Gestión Pública del Perú y el Mundo: El servicio de inteligencia y El Ministro de Justicia

El servicio de inteligencia y El Ministro de Justicia

Que opina? ACLARANDO DUDAS SOBRE EL CASO CHAVIN DE HUANTAR - 29/10/2011 9:30:33

" En los últimos días, se ha tenido una discusión sobre el caso Chavín de Huántar, a partir de una noticia aparecida en el diario Correo acerca de un posible informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a este hecho. Como se han tejido una serie de dudas respecto a este proceso, es mejor hacer varias aclaraciones a partir de la información que se tiene sobre el caso.
(Disclaimer: Mucha de la información que utilizaré ha sido recopilada y publicada por el IDEHPUCP, donde trabajo)
1. NO SE PROCESA UNA EXITOSA OPERACIÓN MILITAR: Este es un primer error común en el que se incurre cada vez que se habla de este caso. La operación Chavín de Huántar constituye un ejemplo de rescate de rehenes en todo el mundo y sus ejecutores son héroes del país a los que se debe reconocimiento y agradecimiento. Dicho reconocimiento, claro está, no los convierte en intocables para todo efecto, pero es necesario otorgarlo, en razón de su valerosa y esforzada acción.
2. ¿ENTONCES, QUE SE PROCESA? El objeto del proceso es dilucidar la responsabilidad sobre tres presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas luego del operativo militar. La hipótesis del Ministerio Público en este caso es la existencia de una cadena de mando paralela a la del operativo, vinculada al Servicio de Inteligencia Nacional. De hecho, hace algunos años, en el Utero de Marita, se comentaba esta hipótesis:
Umberto Jara publicó en dos partes (ver aquí y aquí) adelantos de un libro que no hace sino confirmar una investigación de Edmundo Cruz del 2002: que quienes eliminaron a los emerretistas vivos no fueron los heroicos comandos del Ejército (...) sino la guardia dorada de Montesinos: el Escuadrón Júpiter.
Fueron ellos, liderados por Jesús Zamudio Aliaga (a) "ZAJ" y Roberto Huamán Azcurra, quienes ingresaron a la residencia una vez que terminó el operativo y, siguiendo los preceptos de la guerra sucia, ejecutaron a los terroristas rendidos (¿fueron varios los sobrevivientes o sólo fue "Tito"? Quizás nunca se sepa).
3. ¿Y COMO VAN LOS PROCESOS JUDICIALES? Existen dos procesos judiciales. En uno está como único procesado Alberto Fujimori, pero dicho proceso no avanzará mucho más si es que no se solicita la ampliación de la extradición a Chile por este caso. Dado que los muertos fueron miembros del MRTA, veo bastante difícil en términos políticos que algún gobierno solicite dicha ampliación.
El segundo proceso, el más conocido, es el que comprende a la cadena de mando paralela, conformada por Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza, Roberto Huamán y Jesús Zamudio. Este último está prófugo de la justicia desde hace varios años y no ha concurrido al proceso. En este caso se esta celebrando por tercera vez el juicio oral, ya que, en dos veces consecutivas la Sala encargada del caso ha cambiado a 2 de sus 3 magistrados. Por regla procesal, eso hace que se "quiebre" el proceso. La Corte Superior de Justicia de Lima, para evitar que el caso se retrase más, ha hecho que la Sala tenga jueces a dedicación exclusiva hasta que termine este proceso.
Para quienes quieran ver algunas de las pruebas del caso o seguir lo que fue el primer juicio oral, revisen esta crónica judicial que escribí para IDEHPUCP hace un par de años.
4. EL TEMA EN LA CIDH: En el 2003, los abogados de las presuntas víctimas presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente, el punto cuestionado aquí es que las investigaciones sobre los comandos que participaron en la operación Chavín de Huántar fueron cerradas en el fuero militar.
Y es aquí donde viene el tema central. Como saben, la jurisprudencia nacional e internacional tiene claro que el fuero militar no es el ámbito donde deban resolverse casos de derechos humanos, porque considera que se trata de una jurisdicción excepcional solo para delitos de función, entre los que no se encuentran este tipo de procesos. Por tanto, es muy probable que si este caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano lo termine perdiendo. Y ya imaginarán el bolondrón político que ello ocasionará, sobre todo, por parte de los sectores menos proclives a la defensa de los derechos humanos en el país.
De la visión que tengo del caso al haber observado el juicio oral durante un periodo bastante extendido, me queda claro que los comandos no tuvieron nada que ver con presuntas ejecuciones extrajudiciales. De hecho, de los testimonios y pruebas que pude ver durante dicho juicio, no había nada que comprometiera a estas personas en ello. Por ello, creo que lo mejor es que el Ministerio Público abra una investigación fiscal de oficio y, con las pruebas actuadas y algunas diligencias más que deban practicarse, sobresea el caso para los comandos, en forma definitiva. Ya tenemos el antecedente del caso Berenson, en el que, al hacer un proceso justo en instancia civil, no se condenó al Estado por el segundo proceso que se le hizo y que finalmente la condenó a 20 años de prisión.
Lo que termina siendo inexacto en la nota de Correo es que el Estado esté por allanarse en este caso. Y no solo lo digo por las declaraciones de Francisco Eguiguren, Ministro de Justicia, sino también porque Correo basa su nota en una pésima lectura del artículo 46° del reglamento de la CIDH, que cita de forma incompleta. Vean ustedes el reglamento y compárenlo con la nota de Correo para que saquen sus conclusiones.
Este es un caso límite por las personas que se encuentran implicadas. Como dije al inicio, no se juzga una valerosa acción de combate, sino actos reñidos con las propias reglas de la guerra. El problema es que quienes defienden a los militares de forma tan ardorosa (yo diría, salvo excepciones, que los usan), no distinguen entre quienes cumplieron heroicamente con su deber con quienes son reales criminales y, al confundirlos y pedir que no se investigue a nadie por estos casos, terminan haciéndole un daño peor, tanto a las Fuerzas Armadas, como a quienes cumplieron con su deber. Peor aún, en este caso, termina confundiendo a héroes con cuatro de las personas que dañaron más a las Fuerzas Armadas peruanas en toda su historia.
