miércoles, 25 de febrero de 2015

PETROAUDIOS: QUIMPER, TC Y UN JUICIO QUE NO COMIENZA y Bancada de Gana Perú rechaza conducta de congresista Rubén Condori

PETROAUDIOS: QUIMPER, TC Y UN JUICIO QUE NO COMIENZA 2012-10-19 08:10:24

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que le quita la medida de arresto domiciliario a Alberto Quimper vuelve a poner algunos temas en agenda en torno a este caso y, en general, a como se viene aplicando la justicia en el Perú.

En torno a la sentencia del Tribunal Constitucional, cabe señalar que los fundamentos de la misma - no fue culpa de “Don Bieto” vulnerar su arresto domiciliario es mi favorito - son bastante endebles. Y vuelve a poner en tela de juicio a un TC cuya conformación actual, más allá de un puñado de buenas sentencias, termina con más pena que gloria. Más aún, cuando como recuerda Diario 16:

Hay otro hecho que llama la atención, y es que el fallo del TC que favorece a Químper se da a solo semanas de que diversos medios ampayaran a tres magistrados constitucionales (Mesía, Eto Cruz y Urviola) en una reunión en el restaurante Brujas de Cachiche, en Miraflores, con diversas personalidades entre los que estaban los excongresistas apristas Jorge del Castillo y Aurelio Pastor.

Como debe recordarse, en este momento estamos en pleno proceso de selección de magistrados al Tribunal Constitucional. Pero, para variar, el proceso tiene ya cuestionamientos. Como señaló hace unos días Álvarez Rodrich:

Lamentablemente, no parece que el proceso está caminando de ese modo. Mientras se sigue buscando un defensor del Pueblo de consenso, los otros nueve puestos se 'repartirían' –esa es la palabra correcta– en proporción al número de miembros de cada bancada: dos TC para el oficialismo y el fujimorismo cada uno; y un TC, cada uno, para Perú Posible y Acción Popular-Frente Amplio. Por su parte, los tres puestos del BCR se repartirán entre Solidaridad Nacional, Alianza por el Gran Cambio y el Apra.

Es fácil concluir, por lo visto, que se está privilegiando la repartija partidaria y que el proceso puede ser fácilmente perforado por lobistas en busca de capturar puestos públicos que pueden ser clave para servir a intereses privados.

Esto es más grave aún si se tiene en cuenta, como acertadamente apunta una carta enviada el jueves por el candidato a la DP Oscar Shiappa-Pietra al congresista Jaime Delgado –presidente de la comisión especial–, la falta de transparencia con la que se ha conducido el proceso por no haberse publicado la lista oficial de candidatos, ni sus hojas de vida, ni los criterios en base a los cuales se está procediendo a la selección y posterior elección de candidatos.

Similar cuestión expresó Ernesto de la Jara esta semana. Y van creciendo las voces en ese sentido. La verdad es que la elección pasada fue igual y el resultado ha sido un TC que comenzó con escándalo en el Fiesta y termina con ampay en las Brujas de Cachiche. De allí que sea necesario ponerle harto ojo a esta elección (que también tiene repercusiones económicas, como señaló el editorial de El Comercio de ayer).

Ahora bien, volvamos a los Petroaudios. Más allá que la sentencia del Tribunal Constitucional es un canto a Risas y Salsa, coincido con Gustavo Gorriti que la demora en este caso ya es grosera y que la misma es la que provoca que tanto Quimper como Rómulo León, los principales protagonistas de los diálogos de picaresca que remecieron la política peruana, puedan (y deban) llevar su juicio en libertad. Ninguno de los dos es candidato a Madre Teresa de Calcuta y, desde este espacio, creemos que hay razones suficientes para que tengan una prolongación de la temporada que ya tuvieron en la cárcel, pero luego de una sentencia que defina su situación legal.

