Gestión Pública del Perú y el Mundo: LA CRISIS EN EL MINISTERIO PUBLICO y CONCENTRACION DE MIEDOS

Que opina? LA CRISIS EN EL MINISTERIO PUBLICO - 25/01/2014 10:42:38

" Varios signos registrados por la prensa en los últimos días nos dan cuenta de una severa crisis en el Ministerio Público, una institución que, por su contribución a la investigación de los delitos, debería ser más observada por la prensa, la academia y el público en general.
Durante las últimas dos semanas, hemos presenciado las disputas entre los fiscales supremos para ver quien podría ser elegido como Fiscal de la Nación. Dichas pugnas no se basaban en los méritos de cada uno de los postulantes al más alto cargo del Ministerio Público, sino en ver quien estaba más o menos ligado a un partido político en particular, sea directa o indirectamente.
Peor aún, como ha registrado Ricardo Uceda en la última semana, algunos nombramientos ejercidos por el Consejo Nacional de la Magistratura parecen haber estado condicionados a la correlación de fuerzas dentro del MP, antes que en un real análisis sobre las condiciones profesionales y calidades éticas y personales de los postulantes a tan altos cargos.
Otro ámbito de preocupación se registra en el terreno de la lucha contra la corrupción. Las recientes resoluciones de la Fiscalía de la Nación que liberan de responsabilidad en enriquecimiento ilícito a Alan García y Alejandro Toledo han sido cuestionadas por la Procuraduria Anticorrupción tanto por la calidad de los peritajes realizados como, en el caso de García, por la cercanía de los peritos a su partido. Lo mismo ha ocurrido con otros exfuncionarios públicos. A ello se suma la rotación de fiscales anticorrupción abocados a casos importantes.
Lo mismo podríamos decir con el control interno alrededor del Ministerio Público. El gerente general de la institución se encuentra involucrado en un caso de sobornos en licitaciones, sin que al señor José Pelaéz Bardales se le mueva un solo dedo para pedir una explicación a su funcionario de confianza al respecto. Por el contrario, el fiscal que investigaba el caso fue removido.
Finalmente, el caso de las esterilizaciones forzadas, archivado para la mayor parte de altos funcionarios públicos involucrados, vuelve a enfrentarnos a los severos problemas que tiene el MP para investigar graves violaciones a los derechos humanos. Como señala hoy Diario 16, el fiscal no analizó la mayor parte de los casos y resolvió la investigación con una celeridad que un caso tan complejo no merecía. Para complicar más la situación, el señor Marco Guzmán Baca es miembro del partido de gobierno, cuestión prohibida por la Constitución.
Cuando los analistas políticos han visto la crisis en el sistema de justicia, se han concentrado en el Poder Judicial. Es hora que comencemos a ver más hacia el Ministerio Público, una institución en la que los juegos de poder, la politización y la poca pericia jurídica parecen haberse mezclado en un cóctel a favor de la impunidad y en contra de la justicia en el Perú.
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Interesante, CONCENTRACION DE MIEDOS - 03/01/2014 11:10:09

" ¿Hay una amenaza a la libertad de expresión con las declaraciones de Ollanta Humala? No, por ahora (parafraseando al Presidente de la República). Pero sí es cierto que la ambigüedad de las mismas abona poco al debate. Como mencionó claramente el comunicado del IPYS:
El presidente Humala no señaló, durante la entrevista, si su gobierno promoverá la modificación del marco legal que avaló dicha compra, por lo que el IPYS cree conveniente una precisión sobre el alcance y la implicancia de sus declaraciones.
En este contexto, el IPYS considera que el gobierno debe mantenerse al margen de la controversia suscitada por la compra de Epensa por parte de El Comercio.
Esa ambigüedad, por cierto, no se despejó con el misilazo con el que Humala se despachó ayer.