BONUS TRACK: Quienes también han explicado el caso con claridad han sido Rosa María Palacios y Daniel Yovera en el programa Tribuna Abierta. Allí queda claro que es lo que viene pasando con el caso y que es lo que tendría que hacer el Estado para solucionar el tema de los comandos, más allá de las bravatas vocingleras que ya conocemos. Aquí va el reportaje de Yovera y el análisis jurídico de Palacios:
Como dice Rosa María al final, con todas las confusiones e inexactitudes que se vienen diciendo, le están haciendo un favor a Vladimiro Montesinos y sus secuaces del SIN, pues no faltará alguno que quiera matar el asunto con una amnistía.
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Interesante, El manejo de la transición (6). Vladimiro Montesinos: De capitán a padrino - 13/10/2011 0:07:21

"Artículo originalmente publicado en DEBATE N°111, setiembre-octubre 2000
A pocos días de la publicación del primer vladivideo, difundido en setiembre del 2000, el Perú estaba sumido en uno de los momentos más críticos de toda su historia. El entonces presidente Alberto Fujimori se vio en la necesidad de convocar a elecciones generales en las que aseguró que no participaría. En ese contexto de incertidumbre, la revista DEBATE convocó a un conjunto de expertos para que analizaran la situación actual y opinaran sobre cómo debería conducirse la transición hacia nuevas elecciones y un gobierno más democrático.
Ya publicamos los artículos del abogado y ex primer ministro Alfonso de los Heros; del analista político Francisco Guerra García; del constitucionalista Pedro Planas; del abogado y actual ministro de Justicia, Francisco Eguiguren Praeli; y del analista Martín Tanaka.
A continuación publicamos el texto del analista político Santiago Predaglio, quien hace una reseña sobre Vladimiro Montesinos y su camino hacia el poder.
Vladimiro Montesinos: De capitán a padrino
El vínculo entre el asesor Vladimiro Montesinos y el presidente Alberto Fujimori es tan fuerte que para que el primero saliera del poder el segundo tuvo que anunciar su próximo abandono de la primera magistratura. Rota la sociedad establecida entre ambos para gobernar, no le quedó a Fujimori sino emprender la retirada; le resulta inimaginable dirigir el país sin su asesor: algo así como un "si él muere, yo me suicido", en una escena pasional digna de mejor causa.
Los días posteriores a la huida de Montesinos no han hecho sino ratificar la profunda consistencia del vínculo entre ambos personajes. Más aún: algunos gestos del gobierno, como el pedido de asilo para el ex asesor, el mantenimiento de la cúpula militar montesinista considerada por el presidente como de su "absoluta confianza", la preocupación personal de Fujimori por la seguridad de Montesinos en Panamá, el temor de publicar la resolución de desactivación del SIN, la demora de la desactivación de las comisiones ejecutivas del Poder Judicial y del Ministerio Público indican que Montesinos tenía incluso más poder de lo que se pensaba, que ya era bastante.
La decisión de Fujimori de convocar a elecciones y desactivar el SIN, anunciada esa noche de setiembre vía la televisión, fue, aunque parezca exagerado, un golpe de mano del débil contra el fuerte de la alianza en el poder. Eso explica ,en algo, la extraña sonrisa que el jefe de Estado enarbolaba ante las cámaras al informar al país tan cruciales determinaciones. Era la mueca de quien se estaba sintiendo en falta con sus aliados, con quienes lo habían sostenido, con quienes finalmente habían acumulado ,en una serie de esferas, bastante más poder que el suyo. ¿Se vio obligado a traicionarlos?
¿Cómo es que Vladimiro Montesinos llegó a tener tanto poder? La primera y quizá más importante razón es que le organizó a Fujimori su "buró político". Montesinos cumplió el papel del secretario general o presidente de un partido en la semiclandestinidad, algo semejante a un jefe político-militar. Desde esa posición, y ante la carencia de un partido político propio, le organizó a Fujimori la estrategia de gobierno y el modo de articular una poderosa correlación de poder. El Servicio de Inteligencia Nacional fue, antes que la tenebrosa policía política, el centro del poder político del gobierno fujimorista. Por él pasaban las principales decisiones y la organización de la táctica política.
Montesinos entendió así que la clave para consolidar su poder era manejar la política. No sólo ni principalmente utilizar la represión y la inteligencia. Estos fueron instrumentos importantísimos, pero instrumentos al fin. Organizarle la conducción del poder a Fujimori fue lo central. Cada vez más, conforme pasaba el tiempo, le succionaba a la vez parte de su poder al jefe de Estado. La iniciativa política comenzó a recaer en él. Su control del Ejército y de las Fuerzas Armadas estaba al servicio de sus objetivos de consolidación del poder político y, después, de su permanencia en él.
El ex capitán hizo uso de dos herramientas básicas para articular su poder. Montó una gran red de corrupción en las instituciones que controlaba y utilizó el temor ,a veces el terror, como un arma permanente de disuasión. Supo distribuir la corrupción, comprometiendo a la mayor cantidad posible de personas. Instauró la impunidad frente a la corrupción: "Si estás conmigo, nada temas". Por otra parte, la amenaza o el simple y puro temor fue el pan de cada día para con los adversarios o enemigos: desde la interceptación telefónica hasta la presión y el acoso.
Por otra parte, Montesinos fue ,con Fujimori, por supuesto, quien más usufructuó del pragmatismo que se instaló en la cultura política peruana, es decir, la vigencia del código del "vale todo" o del "salvo el poder, todo es ilusión". En la práctica, muchos sectores de la población aceptaron el papel que Montesinos cumplió dentro del poder: para algunos ,terrible complicidad,, se trataba de "un personaje necesario"; alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Con el tiempo, el dueño de ese papel se convirtió en el "padrino", aquel con quien tenían que negociar directamente personajes de los más diversos estratos.