Dicho este punto, políticamente incorrecto para muchos, hay que señalar que la demora en el caso ha sido sospechosa. Este fue el mayor escándalo de corrupción del gobierno que, como hemos mencionado desde hace tiempo, no solo incluye al ya famoso negocio petrolero de Discover Petroleum (que es el que está pendiente de juicio oral), sino que también permitió conoce tramas ligadas a un ex premier, hospitales, otros rubros y, of course, negocios vinculados a empresas mexicanas. Más aún cuando la sentencia del caso conexo a este, la del chuponeo de BTR, pide la investigación a altos funcionarios por el supuesto encubrimiento de pruebas o pedidos de incriminación a algunas personas que nada tenían que ver en este asunto.

Es hora que el juicio comience, no importa que se agoten las dosis de valeriana en algunos hogares ligados al gobierno anterior. Es hora que se haga justicia.

MAS SOBRE EL TEMA:

Augusto Álvarez Rodrich: El reino de la pendejada

Diario 16: Sí hay copia de los archivos borrados del caso BTR

Bancada de Gana Perú rechaza conducta de congresista Rubén Condori 2012-08-11 00:48:00

´Actitudes como estas son rechazadas tajantemente por la bancada de Gana Perú´, manifestó el congresista Jaime Delgado.

Reforma previsional permite a mypes ingresar al sistema 2012-07-06 10:10:39

Microempresarios tendrán incentivo para poder efectuar aportes

Fondo Cero velará por jubilación de trabajadores de edad avanzada

La aprobación en el pleno del Congreso del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para reformar el Sistema Privado de Pensiones (SPP) resulta muy beneficioso para el afiliado y busca incorporar a los micro y pequeños empresarios y trabajadores independientes a un sistema que demostró eficiencia en su manejo.

Así lo afirmó al Diario Oficial El Peruano la ex superintendenta adjunta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) Lorena Masías, quien dijo que es un avance muy importante porque permite la ampliación de la cobertura hacia los trabajadores independientes cuyos ingresos superen los 1,100 nuevos soles, los cuales deberán aportar obligatoriamente al SPP.

“Además, las mypes tendrán un incentivo especial para que puedan efectuar aportes”, comentó.

Por otro lado, la analista resaltó la reducción de los costos del sistema mediante la descentralización de procesos operativos, los cuales demandan elevados gastos fijos. “En la medida en que se amplíe la cobertura, los costos medios se reducirán”, sostuvo.

Asimismo, Masías comentó que también se observa una reducción de costos por el lado de las cobranzas, puesto que ahora las AFP podrán unirse para tomar medidas legales contra un empleador que no cumpla con abonar los aportes de sus trabajadores.

“En la actualidad, cada entidad asume los costos de juicios y procesos legales contra los empleadores incumplidos”, precisó.

Además, agregó, los empleadores podrán deducir el pago del Impuesto a la Renta (IR) una vez que hayan transferido los aportes a las AFP.

Las comisiones

Con relación a las comisiones, la ex intendenta de la SBS manifestó que actualmente las AFP cobran una comisión por remuneración (porcentaje) por la administración del fondo de los afiliados.

“La propuesta contempla el cobro de una comisión por saldo, es decir, en relación con la cantidad de recursos que el afiliado tenga en su cuenta. No obstante, con 19 años de vigencia, no es posible aplicar dos comisiones”, precisó Masías.

En ese sentido, dijo, la propuesta aprobada contempla que esta comisión se aplique solo a los nuevos aportes.

Según el Poder Ejecutivo, la reforma del SPP tiene por objetivo generar una mayor inclusión y bienestar para los trabajadores. “Así, se busca fomentar la competencia en el mercado de las AFP mediante la promoción de un sistema provisional más equitativo, que cuente con costos adecuados, y en que se brinde un servicio óptimo para el afiliado”, afirmó.

Además, se contribuirá a los esfuerzos por reducir la pobreza en la vejez, fomentar una cultura de ahorro previsional, promover la transparencia de la información y mejorar la difusión de la información previsional.

En cuanto a la mejora de la eficiencia, la ley establece la centralización de procesos comunes para reducir los costos de operación y las barreras de entrada a nuevas entidades. Esto permitirá incentivar la entrada de nuevas AFP y, así, promover una mayor competencia. Asimismo, se establece la licitación del servicio de administración de las cuentas individuales de capitalización de nuevos afiliados al SPP.