¿Por qué coincidimos con esta parte del comunicado del IPYS? Primero, porque es conocida la vocación de nuestros políticos por tener "buena prensa" (y aquí, hay que decirlo, ninguno se salva, volveré a este punto más adelante). Segundo, porque, al igual que IPYS, consideramos que la vía judicial es la mejor para poder resolver esta controversia. Y tercero, porque Ollanta Humala comete un error de campeonato al volver a activar uno de los fantasmas que se le achacaban, sobre un posible autoritarismo. Más aún cuando el Presidente de la República tiene esta lógica "amigo - enemigo" cuando se trata de juego político. La torpeza presidencial es el mayor combustible para sus detractores.
¿Hay una potencial amenaza a la libertad de expresión en la compra de Epensa por parte del grupo El Comercio? Esto es lo que el Poder Judicial - y, probablemente, el Tribunal Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - deberá dilucidar.
He leido la demanda de amparo presentada por 8 periodistas respecto a este tema y, hay que decirlo, existen argumentos de peso en la misma. Todos dirigidos a demostrar que se vulnera el artículo 61° de la Constitución respecto al acaparamiento. Se presentan informes elaborados por economistas de la Universidad del Pacífico en torno a la publicidad y comercialización de diarios, así como la unidad intrínseca de Epensa y EC, a partir de datos sensatos y que requieren un análisis exhaustivo.
Y, hay que decirlo, es una lástima que El Comercio haya preferido defenderse a punta de periodicazos, aprovechando los dislates presidenciales y teniendo como aliados a los políticos a los que trata bien en sus páginas (como el fujimorismo que se compró la mayoría de medios o el aprismo que cerró radio La Voz de Bagua), en lugar de contestar, una a una, las afirmaciones presentadas en la demanda. Teniendo abogados en su plana periodística - y editorial -, resulta lamentable que ninguno de ellos conteste a estos argumentos presentados. Porque la demanda no habla de control de contenidos, sino sobre acaparamiento.
¿El Comercio ha tenido un comportamiento errático frente a este tema? Con excepción de la exposición de Alejandro Miró Quesada ante la Sociedad Interamericana de Prensa, creemos que sí. De un lado, porque se negó a debatir por varias semanas durante este tema, con excepción de un editorial en el que negaba la existencia del problema y solo mencionaba que "el mercado" solucionaría cualquier posible contingencia. Claro está, olvidaba algunos problemas de ese mercado, que no es infinito.
Pero, de otro lado, porque su propio comportamiento periodístico ha sido érratico en los últimos años. Comenzó en 2008, cuando, luego de la salida de Alejo Miró Quesada y Augusto Álvarez Rodrich, EC volvió a la normalidad. Como indicaba Roberto Bustamante:
El diario Perú.21, creo, cumplió un fin bastante definido a inicios de la década, en los primeros años del gobierno de Toledo (con los recuerdos de del gobierno de Fujimori y de la fallida transición con Paniagua). Digamos que el equilibrio de fuerzas conservadoras (que sostuvo al fujimorismo) se ha recompuesto y ya no es necesario una línea editorial como la que mantenía AAR. Sale. Aunque causó harta sorpresa, no deberíamos asombrarnos. El Comercio (y sus distintos productos) ha tenido una línea conservadora histórica y más bien, lo de Perú.21 fue una suerte de intermezzo, una corta desviación de su tradición periodística.
Ello se acentuó durante la campaña electoral de 2011, cuando no querían que sus periodistas "humanicen" a Ollanta Humala. Y Rosa María Palacios les recordaba, mediante cartas, que estaban jugando con fuego. Aquí algunos párrafos de una de estas misivas:
La única defensa posible ante esta amenaza a la propiedad es la de garantizar la independencia editorial de cada medio. Solo así queda perfectamente a salvo el derecho del público a gozar de la pluralidad informativa, derecho esencial en la defensa de la libertad de expresión.
