Que opina usted? Las contradicciones del fiscal Vizcarra - 04/03/2014 17:40:57
"El Fiscal Fredy Vizcarra Villegas, titular de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Tributarios, se encuentra inmerso en un mar de temores, dudas e incoherencias.Busca sí o sí construir un crimen porque si no lo hace, un influyente congresista se pondrá de mal humor.
En la fiscalía que preside el magistrado Fredy Eloy Vizcarra Villegas se viene investigando una denuncia por presunto delito de defraudación tributaria vinculado con lavado de activos en agravio del Estado signada con el N° 141- 2013, investigación que tiene cerca de nueves meses y los indicios se muestran cada vez más volubles y esquivos.
En su oficina, en los pocos momentos de soledad, el fiscal Vizcarra Villegas lamenta el momento cuando aceptó que su homóloga, la fiscal Ana Santiago Jiménez, de la 21° Fiscalía Provincial Penal de Lima, le pase, después de seis meses de investigación, de taquito esta denuncia sin medir las consecuencias.
Vizcarra tampoco calculó que se estaban enfrentando dos enemigos y huesos duros de roer: por un lado, el inefable congresista de la República Víctor Andrés García Belaunde, más conocido como "Vitocho", y por otro lado, el abogado y director de la revista Juez Justo, Benedicto Jiménez Bacca.
¿Por qué a mí? Él, por espíritu de cuerpo, ya que había sido fiscal de la 21° Fiscalía, aceptó recibir esta denuncia y el 8 de diciembre de 2013 emitió una disposición fiscal iniciando una investigación preliminar por el mismo motivo: delito de lavado de activos provenientes de defraudación tributaria. Vizcarra Villegas construyó una hipótesis incriminatoria que en ese momento consideró bastante sólida contra el director de este semanario, pero que pronto se cayó como un castillo de naipes.
El fiscal era consciente de que se metía en una camisa de once varas, pero confiaba en salir airoso en esta investigación.
Sabía también que la denuncia fue presentada por el parlamentario más figuretti de todos los tiempos, que le gusta presionar a los magistrados, que no le gusta perder un litigio y que sólo se siente feliz si los magistrados cumplen a pie juntillas su voluntad.
De la misma manera, el magistrado tiene claro también que al otro lado del cuadrilátero está el controvertido director del semanario Juez justo, aquel que le gusta escribir, amante de las historias detrás del crimen.
Sin embargo, eso no le preocupaba tanto como el hecho de que ya había pasado cerca de nueve meses y la primera hipótesis incriminatoria se había caído como los rascacielos de las Torres Gemelas de New York.
Hipótesis y más hipótesis. En su resolución del 18 de diciembre de 2013, el fiscal había planteado como tesis incriminatoria contra la empresa Juez Justo TV SAC que ésta había dejado de declarar ante la SUNAT, desde el 2009, tal como figuraba en condicional en la denuncia de "Vitocho"
Y que, se supone, el superávit o dinero que le quedaba de la omisión del pago de sus tributos habría sido utilizado -siempre en condicional- en la compra de bienes muebles (un vehículo y dos departamentos).
Todo, insistimos, estaba en términos condicionales o conjeturales, porque la denuncia no aportaba mayores elementos.
Los hechos incriminatorios que aparecen en la resolución fiscal del 18 de diciembre se basan en probabilidades, existe una presunta construcción de certeza no fundada en hechos plenamente probados o al menos indicios (que no son meras sospechas, conjeturas o chismes).
Sino en probabilidades como que la empresa Juez Justo TV SAC, desde su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (2009), no habría declarado los impuestos de ley ante la SUNAT, por lo que se presume que estaría involucrada en el presunto delito de defraudación tributaria al haber obtenido ingresos económicos ilícitos en perjuicio del Estado recursos con los que habría adquirido bienes inmuebles (así como los dueños de la revista CARETAS).
El Fiscal Fredy Vizcarra Villegas omitió motivar debidamente su resolución del 18 de diciembre y trató de encontrar una actividad criminal o actividad delictiva grave a través de la sospecha de que las declaraciones juradas de la empresa Juez Justo TV SAC no se habrían presentado, cuando debería ser al revés.
Es decir, contar con indicios de una actividad criminal (ejemplo, el informe de la SUNAT en cuanto a que existe indicios de que Juez Justo TV SAC ha cometido delito de defraudación tributaria) y desde allí, teniendo indicios de una actividad criminal, probar que el dinero proveniente de esta actividad es el mismo que esa empresa ha utilizado para su funcionamiento y la publicidad.
Entonces el fiscal, ni corto ni perezoso, al ver que la primera hipótesis incriminatoria se había caído, el 13 de enero de este año construyó otra conjetura, después de siete meses de la denuncia, dándose cuenta -así lo dice en su resolución.
De que analizando los antecedentes del caso y las diligencias que había dispuesto a la Policía Nacional la Fiscal de la 21° Fiscalía Provincial Penal de Lima, que el mecanismo técnico idóneo para revelar o descartar sobre la existencia de indicios razonables y suficientes.
Del presunto delito de defraudación tributaria vinculada con lavado de activos es la evaluación contable, financiera y tributaria de los contribuyentes o responsables titulares del cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de la existencia de hechos económicos imponibles.