Esta medida fomentará la competencia mediante la reducción de las barreras de entrada, lo que genera una reducción en las comisiones, ya que las AFP podrán ofrecer una menor comisión a cambio de administrar un nivel de afiliados determinados. Esta medida de licitación ha sido aplicada con éxito en Chile, donde la AFP ganadora en la segunda licitación ofrece actualmente un cobro de administración de 0.77% de la remuneración.

Modificaciones correctas

El director de la consultora Dorado Investment, Melvin Escudero, afirmó que toda reforma orientada a mejorar la calidad pensionaria de los afiliados es bienvenida y que este caso no es la excepción.

“Un cambio importante es la inclusión de los pequeños empresarios. Asegurar el futuro de estos trabajadores es fundamental en la norma”, comentó.

Asimismo, el ejecutivo destacó la posibilidad de diversificar las inversiones de las AFP en sectores que actualmente resultan muy rentables, dinámicos y productivos.

“Se crea el Fondo Cero, destinado como cobertura para aquellos trabajadores de avanzada edad que se retiran del sistema. Se trata de un producto de renta fija, de corto plazo, que no está afecto a la volatilidad que presentan los mercados”, aseguró.

Comisiones y pérdidas

1. En 2011, las AFP cobraron a sus afiliados S/. 975.42 millones por comisiones.

2. Según la SBS, ese mismo año el SPP perdió cerca de S/. 5.5 mil millones, proveniente de los fondos de 4.9 millones de afiliados.

3. El monto acumulado de los fondos de pensiones en diciembre de 2010 ascendió a S/. 87,296 millones, mientras que a diciembre de 2011 cayó a S/. 81,881 millones; es decir, una pérdida de S/. 5,414 millones.

4. Para el congresista Jaime Delgado, la razón de este hecho es que las AFP del Perú cobran las comisiones más altas de la región.

5. Aseguró que cobran una comisión que se calcula sobre un porcentaje fijo del aporte, sin tener en cuenta la rentabilidad positiva o negativa que puedan generar con su administración. Por eso, agregó, las AFP siguen ganando y los afiliados perdiendo.

Datos

La reforma provisional prevé la licitación del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, lo que hará más transparente el proceso de asignación de los seguros de invalidez y sobrevivencia y permitirá distribuir la cobertura de siniestros entre todas las aseguradoras participantes, con ello se reduce la posibilidad de colusión entre la AFP y su empresa de seguros vinculada.

Se establece la transición hacia la comisión por saldo, lo que permite el alineamiento de incentivos entre las AFP y los afiliados, debido a que los ingresos de las administradoras serán proporcionales al desempeño del fondo.

Este esquema de comisión implementado junto con el resto de medidas planteadas permitirá que el afiliado termine pagando un monto menor al que pagaba con una comisión por flujo. Ese sistema de cobro de comisiones es voluntario para los afiliados existentes.

Se propone la afiliación obligatoria de los trabajadores de la microempresa, mediante la implementación del Sistema de Pensiones Sociales que plantea transferencias del Estado que complementarán los aportes y la afiliación obligatoria del trabajador independiente.

Diario El Peruano (06/07/2012)

Sin control ni sanción 2012-06-19 23:05:15

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Por Patricio Ortega.-

La intervención de la Comisión de Defensa del Consumidor marcó los  comienzos de un cambio: Cuando, desde el Congreso, la actividad del Estado acoge y refuerza el activismo, aún débil pero creciente, de la sociedad civil.

Hasta ahora, los reclamos del ciudadano que se percibe como víctima de abuso o maltrato, van por lo general al Indecopi.

Las estadísticas de esta institución revelan que en el período mayo 2011 –  abril 2012, recibió un total de 19,214 reclamos individuales –por todo concepto– a través de su Servicio de Atención al Ciudadano (SAC).

De ellos, 7,025 fueron reclamos contra servicios bancarios y financieros. Es decir, el 36.5% del total.  Un aumento significativo sobre el porcentaje ya alto de quejas, que fue el 26.72% entre 2006 y 2010. 

