Información: Plan para erradicar minería ilegal está dando resultados - 21/03/2014 12:20:00
El plan integral que ejecuta el Gobierno para erradicar la minería ilegal, que causa serios daños ambientales y a la salud pública, está dando resultados, aseguró hoy el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Eleodoro Mayorga.Ver artículo... Fuente Artículo
Que opina usted? La convención Pokemon en Lima: Sí. Existe. - 16/03/2014 21:47:46
" Llegando a la convención PKMN Weekend 2014 hay dos sorpresas iniciales con los que uno se enfrenta. Primero: es el año 2014 y existe tal cosa como una convención de fanáticos de Pokemon aquí en Lima en el que, además, se han agotado todas las entradas. Segundo: La convención se realizó en el Ministerio de Energía y Minas, donde los trabajadores desde lejos miraban perplejos y confundidos a cientos de personas vestidas de pokemones jugando en sus Nintendos 3DS.Mirando desde arriba con desaprobación
Los 17 años que han pasado desde la aparición de Pokemon sobre nuestro planeta no han pasado en vano. Sus fans tienen un rango de variedad desde niños pequeños, adolescentes fumones y madres de familia con sombreroa de Charizard. El tema en común hace que de pronto desconocidos totalmente distintos entre sí se pasen horas conversando con intenso detalle sobre ese interés mutuo. Es casi como hablar de fútbol.
Durante los últimos años en Lima han empezado a aparecer bastantes convenciones relacionadas a temas geek. Desde el Otakufest, dedicado al anime y cosplay, hasta el MasGamers que realiza una convención anual de tecnología y videojuegos. Mientras ya existían convenciones y espacios para comunidades fanáticas de Star Wars, Star Trek y Harry Potter, el PKMN Weekend es uno de los primeros rastros de una comunidad centrada alrededor de un videojuego específico juntándose en masa en un mismo lugar (que no sea las cabinas de Arenales).
Y también había chicas.
Al igual que todo evento que incluya cosplay, PKMN Weekend por momentos se convierte en una experiencia un poco trippy, con toda la gente disfrazada con pelucas y lentes de contacto de colores, sin olvidarnos de mencionar a los pokemones tamaño humano posando para fotos. El evento contó además con un concurso de trivia y una presentación de un conjunto de cámara llamado Animatissimo que tocan covers de canciones de animes y videojuegos usando cellos y violines. Un cambio de ritmo bastante drástico pero que la gente pareció disfrutar bastante, o al menos lo suficiente como para apagar sus gameboys un rato.
El evento principal fue el torneo de batallas. Los concursantes se pasaron horas haciendo luchar a sus pokemones desde sus Nintendos 3DS. Para evitar quedarse sin batería, algunos participantes batallaban tirados en el suelo con sus 3DS conectados a un enchufe repleto de cables pertenecientes a otros de los 88 entrenadores Pokemon intentando sobrevivir dentro del torneo.
Desde temprano se oían bastantes rumores entre los concursantes con respecto a un tal Kommander. Parecía que Kommander tenía la fama de ser el maestro Pokemon por estos lados del planeta. Resultó ser un chico flaco de 21 años, estudiante de derecho que ya tiene cierta experiencia en el tema de los torneos Pokemon. A comienzos de este año viajó a Chile para participar en el torneo de Pokemon Day en el que quedó en 3er puesto de todo Suramérica. Caracterizado por su mirada intensa y seria, durante el torneo de PKMN Weekend batalló de una manera tan calculadora que intimidó y arrazó con todos sus contrincantes usando a su equipo épico de pokemones que incluía un Scrafty llamado Maicelo.
Kommander used Scary Face. It was super effective!
La batalla final se transmitió en un proyector gigante dentro de un auditorio repleto de gente que gritaba después de cada movimiento que se hacía en el juego. Nunca pensé que vería tanta energía por parte de una audiencia viendo a dos personas jugar un videojuego en una pantalla (fuera de los torneos locos coreanos de Starcraft).
Una vez terminado el evento la gente lentamente fue evacuando el auditorio, con los sombreros, polos y disfraces de Pokemon aún puestos. Ya de noche, conversando hasta la salida, los fans de Pokemon dejaron atrás las murallas y campos oscuros del Ministerio a espera de una nueva fecha para mostrar sus colores geek y volver a intentar convertirse en un maestro Pokemon o, qué se yo, vender sus colecciones de chippy taps a precios carísimos.