Por lo tanto, dispuso que la empresa Juez Justo TV SAC y la persona natural, Benedicto Jiménez, en 15 días presente ante su despacho la documentación contable, financiera y tributaria de los ejercicios fiscales del 2009 al 1013 para efecto de la evaluación correspondiente.
El fiscal Vizcarra sabe que si no logra construir un hecho criminal y resolver a favor del congresista "Vitocho", su suerte está sellada.
He ahí su dilema. No tiene otra alternativa que darle en la yema del gusto o será crucificado y sus expectativas de ascenso en el Ministerio Público serán una quimera.
Asimismo, si la resolución fiscal no le agrada o exculpa a su denunciado, le suelta una andanada de quejas, denuncias y lo crucifica para siempre, porque sabe que "Vitocho" tiene amigos y querendones en las más altas esferas del poder.
Eso lo saben bien los fiscales y magistrados. Así que es lógico deducir que ante una acusación de este legislador, al denunciado sólo le queda un camino: sobrevivir y aprender a utilizar la ley como un fino sainete o una espada eficaz.
No existe otra vía porque nunca los fiscales te van a dar la razón, así utilices los mejores argumentos de defensa.
Como el denunciado es abogado y conoce algo de estrategia legal, le ha pedido al fiscal que declare la nulidad de la resolución que decide continuar con la investigación preliminar.
Debido a que se ha vulnerado el plazo razonable y no existe aquello que se conoce como causa probable (indicios suficientes o un delito tributario previo al lavado de activos) o porque el fiscal ha obviado el requisito de procedibilidad.
O el informe técnico motivado previo emitido por la SUNAT que sirva de indicio o elemento de juicio revelador de un probable delito de defraudación tributaria conforme al Artículo 7° de la Ley de Delitos Tributarios (Decreto Legislativo N° 813).
Jiménez Bacca ha solicitado también que el fiscal aplique el criterio precedente que empleó en la investigación por lavado de activos contra Giovanni Paredes presentado por su media hermana Blanca Paredes, en donde su fiscalía archiva la investigación justamente
porque no contaba con el informe técnico motivado de la SUNAT.
Coerción y amenaza. En vez de pedir este informe técnico, el fiscal Vizcarra optó por captar la prueba por la vía elíptica mediante la coerción, amenazando al denunciando a través de sus resoluciones del 18 de diciembre de 2013 y 13 de enero 2014.
De que en caso de incumplir o negarse a proporcionar la información solicitada, será considerado como presunto autor del delito de rehusamiento en el suministro de información (artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1106).
De paso, el fiscal ordenó a su asistente para que saque copias certificadas de los escritos del abogado Benedicto Jiménez para que sean remitidos al Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y sea sancionado por su conducta supuestamente obstruccionista .
Sin lugar a dudas, "Vitocho" debe estar complacido con las decisiones del fiscal Vizcarra Villegas.
Difícilmente el terco fiscal desconozca que no se puede coaccionar a los ciudadanos a efectos de que aporten pruebas incriminatorias en su contra bajo amenaza, eso está prohibido toda vez que todo ciudadano cuenta con el privilegio de la no autoincriminación y puede abstenerse de proporcionar información cuando es amenazado o coercionado, vulnerándose el principio de presunción de inocencia.
Es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, pero para eso deben concurrir dos elementos esenciales: que exista causa probable y una búsqueda razonable de un ilícito penal, por lo que se viola las pautas del due process of law cuando se formula denuncia penal o se apertura investigación preliminar sin antes haberse determinado el injusto jurídico tributario.
Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el particular que si bien el Ministerio Público tiene la facultad de investigar, reconocida por la Constitución Política, esta debe realizarse de manera regular, no puede amenazar los derechos de cualquier ciudadano a la libertad personal, al debido proceso y debe cumplirse con los principios de interdicción de la arbitrariedad (Exp. Nro. 06079-2008-PHC/TC del 6 de noviembre 2009).
Asimismo, se requiere la existencia de elementos probatorios básicos para el inicio de la investigación judicial y se prohíbe actividades caprichosas, vagas, infundadas, desde una perspectiva jurídica, así como decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad, contrarias a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica.
Esta situación lo tiene al fiscal estresado, malhumorado, más aun que el denunciado le ha presentado un hábeas corpus preventivo porque ha pasado nueve meses, vulnerando el plazo razonable, y paralelamente lo ha quejado y lo ha denunciado por el presunto delito de prevaricato y abuso de autoridad.
Sus asistentes, las veces que acuden a su despacho, lo escuchan rumiar y lamentar su mala suerte, pero se dan cuenta que su terquedad y temor al congresista "Repartija" lo ciega y lo mantiene obcecado, por lo que no dará su brazo a torcer ya que está empecinado en sí o sí construir un crimen, así tenga que mover cielo y tierra.
Lo que está haciendo el fiscal denunciado es construir un caso criminal abusando de las facultades que le otorga la ley. Mientras tanto, el tiempo avanza de manera inexorable y el fiscal sabe que un ciudadano no puede estar eternamente investigado sin una causa probable ya que tarde o temprano tendrá que tomar una decisión.
Así que se espera que su sesuda investigación preliminar no se extienda hasta las calendas griegas.
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Noticia, CNM ¡Basta ya! - 04/03/2014 17:13:15
"Jueces con pedidos de destitución son mantenidos por el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura. Tal parece que a los consejeros del CNM no les afecta en absoluto que ese poder del Estado se encuentre tan desprestigiado ante los ojos de la opinión pública.El Poder Judicial es, lamentablemente, una de las instituciones que tiene el más alto nivel de desaprobación en nuestro país.