Montesinos fue, desde este punto de vista, una creación de la política peruana y del mundo social del país. Visto el asunto desde este ángulo particular, su presencia y su infiscalizable poder no fueron el producto arbitrario de una mente proterva. Montesinos y Fujimori construyeron ese pacto político-social ,en el que residió parte de su gran poder, sobre la base del canje de la democracia por un "autoritarismo eficiente". Dicho de otra manera, consistió en canjear "chuponeo", chantajes y presiones por orden en las alturas, crecimiento económico, pago de la deuda externa y mayor gasto social.
El ex asesor se convirtió, además, en el interlocutor con un sector de la administración norteamericana. Éste fue otro tremendo puntal de su poder. Era ,¿sigue siéndolo?, el hombre de confianza de la CIA y durante un largo período también de la DEA y del Pentágono. Los norteamericanos estaban interesados en que en el Perú hubiera estabilidad y orden, antes que democracia; y Montesinos, junto con Fujimori, se los garantizaban. El pragmatismo fue, también en este caso y una vez más, la voz de orden que primó en el trato y las consideraciones de los "realistas" de Wasghinton para con el ex asesor. Hasta que el encanto, ya se sabrá exactamente por qué, se rompió o por lo menos se resquebrajó.
Sin embargo, esta historia aún no ha terminado...
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Que opina? Cronología de la crisis: De tráfico de armas a vladivideos - 18/05/2011 18:18:16

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Artículo originalmente publicado en DEBATE N°111, setiembre 2000
22 de agosto: El presidente Alberto Fujimori anunció, en conferencia de prensa, el desmantelamiento de una organización que traficaba armas desde Jordania hasta la zona de Colombia en la que las FARC desarrollan sus acciones. El presidente reconoció la labor del asesor presidencial Vladimiro Montesinos y lo felicitó públicamente por ser el artífice de tan importante trabajo para la seguridad de la región.
23 de agosto: El gobierno colombiano precisó que los servicios de inteligencia de su país habían detectado el tráfico de armas desde 1999.
25 de agosto: El gobierno de Jordania se pronunció enérgicamente rechazando las afirmaciones del gobierno peruano en el sentido de que los jordanos vendieron armas a traficantes peruanos. Indicó, además, que la compra de estas armas la realizó el gobierno peruano hace dos años.
26 de agosto: El subsecretario norteamericano para Asuntos Políticos, Tomas Pickering, señaló que los fusiles que el gobierno jordano vendió legítimamente al Perú terminaron inexplicablemente en poder de las FARC, que gracias a ello renovaron su arsenal.
28 de agosto: El Consejo Supremo de Justicia Militar anuló la sentencia de cadena perpetua impuesta a Lori Berenson, integrante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, quien fuera recluida por el delito de traición a la patria. Su caso fue trasladado al fuero civil, donde será juzgada nuevamente. El Departamento de Estado estadounidense calificó la decisión como "un bienvenido primer paso" para una "resolución justa y expeditiva de este problema". El congresista del FIM Ernesto Gamarra afirmó que la decisión probablemente obedecía a una negociación de ambos gobiernos para que no se aplicaran sanciones por la falta de democracia en el Perú.
31 de agosto: Según el presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas, la decisión del fuero militar de permitir un nuevo juicio en el fuero civil a la norteamericana Lori Berenson demostró "la independencia en los poderes del Estado que existe en el Perú". Por otra parte, Salas negó la falta de voluntad del gobierno para avanzar en el diálogo democratizador.
5 de setiembre: El gobierno se comprometió con la OEA a resolver, en un plazo de 15 días, los casos de Baruch Ivcher y del Tribunal Constitucional.
6 de setiembre: El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, afirmó que su gobierno tenía dudas sobre las explicaciones del Perú respecto al tráfico de armas desde Jordania denunciado dos semanas antes por el presidente peruano.
15 de setiembre: El Frente Independiente Moralizador (FIM) presentó un vídeo donde se muestra a Alberto Kouri recibiendo 15,000 dólares de Vladimiro Montesinos. El "pago" se efectuaba a cambio de que el congresista se acoplara a la bancada oficialista. Posteriormente, Kouri afirmó que se trató de un préstamo, dada la confianza que existía entre ambos.
16 de setiembre: La oposición anunció que no participaría en las sesiones del Congreso a menos que se iniciara una exhaustiva investigación sobre el soborno. A las 9:30 de esa noche, el presidente Alberto Fujimori anunció, en un sorpresivo mensaje al país, su intención de convocar a nuevas elecciones en el menor plazo posible y de no participar en dichos comicios. Manifestó, además, que tenía la firme decisión de investigar el soborno que recibió Kouri de manos del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, así como de desactivar el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
18 de setiembre: Luego del anuncio de Fujimori de "desactivar" el SIN y convocar a nuevas elecciones generales, el bloque de oposición acordó no concurrir al Congreso de la República ni al diálogo auspiciado con la OEA hasta que no se capturara a Vladimiro Montesinos. Aunque hasta ese momento su paradero era una incógnita, Federico Salas aseguró que Montesinos se encontraba en Lima. Mientras tanto, la prensa nacional y extranjera lo buscaba infructuosamente. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos y la Comisión de Alto Nivel de la OEA expresaron, en comunicados emitidos el día anterior, su satisfacción por el anuncio de convocatoria a nuevas elecciones; así mismo, pidieron un proceso pacífico y transparente. La presidenta del Congreso de la República, Martha Hildebrandt, convocó a sesión plenaria para el día 20 con el fin de discutir las salidas legales a la coyuntura política y fijar los plazos para la convocatoria a elecciones generales. En cumplimiento de la desactivación anunciada por el presidente, Salas comunicó el retiro del personal y de los equipos del SIN
19 de setiembre: El Ejecutivo propuso al Congreso la reducción de los períodos presidencial y legislativo a un año para permitir así nuevas elecciones. El ministro de Justicia, Alberto Bustamante, dijo que los nuevos comicios generales y la transmisión de mando se llevarían a cabo en marzo y en julio del 2001, respectivamente. La modificación se haría en dos legislaturas consecutivas. El paradero del asesor presidencial Vladimiro Montesinos era aún una incógnita.
