Gestión Pública del Perú y el Mundo: La policía nacional y La inteligencia nacional

La policía nacional y La inteligencia nacional

Que opina usted? Gamarra: Miembros de CIDH no son terroristas ni comunistas - 26/10/2011 15:31:50

" Ideeleradio.- Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son funcionarios y técnicos independientes, y no terroristas ni comunistas, como lo señalan aquellos que no quieren que se investiguen los crímenes de violación a los derechos humanos, señaló el ex procurador adjunto Ronald Gamarra.
Fue al comentar las críticas que recibieron los miembros de la CIDH por parte de militares y políticos, tras la recomendación que hizo para que se procese por el fuero civil a un grupo de comandos que participaron en la operación "Chavín de Huántar", algunos de ellos acusados de la muerte extrajudicial de terroristas del MRTA.
"Hay una distorsión de aquellos que no quieren que se investiguen, juzguen y sancionen los actos de violación de derechos humanos cometidos en el pasado. Parece ser que siempre tenemos que volver a lo mismo y explicar que los miembros de la CIDH no son terroristas, comunistas, sino por el contrario son funcionarios y técnicos independientes", expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Gamarra Herrera explicó el proceso de selección y designación de sus integrantes y detalló que estos son propuestos inicialmente por los propios estados miembros de la OEA, entre ellos el Perú, y que son designados oficialmente en el cargo, luego de un debate interno.
"[Ellos son] nombrados por los estados, ellos son designados en la Asamblea General de Estados Americanos, son propuestos por los estados, entre ellos el Estado peruano. Sus nombres son objeto de algún debate al interior y al final es esta misma Asamblea General la que los designan como miembros de la CIDH", detalló.
"Todos conocemos del gran servicio que le hace el Sistema Interamericano a la protección de derechos humanos, a la estabilidad democrática, a la conformación del propio Estado de derecho y a ratificar por siempre que la defensa de los derechos humanos es básica y fundamental de cualquier sociedad que se exprese como democrática", consideró.
No solo es un tema de Hidetaka Ogura
Señaló que este proceso no solo se abrió en merito a la declaración de Hidetaka Ogura, sino que su testimonio fue corroborado por la versión de dos policías que dan cuenta que a uno de los terroristas del MRTA se le detuvo al exterior de la residencia y fue conducido al interior de este edificio donde apareció muerto.
"No es un tema de un supuesto comunista y antiperuano llamado Hidetaka Ogura [...]. Quiero recordar que hay dos miembros de la Policía Nacional que han señalado que uno de los miembros del MRTA fue detenido vivo, fuera del lugar de la residencia y luego fue introducido nuevamente y apareció muerto", argumentó.
"Solo están procesadas cuatro personas, no están procesados los comandos propiamente dichos, sino aquellos que intervinieron aplicando una política del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y que dieron muerte a dos miembros del MRTA que aparentemente se encontraban ya desarmados y vencidos", apuntó.
CIDH condena el terrorismo
Finalmente, sostuvo que aquellos que atacan la posición de la CIDH con la intención de que no avancen las investigaciones de violación a los derechos humanos, no toman en cuenta que esta institución ha emitido informes en donde condenan el terrorismo de manera contundente.
"Ellos obvian el hecho de las diferentes declaraciones de la CIDH contra el terrorismo, tienen un informe específico de condena al terrorismo, amplio, rotundo a favor de la vida y la democracia. Yo creo que esos son temas que lamentablemente se presentan de manera recurrente, interesada para impedir que avancen algunas investigaciones por violaciones a los derecho humanos", concluyó.
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Interesante, Cambios en alto mando de la Policía Nacional del Perú - 04/08/2011 7:06:19

" Renovación total en el despacho de corpac y en la Policía Nacional. Óscar Valdés Dancuart evalúa la situación de diez generales PNP sometidos a investigación por la Inspectoría General de la Policía Nacional.
Por: Doris Aguirre.
El ministro Óscar Valdés Dancuart aceptó de inmediato la renuncia del responsable de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), general PNP Teddy Bartra Arévalo. El lunes, en una de las primeras acciones adoptadas por el teniente coronel EP (r) Óscar Valdés, solicitó al Alto Mando de la Policía Nacional los legajos personales de los 42 generales en ejercicio para evaluarlos y disponer una reestructuración tanto en su despacho de Corpac como en la institución policial.
La Digimin es uno de los más importantes organismos del Sistema de Inteligencia Nacional y el cargo es de extrema confianza no solo del ministro del Interior, sino también del presidente del Consejo de Ministros y del presidente de la República.