Los reclamos más numerosos han sido respecto de abusos en las tarjetas de crédito y los créditos al consumo. Ninguna sorpresa, ¿verdad?

El problema con esos reclamos es que no servían, ni sirven, de mucho. En el mejor de los casos inician un proceso lento, dificultoso y frecuentemente estéril.

"Algunos procesos pueden durar hasta dos años. En ese tiempo el cliente o bien pagó el crédito, o arregló el problema de modo particular con el banco" (Paúl Castro de la Conacup).

Hay verbos que deben ponerte en alerta, lector. Uno de ellos es 'generar'. Apenas lo pronuncie un burócrata o un empleado en la sección reclamos, piensa en arenas movedizas.

Para 'generar' un proceso administrativo en Indecopi,  el usuario debe pagar 36 soles de tasa administrativa, por un trámite que puede extenderse  hasta por 120 días hábiles, dependiendo del monto del reclamo. Se recomienda tomar clases de meditación en el ínterin.

Claro que hay otra opción: realizar un "reclamo gratuito de conciliación en el servicio de atención al ciudadano", que es supuestamente inmediato. Ahí no se 'genera' nada, pero como la conciliación necesita –como el tango y otras cosas– el acuerdo de dos, solo queda desearle buena suerte a nuestro desfondado ciudadano en su conciliación con el proverbial gorila de media tonelada.

Paúl Castro, actual presidente del Conacup (Foto: Conacup).

Si se continúa por la vía del reclamo, hay que correr una maratón sin entrenamiento previo. Según indica el actual titular del  Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú (Conacup), Paúl Castro, las entidades financieras ponen trabas para demorar las demandas: "Algunos procesos pueden durar hasta dos años. En ese tiempo el cliente o bien pagó el crédito, o arregló el problema de modo particular con el banco". 

Si no funciona Indecopi, ¿hay alternativa? Aparentemente sí, la SBS.

Pero así como el verbo "generar", en adaptación burocrática, debe hacerte saltar tras un parapeto, la palabra "plataforma" debe hacer sonar las sirenas de alerta.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), tiene –como adivinaron– una Plataforma de Atención al Usuario, con siglas y todo: PAU.

Pero la PAU no acoge a cualquiera. Para que un cliente reclame ante ella, debe haber recurrido primero por escrito ante la empresa a la que reclama. Si después de 30 días (y los intereses corren) no obtuvo una respuesta satisfactoria, entonces puede presentarse ante la PAU.

Pero ella, la PAU, no tiene poder para obligar a los bancos a casi nada. "Tenemos una  plataforma de atención al usuario. Pero, efectivamente, si tú vienes porque consideras que hubo un cobro indebido, yo no puedo obligar al banco para que te devuelva el dinero", dijo Mariela Zaldívar, gerenta de Productos y Servicios al Usuario, a IDL-R.

Mariela Zaldívar, gerenta de Productos y Servicios al Usuario de la SBS (Foto: Andina).

Así que entre lo que Indecopi 'genera' y la PAU de SBS admite en su impotente 'plataforma', la posibilidad de un cliente de reclamar derechos frente a un banco por un mal cobro o publicidad engañosa, es casi nula. 

Cuando la Comisión de Defensa del Consumidor envió su comunicación a la SBS sobre los abusos del Banco Falabella, no tuvo que pasar por la PAU, sino se dirigió de frente a Daniel Schydlowsky.

La respuesta demoró casi lo mismo. Recién el 23 de mayo, el superintendente de la SBS, Schydlowsky, respondió, con un oficio, al congresista Jaime Delgado, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor.

En el documento, Schydlowsky reconoce en un lenguaje que hasta puercoespines en luna de miel encontrarían cuidadoso, que "con relación a la información que difunde el Banco Falabella, debe indicarse que esta práctica no resulta conforme" con las disposiciones legales, "que establece la obligación de las empresas a ser plenamente transparentes en la difusión y aplicación de sus tasas de interés, comisiones, gastos y cualquier otra tarifa asociada a las operaciones activas y pasivas que realicen".

Dado que se infiere que el Banco Falabella no fue "transparente", ¿qué hizo la SBS para regular, sancionar y resarcir?