21 de setiembre: El Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que se comprometieron a colaborar con el gobierno, desmintieron que se hubieran realizado reuniones de altos mandos militares durante esos días y pidieron a la ciudadanía mantener la calma ante la situación política.
23 de setiembre: El gobierno se comprometió a desactivar el SIN en 15 días pero señaló que los avances de dicho proceso serían sólo de conocimiento de la presidenta de la Comisión de Defensa, Martha Chávez. La prensa informó que Vladimiro Montesinos había salido del país en un avión. Al principio, se especuló que se había dirigido a Marruecos, pero luego se confirmó que su destino había sido Panamá. El gobierno panameño le otorgó asilo territorial a pesar de que, en un primer momento, se negó a aceptar la solicitud verbal que con ese fin le había hecho Federico Salas. Posteriormente, la opinión pública se enteró de que, durante esa tarde, algunos jefes de Estado como Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Fernando de la Rúa (Argentina), Ernesto Zedillo (México), Ricardo Lagos (Chile) y Andrés Pastrana (Colombia), así como el secretario general de la OEA, César Gaviria, buscaron, junto con Mireya Moscoso, presidenta de Panamá, y José Miguel Alemán, canciller de dicho país, lograr una salida "no sangrienta" a la crisis política peruana, ya que, según se supo, Montesinos había amenazado con dar un golpe militar en el Perú si es que no lo dejaban fugar.
25 de setiembre: Se publicó una resolución suprema en la que el gobierno peruano aceptaba la renuncia de Vladimiro Montesinos a su cargo de asesor del SIN y le agradecía por los servicios prestados.
26 de setiembre: La Comisión de Derechos Humanos se retiró de las conversaciones con la OEA en protesta por la actitud de César Gaviria, quien avaló la petición de asilo para Montesinos. Por otra parte, los congresistas Fernán Altuve-Febres, Joaquín Ormeño y Moisés Wolfenson renunciaron a las filas de Perú 2000 argumentando que su decisión estuvo determinada por la presentación del proyecto de reforma constitucional que impide la reelección. Estas renuncias se sumaron a las de Cecilia Martínez del Solar ,quien denunció que tomaba esta decisión en protesta porque a los congresistas del oficialismo se les había pedido apoyar a Alberto Kouri, y de Gregorio Ticona; además, Jorge Pollack había adelantado que también estaba evaluando su retiro de Perú 2000. Con ello, la bancada oficialista se redujo a 59 congresistas.
27 de setiembre: Nina Rodríguez, fiscal provisional de la Décimo Sexta Fiscalía Penal de Lima, decidió archivar la investigación contra Vladimiro Montesinos por el delito de corrupción de funcionarios, debido a que, según ella, no existía responsabilidad alguna por parte del ex asesor pues, en la fecha registrada en el vídeo ,5 de mayo,, Alberto Kouri aún no juraba como congresista. La bancada oficialista acordó separar de la agrupación a Alberto Kouri y presentar una moción de orden del día para sancionarlo con la suspensión de su cargo por 120 días. Alipio Montes de Oca, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), formalizó su renuncia al cargo sin comentar los motivos que tuvo para adoptar dicha decisión. El presidente Alberto Fujimori sostuvo, en Palacio de Gobierno, una reunión con John Hamilton ,embajador de Estados Unidos en el Perú,, Peter Pace ,jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y Gilberto Pérez ,jefe del Grupo Consultivo y de Ayuda de Estados Unidos,.
28 de setiembre: El presidente Alberto Fujimori viajó a Washington para reunirse con el secretario general de la OEA, César Gaviria, informó el secretario permanente de la OEA, Eduardo Latorre. Trascendió que el objetivo del encuentro era conversar sobre el fortalecimiento de la democracia peruana y los avances de la agenda propuesta por la misión de alto nivel Gaviria-Axworthy. El congresista Miguel Mendoza del Solar renunció a la alianza oficialista Perú 2000 y denunció haber recibido presiones para formar una bancada a favor del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Según Mendoza, el objetivo del nuevo "movimiento independiente" era desatar un caos que generara un golpe de Estado en 20 días para permitir el retorno de Montesinos. Adicionalmente a Mendoza, presentaron su renuncia Eduardo Farah y Mario Gonzales Inga, lo que dejó a Perú 2000 con 54 parlamentarios.
29 de setiembre: El oficialismo y la oposición se reencontraron en la sesión plenaria del Congreso de la República, donde 102 parlamentarios aprobaron por unanimidad el proyecto de ley de desactivación del SIN. Asimismo, se decidió sancionar al congresista Alberto Kouri con una suspensión de 120 días sin goce de haber, independientemente de las conclusiones a las que lleguen las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Permanente del Congreso. Dominador Bazán, vicepresidente de Panamá, dio por hecho el asilo a Vladimiro Montesinos asegurando que su gobierno "sintió que era importante" concederlo para fortalecer la democracia en el Perú. Mientras tanto, la emisora radial española Ser informó que el gobierno de José María Aznar estaba mediando para conseguir el asilo político de Montesinos en Marruecos.
11 de octubre: Fue publicada, en el diario oficial El Peruano, la Ley 27351 que ordena se proceda a la desactivación del SIN. Este proceso deberá concluir en 15 días y estará a cargo de una comisión integrada por el presidente del Consejo de Ministros, los ministros de Defensa y del Interior, y un representante de la sociedad civil. La norma fue promulgada por el presidente Alberto Fujimori el pasado 3 de octubre.