(…)
Sin embargo, si Laura Puertas es expulsada de la Dirección de América por razones políticas y debido al voto de los Directores de El Comercio, quedará claro que tal independencia se ha perdido y que pasamos a un régimen de uniformidad de contenidos que hace lógica la acusación del Plan de Gobierno de Gana Perú y justificable ante la opinión pública la necesidad de dividir la propiedad de conglomerados mediáticos. Como ustedes comprenderán, estos hechos ya son casi de dominio público.
(…)
Yo no puedo, ni quiero, adivinar qué es lo que le gusta o no le gusta al Directorio de El Comercio. Eso solo promueve la autocensura, que es el mayor de los males en el periodismo del día a día. No sé cuáles son sus gustos políticos ni me interesa saberlos. Lo que criticamos, a todos los políticos, es el ataque a principios claramente establecidos en la línea editorial: La defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión y la defensa de la calidad de vida. Todo eso está ya escrito en los Principios Rectores y a ellos, y solo a ellos, debo sujetarme.
Al no explicar nunca estos cambios, un sector del público fue perdiendo confianza y agarrando antipatías al grupo EC. Y creo yo que en la calle Miró Quesada no se han dado cuenta sobre esta pérdida de confianza. Claro está, esto no se soluciona ni con una demanda ni, menos aún, con una ley. Pero quizás esta coyuntura sea la precisa para que en EC se planteen, por fin, si es que su conservadurismo no resulta siendo anacrónico para estos tiempos. Y, claro está, eso también ha condicionado su manejo periodístico en este tema, a mi modo de ver, en forma equivocada. Como los vetos a quienes no les agradan o discrepan de ellos, por solo mencionar uno de estas prácticas erradas.
¿Qué temas están fuera de la discusión y deberían estarlo? Para comenzar, la visión que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que es reseñada por Ricardo Uceda:
Pero el foco de estas preocupaciones son millones de personas que según la CIDH no tienen su libertad de expresión asegurada: jefas de familia en extrema pobreza, grupos marginales afrodescendientes, indígenas, poblaciones rurales. Sus voces e intereses no estarían reflejados por los medios, orientados fuertemente a su mercado urbano y ahora mismo al entretenimiento. Ante lo cual, la Agenda Hemisférica plantea que los Estados impidan la concentración de medios y democraticen la asignación del espacio radioeléctrico y del dividendo digital. Les pide promover radios comunitarias y que los medios estatales sean realmente públicos y no estén al servicio del Gobierno.
No hay que perder de vista que las preocupaciones anteriores apuntan principalmente a la concentración de medios que usan el mercado radioeléctrico. No a la de los impresos. Por otra parte, se hacen en nombre de los mayores afectados: los excluidos. En conclusión, todo intento por cuestionar a la concentración de medios desde estándares democráticos debe hacerse desde la afectación de la diversidad y pluralidad informativas.
Ojo que este es el primer caso en el que se plantea el tema en torno, básicamente, a prensa escrita. De allí que el caso peruano, de llegar a instancias supranacionales, pueda ser emblemático.
En segundo lugar, la legislación vinculada a fusiones y adquisiciones, en medio de un debate más amplio sobre la competencia en el Perú, como también reseña Uceda:
Es posible que se reabra la discusión sobre el sistema de controles antimonopólicos. El Perú es uno de los pocos países donde no hay controles previos. Hasta el momento no han tenido éxito los intentos de plantear un debate en el Congreso sobre los vacíos legales existentes. La compra de EPENSA podría animar una nueva discusión. En ella se enfrentarán nuevamente tendencias de política económica, sacando unos como mal ejemplo lo que está pasando con los medios, y otros como bueno el que la compra de Inca Kola por Coca-Cola no haya impedido el surgimiento ganador de Kola Real.
Lamentablemente, las anteojeras ideológicas impiden una discusión mayor en torno a este sentido, sea porque hay quienes consideran que "nada del modelo puede tocarse" o porque "todo debe cambiarse". Ya va siendo hora que debatamos estos temas, así como la posibilidad de propiedad cruzada en medios de comunicación.