Justamente, entre el martes y el miércoles, Valdés sostuvo reuniones personales con cada uno de los generales de la PNP.
"No es una cacería de brujas", les dijo a los generales: "Lo que trato de hacer es desterrar cualquier forma de corrupción o inconducta porque es inaceptable que las autoridades que aplican orden y seguridad se encuentren involucradas en hechos reñidos con la ley".
Papas calientes en la parrilla
En noviembre de 2010, el entonces ministro del Interior, Miguel Hidalgo Medina, designó al general Teddy Bartra como titular de la Digimin, no obstante que se encontraba sometido a investigación por parte de la Inspectoría General de la Policía Nacional. Cuando Bartra se desempeñaba como jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro), aceptó la inclusión en la revista oficial de la Dirandro de un aviso publicitario de la compañía Comarsa, de propiedad de la familia Sánchez Paredes, que en ese momento era investigada por presunto lavado de activos por la misma dependencia antinarcóticos.
Fuentes de la Inspectoría General de la PNP informaron que se recomendó la sanción al general Bartra por haber aceptado el aviso de los Sánchez Paredes; sin embargo, el Tribunal Administrativo Disciplinario archivó el caso. Bartra ya ocupaba la dirección de la Digimin.
Esta es una de las razones por las que el ministro aceptó la renuncia de Bartra y, sin duda, será un factor determinante para su continuidad en la institución.
Otro caso observado por el titular del despacho de Corpac es el caso del general PNP Bruno Debenedetti Vargas Machuca, actual jefe de la Dirección de Planeamiento y Presupuesto. La Inspectoría le abrió proceso por haber supuestamente dado mal uso a 280 mil soles que le entregó el municipio del Callao en 2008, periodo en que ocupaba la jefatura de la policía chalaca. El organismo disciplinario ha pedido pasar al retiro a Debenedetti. El expediente se encuentra en manos del Tribunal Administrativo Disciplinario. El general se declara inocente.
La misma Inspectoría General de la PNP resolvió que se pase a la situación de disponibilidad por un año al jefe de la Dirección Regional de la PNP de Huánuco, general Adolfo Semino Córdova. La Inspectoría le atribuye haberse presentado en estado de ebriedad en la comisaría de Tingo María, en plena elección municipal, el 3 de octubre de 2010. Semino apeló y logró que el Tribunal Administrativo Disciplinario solamente le aplicara 14 días de rigor. Un castigo inocuo, sin duda.
Otro de los casos bajo la evaluación del ministro lo protagoniza el jefe de la Región Policial de Cajamarca, general Jorge Iparraguirre Mestanza. No solo la Inspectoría General de la PNP lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, sino también el Ministerio Público.
Se suma a este grupo el director de Economía de la PNP, general César Ramos Paz, investigado por su supuesta vinculación con contrabandistas al desempeñarse como jefe policial de Tacna en 2010. Ramos ha sostenido ante la Inspectoría que no es verdad.
También se encuentran sometidos a pesquisas los generales Haroldo Ocampo Ríos (jefe de la policía en Huancayo), Francisco Pasco La Madrid (jefe de la región policial del Callao), Juan Bustamante Escurra (director de la Policía Fiscal), Carlos Vallejo Passano (jefe de la Dirección Territorial de Chiclayo) y Luis Romero Iparraguirre (jefe de la dirección de Logística).
Todos deben responder a graves acusaciones ante la Inspectoría. El ministro Óscar Valdés definirá si se quedan o se van.
Coordinan ampliar el presupuesto
1]La eliminación del sistema de trabajo de la Policía Nacional, conocido como el 1 x 1, será gradual, porque la institución no tiene el presupuesto necesario para compensar los ingresos particulares que los efectivos perciben en sus días de franco. Así lo sostuvo el ministro del Interior, Óscar Valdés Dancuart, tras revelar que por ello está coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la ampliación del presupuesto de su sector para el año 2012.
2]El titular del Interior agregó además que mañana sostendrán una reunión para revisar la propuesta de la pensión renovable. Al ser consultado sobre las primeras medidas de su sector, reveló que el presidente Ollanta Humala Tasso presidirá el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) "para que funcione de manera efectiva".
3]A su salida de Palacio, donde participó de la ceremonia de reconocimiento del mandatario como jefe supremo de las FFAAA y la PNP, Valdés adelantó que ha indicado a los generales de la institución que no debe haber "zonas liberadas" en Lima y que, manteniendo la unidad de la institución, se especializará a los efectivos en investigación, seguridad en penales, seguridad ciudadana, etc. Agregó que se ha dispuesto que quienes hacen labores administrativas salgan a patrullar la calles.