12 de octubre: Con 60 votos en contra se descartó la moción de censura de la Mesa Directiva del Congreso presidida por Martha Hildebrandt.
14 de octubre: Eduardo Latorre decidió suspender el diálogo que sostiene con representantes del gobierno y de la oposición debido a que ambas partes incumplieron los acuerdos. La bancada de Perú 2000 decidió prorrogar la legislatura que debía finalizar el 15 de octubre y ello provocó que la oposición no asistiera a la sesión con la OEA. Latorre elevó un informe a César Gaviria y manifestó a la prensa el interés de la OEA porque las conversaciones se reanuden pronto.
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Noticia, Construir una nueva institucionalidad - 16/03/2011 16:34:21

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Artículo originalmente publicado en DEBATE N°113, marzo-mayo 2001
Entrevista a Jorge Silva Santistevan de Noriega
Construir una nueva institucionalidad
por Gonzalo Quijandría
Dedicado a la actividad privada luego de cinco años de ejercer el cargo de defensor del pueblo y de una campaña trunca para la Presidencia de la República, Jorge Santistevan de Noriega conversó con DEBATE sobre el actual proceso político y el futuro del país.
¿Cómo ve el futuro en términos de gobernabilidad, ahora que sabemos que el Presidente no tendrá mayoría en el Congreso y enfrentará tanto la recesión económica como el creciente descontento?
Hay que sentirse optimistas en el campo político, pero no tanto en el económico. La gobernabilidad: me preocupa esa palabra. Recuerdo que Fujimori hablaba mucho de gobernabilidad e inclusive justificó un golpe de Estado debido al tema de la gobernabilidad. Desde este punto de vista, tenemos que entender que la única gobernabilidad que debemos apoyar es aquella que se base en instituciones democráticas. A mi juicio, lo que necesitamos es preguntarnos cuánta institucionalidad requerimos construir para que nuestro país sea gobernable.
¿Cómo ve el futuro del país después del Gobierno de Transición?
El Perú ha sido capaz de desarrollar una gesta sin precedentes. Aquí se ha desplomado el régimen autoritario que devino en la dictadura de Fujimori. Aquí ha surgido este Gobierno de Transición sin que se dispare un tiro y se ha empezado a investigar la corrupción más grande de la historia. Se ha detenido a los jefes militares en cárceles comunes sin que surja el temor a un golpe de Estado. Se ha impuesto plenamente la civilidad sin grandes amenazas y todo esto ha ocurrido en el contexto de una recesión económica que no tiene cuándo acabar, pero sin corrida de dólares y sin bancos que quiebren debido a la transición. Estamos viviendo una transición inédita, un proceso que en otros países ha costado dolor, trauma, movilizaciones populares y alteraciones. Después de la Marcha de los Cuatro Suyos hay un poco más de reclamo popular pero no se ha presentado una situación que altere el orden público; hemos tenido elecciones limpias demostrando que en el Perú sí podemos asumir la transición. Todo esto indica que existe un espacio para construir una nueva institucionalidad si hay la suficiente madurez y voluntad en los actores políticos. Debemos asumir el momento actual como uno en el que estamos ad portas de forjar un nuevo contrato social para el siglo XXI.
Pero hay la sensación de que no estamos avanzando. Por ejemplo, los dos principales responsables de la corrupción están libres fuera del país.
Es muy difícil extraditar a estas personas cuando a Fujimori lo protege el gobierno de Japón y a Montesinos lo esconde el de Venezuela. Para encontrar al asesor y extraditarlo, tendría que haber una acción mucho más eficaz. En este punto habría que reclamar una mayor participación de la CIA y del gobierno de Estados Unidos. Pero no se puede generalizar afirmando que, porque no se han obtenido ciertos logros, no se ha avanzado en preparar el terreno para fortalecer la institucionalidad.
¿Nuestra clase política está preparada para este proceso?
Pienso que está preparada y, desde esta perspectiva, considero que se puede establecer con éxito algún tipo de acuerdo de institucionalidad que estabilice la transición. Desde luego, también es importante la propuesta del presidente Paniagua, basada en el pacto de gobernabilidad, de establecer una mesa de diálogo inspirada en la que promovió la OEA, cuya función sería definir cuáles son los puntos clave de la institucionalidad y determinar una agenda de consenso. Todas las fuerzas tienen que estar de acuerdo en que la lucha contra la corrupción debe institucionalizarse. Los avances que se han producido podrían revertirse si, por ejemplo, al próximo ministro de Justicia se le ocurre cambiar al procurador Ugaz o si decide desactivar la Procuraduría, que existe solamente porque el actual ministro la ha creado, pero no se ha institucionalizado. En la lucha contra la corrupción, me parece que hay un campo de consenso definido, que requiere que las fuerzas políticas y los dos candidatos se comprometan ,antes de la segunda vuelta y sin poner condiciones sobre los resultados de ésta, a profundizar lo que se ha iniciado. En segundo lugar está la Comisión de la Verdad, que inclusive está admitida expresamente por las Fuerzas Armadas; ahí no hay ninguna discusión. En tercer lugar, se requiere una reforma constitucional. La Constitución de 1993 fue hecha para Fujimori; hay que aplicarle profundas reformas, por no decir cambiarla toda. En cuarto lugar está la relación civiles-militares, en la que han ocurrido ciertos eventos que nos dan confianza. Aunque las Fuerzas Armadas no han pedido perdón explícitamente, sí han ofrecido satisfacciones por haberse contaminado con el autoritarismo y la corrupción. ¿Cuándo ha ocurrido esto en el Perú? Estas satisfacciones, unidas al reconocimiento del general Hermoza Ríos de la ilegalidad de sus ingresos, son importantes si van seguidas por un efectivo propósito de enmienda. Desde el punto de vista de la madurez política, tengo, pues, fundadas esperanzas. Ojalá que lleguemos a tener un régimen que, al igual que el Gobierno de Transición, "despresidencialice" al Perú, reduzca el protagonismo del Presidente y fortalezca a las instituciones.