Nos hemos preguntado muchas veces cómo cambiar esta situación y la conclusión es que la respuesta solo la tiene el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Lo primero que tiene que hacer esta entidad es no esperar a que los magistrados cumplan los siete años para ser evaluados y ratificados, pues es demasiado tiempo.
Es sumamente innecesario aguardar siete años para ratificarlos mientras algunos de ellos siguen administrando justicia y, en muchos casos, haciendo de las suyas pasando por encima de la ley, de las normas.
Ejemplos de lo antes mencionado abundan, pero en esta ocasión solo trataremos un par de casos.
El fiscal Ciro Sánchez cueva. El nombre del fiscal Ciro Sánchez Cueva apareció en la lista de los 275 magistrados que fueron destituidos en el año 1992 y fue reincorporado al Poder Judicial en marzo del 2005 gracias a una acción de amparo.
Él era juez en Ancash, pero al no estar su plaza vacante fue nombrado Juez Mixto de Bongará, distrito judicial de Amazonas.
Cuando administraba justicia en su nuevo cargo en Amazonas, Sánchez Cueva fue amonestado debido a que en una visita judicial se comprobó que este había vulnerado el debido proceso de un litigante y se excedió en sus potestades, pues había tramitado un proceso civil por materia de alimentos no teniendo su juzgado competencia para tales procesos.
En junio de 2006, el procurador de la Municipalidad Provincial de Utcubamba presentó una denuncia ante el CNM contra el titular del Juzgado Mixto de la provincia de Jumbilla , Bongará, Ciro Alberto Sánchez Cueva, por inconducta funcional al invadir ámbito jurisdiccional judicial que no era de su competencia.
Sánchez Cueva había ordenado la suspensión del arresto domiciliario del ex alcalde de Utcubamba José Luis Novoa Flores, involucrado en varios delitos por malversación de fondos.
Pese a todos esos antecedentes, o quizá porque contaba con un "padrino", en lugar de ser sancionado el juez Ciro Sánchez fue cambiado de distrito judicial.
Para ello, el 26 de octubre de 2007 se publicó en el diario El Peruano "cancelar el título otorgado a favor del doctor Ciro Alberto Sánchez Cueva como Juez Mixto de Bongará, distrito judicial de Amazonas". Y, segundo, "expedir el título a favor del doctor Ciro Alberto Sánchez Cueva como juez del Primer Juzgado Especializado de Familia de Trujillo, distrito judicial de La Libertad".
Haciendo de las suyas. Cuando Sánchez Cueva era juez en Trujillo, la ODECMA le impuso otra medida de multa por haber dictado 45 órdenes de captura sin cumplir con las exigencias mínimas de identificación; es decir, las personas que debían ser capturadas ni siquiera estaban identificadas plenamente.
El magistrado también fue sancionado de debido a que supeditó el hecho de conceder un recurso de apelación en contra de un mandato de detención, que fue ordenado por él mismo, a que el procesado se ponga a derecho de lo contrario no concedía tal recurso.
Además, Fue multado por haber incurrido en retardo en la administración de justicia, pues se tomó dos años para tramitar la realización de una pericia grafológica y de confrontaciones.
Por otro lado, en un proceso de calumnia citó hasta en diez oportunidades a la audiencia de comparendo sin que haga los apremios o apercibimientos de ordenarse su captura.
En otro proceso, en un caso de desalojo, exigió que el demandante adjunte una tasa judicial por exhorto cuando se trataba de una notificación dentro del mismo distrito judicial.
Ciro Sánchez olvidó que esto procede cuando la notificación es a otro distrito judicial.
Un hecho aún más grave es que en un proceso que se seguía en su despacho por el delito contra la libertad sexual, el magistrado solicitó que le paguen sus viáticos -tanto para él como para su testigo actuario- para que se trasladen al penal de Huancas y llevar acabo la diligencia de sentencia, la misma que nunca se realizó debido a que expidió una sentencia absolutoria.
Cuando esto ocurre, el juez sólo emite la resolución y lo notifica.
En marzo de 2012, la Fiscalía de la Nación autorizó que se denuncie penalmente al Dr. Ciro Alberto Sánchez Cueva por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
El hecho es que el Sexto Juzgado de Familia de Lima dispuso librar exhorto al Juzgado de Familia de Trujillo a fin de que se notifiquen dos resoluciones emitidas por el mencionado juzgado.
Sánchez Cueva dio cuenta del exhorto, lo diligenció, ordenó que se cumpla lo encomendado y dispuso que sea devuelto al juzgado de origen.
Sin embargo, al día siguiente, el 4 de marzo de 2009, lejos de limitarse a cumplir con tramitar la notificación, él mismo -junto a la secretaria judicial Doris Soledad Arriaga Huamán- se constituyó después de las 6 de la tarde a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Privado CEVATUR
Trujillo para realizar un embargo en forma de administración, levantando un acta del mismo y nombrando una administradora judicial.
Asimismo, realizó un inventario de bienes para ser entregados a la administradora recién nombrada. Una vez más, Sánchez Cueva se extralimitó en sus funciones.