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Noticia, LOS ERRORES Y OMISIONES DEL PLAN DE KEIKO - 30/05/2011 15:14:15

" Hoy, en su columna semanal en Diario 16, Rosa María Palacios indicaba porque esta campaña no tuvo nada de alegría. En el caso de Keiko Fujimori, los motivos eran los siguientes:
¿Dónde están las seguridades que ofrecen los candidatos? Como he dicho antes, las objeciones morales a la candidatura de Fujimori son insalvables. No solo porque representa, como dijo Cotler, lo más repulsivo (desde el latrocinio hasta el asesinato) de la historia peruana, sino que forma parte del mismo proyecto político, que de forma improvisada (lean su Plan si no me creen) busca entregarle la Presidencia a una joven que no ha trabajado nunca fuera del Estado y que no tiene más experiencia política que ser la obediente "hija de". No, no creo en dinastías en una República.
Pues vayamos a uno de los puntos menos tocados en la campaña de la señora Fujimori: el plan de gobierno. Y vaya que en este folleto de pocas páginas hay gruesas omisiones y serios errores. Aquí, un resumen.
LO QUE OMITE EL PLAN
Como lo mencioné en un artículo escrito en primera vuelta sobre planes de gobierno para la revista Ideele, de saque se encuentran dos omisiones: derechos humanos - campo en el que el fujimorismo tiene una seria deuda pendiente y un presente negacionista- y sistema político. Es cierto, algo dijo ayer sobre el tema en el debate, pero nada escrito que permita una verificación sobre la materia. De hecho, aquí pesa más que tenga a personas cuya defensa de ambos temas no es precisamente su característica, como Martha Chávez, Rafael Rey, Víctor Robles Sosa o Jorge Trelles.
Una segunda omisión es en el tema de política exterior. Y la verdad es que me sorprende. Los fujimoristas siempre se preciaron de "haber conseguido la paz con Ecuador" y de la reinserción financiera internacional. Claro, cierto es que conforme se notaba más que su régimen tenía el olor de la corrupción y el autoritarismo terminamos más cerca de satrapías o gobiernos harto cuestionados (como el de Hugo Chávez). Y el hecho aún resulta más curioso cuando el ex canciller Fernando de Trazegnies es uno de los asesores técnicos de Keiko.
Un tercer tema omitido por la señora Fujimori y su equipo es el de las Fuerzas Armadas. Curiosamente, un sector al que siempre han apuntado. El Comercio señaló hace poco más de un mes:
Sin embargo, sorprende que no mencionen en ninguna línea a las Fuerzas Armadas. Nada se dice sobre el sistema de remuneraciones ni qué hacer para recuperar la capacidad operativa que se vio afectada por la "chatarra" comprada durante el régimen fujimorista. Vale recordar que tras la caída de Fujimori esta institución vio cómo casi todos sus altos mandos (incluido un jefe del Ejército) terminaron presos por corrupción en el penal para reos primarios (antes San Jorge).
Consultado sobre la omisión, Rey sostuvo que la ausencia de las FF.AA. sí es un error. Dijo que es deber del Estado proporcionar tanto a las FF.AA. como a la Policía Nacional los medios materiales necesarios, así como remuneraciones y pensiones adecuadas. "También proveerlos del equipamiento que requieren para el cumplimiento de su misión, así como el apoyo y los medios legales", afirmó.
Pero tampoco se dice qué hacer con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), la entidad que reemplazó al desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que en la época fujimorista sirvió como nido de espionaje, soborno, chantaje y otros delitos. Solo en el eje 12 del pilar 3 (página 39) referido a la seguridad ciudadana, se plantea crear un sistema de información cooperativo interinstitucional que genere datos en el ámbito local, regional y nacional para la prevención y control del crimen y la violencia.
Este tema es aún más importante luego de que se pusiera en evidencia que los servicios de inteligencia, en la actualidad, también vienen jugando su partido en esta campaña. Además de casos como Business Track, claro está.
Una cuarta omisión, señalada por Rosa María Palacios en entrevista con José Chlimper (además de recordarle que la segunda gestión del gobierno de Fujimori fue mala en términos económicos), no existe en el plan ni una sola palabra sobre exportaciones y comercio exterior. Y hablamos de los supuestos "defensores del modelo".
LO QUE ES DEFECTUOSO
En temas de justicia, el fujimorismo opta por lo micro. Sus únicas propuestas sobre la materia se encuentran en la creación de juzgados de delitos menores para promover soluciones rápidas a este tipo de conductas. En la misma línea apunta el uso de la conciliación para la resolución de conflictos. A pesar del importante número de abogados de su equipo técnico, Keiko Fujimori no presenta reformas mayores sobre la administración de justicia. Tal vez ello se deba al control del sistema judicial durante el gobierno de su padre.