Finalmente, el problema que para mi es clave: las barreras de acceso al mercado de prensa escrita. Los canillitas cobran 5% más a los medios nuevos, a quienes no les miden lectoría en el primer año y, además, no tienen acceso a puntos de venta en grifos y supermercados. ¿De esto dicen algo El Comercio, La República y Epensa?
(Foto: La República)
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Que opina? INVITACIÓN: Redibujando la historia - 29/08/2013 16:00:59

"REDIBUJANDO LA HISTORIA
Colectivo AMBRE presenta la muestra en Centro Cultural Bellas Artes
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos los invita a la muestra armada por el Colectivo AMBRE en e Centro Cultural Bellas Artes, desdee el 27 de agosto último hasta el 15 de septiembre. El proyecto consiste en la elaboración de una propuesta interactiva entre el público asistente y las imágenes planteadas por los artistas. Estas imágenes relatarán a manera de collage, diversos sucesos referentes a los procesos políticos y sociales ocurridos en nuestro país en los últimos veinte años.
El público podrá de esta manera redibujar, escribir opiniones, reinterpretar y apoderarse de un segmento de nuestra historia, historia que aún se escribe, ya que en este acto simbólico las personas pueden enlazar cada hecho y entender que la construcción de la historia reciente del Perú responde a sucesos que han buscado garantizar la continuidad de un sistema.
El proyecto se desarrollará a partir del 27 de agosto del 2013, continuando con los eventos de memoria planteados durante este mes, contribuyendo con fortalecer y ampliar la difusión de los mismos desde una plataforma oficial como es la Galería de la Escuela de Bellas Artes del Perú, ubicada en el Jirón Huallaga 402 , 426, Cercado de Lima.
INVITACIÓN.

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Que opina? HUMALA, EMPRESAS Y LIBERTARIOS: OCHO CONCLUSIONES - 23/05/2013 9:21:26

" Luego de las movidas en torno al caso Repsol y a una controvertida norma sobre la regulación de la publicidad de la comida chatarra, dos artículos complementarios ponen una visión más reflexiva sobre lo ocurrido. Ricardo Uceda y David Rivera han contado en Poder buena parte del detrás de cámaras de la frustrada compra de los activos de la empresa española y Juan Carlos Tafur editorializó en Velaverde sobre la histeria generada a partir de una norma, cuya oposición se convirtió en una bandera libertaria. A partir de lo que ambos señalan, sostengo las siguientes ocho afirmaciones.
1. Existe desconfianza mutua entre Humala y los empresarios: Si bien parecía que la relación se había calmado luego de la elección de 2011 y las designaciones de Luis Miguel Castilla (MEF) y Julio Velarde (BCR), lo cierto es que ninguno terminó de confiar en el otro. Razones existen desde ambas partes de la mesa. De un lado, buena parte de los ejecutivos peruanos han pasado en diversas etapas de su vida por los malas experiencias estatistas de Juan Velasco Alvarado y Alan García, lo que les ha generado reflejos bastante fuertes contra cualquier cosa que les sepa a aumentar el rol del Estado en algunas tareas. De otro lado, Humala recuerda bien que los empresarios le hacían spots como este (tanto para el público en general como a sus empleados) en plena campaña electoral:
Luego del caso Repsol, la relación anda aún peor. Como señalan Uceda y Rivera, la relación amistosa entre Alfonso García Miró, presidente de CONFIEP, y Nadine Heredia se ha quebrado. Y, de otro lado, el gran problema de la relación no está en que los empresarios crean que Humala es un chavista (aunque algunos sí lo creen), sino en que se llama "eliminación de trabas para la inversión", cuestión en la que, desde las salas del Club Empresarial, ven al gobierno arrastrando los pies.