Declaraciones juradas. Lo jueces están obligados a presentar anualmente la declaración jurada de sus bienes y rentas y en el caso que nos ocupa, las declaraciones juradas presentadas por el magistrado Sánchez Cueva no guardaban consistencia con sus ingresos.
Por ejemplo, en el 2009 había declarado tener obligaciones de pago por el valor de S/.174,760.87 y en el 2010 declaró la suma de S/102,219.60. O sea, en tan solo un año había disminuido S/.72,541.27, lo que significa que mensualmente pagaba la suma de S/. 6,045.00, lo que no sería acorde con su sueldo.
En el 2011, el juez Ciro Sánchez declaró otra obligación de pago por la suma de S/.144,823.36 y al año siguiente consignó la suma de S/.78,245.48. Es decir, hubo nuevamente una disminución sustancial ascendente a la suma de S/.66,577.88.
No lo ratifican, pero sigue haciendo de las suyas. La última barrabasada en la que estuvo inmerso el juez Sánchez Cueva fue cuando seguía administrando justicia, pese a que el CNM decidió no ratificarlo.
En mayo de 2013, una pareja de esposos fueron asesinados en la entrada del restaurante Rústica de Trujillo, en la avenida Larco, y sus tres menores hijos se encontraban en medio de una disputa familiar que enfrentaba a sus abuelos maternos y paternos.
La pareja de abogados, Rubén Vásquez Pérez y su esposa Luz Mónica González Moran, fueron asesinados a manos de Edward Lama Tinoco, amigo cercano de las víctimas, que ahora purga condena en la cárcel El Milagro.
Posteriormente al crimen que causó conmoción entre los trujillanos, los tres pequeños hijos del matrimonio quedaron al cuidado de sus abuelos y tíos maternos.
Según el abuelo materno, Víctor Manuel Gonzales, el 17 de mayo las dos familias establecieron un acuerdo verbal sobre la tenencia de los tres niños: dos mujeres y un varón.
Sin embargo, el 3 de junio Pedro Vásquez e Ysaura Pérez, los otros abuelos, tramitaron una medida cautelar en la que solicitaban la ejecución anticipada de la tutela de los niños.
En respuesta a esta medida legal, Víctor González interpuso un hábeas corpus.
El juez titular del Primer Juzgado de Familia, Ciro Sánchez Cueva, dispuso la ejecución anticipada de tutela, pero no realizó las evaluaciones correspondientes.
El abogado de la familia González, Alejandro García Lara, se quejó de que Sánchez Cueva no había sido ratificado por el CNM y pese a ello seguía administrando justicia sin realizar los procedimientos necesarios para determinar la tutela de los niños.
Finalmente, después de 5 meses, el 19 de diciembre de 2013 el CNM, decidió declarar Infundado el recurso extraordinario interpuesto por Ciro Sánchez Cueva, contra la Resolución que no lo ratificó. Pero, tardó, como ya parece una mala costumbre, en dejar de lado a un la elemento en el aparato judicial.
El juez carlos o"donova blanco. JUEZ JUSTO advirtió hace varios años sobre el mal comportamiento de Carlos O"Donova Blanco, Juez de Paz Letrado de Lurín.
El mencionado magistrado había sido denunciado en innumerables ocasiones porque en su Juzgado se podía tramitar cualquier cosa, desde ejecuciones de actas de conciliación para desalojos, sin que la parte a ser desalojada sea siquiera notificada, hasta embargos con títulos de ejecución (letras de cambio) falsos.
Otro hecho escandaloso en la trayectoria de O"Donova Blanco es la resolución que emitió ante el pedido de autorización para disponer de bien de menor, en la que autorizaba a los padres de un menor que dispongan de los derechos y acciones de un inmueble de propiedad del menor y lo peor de todo es que ninguno tenía domicilio en Lurín, pues el padre domiciliaba en Magdalena del Mar, la madre en Santiago de Surco y además la propiedad se encontraba también en Surco.
Es decir, el juez no tenía jurisdicción ni competencia para tramitar la demanda, porque eso lo resuelve un juzgado de familia.
Lo peor de todo es que gracias a esa decisión se inscribió en los registros públicos y eso permitió la venta del bien, perjudicando obviamente al menor que aún no tiene capacidad de decisión.
Destituido. Otro ejemplo de su acción contraria a la ley y las normas es que dispuso la protocolización de una escritura imperfecta y ordenó la inscripción de un acto jurídico de compra ,venta de un terreno de 20 hectáreas pese a las observaciones que le hizo el registrador público hasta en dos oportunidades, pues el vendedor no tenía registrado ningún derecho de propiedad sobre el inmueble.
El mismo CNM ha determinado que la conducta del magistrado se podía calificar como el no respeto a la ley y a los procedimientos establecidos.
En su entrevista, Carlos O"Donova, trató de justificar su actuación señalando que él era especialista en derecho constitucional.
La resolución que determina su no ratificación señala que la conducta del juez evidencia una actitud temeraria, pues pese a ser advertido de los defectos de su decisión, por lo mismos registradores públicos que observaron los títulos registrales, este, utilizando el poder coercitivo a que lo faculta el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reiteró las ordenes de inscripción para la ejecución de sus decisiones.
Patrimonio. Carlos O"Donova declaró tener tres inmuebles, pero lo que llamó poderosamente la atención es el incremento sustantivo de los mismos: de un año a otro, por ejemplo, uno de ellos, ubicado en la Mz F Lote 4, en el 2006 declaró que su valor era de S/. 7,626.72 y al siguiente año declaró que el mismo inmueble estaba valorizado en S/.56,030.30.