La propuesta laboral de Fuerza 2011 ha sido atacada desde varios lados. Desde el sector más socialdemócrata, varios profesores de derecho laboral de la PUCP han cuestionado los puntos centrales:
La propaganda electoral de la candidata Fujimori plantea incentivos para el trabajo juvenil (programa Mi Primera Chamba) y la creación de una superintendencia de derechos laborales, estos planteamientos no están considerados en su plan de gobierno. Al contrario, el plan de gobierno de la candidata Keiko Fujimori tiene como eje central en materia laboral "Flexibilizar el Empleo". Dice literalmente "tomaremos medidas inmediatas destinadas a hacer que los costos que las empresas deben pagar al contratar trabajadores se reduzcan considerablemente" ¿A qué costos laborales se refiere? ¿Es necesaria una mayor flexibilización laboral? ¿Qué tipo de empleos plantea para los jóvenes?
Y desde el punto de vista liberal, Hans Rothgiesser indica que:
Quizás su última propuesta fuera de lugar sea la de la creación de una Superintendencia de Derechos Laborales, que la aleja bastante de ser la campeona de la búsqueda de la competitividad. Después de todo, se tiene identificado que el Perú es uno de los países con mayor rigidez laboral, como bien lo repasa este informe de GRADE.
Peor aún, como bien comienza a ser recordado, el programa Pro Joven, bastante parecido a Mi Primera Chamba, existe desde el gobierno de Toledo. Y en lugar de crear nuevos organismos, la señora Fujimori debería potenciar el órgano que ya existe sobre supervisión de cumplimiento de reglas laborales: la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo.
Continuamos con temas económicos. En el caso de los tributos, Ben Solis hizo una comparación de planes y esto fue lo que dijo sobre Fuerza 2011:
Keiko Fujimori (F2011): De acuerdo con su Plan, La tributación debe dejar de ser complicada. Promoveremos mecanismos sencillos de declaración y pago para no ahuyentar a los emprendedores que desean ingresar a la formalización. Dejaremos de emitir normas tributarias sólo para una realidad urbana, será nuestra prioridad reconocer las distintas realidades de nuestro país, incentivando la dación de normas de acuerdo a la ubicación y actividad en las que los contribuyentes se desarrollen. Es interesante eso de adaptar la tributación a los contextos (aunque peligroso, si no se realiza bien). De hecho, es un idea que mencionó Estela en una entrevista por televisión: comprender las transacciones en la costa, sierra y selva; y proponer un sistema tributario que recoja dichas especificidades. No he recortado nada del texto, eso es todo lo que dice el Plan de Fuerza 2011. Sin duda, el más flojo de todos en este aspecto.
Y en temas sociales, se coincide en que el asistencialismo es lo que lo marca. Menciona El Comercio:
El economista Alejandro Indacochea dice que en el plan de Fuerza 2011 se mencionan varios programas sociales, pero no se precisa cómo se van a canalizar y en qué se va a priorizar.
A su turno, Kurt Burneo, economista invitado a apoyar en el plan de gobierno de Gana Perú, hace hincapié en que las propuestas se limitan al aspecto asistencialista, mas no mencionan cómo se hará para darles una capacidad productiva a los sectores más postergados económicamente.
El vocero de Fuerza 2011, José Chlimper, dijo sobre este punto que sí considera necesario promover paralelamente "programas sociales habilitadores de capacidades, como es el caso de Sierra Productiva".
El plan también busca rescatar la experiencia del Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (Foncodes) para la ejecución de proyectos, principalmente en zonas rurales.
Como se recordará, muchos colegios construidos con esos programas presentaron deficiencias durante la década de los noventa. Además, los consultados objetan que el país de los noventa con respecto al de ahora es completamente diferente y se preguntan cuán viable es darle fuerza a un programa centralista, cuando estamos en pleno proceso de descentralización.
Si bien Keiko Fujimori ha dicho recientemente que está de acuerdo con las políticas sociales del ex presidente Lula Da Silva de Brasil, Eduardo Morón asegura que tal estrategia se enfocó en programas eficaces y que priorizaban las necesidades de la población; mientras que el Plan de Fuerza 2011 plantea muchos programas sociales sin darle prioridad a ninguno.
