las elecciones del año 2006 y que hoy nadie recuerda, pero se ha transformado en una categoría utilizada por todos los medios, por los agentes de las grandes empresas, por los directorios de las sociedades de minería e hidrocarburos y en suma por todos los concurrentes al PERUMIN de Arequipa: los antimineros.
Si el desprestigio y el estigma de los defensores de derechos humanos se planteaba desde el apelativo de "caviares" hoy también se suma el de "antimineros". Lamentablemente este sentido común ha calado en la opinión pública y es muy complejo y difícil poder romper con esta idea para tratar de discernir a los defensores de derechos humanos solo como activistas o profesionales que tienen un genuino compromiso con la justicia y la democracia. Este adjetivo no se centra en la descalificación por las acciones que se realizan, sino incluso, por tener una posición diferente al enfoque del neoliberalismo del Ministerio de Economía y Finanzas y ahora, del Presidente de la República. Entonces, en tanto que cuando hablamos de protesta nos referimos a acciones en contexto determinados de lucha, pero cuando nos referimos a disidencia estamos hablando de la pura posición política frente a "sentidos comunes" que operan en los ciudadanos como "lo correcto", considero personalmente que la criminalización que se da en el Perú no se limita a las acciones de protesta en diversos espacios de lucha sino también a la sola acción de pensar a contrapelo de las propuestas de desarrollo que son el eje de la modernidad entendida como el proceso de "superación del atraso".
Disidencia
La disidencia no es solo la protesta: la protesta requiere una acción o una palabra. En cambio la disidencia solo requiere de una reflexión en torno a algún sentido común. Solo requiere estar en desacuerdo. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la "disidencia" (Del lat. dissidentia) es «f. Acción y efecto de disidir» o «f. Grave desacuerdo de opiniones». Y "disidir" (Del lat. dissidere) significa «separarse de la común doctrina, creencia o conducta», cuya etimología literal compuesta significa "separar, no permanecer". En el caso de disidencia por diversos traslados metonímicos su significado se extiende también a las sinonimias de "no desear estar o pertenecer a un mismo grupo o criterio". Se refiere a tener un criterio diferente al criterio de la mayoría.
La disidencia está referida, entonces, a un estado situacional y de opinión, a una actitud. Por tanto, puede ser manifestada por actos, pero también puede ser igualmente un modo de vida o una opción en torno a un modo de vida (por ejemplo, ser un anticonsumista). La "disidencia" remite a una filosofía de vida, a un compromiso total de un individuo o de un grupo que asume todas las consecuencias materiales y espirituales de sus elecciones. La disidencia es una actitud que no necesariamente está dirigida contra algo, sino que más bien implica un desacuerdo o una distancia tomada con un poder o una autoridad política. No entra forzosamente en conflicto directo, sino que se aleja, busca otras vías o espacios de legitimidad. De esta manera, el término «disidencia» se distingue de los términos «contestación» y «oposición», que indican una confrontación al interior mismo del sistema político en vigor.
En el Perú de hoy no solo se criminaliza la protesta como en muchos otros lugares ante la necesidad del avance de derechos si no fuera por las múltiples protestas sociales, desde la Revolución Francesa hasta Mayo del 68, no habrían avances en los derechos sino que se trata de minimizar y confrontar a aquellos que no están de acuerdo siquiera con el modelo de desarrollo gastronómico-extractivista-neoliberal. Muchas veces hemos sido testigos de linchamientos mediáticos por opinar en contra.
Considero que las apuestas de los Guardianes de las Lagunas en Conga o de Óscar Mollohuanca en Espinar, de los apus awajún en Supayacu o de Santiago Manuin en Bagua, no solo pasan por considerar que quitar tranqueras o llamar a movilizaciones son la lucha fundamental de sus propósitos sino, simplemente, porque ellos mismos como núcleo duro mantiene una "diferencia" en el sentido de desarrollo al que aspiran. Disentir, es hoy por hoy en nuestro país, ganarse una estigmatización que se vincula además con la discriminación de clase y étnica que, por supuesto, llegó a su sumum con la teoría del "perro del hortelano" de Alan García que, lamentablemente, no ha muerto sino que se está transformando en otras maneras de separar, discriminar y desautorizar una opción de vida ecológica y diversa.
Por eso desde esta gestión en la CNDDHH no solamente alzamos la voz para señalar cuáles han sido los derechos humanos que se han violado o los que se han protegido durante el año 2013 o para pedir normativas y políticas públicas que permitan que la mayoría de la población pueda ejercerlos, sino que además consideramos necesario ejercer una disidencia frente a la flexibilización de derechos con la finalidad de mantener un modelo de desarrollo que no beneficia a todos sino que acrecienta las brechas y las diferencias entre peruanos y peruanas.