2. Existe un sector de liberales (y, sobre todo, libertarios) que cree que pechar a Humala es la mejor forma de controlarlo: Tafur lo coloca en estos términos:
Y no me vengan con que se trata de gritar fuerte a pesar de ser conscientes de que es por un asunto menudo, porque es de naturaleza ejemplar y sirve para hacer sentir que los ciudadanos peruanos no tolerarán que el Estado recupere protagonismo. Lo creeríamos si el tenor fuese el mismo frente a todo afán colectivista.
De hecho, cuando le pregunté en estas semanas a algunas personas partidarias de este tipo de gritería porque lo hacían, el reflejo fue: "si queremos negociar con Humala, lo mejor es maximizar demandas, para luego rebajarlas". Curioso, es el mismo método del sindicalismo peruano al que han criticado por años.
3. Sin embargo, hay mejores formas de negociar con Humala y se ha demostrado: Además del gravamen minero, Uceda y Rivera relatan un ejemplo claro sobre cómo hacerle entender a Humala que debe retroceder: el tan mentado caso Repsol. Fue Castilla quien terminó de convencer al presidente de la República, con cifras y números, que la idea de la compra de La Pampilla era un pésimo negocio. No fue necesaria una renuncia, ni una mentada de madre. Claro está, muchos sabemos que el ministro de Economía se va, a más tardar a fin de año, por razones familiares. A pesar de esta última observación, Castilla indica que el camino, antes que por la gritería, pasa por los argumentos.
4. Cuidado con el "liberalismo de manual": Así como se ha criticado, con justa razón, al "marxismo de manual" de los años setenta, en el que se exacerbó el dogmatismo de izquierda, la comisaría de la ortodoxia zurda y algunos otros defectos que, lamentablemente, aún se mantienen en parte de ese sector político hasta el día de hoy, el liberalismo se corre el riesgo de caer exactamente en lo mismo.
Básicamente, con una herramienta: el análisis económico del derecho (law and economics), que puede ser útil para la disección de problemas jurídicos, pero que ha sido elevada a categoría de catecismo por varios de sus seguidores criollos. Vistos los problemas nacionales a través de este prismático, no se toma en cuenta que el modelo teórico no puede traspasarse por entero a la realidad y, como bien ha indicado JCT, se puede caer en inconsistencias como olvidar el otro lado del liberalismo: las libertades políticas, civiles y sociales. De eso, lamentablemente, pocos hablan. Una saludable excepción ha sido el artículo de Enrique Pasquel, publicado hoy en El Comercio, en contra de la discriminación de personas homosexuales.
5. Humala tiene algunas ideas fijas, pero no sabe como llevarlas a cabo: Son dos las que identifica la dupla Uceda - Rivera: inversión privada, sobre todo, minera, para impulsar la economía, pero acompañada del desarrollo de Petroperú. Ello explica porque Castilla "cede" ante Humala en este último punto.
El problema es que, en ambos casos, no ha tenido el manejo político adecuado para llevar a cabo sus planes. De un lado, Conga fue convertido - innecesariamente - en el proyecto que debía constituir la "prueba de amor" de Humala al sector minero, olvidando que pertenecía a la empresa que, luego de Doe Run, acumulaba la peor relación con su entorno social. De otro lado, entre el poco respaldo de Jorge Merino y las limitaciones de Humberto Campodónico, nunca se pudo generar las condiciones para que Petroperú tuviera las mejorías en gobierno corporativo que tenían pares suyos como Petrobras y Ecopetrol.
6. Para Humala, pesan más los ministros que lo convencen de su liderazgo político en determinada materia: Por eso se compra algunos pleitos y evita otros. Merino es capaz de convencerlo de comprar Repsol, Triveño de la regulación pesquera o Trivelli de los programas sociales.