Del mismo modo, otro inmueble que en el 2008 declaró que su valor era de S/.11,000.00, al año siguiente consignó que se había incrementado a S/.120,000.00.
Otro detalle que también llamó la atención es que adquirió otro inmueble por la suma de US$ 9,000.00, siendo este un lote en donde se había edificado 4 pisos y una azotea.
Finalmente, el CNM decidió no ratificarlo, pero nuevamente volvemos a lo mismo: ¿por qué se permite que estos magistrados terminen haciendo de la suyas? ¿Y por qué a pesar de todas las irregularidades que se les conoce continúan en sus cargos?
En muchos casos subsisten a los pedidos de destitución, pero el CNM no hace nada. Antes bien, los ciudadanos deben esperar siete años para que esos malos elementos del aparato judicial sean separados de sus cargos.
Los litigantes, abogados y todos quienes están involucrados en asuntos judiciales no pueden esperar a que un cuestionado magistrado cumpla siete años en su cargo para recién decidir su destino.
Pese a que muchos tienen amonestaciones, multas y hasta denuncias penales, el CNM no hace absolutamente nada para destituirlos. ¡Ya basta de tanta ineficacia, señores consejeros del CNM! ¡Hagan algo para mejorar la mermada imagen del Poder Judicial! .
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Interesante, Los hombres del Presidente - 10/07/2013 2:53:12
"TweetPor Gustavo Gorriti y Romina Mella.-
Cuando uno es puesto en prisión, el número de amigos suele reducirse marcadamente. Y cuando uno es encarcelado por corrupción, entonces se produce una verdadera fuga de quienes temen que la investigación avance más rápido que un contagio.
El reciente encarcelamiento de Miguel Facundo Chinguel sorprendió a muchos. Hasta ese momento, Facundo Chinguel parecía gozar de la estima del ex presidente Alan García. En su declaración ante la Megacomisión, el 3 de abril pasado, por ejemplo, García dijo que Facundo Chinguel es "proactivo agitado, y cuando se mencionó su nombre me pareció adecuado (…) un tipo dispuesto a ayudar. Es un hombre de pueblo (…) Lo conozco y me parece que es excelente".
De hecho, lo conocía muy bien, pues Facundo Chinguel fue su abogado en algunos de los casos más sensibles por violaciones de derechos humanos que éste enfrentó.
En marzo de 2005, Facundo Chinguel denunció, a nombre de Alan García, a Fernando Olivera, Julio Quintanilla, Cristina Olazábal [fiscal provincial de Ayacucho], Francisco Soberón y Gloria Cano [abogada de Aprodeh], por nada menos que el supuesto delito de "asociación ilícita para delinquir".
Según Facundo Chinguel, los acusados " …desde que se inició el presente gobierno [de Alejandro Toledo] se han concertado para conformar una organización permanente, jerarquizada (…) con la finalidad de involucrar ilegalmente al Doctor Alan García Pérez en supuestos hechos ilícitos ocurridos durante su mandato presidencial con el propósito de perjudicar su candidatura presidencial en las elecciones del 2006".
¿Suena conocido?
El objetivo, como puntualizó entonces un comunicado de Aprodeh, era neutralizar la investigación por los casos de Accomarca y Cayara que llevaba, entre otros, la entonces fiscal Olazábal. En su denuncia, Facundo Chinguel acusaba al entonces presidente Toledo de pertenecer también a esa "organización".
Miguel Facundo Chinguel, ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. (Foto: La República).
Según Chinguel, "existen indicios que personas vinculadas a Aprodeh, como Francisco Soberón y Gloria Cano, han tenido una conducta sistemática coincidente con los objetivos delictivos de la organización que encabeza Olivera Vega y Toledo Manrique para involucrar al Doctor García en actos delictivos (…)".
Apenas logró García la presidencia de la República, Facundo Chinguel asumió nuevamente la representación de su cliente más notable, para denunciar por prevaricato y abuso de autoridad, a Olazábal, cuyo título oficial: "Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaciones de Fosas Clandestinas de Ayacucho", da una idea de su función. La denuncia de Facundo Chinguel contra Olazábal se debía a la acción de esta en los casos de Accomarca y Cayara.
Hasta ese momento, uno no hubiera podido inferir una relación particularmente tierna de Facundo Chinguel con los derechos humanos. Pero el 2008 Alan García provocó la renuncia del prestigioso abogado y líder aprista Luis Alberto Salgado, para nombrar en el cargo a su abogado Facundo Chinguel. En realidad, eran dos puestos: "Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos" y representante del ministerio de Justicia ante la "Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (CONADIH)".
Además, el 2010 se creó la Comisión de Gracias Presidenciales, cuya presidencia asumió Facundo Chinguel.
Apenas entró este al ministerio de Justicia empezaron los cambios y despidos. Uno de los abruptamente removidos fue el veterano funcionario Roger Ramos Peltroche, un abogado especializado, precisamente, en conmutación de penas.
Según Roger Ramos, un funcionario del ministerio, Aldo Vegas Urrutia le dijo, al despedirse de él, que la ministra [Rosario Fernández] le había dicho que el error de Ramos "fue meterse con un hombre del presidente".