Pero el discurso de institucionalidad no ha estado presente en la campaña.
Los discursos de los candidatos están dirigidos a obtener votos, son discursos marketeros. Desgraciadamente, la institucionalidad no vende nada; ni siquiera la lucha contra la corrupción logra hacerlo. Lo único que determina que la gente vote o no es que el candidato explique cómo va a resolver los problemas cotidianos. Al votante, la institucionalidad no le toca de cerca porque lo que lo agobia es la pobreza, la falta de trabajo, la inseguridad, el costo de las medicinas, de los servicios. Si los candidatos quieren ganar votos, es en estas áreas en las que van a centrar sus ofrecimientos, no en el campo de la institucionalidad.
¿No está siendo demasiado optimista?
El pesimismo va por el lado de los problemas cotidianos de la población: trabajo, seguridad, futuro. Estos tres años de recesión han determinado que los peruanos, hombres y mujeres, estén perdiendo su autoestima; los jóvenes nuevamente están tratando de irse al extranjero para buscar mejores horizontes, la gente que tiene ahorros los está poniendo afuera, a buen recaudo. ¿Cómo se va a responder al conjunto de expectativas y demandas acumuladas, embalsadas, retenidas por el proceso electoral? La recesión no está por terminar; en el último trimestre hemos tenido crecimiento cero. Tenemos un contexto internacional desfavorable. El enfriamiento de la economía norteamericana nos afecta. Si Japón no supera el proceso recesivo que también está sufriendo, su crisis va a tener implicancias en todo el mundo y, por supuesto, también en el Perú. Y mientras las especulaciones sobre la bomba de tiempo en Argentina sigan siendo especulaciones estaremos bien, pero si en verdad ésta estalla, nos veremos afectados. El juego económico no va a permitir que los candidatos respondan a las demandas acumuladas ni a las expectativas generadas, pues no hay caja fiscal. El optimismo que tengo por el lado institucional se ve morigerado por el pesimismo que se percibe en los círculos económicos, sobre todo porque sabemos que para avanzar económicamente requerimos inversión extranjera ,además de la que puedan hacer los propios peruanos, y los inversionistas extranjeros no consideran sexy a ninguno de los dos candidatos. Esta situación tiene que determinar una nueva alianza política, distinta de la mesa de diálogo. En el orden económico tiene que producirse otro tipo de concertación, diferente pero igualmente necesaria, porque los años que se vienen no serán fáciles.
¿Comparte la posición del presidente Paniagua de que no estamos apreciando los cambios que desde el interior de las Fuerzas Armadas se están produciendo?
El camino recorrido por las Fuerzas Armadas desde el 20 de noviembre hasta hoy es importante y marca una ruptura con el pasado. Hoy existe una voluntad saludable de acercamiento democrático por parte de las Fuerzas Armadas. Éste es un tema de largo alcance que tendrá influencia en los próximos 50 años. Este momento es clave para que se produzca una redefinición de las Fuerzas Armadas, un proceso que deje atrás la teoría de la seguridad nacional que ha tenido como resultado este enclaustramiento en el que se han basado los poderes ocultos que han generado la corrupción. Debe entenderse que, hoy en día, estamos hablando mucho más de seguridad democrática. Hay que definir el papel de las Fuerzas Armadas. Al interior de la institución castrense se ha producido una ruptura: existe una clara disposición a asumir que el fortalecimiento de la democracia constituye la mejor garantía de que las Fuerzas Armadas puedan cumplir su propio papel. Me preocupa, eso sí, que las Fuerzas Armadas solas hagan su propia reestructuración ya que, al igual que el Poder Judicial o el Congreso, son parte esencial de la institucionalidad del país. El siguiente paso es buscar mecanismos de diálogo con la civilidad, porque tiene que encontrarse alguna fórmula que la incluya. Por eso, con todo el respeto que siento por el general Ledesma ,quien está manejando el tema con mucha solvencia,, considero que el Gobierno de Transición ha perdido la oportunidad de tener a un civil como ministro de Defensa. Es evidente que el próximo gobierno, instaurado en elecciones limpias, tiene que colocar a un civil en esa cartera.
Pero todavía nadie ha tocado el bolsillo de los militares...
Sé que el Gobierno de Transición ha reducido una cantidad sustancial del presupuesto de Defensa, así como muchas agregadurías militares, que las había en exceso; la suma recortada está al parecer por encima de los 400 millones de soles, que es mucho dinero. Lo que venga después irá más allá de la reducción del presupuesto. Hasta donde se me ha explicado, en este aspecto no hay mucho por reducir: el 90% son salarios. Entonces, habrá que hacer una reingeniería y preguntarse con objetividad cuáles son las dimensiones de las Fuerzas Armadas que el Perú necesita, cuántos generales son indispensables. El asunto no es tan fácil como decir "ahorremos en Defensa e invirtamos esos fondos en educación". Todo parte por preguntarse cuál es la misión, el mandato, el ámbito de las Fuerzas Armadas que requerimos y, según eso, determinar qué presupuesto les corresponde.
Pero ¿cómo hacer que las Fuerzas Armadas se compenetren con la sociedad civil?
Tiene que darse el voto a los uniformados para que todos partamos de una situación común: todos votamos, todos nos manchamos el dedo con tinta. Porque si los militares no votan, se sienten políticamente tan limpios como para mirar al país desde el balcón e intervenir en cualquier momento. Esto, y la concepción de su papel tutelar ,que habrá que revisar, constituye, a mi juicio, la esencia del intervencionismo militar. En un sistema democrático, todos nos comprometemos. ¿Cómo? Con el voto emitido tanto por uniformados como por civiles.