Caso claro de falta de peso político: la consulta previa. En una conversación que tuve con un analista cercano a estos temas hace algunas semanas, concluíamos que la principal falla en este tema venía de confinar la dirección de este mecanismo al Ministerio de Cultura, creado como un Frankenstein y donde el ministro siempre ha provenido del área de las artes, sin mucha conexión clara con el área de interculturalidad. El poco respaldo político que Luis Peirano le ha dado a este tema no solo ha llevado a la salida del viceministro Iván Lanegra, sino que también ha llevado al limbo a este mecanismo importante para el país.
7. El país no es ni estatista ni libertario: Insisto en un punto que se ha vuelto a comprobar con la última encuesta de Ipsos Apoyo, publicada el domingo: si bien buena parte de los peruanos no está cercano al estatismo más radical, tampoco se ha comprado del todo los lineamientos del libre mercado. A buena parte de los peruanos no les gusta Nicolás Maduro, pero tampoco dudaría en pedir al Estado algún tipo de mecanismo para que los precios de los servicios básicos bajen. Este es un dato que deberíamos tener en cuenta en el análisis.
8. Humala no es Alan, ni debe serlo: Aunque a veces pareciera, porque su conservadurismo moral lo lleva a tomar decisiones desacertadas, como excluir los derechos LGTB del Plan Nacional de Derechos Humanos. Pero, volviendo al inicio, no estamos ante el mejor amigo de los empresarios, ni ante alguien que va a sus casas a comer o tomarse un trago, como lo hacía su antecesor. Y no debe ser un presidente que no haga cambio alguno. Su problema está en el cómo. Y para ello, las respuestas con ánimo de barra brava no servirán de mucho.
P.S.: Un punto adicional que me han hecho notar varios en estos días. Durante las últimas semanas, estas discusiones, que se generan en las redes sociales, han pasado casi a un tono de "guerra fría" entre los libertarios y sus críticos de izquierda. Antes que rebatir argumentos, se ha pasado a atacar características personales o enfatizar estereotipos de ambos lados, sin posibilidad alguna de diálogo. Básicamente, lo que ambos bandos buscan es desprestigiar al contrincante, antes que rebatir estos argumentos. Si ello se produce entre personas que tienen la aspiración de formar opinión, ¿cómo exigir lo mismo a nuestros políticos? Lo dejo a la reflexión del lector.
MAS SOBRE EL TEMA:
Martín Tanaka: Percepciones y "realidades"
Gonzalo Zegarra: Ni aprende, ni mejora
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Que opina usted? Congreso podría aprobar figura de "negacionismo" que atenta contra la Libertad de Expresión - 10/04/2013 11:26:46

"El Dictamen de Ley N° 1464 que aprueba penalizar el "negacionismo" de los delitos de terrorismo, se debatirá este jueves 11 de abril en el Pleno del Congreso. Ante esta situación, el Instituto de Defensa Legal (IDL) alerta a la opinión pública sobre la inconstitucional afectación que genera esta figura al derecho a la libertad de expresión en nuestro país, pues lo restringe de manera excesiva y desproporcionada.
Si bien la fórmula jurídica inicialmente presentada por el Poder Ejecutivo (ver proyecto inicial) ha sido modificada por las Comisiones de Constitución y Justicia y Derechos Humanos del Parlamento, ésta sigue restringiendo indebidamente derechos fundamentales. Asimismo, la poca claridad de la redacción podría llevar a dificultades interpretativas para los jueces, fiscales y operadores de jurídicos que, ante un caso de este tipo, podrían llevar a la cárcel a una persona hasta por doce años sólo por manifestar sus opiniones.
Cabe señalar que la propuesta pretende incorporar el artículo 316-A al Código Penal, que sancionaría con pena de entre seis y doce años, al que públicamente niegue cualquiera de los delitos de terrorismo "establecidos en sentencia judicial firme, con la finalidad de promover la comisión de los delitos de terrorismo o apología del terrorismo o sirva como medio para adoctrinar para fines terroristas". Y, además, "Si la negación se realiza a través de medios de comunicación social o mediante el uso de tecnologías de la información y comunicaciones, la pena será no menor de ocho ni mayor de quince años…".