Y, de acuerdo con múltiples testimonios que ha recabado IDL-R, ese fue el estatus de Facundo Chinguel hasta poco antes de su detención, a fines del mes pasado, cuando el partido Aprista emitió un comunicado apoyando la investigación fiscal. Lo mismo hizo García, desde su cuenta de Twitter:
"Muy bien la Fiscalía. Cada funcionario debe responder pública o penalmente por sus acciones o mala conducta", escribió García.
En el Apra, el guión es ya bastante conocido: si un colaborador cercano o ex cercano a Alan García cae en desgracia, no debe esperar un salvavidas. Lo único que se espera de él es que sufra y calle, especialmente lo segundo. Pregúntenle si no a Agustín Mantilla, a Rómulo León, entre otros.
Ex presidente de la República, Alan García Pérez. (Foto: Agencia Andina).
Colaboraciones de campaña
Aunque haya sido un "hombre del presidente" en un pasado no lejano, no hay ahora muchos apristas que se ufanen de su amistad con Facundo Chinguel.
El ex secretario general de la presidencia de la República durante el régimen de García, Luis Nava, por ejemplo, se ha esforzado en marcar distancias.
El 26 de junio pasado, el periodista Óscar Castilla publicó en El Comercio la información de que el fiscal anticorrupción Walter Delgado Tovar -a cargo del caso de narcoindultos-, habría encontrado que Facundo Chinguel realizó 25 visitas a Palacio de Gobierno, para reunirse con García, con el secretario general de la Presidencia de la República, Luis Nava y con el secretario del Consejo de Ministros, Julio Zavala Hernández, para dar trámite final a los indultos y conmutaciones de pena.
Ese mismo día, Luis Nava respondió, en una entrevista por RPP, que "he tenido solamente una reunión con él (Facundo Chinguel). Yo jamás he despachado ningún indulto. (…) Conmigo se reunió el 10 de enero de 2008. Entró no como presidente de la Comisión sino como un funcionario más (…) Yo he aceptado en la comisión que me he reunido con Facundo una o dos veces, pero no para tratar indultos presidenciales. Él era director de Serpost. Él jamás me ha hablado de algún indulto (…)".
Luis Nava, ex secretario de la presidencia de la República. (Foto: La República).
Lo que sí es posible es que hayan hablado sobre política o sobre financiación de campaña.
En las elecciones de 2011, Luis Nava fue candidato aprista al Parlamento Andino. Luego de la elección, en la que no resultó elegido, Nava presentó a la ONPE el registro de los aportantes a su campaña.
En la relación de aportantes en dinero, hay una compañía, Intratex SAC, que realiza varias contribuciones; y dos personas: el propio Nava, que contribuyó con 5 mil 100 soles el 8 de abril de 2011; y Miguel Facundo Chinguel, que aportó 5 mil 200 soles ese mismo día, ambos para pagar publicidad en una radio.
Entrevistado por IDL-R, Nava sostuvo que "no es que él [Facundo Chinguel] haya contribuido a mi campaña. Lo que sucede es que en el mes de marzo de 2011 hay un almuerzo donde van cientos de personas a un colegio de San Juan de Lurigancho. La gente contribuye y él me ayudo (…) él recolecta algo más de 5 mil soles y los deposita en el banco para pagar una deuda. …[Facundo Chinguel] no ha tenido un papel preponderante".
En el reporte a la ONPE, no figura un almuerzo de recaudación de fondos en marzo. El aporte de Facundo Chinguel está registrado el mes siguiente, el 8 de abril de 2011.
Textiles y masones
Como se ve en el registro, la empresa Intratex SAC dio cuatro importantes aportes a la campaña de Nava, por 99 mil 324 soles, para pagar publicidad en televisión.
El personaje más importante de esa empresa es Faresh Miguel Atala Herrera. Entre quienes recuerdan el caso de Petroaudios, el nombre de Atala Herrera suena vagamente familiar, a través de varias conversaciones con Alberto Químper y Rómulo León (aquí una conversación reveladora entre León y Químper sobre Atala y César Gutiérrez). Es que Atala Herrera era director y vicepresidente de Petroperú, nombrado por el gobierno de García el 3 de agosto de 2008 hasta agosto de 2011.
Antes de ser nombrado para ese puesto, Atala Herrera había alcanzado una involuntaria notoriedad.
Según algunas informaciones periodísticas, el 3 de febrero de 2006, Miguel Atala Herrera, en tanto representante de Intratex, fue sentenciado por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, a dos años de pena privativa de la libertad, suspendida, por el robo de energía eléctrica a Edelnor.
Dos años después, su relación con lo energético adquirió un nuevo cariz, cuando García lo nombró a los más altos niveles directivos de Petroperú.
Poco antes, a partir de 2007, Atala Herrera estuvo involucrado en un lío judicial entre masones, por un fraude presunto en agravio de la "Asociación Supremo Consejo Grado 33 para la República del Perú".
El lío llegó al Tribunal Constitucional el 2008. Atala Herrera pidió que "se declare la nulidad del auto apertorio de instrucción" por no haberse, según él, respetado el debido proceso. El TC falló en contra suya.
(Izq.) Miguel Atala Herrera junto miembros de la lógica masónica en la celebración por 182 Aniversario del Supremo Consejo Grado 33 para la República del Perú.