"… cumplimos con informarle" escribe Schydlowsky, "que esta práctica por parte del Banco Falabella fue detectada y observada en su oportunidad, siendo que en el breve plazo dicha empresa modificará el manual del producto, formularios contractuales, folletos informativos […] y en general cualquier medio de información para difundir las características del producto Ahorro Programado…". 

Schydlowsky termina su oficio afirmando que "sin perjuicio de lo anterior, debo indicarle que esta Superintendencia adoptará las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia a fin de evitar que prácticas como las descritas vuelvan a repetirse".

No hay mención a propósito alguno de sanción, ni tampoco de ordenar el resarcimiento a quienes ya hubieran sido perjudicados.

Daniel Schydlowsky, superintendente de la SBS (Foto: Andina).

Al insistir IDL-R sobre el tema, la SBS contestó – a través de su funcionario Luis Daniel Bouroncle, que tiene un largo título: Intendente de Supervisión de Servicios al Usuario y de Actividades Informales.

Bouroncle indicó que al recibir la denuncia de la Comisión del Congreso, "se tuvo inmediato contacto con el Banco con este tema", y que después de indicarle las irregularidades que no habían sido detectadas por la SBS, "lo que hizo el Banco [Falabella] fue corregir su Manual del Producto y eliminar los costos derivados de la tarjeta de crédito a fin que el cliente no vea disminuido el rendimiento en su cuenta de ahorro programado".

Eso fue todo. Ni la SBS descubrió la irregularidad, perjudicial al usuario, ni llevó a cabo ninguna exigencia de resarcimiento o apercibimiento de sanción. Si cometer irregularidades como esa es rentable para los bancos y lo peor que puede suceder es que, si un tercero le descubre, la SBS les pida que dejen de hacer a partir de ese momento lo que estuvieron haciendo, no hay ninguna razón para no seguir perpetrando 'productos financieros' similares.

Lo que sí tiene interés para el lector es la enumeración de acciones que la SBS pondrá en práctica próximamente, según Bouroncle, para una mejor "regulación de transparencia". Se las puede leer aquí.

 

Intentos de reforma

Además de Delgado, otros congresistas, más bien pocos, se han interesado en el tema de los abusos en el sector financiero. Dos de los más elocuentes en ese aspecto son compañeros correligionarios, como se llaman los acciopopulistas: Víctor Andrés García Belaunde y Yonhy Lescano.

No es que les haya ido precisamente bien en las gestiones sobre ese tema: En el período legislativo que se abrió el año pasado, por ejemplo, ninguno de los proyectos presentados ante la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos que tengan que ver con los productos financieros se transformó en ley.

Tanto los congresistas como la  Conacup remarcaron la responsabilidad que recae sobre la SBS, en tanto órgano de control y regulación, en no reformar el injusto sistema financiero peruano.

"La ley puede ser perfecta", dijo García Belaunde, pero si la "SBS no actúa con verdadero interés de intervenir en el mercado y regularlo, para sancionar a los incumplidores, cualquier ley será letra muerta".

Yhony Lescano (Foto: Perú 21).

Lescano, por su parte, opinó que la Superintendencia "funciona como técnico de los bancos". 

Fuera del Congreso, Paúl Castro, el dirigente del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú (Conacup) recordó la falta de acompañamiento de la SBS cuando el Consejo denunció a seis bancos por publicidad engañosa. "¿Alguna vez la SBS ha cursado un oficio al Indecopi anunciando de que ciertos bancos están haciendo publicidad engañosa?", preguntó. La respuesta parece ser que no.

Junto con el poder e influencia de los bancos, parte de la explicación de la blandura y pasividad de la SBS es la de una cultura endogámica, casi incestuosa, en el sector.

"La gente que se dedica al tema bancario financiero es la misma, – dice García Belaunde– es como una logia clasista y exclusiva. Entonces todos trabajan en el mismo sector: trabajas un día en un banco, otro día en otro banco, o trabajas en la SBS. Entonces, este círculo vicioso en un mercado tan pequeño como el del Perú, se da con mucha facilidad".