Para cerrar, en materia de seguridad ciudadana - uno de los temas que KF remarca más desde el lema de campaña -, hay severas deficiencias. Gustavo Carrión, ex jefe de la policía, menciona que:
Fuerza 2011.- Propone mano dura contra la delincuencia, la seguridad ciudadana será el eje principal de su gestión, promoverá las brigadas vecinales con el apoyo de las fuerzas armadas, establecerá el trabajo forzado para los reincidentes, en general impulsara penas más severas para los delincuentes.
La propuesta de Keiko Fujimori, si resulta verdaderamente aterradora, además de ser eminentemente punitiva, el fetiche de "mano dura" recogido por ella, nos tiene necesariamente que llevar a decodificar esta mano dura como la vuelta de organizaciones clandestinas al estilo "grupo colina", más aún si propone militarizar la seguridad de la ciudadanía haciendo participar a las Fuerzas Armadas. Claro está, que ya cuenta con el instrumento legal, producido durante la gestión de Rafael Rey en el Ministerio de Defensa, el Decreto Legislativo 1095, que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad ciudadana, ya no sólo durante los regímenes de excepción, también en las épocas de normalidad, lo que evidentemente ubica la propuesta en el plano exclusivamente punitivo. A esta propuesta debe adicionarse la participación en la lista congresal, del personaje a quién muchas voces atribuyen la inspiración del supuesto Escuadrón de la Muerte en Trujillo, hecho que viene siendo investigado en esferas judiciales, pero que en todo caso, constituirían prácticas perversas, delictivas y antidemocráticas. De todas las propuestas, además de no enfrentar estructuralmente el problema de la seguridad, constituye una oferta populista, antitécnica e inviable, aumentada con la intención de recurrir a la inclusión imposible de la pena de muerte en la legislación penal nacional.
Estas son graves deficiencias en el plan fujimorista que, además de los ataques, Ollanta Humala debió aprovechar mejor en el soso debate presidencial de anoche.
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Es Noticia, Cronología de la crisis: De tráfico de armas a vladivideos - 18/05/2011 18:18:16

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Artículo originalmente publicado en DEBATE N°111, setiembre 2000
22 de agosto: El presidente Alberto Fujimori anunció, en conferencia de prensa, el desmantelamiento de una organización que traficaba armas desde Jordania hasta la zona de Colombia en la que las FARC desarrollan sus acciones. El presidente reconoció la labor del asesor presidencial Vladimiro Montesinos y lo felicitó públicamente por ser el artífice de tan importante trabajo para la seguridad de la región.
23 de agosto: El gobierno colombiano precisó que los servicios de inteligencia de su país habían detectado el tráfico de armas desde 1999.
25 de agosto: El gobierno de Jordania se pronunció enérgicamente rechazando las afirmaciones del gobierno peruano en el sentido de que los jordanos vendieron armas a traficantes peruanos. Indicó, además, que la compra de estas armas la realizó el gobierno peruano hace dos años.
26 de agosto: El subsecretario norteamericano para Asuntos Políticos, Tomas Pickering, señaló que los fusiles que el gobierno jordano vendió legítimamente al Perú terminaron inexplicablemente en poder de las FARC, que gracias a ello renovaron su arsenal.
28 de agosto: El Consejo Supremo de Justicia Militar anuló la sentencia de cadena perpetua impuesta a Lori Berenson, integrante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, quien fuera recluida por el delito de traición a la patria. Su caso fue trasladado al fuero civil, donde será juzgada nuevamente. El Departamento de Estado estadounidense calificó la decisión como "un bienvenido primer paso" para una "resolución justa y expeditiva de este problema". El congresista del FIM Ernesto Gamarra afirmó que la decisión probablemente obedecía a una negociación de ambos gobiernos para que no se aplicaran sanciones por la falta de democracia en el Perú.
31 de agosto: Según el presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas, la decisión del fuero militar de permitir un nuevo juicio en el fuero civil a la norteamericana Lori Berenson demostró "la independencia en los poderes del Estado que existe en el Perú". Por otra parte, Salas negó la falta de voluntad del gobierno para avanzar en el diálogo democratizador.
5 de setiembre: El gobierno se comprometió con la OEA a resolver, en un plazo de 15 días, los casos de Baruch Ivcher y del Tribunal Constitucional.
6 de setiembre: El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, afirmó que su gobierno tenía dudas sobre las explicaciones del Perú respecto al tráfico de armas desde Jordania denunciado dos semanas antes por el presidente peruano.
15 de setiembre: El Frente Independiente Moralizador (FIM) presentó un vídeo donde se muestra a Alberto Kouri recibiendo 15,000 dólares de Vladimiro Montesinos. El "pago" se efectuaba a cambio de que el congresista se acoplara a la bancada oficialista. Posteriormente, Kouri afirmó que se trató de un préstamo, dada la confianza que existía entre ambos.