"Él es mi amigo y me ayudó con spots publicitarios", dijo Luis Nava sobre Atala Herrera, en entrevista con IDL-R. Esta publicación buscó a Atala Herrera, pero un asistente de su empresa dijo que él está fuera del país.
En realidad, Atala Herrera no fue solamente amigo del grupo más cercano a García, sino también socio de ellos en empresas y asociaciones.
Por ejemplo, en la Asociación Democracia Social, creada el 2 de septiembre de 2003, su primer consejo directivo tuvo como presidente a Alan García; como secretario a Luis Nava; y como tesorero a Faresh Miguel Atala Herrera.
El Instituto del Empleo, fue una asociación creada el 6 de abril de 2004. Su primer presidente fue Miguel Atala Herrera y su secretario ejecutivo Luis Nava.
La compañía "Del País Consorcio Periodístico S.A.", que publicó durante el régimen de García el diario alanista "Del País", tuvo en su primer directorio a José Antonio Nava, hijo de Luis; y a Miguel Atala Herrera.
"No confundan asociación con compañía" dijo Nava, quien sostuvo que "esas asociaciones no funcionaban… yo renuncié a ellas en mayo de 2011".
A juzgar por las contribuciones de Atala Herrera a la campaña de Nava el 2011, la relación entre ambos permaneció cercana, tal como, según todo indica, fue también el caso con Miguel Facundo Chinguel?
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Interesante, Funcionarios judiciales latinoamericanos observarán el juicio a Ríos Montt - 18/04/2013 9:48:23
"De Perú estará Avelino Guillén, quien como fiscal superior adjunto estuvo a cargo de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ex presidente Alberto Fujimori.Efraín Ríos Montt, expresidente de Guatemala, es juzgado por el delito de genocidio.
El 19 de marzo de 2013 se inició un proceso de singular importancia en Guatemala: el juicio contra el ex presidente de facto, general Efraín Ríos Montt. Se trata de la primera vez que un ex presidente latinoamericano es juzgado por el delito de genocidio. El juicio ha transcurrido por cuatro semanas, en medio de un escenario de gran tensión y polarización política.
Durante los 17 meses que Ríos Montt estuvo en el poder se llevó a cabo una campaña de exterminio que derivó en la muerte violenta de miles de personas. Hoy enfrenta un juicio, entre otros cargos, por orquestar la masacre de más de 1.750 ciudadanos de la etnia maya-Ixil en el departamento de Quiché. Según el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, el conflicto armado en el país dejó un saldo de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos.
Este juicio forma parte del proceso de lucha contra la impunidad que se ha traducido en investigaciones judiciales en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Perú. En algunos de esos países se ha obtenido a la fecha un número importante de sentencias y otros logros que resumimos en el informe adjunto (link al informe).
En este contexto, y durante lo que aparenta ser la última semana, llega a Guatemala una delegación de funcionarios judiciales de América Latina para observar el juicio. Se trata de jueces y fiscales que han intervenido en los procesos de justicia por delitos de lesa humanidad de Argentina, Uruguay, Chile y Perú, con el propósito de observar las audiencias y contextualizar este juicio y el resto de las investigaciones que avanzan en paralelo dentro de la ola de rendición de cuentas por vía de la justicia que experimenta la región.
Además de la observación del juicio, los miembros de la delegación brindarán una conferencia de prensa el día jueves 18 de abril, a las 15:30 horas, en el Hotel Panamerican (9 Calle 5-63 Zona 1, Ciudad de Guatemala).
La delegación se encuentra conformada por los siguientes funcionarios:
María del Carmen Roqueta, de Argentina. Vicepresidenta del tribunal oral federal nº 6 de la Ciudad de Buenos Aires. Dictó sentencia en 2012 en la causa por el llamado "Plan sistemático de apropiación de niños" (el secuestro y detención clandestina de mujeres embarazadas para que den a luz a sus hijos y luego entregarlos ilegalmente a familias de militares o allegados). Condenó por este plan al ex general y presidente de la Junta militar que gobernó de facto la Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983) Jorge Rafael Videla y a otros altos mandos del Ejército. En su fallo, dictaminó que la práctica de sustracción de niños fue parte del plan sistemático de represión que llevó adelante la dictadura.
Alejandro Solís, de Chile. Hasta su retiro en diciembre del año pasado fue uno de los jueces designados por la Corte Suprema de Chile para intervenir en los casos por delitos de lesa humanidad cometidos en dicho país en el marco de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1974-1990). Dictó sentencia en el caso del asesinato del ex general chileno Carlos Prats en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor. Pinochet no pudo ser juzgado en este juicio, pero fue condenado el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), brazo operativo represivo de la dictadura. Solís fue además muy activo en las causas con entrega de restos a familiares detenidos-desaparecidos.
Avelino Guillén, de Perú. Como fiscal superior adjunto estuvo a cargo de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el ex presidente Alberto Fujimori y los cargos de corrupción y abuso de autoridad. En 2009, Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por varios crímenes, entre ellos la masacre de Barrios Altos de 1991 y la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta en 1992.
Mirtha Guianze, de Uruguay. Fue la fiscal más activa en los casos por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar uruguaya (1973-1985). Actuó como parte acusatoria en el caso del ex dictador Juan María Bordaberry (1973-1976), condenado en 2010 a 30 años de prisión por llevar adelante un régimen ilegal dentro del cual se cometieron asesinatos políticos. La condena a Bordaberry es uno de los hechos más significativos del proceso de justicia de Uruguay. Guianze se retiró de su cargo de fiscal en 2011 y en 2012 fue designada en la Institución Nacional de Derechos Humanos (Defensoría del Pueblo u Ombudsman).