Se ha propuesto que el Poder Judicial remita al Congreso todos los vladivideos y que éstos puedan ser vistos por la ciudadanía sin discriminación, para que no sigan siendo objeto de especulaciones. ¿Qué opina?
Desde el punto de vista de la transparencia y la lucha contra la corrupción, considero que todos los vídeos deben ser de conocimiento público. Pero sí admito que hay problemas legales, pues si hay casos en los que existe delito, la investigación judicial o policial se va a ver influenciada por la opinión pública; por eso en los procesos judiciales se mantiene la reserva. Hay algo más: el derecho a la privacidad determina que toda persona debe saber cuándo está siendo filmada; si la persona no advierte que la están filmando, entonces lo ilegal es la filmación. No obstante, creo que, en las circunstancias por las que está atravesando el Perú, ante la necesidad que tenemos de que se produzca el destape para descubrir la profundidad que alcanzó la corrupción, todos los vídeos deben darse a conocer. Así ocurrió por ejemplo en Alemania, cuando la reunificación. Los archivos del servicio secreto se hicieron públicos y todo el mundo pudo ir a consultarlos. Igual debería hacerse acá. Hasta ahora no sé por qué no me han entregado el vídeo en el que aparezco defendiendo la libertad de los inocentes presos, para hacerlo público.
¿Cómo ve el caso de los empresarios que han declarado que fueron a hablar con Montesinos para salvaguardar los intereses de sus negocios?
¿Qué tiene que ver el Servicio de Inteligencia con las empresas? Algunos amigos me han preguntado por qué el Defensor del Pueblo tuvo que ir a hablar con Montesinos. Yo fui porque el presidente condicionaba la firma de los indultos a una conversación con Montesinos. Además, yo sí admito que el terrorismo es un tema relacionado con Inteligencia, pero no entiendo en qué se basan los empresarios que fueron a hablar con el asesor de Inteligencia para reclamar que su actitud fue pulcra. Eso significa reconocer que las influencias del asesor iban más lejos. Ahí hay una situación que felizmente ha salido a la luz pública, porque lo importante es garantizar que esto no se repita, y eso se logra tomando plena conciencia de que no puede haber un poder oculto de esa naturaleza. Es repudiable la idea de que cada vez que uno necesite hacer negocios, ganar un juicio, ayudar a un familiar a obtener un puesto, ganar una campaña electoral municipal, regional, provincial o nacional, tenga que ir a hablar con los poderes ocultos. Ésa es la radiografía más negra de la historia del Perú. Este afán chantajista que tenía Montesinos, que lo movió a filmarlo todo, hoy en día nos sirve: ha dado pie a que se esté produciendo una catarsis, y esto es bueno.
¿Cómo garantizar que esto no vuelva a ocurrir en el futuro?
Por eso mi insistencia en que haya una institución que promueva la lucha contra la corrupción no solamente para investigar y llevar a los corruptos a la cárcel sino también para difundir una cultura de la legalidad, de los valores éticos, e imponer la transparencia. Hay que buscar que las herramientas de la transparencia estén al alcance de todos los peruanos. Que se sepa que no se pueden ocultar las cosas. Desde este punto de vista, hay que garantizar el acceso a la información en las oficinas públicas, hay que establecer un control civil sobre los servicios secretos y fortalecer a los grupos de la sociedad que estén dispuestos a asumir un papel vigilante. Debemos instituir mecanismos muy claros a través de los cuales se puedan denunciar actos de corrupción para que la ciudadanía pueda mantener una actitud de supervisión social.
¿Y qué hacer para que no aparezca un nuevo Montesinos?
Lo mismo. Montesinos es el producto de habernos creído que se podía dejar de lado la institucionalidad democrática en aras de la eficiencia.
¿Qué papel juegan los medios de comunicación?
Una de las tareas del próximo gobierno es establecer una alianza con los medios de comunicación para utilizar sus recursos con el fin de irradiar una cultura de la probidad, de la integridad.
La televisión se ha visto envuelta en muchos escándalos. Sin embargo, quienes la dirigen se justifican con el argumento de la irrestricta libertad de expresión.
Soy partidario de la libertad de expresión como garantía de la democracia. Creo que los medios de comunicación son el canal que debe utilizar la ciudadanía para realizar su labor de vigilancia. Por ejemplo, estoy más preocupado porque la libertad de expresión funcione bien que porque el Congreso funcione bien. Entiendo que el derecho a la información y la libertad de expresión suponen la libertad de empresa; dudo ,y en el Perú se ha demostrado que es así, que pueda existir una palabra libre y plural en medios controlados por el Estado. En prensa escrita, esto es muy claro: si quiero tener un medio escrito, simplemente lo edito sin pedirle permiso a nadie. Si pensamos en los medios electrónicos, nos percatamos de que esta identificación entre libertad de empresa y libertad de información nos lleva a olvidar que, cuando esto no ocurre en un contexto democrático, pueden producirse distorsiones. El Estado necesariamente interviene en los medios electrónicos porque él es el dueño de un espacio que otorga en concesión. Por eso la Constitución se refiere al deber de los medios de comunicación de colaborar con el Estado en la formación cultural y moral de la nación. Como defensor de la libertad de información, he sentido profunda vergüenza cuando he visto a los empresarios de los medios acudiendo donde Montesinos para vender la libertad de expresión. Hay que estar alertas porque aquí hay un problema: negocio y libertad de información no son lo mismo; ambas dimensiones tienen que interactuar en función de la institucionalidad y la democracia. Considero que esto da pie para una reflexión importante y para una exigencia impostergable: hoy en día, los medios son demasiado poderosos. Se ha propuesto un mecanismo que determine que las licencias de radio y televisión no se entreguen a perpetuidad y establezca la posibilidad de que el acceso a los medios pueda ser objeto de una competencia en la que participen varios postores. El tema por lo menos debería considerarse, sopesando la enorme inversión que implica sostener un medio televisivo y el peligro de que, por su envergadura, ésta solamente sea accesible a empresas extranjeras, lo que me parece más delicado. Además, es indispensable que se busquen mecanismos de participación de la sociedad civil que canalicen el interés del público hacia los medios, como por ejemplo la Veeduría Ciudadana, que confío en que se vaya fortaleciendo.
