Interesante, Benedicto Jiménez fue trasladado a la sede de la Dirincri tras su detención - 01/07/2014 21:11:30
Abogado de Rodolfo Orellana es acusado de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Fiscalía allanó revista Juez Justo.Ver artículo... Fuente Artículo
Información: Benedicto Jiménez tras detención: "esto es un atropello" - 01/07/2014 11:34:00
" "Esto es un atropello a un medio de comunicación, Juez Justo", fue lo que alcanzó a decir Jiménez antes de ingresar a la Dirincri abordó de un vehículo policial.Ver artículo...
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Que opina? "El Vallecito" bomba de tiempo - 25/06/2014 17:57:52
"Una bomba está a punto de estallar en el distrito de San Antonio. Lo peor de todo es que la mecha está prendida y avanza peligrosamente sin que, al parecer, las autoridades se den cuenta de esta grave situación que pone en riesgo a decenas de familias que estaban ilusionadas con concretar el sueño de la casa propia.De hecho, el pasado 28 de mayo, cientos de pobladores se enfrentaron en la zona conocida como "El Vallecito". Un bando acusa al otro de apropiarse ilícitamente de sus tierras y el otro afirma que la posesión de ese terreno les pertenece.
Lo cierto es que en este entuerto hay estafadores y estafados, y ambos libran una lucha sin cuartel para salir airosos en este conflicto que amenaza con provocar serias consecuencias.
Por puesta de mano. La manzana de la discordia es la zona del anexo 12 , "El Vallecito", ubicado a la altura de la margen izquierda del Km. 24 de la carretera central, en el distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí.
Ese lugar, que originalmente pertenecía a la Comunidad Campesina de Jicamarca, fue sondeada en el 2006 por e l empresario inmobiliario Emiliano Liberato Chamorro.
Antes de que Liberato conversara con la junta directiva de esa comunidad para negociar la compra de esos terrenos, realizó un estudio catastral para verificar si esas tierras ya tenían otros dueños.
Cuando comprobó que no había ninguna irregularidad, se acercó al presidente de ese colectivo, Rómulo Bravo Fuertes, para expresarle su deseo de adquirir esos terrenos.
Después de varias reuniones, Rómulo Bravo, en representación de la comunidad, le concedió al empresario 20 hectáreas. En agosto de 2009, se formalizó esa adjudicación con la constancia de posesión que el presidente de la comunidad le otorgó. (Ver facsímil).
Pese a ya contar con esa constancia, Emiliano Liberat o no había desembolsado ninguna suma de dinero a la comunidad, pues el trato había sido que primero él iba a invertir en preparar esas tierras para su posterior lotización y venta.
Como al parecer el empresario no se decidía a concretar la compra de esas 20 hectáreas (él alega que la razón era que no tenía el suficiente dinero), el 2 de octubre de 2011, la Comunidad Campesina de Jicamarca celebró una asamblea general extraordinaria.
En dicha asamblea, la comunidad decidió por unanimidad, entre otras cosas, aprobar la compra-venta a favor del comunero calificado Froilán Bravo Fuertes de los siguientes sectores:
-Sector Anexo 12 , "El Vallecito" (118 hectáreas) , S e c t o r " E l Álamo" (300 hectáreas) -Sector "La Alborada" (13.705 hectáreas) Al ya s e r de su propiedad todos esos terrenos, Froilán Bravo puso en venta toda esa extensión de tierra.
Uno de los primeros que tocó su puerta fue el empresario Emiliano Liberato Chamorro, quien al final adquirió 67 hectáreas, todas ellas comprendidas en la zona conocida como "El Vallecito".
El monto total de esa operación ascendía a 700 mil soles, con una cuota inicial de 50 mil. Luego de hacer el trabajo pesado (remoción de piedras, allanamiento del terreno, etc.) y gestionar la formalización de los predios que había comprado, Liberato Chamorro empezó a vender los terrenos a mediados de julio de 2013.
