Noticia, Pro Inversión con Inclusión - 28/04/2014 17:46:40
"¿Tienes un título falso y quieres trabajar para el Estado? No te preocupes, solo tienes que presentar tus documentos "truchos" en ProInversión y ya tienes un cupo asegurado.Y buena paga de por medio, además. Y es que al parecer en esa entidad, en donde se tiene una extraña interpretación de la llamada inclusión social.
Se acoge a todos los que cuentan con documentos bambas y quieren mamar de las ubres del Estado. Para muestra un par de botones.
Después de que salió a la luz que el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna, tenía un título de abogado bamba otorgado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).
Entidad que entre otras cosas busca un Estado transparente, ha iniciado la tarea de detectar a quienes se han introducido en la administración pública valiéndose de "cartones truchos".
Además, SERVIR también se está encargando de identificar a quienes ya fueron sancionados por haber mentido en sus hojas de vida y que pese a ello han retornado al aparato estatal gracias a su militancia política o a sus "buenos contactos".
Sin que esto signifique que no revisen los títulos otorgados por determinadas universidades que a cambio de un estipendio otorgan maestrías y doctorados.
Bajo la lupa. La primera en ser inspeccionada, y no es solo por el caso de Burgos, será la UIGV ya que han encontrado a muchos "abogados" egresados de esa casa de estudios que ni siquiera saben diferenciar entre un juzgado y una discoteca.
Por eso, al cuestionado rector de la UIGV, el ingeniero-abogado Luis Cervantes Liñán, hace unos días le han pedido la relación de los magistrados y congresistas que trabajan para él, así como la relación de los títulos otorgados por su universidad durante los últimos diez años.
A fin de comprobar a quiénes se han dado una profesión sin haber pisado nunca un aula universitaria.
Se estima que hay un 40% de funcionarios en la administración pública que han presentado títulos falsos o que por un módico costo algunas universidades les han extendido una maestría o un doctorado.
Gallo viejo con el ala mata. El 26 de agosto de 2006, el diario oficial El Peruano publicó la resolución ministerial N° 591-2006-MINDES en donde se autorizaba al procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES).
Para que en representación y defensa de los intereses del Estado inicie e impulse las acciones judiciales correspondientes contra José Antonio Oblitas Gallo y contra aquellos que resulten responsables.
¿Qué había hecho Oblitas para desatar la furia de la entonces ministra Virginia Borra Toledo? Según la investigación de la Unidad de Personal de la Oficina de Administración del PRONAA, la UIGV, a donde ellos habían escrito preguntando sobre la autenticidad del título de Oblitas Gallo que este decía haber obtenido en esa casa de estudios.
Se les contestó que no había estudiado allí la carrera de economista y menos, por supuesto, le habían otorgado el título correspondiente.
El secretario general de la universidad informó al PRONAA que el número del título que presentó Oblitas Gallo -el 09714- correspondía a una exalumna licenciada en Psicología.
Por su parte, el decano del Colegio de Economistas señaló, para vergüenza del ministerio, que el economista que trabajaba con ellos no se encontraba incorporado a ese colegio y no era miembro de la orden.
Por todo ello, se evidenciaba que la hoja de vida presentado por José Antonio Oblitas contenía información falsa, como la de haber cursado estudios superiores y haber obtenido el título de economista, lo que constituía indicio suficiente de la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y falsedad genérica.
Pero Oblitas, que ya tenía experiencia en la administración pública pues trabajó hasta el 2000 en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, una vez expectorado del MINDES se fue directamente, no a la chirona, sino al CONSUCODE, en donde se le nombró nada menos que gerente de administración y finanzas.
No se sabe hasta cuándo Oblitas estuvo en CONSUCODE (hoy OSCE), pero lo que sí se conoce es que hoy es subdirector de Gestión del Conocimiento en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), en donde gana mensualmente S/. 15, 600.
Pro inversión acoge a todos. A la funcionaria Christy Agatha García- Godos Naveda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le instauró proceso administrativo, mediante la resolución viceministerial 175-2010-MTC/04, por considerar como acto de inmoralidad que en su declaración jurada hubiese consignado que tenía el título de economista cuando no contaba con dicho cartón.
Si bien el tribunal del servicio civil anuló el proceso administrativo que recomendaba su destitución y la cesaba de manera temporal sin goce de haber por 12 meses, la Quinta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos.
Ante la denuncia presentada en contra de ella, formalizó los cargos ante el juzgado penal correspondiente.
García-Godos Naveda trabajaba como secretaria técnica del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hasta que comprobaron que el título de economista que ella alegaba no correspondía en realidad a uno expedido por alguna universidad, sino a una interpretación que hacía de la Ley Universitaria.