Rocío Silva Santisteban
Secretaria Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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Noticia, Inaceptable política de "punto final" y reconciliación para violadores de Derechos Humanos - 01/09/2011 16:21:48

"Es inaceptable la posición del gobierno de Ollanta Humala de promover una política de ""punto final"" y reconciliación, tal y como lo expresara el Ministro de Defensa Daniel Mora. Por lo visto en menos de un mes el presidente Humala viola otra vez su juramento en San Marcos, donde se comprometió a defender una política de defensa de Derechos Humanos.
Una política de ""punto final"" y poner fin a los procesos judiciales a los militares que asesinaron y cometieron delitos de violación de los derechos humanos es una forma de darle impunidad a sujetos que ensuciaron con sangre de ciudadanos peruanos su uniforme y que avergüenzan a nuestras Fuerzas Armadas. Es un retroceso y un retorno a lo peor de la política fujimontesinista donde un gobierno, el de Fujimori, cedió a las presiones de un ex capitán expulsado del Ejército por traición a la patria.
Lo que debería hacer el gobierno de Humala es entregar la información pertinente al Sistema de Justicia para que proceda a actuar con la seriedad y distancia que el caso amerita.
No puede haber un silencio cómplice respecto a esta posición por una sencilla razón: estamos condenados a repetir la historia, de asesinatos y violaciones de derechos humanos, si es que no sancionamos a quiénes lo merecen.
Y es necesario actuar sin ambigüedades. Daniel Mora no declararía de motu propio. Es la posición del gobierno y no la de un Ministro que un día después no ha sido corregida por otro miembro del gobierno.
Reproduzco a continuación el texto de APRODEH tomado del FB de Javier Torres Seoane:
APRODEH rechaza declaraciones del Ministro Mora por considerarlas una nueva versión de amnistía encubierta
La solución de punto final es una solución de impunidad
La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, rechaza las expresiones del Ministro de Defensa Daniel Mora quien declaró que el Perú debe llegar a un acuerdo político de "punto final y reconciliación" para poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas militares y policiales acusadas de cometer graves violaciones a los derechos humanos.
APRODEH considera inaceptable e inadmisible porque constituye una intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, en la búsqueda de impunidad para quienes serían responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Exigimos , que el ejecutivo cumpla con su obligación de entregar la información que tiene en su poder y que ha venido negando al sistema de justicia peruano y así garantizar su total independencia.
El tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia a señalado:
"4 (…) es del caso recordar que la jurisdicción internacional establece plantear expresamente que no pueden oponerse obstáculos procesales que tengan por propósito eximir a una persona de sus responsabilidades en graves crímenes y violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Esta afirmación se deriva, como ha sido señalado, de la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones que hubiesen sido cometidas y que estuviesen pendientes de juzgar (…)
Francisco Soberón, Director ejecutivo de APRODEH, señaló que "en los últimos años, la posibilidad de determinar responsabilidades individuales a estas graves violaciones se ha visto impedida por la nula colaboración del sector defensa con el Ministerio Público y las autoridades judiciales. La inacción del estado ha impedido que la justicia sea pronta e inmediata en todos estos años.".
Asimismo, Soberón indicó que "el clamor de justicia es un reclamo justo en los estados democráticos y que por la experiencia en los países latinoamericanos, demuestra que este tipo de planteamientos son declarados inconstitucionales, como fue el caso de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsin en Argentina".
El derecho internacional ha establecido el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos, tal como se puede ver en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de marzo de 2001 por el caso Barrios Altos:
"(…) 41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
APRODEH, organización que desde hace 29 años viene acompañando la demanda de justicia de los familiares y víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, recuerda que este planteamiento no existía en el plan de gobierno original ni la Hoja de ruta de Gana Perú y exige el pronunciamiento oficial del Primer Ministro Salomón Lerner Ghitis, quien en su discurso ante el Congreso, se comprometió a impulsar el proceso de reparación a través del Plan Integral de Reparaciones, tema donde Mora dice que es injusto que se reconozca a las víctimas del Estado y no a los militares y policías víctimas, desconociendo de esta forma que el Registro Único de Víctimas reconoce a ambos.
"Impulsaremos el proceso de reparaciones a través del Plan Integral de Reparaciones, restituyendo su carácter total, orientada a victimas individuales y colectivas, que aborde las dimensiones jurídicas legales, salud, educación y la reparación simbólica.
Asimismo, APRODEH exige que se cumpla con el integro de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Cabe resaltar que en el marco del Octavo Aniversario de la Entrega del Informe final, Sandra García, representante de las Viudas y madres de las víctimas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, junto con Doris Caqui, representante de las víctimas del estado, reclamaron de forma conjunta su derechos a la verdad, memoria, justicia y reparación, por lo que es inaceptable la división que el ministro de defensa pretende hacer de las víctimas.
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