Hasta setiembre de ese año, dice el empresario, había vendido lotes a cerca de 150 familias.
Aparecen los invasores. Todo iba viento en popa, hasta que la mañana del sábado 28 de setiembre ocurrió lo que tanto se temía: los traficantes de tierras, siempre ávidos de nuevos botines, hicieron su aparición en "El Vallecito".
Pero, al parecer, antes tuvieron la "colaboración" de la Policía. Alrededor de las seis de la mañana, personal de la DIRINCRI de Huachipa, al mando del mayor PNP David Juárez Zambrano, realizó un operativo en "El Vallecito".
Lo irregular es que, sin la participación de un fiscal (lo que denotaría un abuso de autoridad), los policías arrestaron a decenas de personas que cuidaban y residían en "El Vallecito".
Precisamente, uno de los detenidos por las fuerzas del orden fue Emiliano Liberato. "Era muy temprano cuando de pronto escuché un ruido. Al salir para ver qué sucedía, me percaté que los policías habían enmarrocado a cuatro pobladores.
Le pregunté a uno de los agentes qué era lo que pasaba, pero no me dieron ninguna respuesta. Uno de ellos vino por la espalda y me golpeó, me tiró al suelo, me puso las esposas y me subió a una camioneta", cuenta Liberato Chamorro.
Por cierto, Chamorro ha denunciado a varios de esos agentes, empezando por el mayor Juárez Zambrano, ante la Inspectoría General de la PNP.
Dionisio y su corte. Tanto Froilán Bravo como Emiliano Liberato, sindican a Dionisio Huapaya Jimenes, Carlos García Candiote y Antonio Bisa Quispetera, como los cerebros de esa invasión. El primero de ellos es un viejo conocido de la comunidad.
En e l periodo 1999-2002, Huapaya Jimenes fue presidente de la Comunidad Campesina de Jicamarca. Al parecer, su gestión habría sido poco transparente, pues a l año s i g u i e n t e la comunidad lo expulsó.
"Tengo entendido que lo expulsaron porque empezó a traficar con las tierras de la comunidad", dice Emiliano Liberato. Sin embargo, tres años después, con la complicidad de varios abogados, Dionisio Huapaya volvió a asumir la presidencia de la comunidad para el periodo 2005-2007.
Sin embargo, lo acusan de haberlo logrado de manera fraudulenta. Una vez que empezó su segunda -cuestionada- gestión, Huapaya Jimenes negoció la venta de varias extensiones de tierras de la comunidad.
Cuando el resto de los comuneros tuvieron conocimiento de eso, decidieron interponerle una denuncia.
En mayo de 2010, Dionisio Huapaya fue condenado por el Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima a cuatro años de pena privativa de la libertad, al haber sido hallado culpable de los delitos contra la fe pública (falsedad ideológica) en agravio de la comunidad y del Estado y por falsificación de documentos privados.
"Aparte de esa sentencia, el Juzgado Mixto de Matucana anuló en última instancia su mandato, quedando así nula su inscripción en Registros Públicos.
Además, la Sexta Sala Civil de Lima confirmó esa resolución y anuló todos los actos jurídicos que se habían llevado a cabo durante su mandato, eso incluye las ventas de las tierras que realizó, entre las cuales se cuenta el terreno que me invadieron", explica Emiliano Liberato.
En mayo de 2012, Dionisio Huapaya Jimenes (200 mil acciones) , Carlos García Candiote (75 mil acciones), Lucila Guillén Ramírez (75 mil acciones) y Antonio Bisa Quispetera (150 mil acciones), constituyeron la empresa GRUPO CORPORACIÓN GAVIDIG S.A.C.
No obstante, días después, alegando que existía un error en la denominación, el nombre de la compañía se cambió a GRUPO CORPORACIÓN GADIVIG S.A.C.
El actual gerente de esa empresa es Bisa Quispetera, quien sucedió a Huapaya Jimenes.