16 de setiembre: La oposición anunció que no participaría en las sesiones del Congreso a menos que se iniciara una exhaustiva investigación sobre el soborno. A las 9:30 de esa noche, el presidente Alberto Fujimori anunció, en un sorpresivo mensaje al país, su intención de convocar a nuevas elecciones en el menor plazo posible y de no participar en dichos comicios. Manifestó, además, que tenía la firme decisión de investigar el soborno que recibió Kouri de manos del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, así como de desactivar el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
18 de setiembre: Luego del anuncio de Fujimori de "desactivar" el SIN y convocar a nuevas elecciones generales, el bloque de oposición acordó no concurrir al Congreso de la República ni al diálogo auspiciado con la OEA hasta que no se capturara a Vladimiro Montesinos. Aunque hasta ese momento su paradero era una incógnita, Federico Salas aseguró que Montesinos se encontraba en Lima. Mientras tanto, la prensa nacional y extranjera lo buscaba infructuosamente. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos y la Comisión de Alto Nivel de la OEA expresaron, en comunicados emitidos el día anterior, su satisfacción por el anuncio de convocatoria a nuevas elecciones; así mismo, pidieron un proceso pacífico y transparente. La presidenta del Congreso de la República, Martha Hildebrandt, convocó a sesión plenaria para el día 20 con el fin de discutir las salidas legales a la coyuntura política y fijar los plazos para la convocatoria a elecciones generales. En cumplimiento de la desactivación anunciada por el presidente, Salas comunicó el retiro del personal y de los equipos del SIN
19 de setiembre: El Ejecutivo propuso al Congreso la reducción de los períodos presidencial y legislativo a un año para permitir así nuevas elecciones. El ministro de Justicia, Alberto Bustamante, dijo que los nuevos comicios generales y la transmisión de mando se llevarían a cabo en marzo y en julio del 2001, respectivamente. La modificación se haría en dos legislaturas consecutivas. El paradero del asesor presidencial Vladimiro Montesinos era aún una incógnita.
21 de setiembre: El Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que se comprometieron a colaborar con el gobierno, desmintieron que se hubieran realizado reuniones de altos mandos militares durante esos días y pidieron a la ciudadanía mantener la calma ante la situación política.
23 de setiembre: El gobierno se comprometió a desactivar el SIN en 15 días pero señaló que los avances de dicho proceso serían sólo de conocimiento de la presidenta de la Comisión de Defensa, Martha Chávez. La prensa informó que Vladimiro Montesinos había salido del país en un avión. Al principio, se especuló que se había dirigido a Marruecos, pero luego se confirmó que su destino había sido Panamá. El gobierno panameño le otorgó asilo territorial a pesar de que, en un primer momento, se negó a aceptar la solicitud verbal que con ese fin le había hecho Federico Salas. Posteriormente, la opinión pública se enteró de que, durante esa tarde, algunos jefes de Estado como Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Fernando de la Rúa (Argentina), Ernesto Zedillo (México), Ricardo Lagos (Chile) y Andrés Pastrana (Colombia), así como el secretario general de la OEA, César Gaviria, buscaron, junto con Mireya Moscoso, presidenta de Panamá, y José Miguel Alemán, canciller de dicho país, lograr una salida "no sangrienta" a la crisis política peruana, ya que, según se supo, Montesinos había amenazado con dar un golpe militar en el Perú si es que no lo dejaban fugar.
25 de setiembre: Se publicó una resolución suprema en la que el gobierno peruano aceptaba la renuncia de Vladimiro Montesinos a su cargo de asesor del SIN y le agradecía por los servicios prestados.
26 de setiembre: La Comisión de Derechos Humanos se retiró de las conversaciones con la OEA en protesta por la actitud de César Gaviria, quien avaló la petición de asilo para Montesinos. Por otra parte, los congresistas Fernán Altuve-Febres, Joaquín Ormeño y Moisés Wolfenson renunciaron a las filas de Perú 2000 argumentando que su decisión estuvo determinada por la presentación del proyecto de reforma constitucional que impide la reelección. Estas renuncias se sumaron a las de Cecilia Martínez del Solar ,quien denunció que tomaba esta decisión en protesta porque a los congresistas del oficialismo se les había pedido apoyar a Alberto Kouri, y de Gregorio Ticona; además, Jorge Pollack había adelantado que también estaba evaluando su retiro de Perú 2000. Con ello, la bancada oficialista se redujo a 59 congresistas.