En ese sentido, con la aprobación de esta norma se podría sancionar a una persona, un profesor, un investigador, que critica una sentencia alegando que condenó a inocentes. La condición que deben tener como finalidad "promover" futuros delitos de terrorismo o la figura de "adoctrinar para fines terrorista" que se establece son términos tan vagos que ocasionaría, dependiendo del operador jurídico que interprete la ley, que nadie sea sancionado o que todo aquel que critica fallos judiciales en materia de terrorismo sea condenado.
Asimismo, la propuesta ha recibido críticas del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) así como de otras organizaciones como Human Rights Watch, que han mostrado su desacuerdo por el riesgo que implicaría para el ejercicio de la libertad de expresión en el país y el peligro que supondría también para la prensa el difundir entrevistas de miembros de organizaciones terroristas.
Si bien es un deber del Estado luchar contra el regreso del terrorismo, también la libertad de expresión, la libre circulación de ideas, por más diversas y cuestionables que parezcan, constituyen un pilar esencial para la vida democrática de un país. Debido a este antagonismo, su limitación debe darse en supuestos excepcionales. Tanto los tratados internacionales y la legislación interna y comparada señala sólo unos supuestos específicos en que se debe limitar la libertad de expresión.
Así, señalan que los Estados deben abstenerse de promulgar leyes que penalicen ideas en relación a acciones terroristas, e instan a los países a aplicar un test de balance para determinar la proporcionalidad de la sanción en comparación con el daño que se procura evitar. Así señalan que se debe tener en cuenta: (i) los peligros que plantean las expresiones en el contexto de la situación (guerra, combate al terrorismo, etc.); (ii) los cargos de las personas que formulan las expresiones (militares, personal de inteligencia, funcionarios, ciudadanos particulares, etc.) y (iii) el nivel de influencia que puedan tener en la sociedad; la gravedad de la sanción en relación con el tipo de daño causado o que podría ser causado, la utilidad de la información para el público y el tipo de medio de difusión utilizado, e indican, enfáticamente, que un periodista u otro tercero que meramente transmite declaraciones de otra parte no debería estar sujeto a sanciones excepto en circunstancias muy restringidas (1).
Por ello, la Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, señaló que lamentablemente "el proyecto de Ley va más allá" que "sancionar las expresiones referentes al terrorismo". (Ver audiencia).
Cabe resaltar que en el Perú ya existen estos tipos penales tipificados en nuestra legislación. El Código Penal, en su artículo 316 (segundo párrafo), plantea la figura de apología al terrorismo, que tiene como finalidad proteger la tranquilidad pública y paz social, bienes jurídicos mencionados varias veces en el proyecto y en el Dictamen que entrará a debate.
Por otro lado, resulta desmedido pensar equiparar la figura jurídica del "negacionismo", pensada en la legislación comparada (Francia y Alemania) para quienes nieguen el holocausto nazi o genocidios, con aquellos que puedan criticar una sentencia o la existencia de algunos delitos como lo establecería el referido artículo.
Por lo señalado, el IDL cree que la figura del negacionismo, además de ser peligrosa, es innecesaria en la lucha que el estado pretende emprender contra grupos como el MOVADEF, que es la principal razón por la cual fue presentada. Más allá de las razones jurídicas que invalidan esta propuesta, la principal es la de fondo: ¿ayudarán estas normas a que desaparezcan grupos como el MOVADEF?, la respuesta es negativa. Lo que ocurría sería convertir en victimas a sus integrantes.
A su vez, el IDL exhorta al Congreso a que no apruebe este proyecto que supondría un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, especialmente del derecho a la libertad de expresión.