Si bien a diferencia del caso anterior no había presentado documentos falsos, igual fue denunciada.
Actualmente su proceso, expediente N° 13881-2011, ha pasado con fecha 10 de marzo de 2014 de la Primera Fiscalía Superior Penal de Lima a la Primera Sala Superior Penal de Lima, en donde se decidirá si cometió o no delito.
Sin embargo, ese proceso penal no ha sido obstáculo para que sea contratada también en ProInversión como jefa de Proyectos Ferroviarios en donde recibe un sueldo mensual de S/. 18, 300.
A raíz de estos y otros nombramientos en ProInversión, es que el Congreso de la República le ha puesto la puntería a esa importante dependencia pública en donde no sólo ocurren casos como los reseñados, sino que los funcionarios tienen un nivel de remuneraciones que despierta la envidia de toda la administración pública.
Se espera que el director ejecutivo de ProInversión, Javier Illescas, aclare estas y otras contrataciones que no huelen nada bien.
Foto: Difusión.
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Noticia, Anuncian que Fiscalía investigará todos los vínculos de congresista María López - 15/12/2011 14:55:57
" Ideeleradio.- El Ministerio Público investigará todos los vínculos de la congresista fujimorista María López Córdova para determinar la procedencia del dinero que posee, en el marco de la investigación que se le sigue por un presunto desbalance patrimonial, informó José Peláez Bardales, fiscal de la Nación.Fue al ser consultado por el informe periodístico del diario La República que señala que María López laboró en el Congreso, entre 1996 y el 2001, como asistente, secretaria y auxiliar de la parlamentaria Luz Salgado, obteniendo un ingreso total de 163,426 soles. Según este medio, comenzó ganando 800 soles y se retiró con un haber de 11 mil soles mensuales.
"[Se menciona que ella ha sido asistente de Luz Salgado y que empezó ganando 800 y terminó ganando 11 mil ¿Habrá que indagar por allí me imagino?] Yo pienso que sí, tiene que indagarse toda vinculación que pueda existir, y sobre todo establecer los caminos y rutas que nos lleven a determinar de dónde procede el dinero que le ha permitido tener estos signos de riquezas y el desbalance patrimonial", dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
El fiscal anticorrupción Walter Delgado denunció a López Córdova por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, debido a que se le detectó un desbalance patrimonial de S/.13,6 millones de nuevos soles junto a su esposo, Erlis del Castillo Cañari, en depósitos bancarios y la compra de siete embarcaciones pesqueras.
Peláez Bardales indicó que el trámite siguiente sería que el juez pida al Congreso el levantamiento del antejuicio de López Córdova para que pueda ser juzgada. Explicó que los hechos que se le imputan a la parlamentaria ocurrieron antes de que su condición de legisladora.
"Estos hechos se habrían producido antes que la señora sea elegida como congresista, por eso es que viene siendo investigada por un organismo de la Fiscalía de la Nación, del subsistema de anticorrupción. Son hechos que han producido antes de su condición de congresista que tiene el beneficio del antejuicio, esa es la situación y parece que se está demostrando que tiene un [des] balance patrimonial muy ostensible y eso configura el delito de lavado de activos", expresó.
"Aquí lo que tiene que pasar, el procedimiento es que el fiscal formule la denuncia ante el juez, y el juez es el que oficie al Congreso de la República, pidiendo que se levante el antejuicio, para que pueda ser juzgada por la comisión de ese delito. […] Ese es otro momento procesal y otras instancias", detalló.
Nuevo Código Procesal Penal está funcionando mejor
En otro momento, Peláez Bardales reveló que en Lima existen alrededor de 600 casos que comprenden a alcaldes y funcionarios públicos de diferentes entidades, que están siendo investigados por delitos de corrupción, desde que entró en vigencia la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en Lima.
Informó que próximamente se dará a conocer un informe general sobre los hechos de corrupción a nivel nacional, que están siendo investigados por las fiscalías anticorrupción en las regiones y distritos judiciales. También, destacó que con el nuevo código se ha logrado acelerar los procesos legales, que en algunos casos con el Código de Procedimientos Penales duraba más de cuatro años.
"En todas las regiones, distritos, judiciales se viene procesando a una cantidad de alcaldes y ex alcaldes, concejales, por diversos hechos que han cometido en el ejercicio de su función. [¿Cuál es el balance del NCPP?] Indudablemente está funcionando mejor porque permite que los procesos concluyan en un promedio máximo de cuatro meses a diferencia de los procesos que siguen con el antiguo código de procedimientos penales que estaban al borde de los cuatro años", acotó.
"Estos procesos son públicos, transparentes, y realmente permite concluir con el ahorro consiguiente de esfuerzos personales, dinero y otros beneficios que brinda el nuevo sistema", remarcó.
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