Todos ellos son representantes destacados del proceso de justicia por crímenes de lesa humanidad del Cono Sur, y son ejemplo de cómo el Estado puede asumir la persecución penal de graves crímenes con tribunales nacionales conforme lo dispone la ley, enmarcados dentro del derecho de defensa y debido proceso legal y reforzando los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.
La visita es organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). El CELS es una organización de derechos humanos de Argentina, con un compromiso por la defensa de los derechos fundamentales en su país y la región. Representa en causas penales por delitos de lesa humanidad que tramitan en Argentina a víctimas y familiares de víctimas argentinas y uruguayas. WOLA es una organización no-gubernamental que desde 1974 promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con nuestras contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe para influenciar las políticas en los Estados Unidos y el exterior. Ambas organizaciones tienen una amplia trayectoria en trabajo en América Latina y fuertes alianzas con los actores locales. La delegación cuenta además con el apoyo de la Fundación Myrna Mack de Guatemala, la Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
Contacto de las coordinadoras de la delegación:
Jo-Marie Burt (WOLA) jmburt.wola@gmail.com
Daiana Fusca (CELS) comunicacion@cels.org.ar
Teléfono móvil en Guatemala: (+502) 5596-3689
Para solicitar entrevistas con los delegados favor de comunicarse con Marta Paz de la Fundación Myrna Mack: mpaz@myrnamack.org.gt Teléfono: (+502) 24140500
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Interesante, Investigador Investigado - 05/04/2013 12:10:30
"El trabajador de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) demuestra con su comportamiento que es justo, firme, honrado e intachable, digno de la confianza de los demás", dice textualmente el primer valor institucional que promueve esa entidad en su página web. Sin embargo, el comportamiento de ciertos funcionarios parece haber dejado esta declaración en el ámbito virtual.Sergio Espinoza Chiroque, superintendente adjunto y encargado de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de esta institución, ha sido denunciado por Abuso de Autoridad, Fraude Procesal y Falsedad Ideológica.
No sólo eso, el 21 de febrero el fiscal adjunto de la Trigésima Séptima Fiscalía Provincial Penal de Lima, Marco Antonio Mori Contreras, ordenó iniciar una investigación preliminar a nivel policial en su contra. Los encargados de la División Policial de Investigaciones de Denuncias Derivadas del Ministerio Público tienen 30 días para realizar las diligencias correspondientes.
¿Informe de inteligencia?
El año pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un polémico informe sobre el abogado Rodolfo Orellana Rengifo y un grupo de personas, en el que se le pretendía vincular con el presunto delito de Tráfico Ilícito de Drogas (TID).
Lo extraño es que, aparentemente, esta especie de rompecabezas fue armado con piezas falaces dejando entrever que Orellana utilizó personas naturales y jurídicas como testaferros y empresas de fachada para realizar transferencias de activos y canalizar fondos provenientes del TID. Lo grave fue comprobar que los encargados de hacer el documento olvidaron la rigurosidad, las obligaciones profesionales y utilizaron fuentes que distan mucho de ser serias. ¿Cómo es posible que presenten como prueba un ejemplar de la revista Caretas? ¿Un informe de inteligencia financiera puede basarse solo en publicaciones mediáticas de dudoso valor? El documento además, no considera que las acusaciones infundadas publicadas en las páginas del semanario, han dado motivo a sendas querellas contra los responsables que están siendo procesados en varios tribunales.
Otro punto flaco de dicho informe es calificar de sospechoso, el intento de Orellana Rengifo de adoptar a Churchill Bruce Ríos Vela. Se incluyó en el manuscrito que la adopción de un mayor de edad es dudosa y que tenía una alta dosis de beneficios para el abogado. ¿La razón?, los aparentes poderes legales que Churchill Ríos recibió de Laura Monte Tejada, hermana de un procesado por delito de Tráfico Ilícito de Drogas y que, valgan verdades, nunca fue sentenciado.
Lo que no tomó en cuenta el informe de la UIF es que dicho trámite fue declarado nulo a través de un pronunciamiento emitido por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por tanto, la adopción nunca se concretó y una de las hipótesis de la SBS fue desbaratada de plano.
La denuncia
Orellana Rengifo fue quien denunció al superintendente adjunto, Sergio Espinoza Chiroque. Abuso de Autoridad es uno de los delitos que le atribuye por haber incluido hechos falsos en el informe. Como en el caso de la fallida adopción.
Según la defensa del abogado, el objetivo fue incentivar el inicio de un proceso de investigación penal que amenazaría la libertad individual de su patrocinado. Prueba de ello es que el Ministerio Público, específicamente la Cuarta Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, se basó en la versión de Espinoza Chiroque, para comenzar una investigación en contra de Rodolfo Orellana por Lavado de Activos.
Cabe destacar, que anteriormente, Orellana Rengifo salió bien librado de una denuncia similar porque no se encontraron pruebas en su contra. Ahora que se puso al descubierto los desatinos que cometió el superintendente adjunto de la SBS solo hace falta que las investigaciones sigan su curso.
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