Según los denunciantes, esa empresa habría vendido, sin ser la propietaria, terrenos de la comunidad adoso más personas, ocasionando permanentes enfrentamientos entre los pobladores.
Se estima que serían aproximadamente seis mil personas las afectadas por esta estafa.
Organización criminal. En la denuncia que Froilán Bravo interpuso ante la Fiscalía Provincial Especializada en lo Penal contra Carlos García Candiote y Antonio Bisa Quispetera, los califica junto a Dionisio Huapaya como integrantes de una "organización criminal" que, con la ayuda de "prontuariados delincuentes", perpetró la invasión a "El Vallecito".
"Hoy festinan documentos para legitimar su delito", se lee en el escrito al que tuvo acceso JUEZ JUSTO.
En esa misma denuncia, Froilán Bravo y su hermano Rómulo deslizan serias sospechas contra la fiscal Ana María Cubas Longa, titular de la Primera Fiscalía Provincial de Chosica, de respaldar esa usurpación.
"(Los invasores) acudieron ante la Primera Fiscalía de Prevención de Delito de Lima y sorprenden a dicha autoridad aduciendo que nosotros, las víctimas de invasión, somos los usurpadores… cuando es todo lo contrario".
Según los afectados, Huapaya y compañía habrían hecho de las suyas también en otras tierras que le pertenecen a la Comunidad Campesina de Jicamarca. Como en Río Seco (Carabayllo), por ejemplo.
"Ese señor (Huapaya) es un delincuente", afirma Froilán Bravo. Cabe precisar que este semanario se comunicó con Huapaya y Bisa y ambos negaron las imputaciones en su contra.
El señor Antonio Bisa prometió enviarnos información, pero al cierre de esta edición no había llegado.
Amedrentamiento constante. De las 150 familias a las que Emiliano Chamorro logró vender lotes en la zona de "El Vallecito", solo alrededor de 30 siguen allí instalados.
El resto fue vilmente despojado de sus terrenos. En una sincera autocrítica, e l empresario reconoce que s i todos los propietarios de esos lotes hubiesen tomado posesión de sus tierras (entiéndase esto haber ido a vivir o hacer que alguien cercano a ellos habite en ese lugar), nada de esto habría ocurrido.
No hay un día que la treintena de familias que todavía siguen en "El Vallecito", aferrándose con uñas y dientes a su lote de tierra, no sufran presiones y amedrentamientos de todo tipo, dice el empresario Liberato, con tal de que abandonen sus terrenos.
Un caso especialmente dramático es el que vive Rosa Luz (así la llamaremos para proteger su identidad). Tiene tres hijos, de los cuales uno sufre de epilepsia y la menor es autista.
Ella compró cinco lotes de 230 m2 cada uno (pagó en total 15 mil soles). Ella está en "El Vallecito" desde 2010, y cuenta que, el día de la invasión, ella había salido con su menor hija al hospital; solo su esposo se había quedado en casa. Cuando regresó se percató que los invasores no solo habían destrozado lo que había construido, sino que se habían llevado todos los material es que tenía almacenados.
En una de las últimas reuniones que sostuvieron Emiliano Liberato y varios de los propietarios afectados, desarrollada el último lunes 16 de junio, el empresario les pidió un poco más de paciencia, a fin de llevar a cabo las estrategias legales que está desplegando en pos de recuperar las tierras de las que fueron despojados.
En cierto momento de esa reunión, hizo su aparición Froilán Bravo, quien aseguró a los presentes de que el final de este conflicto judicial está muy cercano. "Ya vamos a sacar la orden judicial para expulsar a los invasores", les dijo.
Un pequeño número de los participantes asintió, pero la mayoría parece concebir la idea de tomar una estrategia más directa (y arriesgada): hacer justicia por ellos mismos y recuperar por la fuerza lo que les arrebataron por esa misma vía. Insistimos, "El Vallecito" es una bomba de tiempo y las autoridades parecen no tomar en serio esta delicada situación.
Foto: Difusión.
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