27 de setiembre: Nina Rodríguez, fiscal provisional de la Décimo Sexta Fiscalía Penal de Lima, decidió archivar la investigación contra Vladimiro Montesinos por el delito de corrupción de funcionarios, debido a que, según ella, no existía responsabilidad alguna por parte del ex asesor pues, en la fecha registrada en el vídeo ,5 de mayo,, Alberto Kouri aún no juraba como congresista. La bancada oficialista acordó separar de la agrupación a Alberto Kouri y presentar una moción de orden del día para sancionarlo con la suspensión de su cargo por 120 días. Alipio Montes de Oca, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), formalizó su renuncia al cargo sin comentar los motivos que tuvo para adoptar dicha decisión. El presidente Alberto Fujimori sostuvo, en Palacio de Gobierno, una reunión con John Hamilton ,embajador de Estados Unidos en el Perú,, Peter Pace ,jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y Gilberto Pérez ,jefe del Grupo Consultivo y de Ayuda de Estados Unidos,.
28 de setiembre: El presidente Alberto Fujimori viajó a Washington para reunirse con el secretario general de la OEA, César Gaviria, informó el secretario permanente de la OEA, Eduardo Latorre. Trascendió que el objetivo del encuentro era conversar sobre el fortalecimiento de la democracia peruana y los avances de la agenda propuesta por la misión de alto nivel Gaviria-Axworthy. El congresista Miguel Mendoza del Solar renunció a la alianza oficialista Perú 2000 y denunció haber recibido presiones para formar una bancada a favor del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Según Mendoza, el objetivo del nuevo "movimiento independiente" era desatar un caos que generara un golpe de Estado en 20 días para permitir el retorno de Montesinos. Adicionalmente a Mendoza, presentaron su renuncia Eduardo Farah y Mario Gonzales Inga, lo que dejó a Perú 2000 con 54 parlamentarios.
29 de setiembre: El oficialismo y la oposición se reencontraron en la sesión plenaria del Congreso de la República, donde 102 parlamentarios aprobaron por unanimidad el proyecto de ley de desactivación del SIN. Asimismo, se decidió sancionar al congresista Alberto Kouri con una suspensión de 120 días sin goce de haber, independientemente de las conclusiones a las que lleguen las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Permanente del Congreso. Dominador Bazán, vicepresidente de Panamá, dio por hecho el asilo a Vladimiro Montesinos asegurando que su gobierno "sintió que era importante" concederlo para fortalecer la democracia en el Perú. Mientras tanto, la emisora radial española Ser informó que el gobierno de José María Aznar estaba mediando para conseguir el asilo político de Montesinos en Marruecos.
11 de octubre: Fue publicada, en el diario oficial El Peruano, la Ley 27351 que ordena se proceda a la desactivación del SIN. Este proceso deberá concluir en 15 días y estará a cargo de una comisión integrada por el presidente del Consejo de Ministros, los ministros de Defensa y del Interior, y un representante de la sociedad civil. La norma fue promulgada por el presidente Alberto Fujimori el pasado 3 de octubre.
12 de octubre: Con 60 votos en contra se descartó la moción de censura de la Mesa Directiva del Congreso presidida por Martha Hildebrandt.
14 de octubre: Eduardo Latorre decidió suspender el diálogo que sostiene con representantes del gobierno y de la oposición debido a que ambas partes incumplieron los acuerdos. La bancada de Perú 2000 decidió prorrogar la legislatura que debía finalizar el 15 de octubre y ello provocó que la oposición no asistiera a la sesión con la OEA. Latorre elevó un informe a César Gaviria y manifestó a la prensa el interés de la OEA porque las conversaciones se reanuden pronto.
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Información: La justicia triunfó - 01/10/2010 11:46:11

"Contundente sentencia a grupo Colina por casos Barrios Altos, Santa y Pedro Yauri condena uso perverso del poder
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresa su satisfacción por el logro que implica la ejemplar sentencia emitida por la Primera Sala Especial que condena a los miembros del grupo Colina por su responsabilidad en el asesinato de 15 personas y otras 4 gravemente heridas en el caso Barrios Altos (1991), por la desaparición de 9 pobladores del valle de Santa en Ancash (1992) y por la desaparición del periodista Pedro Yauri (1992). La sentencia rechaza el uso perverso del poder y ratifica lo establecido en la condena a Alberto Fujimori: los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad.
"Esta sentencia marca un triunfo para la justicia peruana, ya que confirma los hechos probados durante el proceso como la estructura del destacamento Colina, la forma de operar de este grupo, así como su relación con los altos mandos", señaló Gloria Cano, abogada de APRODEH quien patrocina legalmente a los familiares de las víctimas.