Por lo menos pedirles que no se vendan al gobierno, ya que la concesión sí fue otorgada por el Estado.
Confieso que los vídeos me han cambiado esquemas con respecto a la libertad de expresión. Mi primera conclusión es que a los medios electrónicos no se les debe aplicar los criterios tradicionales de libertad de prensa y de empresa. Hay muchos peligros que pueden determinar que la libertad de expresión quede capturada con malas artes como en los tiempos de Montesinos. Acabamos de ver el caso de Telefónica y Cable Canal de Noticias, que es una monstruosidad. El Tribunal Constitucional ya ha establecido que, en los valores constitucionales, tiene prioridad el derecho a la información.
¿Cómo interpreta los resultados de la primera vuelta?
No puedo hablar de los resultados sin destacar que las elecciones han sido limpias, han marchado bien, y decir esto en el Perú es realmente satisfactorio. El resultado es la dispersión, la fragmentación en el Congreso. Esto no es necesariamente malo porque ya sabemos cuáles son los efectos de las mayorías sumisas, que no fiscalizan, o lo que pasa cuando, para obtener la mayoría, se compran congresistas. Me parece mucho más sano que, con toda responsabilidad, asumamos que tenemos un Congreso con distintas fuerzas representadas. Ello obliga irremediablemente al consenso, al balance y, si los métodos son democráticos, aprenderemos a ser constructivos en la diversidad. Eso es buena política. Con respecto a los resultados, cómo será el estado de desencanto y desesperación de la ciudadanía que los candidatos que han obtenido la votación más alta son aquellos que más han cuestionado el manejo económico. Particularmente, cómo ha subido Alan García. Esto representa una voz de alarma que no es ajena a los cambios que se están produciendo a escala mundial y a los cuestionamientos a la globalización que se están escuchando en todo el mundo, aunque yo siga creyendo en una economía social de mercado y en la necesidad de que los países pobres como el nuestro saquen provecho de la interacción en la aldea global.
¿Cree que hubo guerra sucia en la campaña de la primera vuelta?
No soy partidario de explicarlo todo a la luz del argumento de la guerra sucia. Si el gobierno usa sus armas ,la Inteligencia, la información de la Sunat, contra uno de los candidatos, me parece reprobable; pero que uno de los candidatos investigue la vida de su contendor, no me parece guerra sucia. Tal vez esto no se produzca en las elecciones para la municipalidad de Mónaco, pero por ejemplo en México ,donde he vivido,, en las últimas elecciones hubo enfrentamientos verbales con ajos y cebollas entre Labastida y Fox. Lo que sí me ha disgustado es que aquí se hayan tocado con mucha superficialidad aspectos lindantes con el racismo, pero no que se investigue la vida de los candidatos, pues creo que, efectivamente, las personas públicas no tienen privacidad. Alguien dijo que lo único que un candidato puede reivindicar como vida privada es el gemido de la alcoba, pero no con quién gime. Claro que es feo que eso haya sido más importante que el programa, que la propuesta. Lo criticable es que nos hayamos detenido mucho en las peleas personales, pero ha sido más bien una campaña en la cual los candidatos han participado de un mercado de ofertas que no sé si vayan a cumplir. Parece que en la segunda vuelta eso ya no va a ser así, una vez superadas las objeciones de carácter ético que Álvaro Vargas Llosa y Jaime Bayly han planteado a la candidatura de Alejandro Toledo. Por lo pronto, creo que nadie va a volver a tocar los temas raciales.
¿Que opina del resultado en sí?
El hecho de que una persona se ampare en la prescripción y quede en segundo puesto sin haber dado siquiera una explicación pública sobre los cargos que se le imputan nos indica que somos un país desmemoriado y desprolijo en valores morales. Pero también somos desagradecidos, porque no recordamos lo que hicieron Toledo y Lourdes Flores ,cuyo papel fue importantísimo aunque tal vez menos vistoso, para contribuir a la caída del régimen anterior ni la contribución de Fernando Olivera, quien hizo detonar la primera carga que permitió la implosión del régimen de Fujimori.
¿Qué opina de la campaña por el voto en blanco?
Los franceses, que inventaron el ballotage o segunda vuelta, dicen que "en la primera vota el corazón; en la segunda, la cabeza". Me parece que la campaña del voto en blanco, que se inició por Internet, corresponde todavía a la primera vuelta. Sin embargo, si alguien con la cabeza fría opta por la exclusión o la protesta a través del voto en blanco o viciado, está ejerciendo un derecho que puede resultar explicable en un contexto como el nuestro en el que, como sabemos, el voto es obligatorio.
¿Cree que éste o el próximo Congreso debe elegir al nuevo defensor del pueblo?
Pienso que la elección del nuevo defensor debe corresponder al próximo Congreso, por una razón principalmente de oportunidad. Se ha querido decir que al actual Congreso le falta legitimidad de origen para ello, lo que no es defendible pues se trata del mismo Congreso que ha ungido a Paniagua presidente y ha iniciado, a través de la Comisión Waisman, el destape de la corrupción. Pero no me parece que, en medio de elecciones presidenciales, se proceda a elegir al segundo defensor. Estoy abiertamente a favor de que esta tarea quede pendiente para después del 28 de julio.
¿Qué opina con relación al comentario de que se extrañó su voz como defensor durante la pasada campaña?
Yo creo que la Defensoría del Pueblo ha estado presente a su medida. Lo que ocurre es que su protagonismo en el proceso de transición es muy diferente. A veces, cuando escucho al ministro García Sayán o al presidente Paniagua, me digo: "Pero si están diciendo lo que decía el defensor".
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