Instituto de Defensa Legal
Notas
Ver: Comisión Interamericana, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos: OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr.22 octubre 2002

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Que opina usted? El APRA y la aberración alanista.- La degeneración populista que convirtió al Partido del Pueblo en cueva de ladrones.- A los apristas sólo les queda expulsar del templo del PAP a García Pérez, del Castillo y a los secuaces de ambos - 03/03/2013 0:30:07

"Escribe: César Vásquez Bazán
El ejemplo del finado Fernando Belaúnde Terry, triunfador de dos procesos electorales, señaló el camino político de traición que eligió García Pérez.
El Judas Iscariote del aprismo repitió lo que hizo Belaúnde para acceder al poder y permanecer en él. El cilíndrico y malamente enriquecido mandatario participa del mismo estilo de manejo personal y administración de imagen del malogrado político de la lampa, como puede usted apreciar en el material que presentamos.
En el vídeo, García expresa con claridad que él no es "de izquierda ni de derecha". Se declara implícito simpatizante del belaundismo del cual adopta abiertamente el lema "Adelante". Es decir, estamos frente a un elemento que definitivamente no es aprista, partido que se define en el campo de la izquierda democrática. El Alan García del siglo XXI no obedece a ideales de justicia social, ni a principios de transformación. No pierde tiempo en cojudeces. Se guía por su principal valor, esto es la búsqueda de la riqueza y la satisfacción personal. Para ello necesita acceso al poder político de la nación. Se ha rodeado de una banda de pícaros cuyos miembros se han enriquecido gracias a los votos apristas. Todos ellos comparten el modus operandi del compadre de Rómulo León Alegría, entre los que aparece en primera fila el tío George del Castillo.
Los apristas de hoy tenemos el reto de expulsar del templo del PAP a mercaderes de la política como García Pérez, del Castillo y a los secuaces de ambos, que han convertido al Partido de Haya de la Torre en vulgar cueva de ladrones.
* * *
A mediados de 1987, algunas semanas antes del intento de nacionalización de la banca, publiqué un libro titulado La propuesta olvidada. Mi intención fue mostrar la lejanía existente entre la acción del régimen presidido por Alan García y la ideología y plataforma programáticas del Partido Aprista Peruano. El quinto capítulo de ese libro lleva como título Aprismo y gobierno y se dedicó al análisis del experimento político alanista al que consideré una estéril variante del populismo latinoamericano. En particular, señalé que antes que discípulo de Haya de la Torre, García más bien daba señales claras de practicar un neobelaundismo populista, aderezado con unas pizcas de leguiísmo modernizado.
En La propuesta olvidada ubique la génesis mediata del alanismo en el ajuste táctico para la toma del poder promovido por la dirección aprista a mediados de los años cincuenta y el origen inmediato en la difícil coyuntura partidaria producida tras la muerte de Haya de la Torre. Expliqué los antecedentes históricos y métodos del alanismo, la apariencia y la realidad de su caudillo y la conducta que seguía frente a los grupos de poder económico, las fuerzas armadas, la Iglesia y los trabajadores.
El texto de dicho capítulo es el que presentó a continuación a la consideración de los lectores. Permitirá que cada quien compare al García de hoy con el Alan de ayer. Si se efectúa esa comparación a la luz de los objetivos, métodos y comportamiento de AGP, se encontrará que Alan sigue siendo el mismo político neobelaundista que presidió el país entre 1985 y 1990.
LA PROPUESTA OLVIDADA
Capítulo V
Aprismo y gobierno
"Yo no quiero dinero ni puestos;
quiero justicia para el pueblo peruano"
(PCPA, 481).
El presente capítulo intenta una interpretación de la realidad aprista y del carácter del gobierno del presidente García hacia mediados de 1987. Básicamente, estas líneas pretenden demostrar que el aprismo "como doctrina, como programa y como línea directriz", tal cual diría Haya, no se encuentra en el poder. Por el contrario, el régimen constitucional 1985-1990 acusa una fuerte orienta
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