 

¿Castigar la usura?

Mejorar la competencia, tipificar la usura, son dos mecanismos que buscan un mismo fin: reducir el spread [la diferencia entre lo que se paga al ahorrista y lo que se cobra por los préstamos] y, por ende, defender al usuario.

García Belaunde se manifestó de acuerdo con definir legalmente cuándo un préstamo es usurario: "Usura debería ser, por ejemplo, cobrar una tasa que puede equivaler a más del cien por ciento del promedio de interés, que ya es bastante (…) En Francia creo que es el treinta por ciento. Pero acá, podemos ser un poco más flexibles y llegar al 50, 80 o hasta el 100. Pero lo que no se puede hacer es que cobren hasta el 500 por ciento por encima de la tasa de promedio, con la excusa de que es un crédito pequeño, un mercado pequeño, un crédito de consumo". 

Yonhy Lescano, por su parte, ha presentado un proyecto de ley que instaría al Banco Central a establecer una tasa máxima.

Víctor Andrés García Belaúnde (Foto: La República).

El legislador destacó la contradicción en la normativa peruana, que establece una tasa máxima – más allá de la cual se cae en usura– para los préstamos emitidos por empresas no financieras, pero deja libre, sin límite alguno, la fijación de  intereses para los créditos de las empresas financieras.

Paúl Castro respaldó la posibilidad de un límite de usura para los préstamos bancarios, porque de ese modo se protegería al cliente, pero respaldó también la posibilidad de mejorar la competencia para romper el oligopolio.

Schydlowsky, por su lado, tuvo una observación típicamente cauta pero interesante sobre el tema. “Hay situaciones en las que hay que controlar, pero después tienes que sacarlas [las medidas], y no es fácil hacerlo. Entonces, antes de llegar a eso, hay que hacer todo lo que se pueda primero. Si nada ha funcionado y hay una situación intolerable, entonces bueno, se hace [los controles].

Yo no le tengo miedo a los controles, como no le tengo miedo al yeso en una pierna. Te rompes la pierna, te pones yeso. Pero después te lo sacas.

Chile, por ejemplo, dice que tu puedes prestar a una tasa que no puede estar por encima del 50 por ciento del promedio. Entonces ahí sí puede ser”.

Congresista Jaime Delgado, presidente de la comisión de Defensa del Consumidor (Foto: La Primera).

Otros, como Jaime Delgado, consideran que, antes de fijar un límite a la tasa de interés, se debe fomentar la competencia. Delgado afirma que en la actualidad las tasas más altas son aplicadas por las empresas financieras más pequeñas. En consecuencia, instalar un límite podría, dice, favorecer a los bancos más grandes.  

Tasas elevadas, escasa información, falta de educación y una SBS que evidentemente no funciona como ente de control, vislumbran un escenario de muy escasa protección para el ciudadano en función de consumidor.

Al discutir sobre la usura no hay que considerar solo los casos extremos sino el deprimente promedio nacional. Un sistema bancario que tiene uno de los diez peores spreads en el mundo no es solo un tremendo peso muerto sobre la competitividad económica sino configura virtualmente todas las características de un abuso masivo y sistemático.

¿El abuso se hace usura? Quienes hoy definen, desde dentro y desde fuera, la política del Estado, sostienen, hasta con desenfado, que no. Ellos, los hare krishna de la inversión a toda costa, con tal que sea privada (y si es estatal, de afuera), afirman que se trata de relaciones bilaterales de mercado, asumidas libremente y que el Estado (que para eso sirve) debe cautelar su cumplimiento.

Un tipo fantástico de relaciones bilaterales, sin duda, en las que una de las partes tiene el mango de la sartén mientras la otra se sienta sobre el aceite.


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El congresista Jaime Delgado explicó que la norma obedece a compromisos asumidos por las propias empresas con la Organización Mundial de la Salud. Dijo que no prohíbe la “comida chatarra”, sino que regula la publicidad.

Fuente

Caso de Aurelio Pastor y El escándalo de corrupción
No una sino muchas marchas y Reabren el caso
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Bitacoras.com

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