El fallo emitido por la Sala, presidida por la jueza Inés Villa Bonilla e integrada por las magistradas Hilda Piedra e Inés Tello, condenó el uso perverso del poder del aparato organizado en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Asimismo, reconoce la existencia del destacamento Colina como un aparato militar dentro de la estructura del ejército y además confirma la relación directa que tenía con el SIN y las órdenes que obedecía directamente de Vladimiro Montesinos Torres ,a quien Fujimori encargó dirigir la lucha contra la subversión desde el SIN,, en coordinación con Julio Salazar Monroe ,en tanto jefe del SIN,, quien daba cuenta de sus actos directamente al condenado por violaciones a los derechos humanos, Alberto Fujimori.
Para Francisco Soberón, director ejecutivo de APRODEH, la sentencia constituye una derrota para quienes han pretendido la impunidad en este y otros casos de violaciones a los derechos humanos como la reciente pretensión del Ejecutivo por promover el DL 1097, que buscaba una amnistía encubierta; y tiempo atrás, la ley de amnistía dada por el gobierno de Fujimori en 1995.
"La decisión de la Sala compensa el esfuerzo de los familiares quienes de manera perseverante han exigido justicia a lo largo de dieciocho años. Por ello, los peruanos y peruanas debemos defender esta sentencia de los ataques de algunos personajes que sólo quieren garantizar la impunidad tal como buscan los sectores aliados a la mafia fujimontesinista, como el vicepresidente Luis Giampietri, Rafael Rey y otros", sostuvo Soberón, quien también resaltó la labor desplegada por organizaciones como la Comisión de Justicia Social de Chimbote, que apoyaron a los familiares de los desaparecidos en Santa; y CODEH-Huacho, que también apoyó a los familiares del periodista Pedro Yauri.
La Sala recoge el clamor de los familiares en cuanto a la obligación que tiene el Estado de ubicar y entregar los restos de los desaparecidos en los casos Santa y Pedro Yauri. En tal sentido, la sentencia dispone continuar la investigación que permita dar con el paradero de los restos. Asimismo, la Sala deja constancia que las víctimas de los hechos investigados no han tenido relación alguna con Sendero Luminoso ni con alguna otra agrupación subversiva.
En materia de reparaciones, la sentencia establece que los casos Santa y Pedro Yauri sean asimilados a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Barrios Altos.
"Sin duda, para los familiares la sentencia es un aliciente. Sin embargo, en los casos Pedro Yauri y Santa, los familiares continuarán en su lucha hasta que aparezcan los cuerpos de sus seres queridos. Esperamos que el fallo sea ratificado por la Corte Suprema ante el recurso de nulidad presentado por los sentenciados", acotó la doctora Cano.
Los casos:
Barrios Altos: La noche del 3 de noviembre de 1991, mientras se realizaba una actividad pro fondos en un solar ubicado en el Jr. Huanta 840, Barrios Altos, alrededor de una decena de sujetos fuertemente armados y con los rostros cubiertos con pasamontañas, irrumpió y disparó indiscriminadamente a los asistentes. Luego huyeron en vehículos con sirenas de tipo policial. Quince personas murieron asesinadas, entre ellas un niño de ocho años de edad y su padre. Otras cuatro quedaron gravemente heridas.
Santa: En la madrugada del 2 de mayo de 1992, miembros de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra del Perú, incursionaron en La Huaca, Javier Heraud y San Carlos, asentamientos humanos de la provincia de Santa (Ancash). Los efectivos, luego de allanar las casas, sacaron a nueve personas a quienes golpearon brutalmente y los obligaron a subir a los vehículos para conducirlos a un lugar hasta ahora desconocido. Antes de retirarse, los secuestradores amenazaron a las familias para que no denunciaran los hechos. Finalmente hicieron pintas senderistas.
Pedro Yauri: Tras ser detenido por un grupo de uniformados, el periodista Pedro Yauri desapareció el 24 de junio de 1992. Semanas antes, desde su espacio radial, había abogado por la libertad de la familia Ventocilla, cuyos miembros habían sido secuestrados por elementos militares en mayo del mismo año.
Las condenas:
25 años: Vladimiro Montesinos, Julio Salazar Monroe, Juan Rivero Lazo, Santiago Martin Rivas y Carlos Pichilingüe.
20 años: Ángel Pino, Wilmer Yarlequé, Jesús Sosa Saavedra.
15 años: Alberto Pinto Cárdenas, Federico Navarro, Fernando Lecca Esquén, Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, Gabriel Vera Navarrete, José Alarcón Gonzáles, Douglas Arteaga, César Alvarado Salinas.
Ver: ?Colina, aparato de poder y condenas

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