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Que opina usted? Artículos varios por César Gutiérrez Peña. - 08/10/2013 17:27:47
" Con prensa complaciente en las plazas internacionales, por ser personaje anodino, Ollanta Humala se siente a sus anchas, no se corre como cuando los reporteros locales le solicitan opinión y sale a relucir su subconsciente, el de las ideas elementales sin racionalidad económica. Primero fue la industrialización del Perú, luego la exportación de gas natural a Chile; en ambos casos no hay condiciones para cumplir el deseo, esto ocurrió en Nueva York. Ahora desde Tailandia nos anuncia que desea crear un nuevo ministerio, el de Ciencia y Tecnología, inexplicable cuando hay grandes carencias en el sector educación para la formación de escolares.¿No cree señor Humala que ya tiene bastante con los nuevos ministerios que heredó de su antecesor Alan García: el del Ambiente, con sus derivados Oefa y Senace, y el de Cultura; más el que usted lanzó, el de Inclusión Social, con su desacreditado programa Qali Warma?
Los dos primeros no han justificado su existencia y el último, aparte de niños intoxicados, no tiene mérito alguno. Tres entes burocráticos innecesarios cuyo trabajo podría haberse hecho solo con programas bien diseñados en instituciones existentes: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Educación y Ministerio de la Mujer.
Nadie niega que desarrollar tecnología e investigación científica es lo más apropiado para constituirse en un país que no sea primario exportador, pero eso no se soluciona con un ministerio que dé políticas, se necesitan recursos económicos. Si no se puede dar un salario digno a docentes de escuelas y universitarios, ni dotar de una infraestructura adecuada a los colegios y universidades estatales; y el Ministerio de Economía y Finanzas se niega a mayores desembolsos, ¿cómo piensa tener una cartera de ciencia y tecnología?
La pareja Heredia-Humala tiene que entender que el manejo del Estado no solo pasa por tener buenas intenciones, sino con disponer de ingresos suficientes y sostenibles en largo plazo para solventar las realizaciones. La visión que tienen de lo que vienen haciendo desde el gobierno es errada, el Perú no es otro con su trillada inclusión social, como dice el comandante en retiro; es el mismo y va empeorando, solo los corifeos le pueden decir que van muy bien.
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El gobierno de Ollanta Humala hace esfuerzos para tratar de honrar promesas electorales, que aseguraban que no se exportaría gas natural para dar prioridad a los consumidores peruanos. Pero no solo eso, sino que prometía masificación y construcción de un faraónico gasoducto.
A más de un año de mandato, el comandante aún no puede, ni podrá, impedir la exportación del energético, salvo que decida romper una estabilidad jurídica, que es una de las fortalezas de la economía peruana. Se ha dado cuenta del error de lo prometido y ya no se refiere al tema, lo que es una señal apropiada. Sin embargo hay necesidad de una actitud recíproca de parte del consorcio Camisea que explota el mayor yacimiento existente en el país y una firmeza del gobierno, pues hoy existen cosas ininteligibles como la una termoeléctrica de 140 Megavatios ya construida y que no cuenta con el recurso.
De otro lado la construcción de un gasoducto en la zona sur de cerca de 1,000 km, por parte de la empresa brasileña Odebretch, a un costo de 6,500 millones de dólares se frustró dando paso a otro proyecto más racional, de 3,000 millones de dólares, pero que siempre resulta oneroso para el fisco.
Finalmente la masificación, es un esfuerzo que no comparto, el estado y los consumidores serán los grandes financistas, para un consumo magro y donde el dinero puede ser usado más eficientemente en un país con tantas carencias.
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Nueva York ha significado el lugar desde donde Ollanta Humala, ha lanzado los anuncios más disparatados; primero fue la industrialización peruana y luego la venta de gas para nuestro vecino del sur, Chile. No me llama la atención su cambio de discurso de campaña a la del gobierno, pues es ahora un lugar común, donde destaca la inconsecuencia; sino la desinformación supina en la que gestiona el estado y pretende tomar decisiones.
El gas natural en el país depende mayoritariamente de cuatro lotes: dos en producción, Lote 88 (Camisea) y Lote 56 (Pagoreni) y dos en pretensión de producción que son los lotes 57 y 58. Lo importante es conocer el lugar desde donde se extraerá el recurso para la aspiración de exportar a Chile. Las matemáticas son frías y afirmo que no es posible la venta ofrecida, con lo cual el anuncio del comandante no tiene credibilidad alguna e internacionaliza su descrédito de no cumplir promesas.
En el lote 88, es tan objetivo el hecho que faltan reservas para atender pedidos de suministro de los consumidores, que hay en la localidad de Chilca a pocos kilómetros de Lima, una termoeléctrica como Las Flores, de propiedad de la multinacional Duke Energy, que estando con planta culminada e inaugurada hace cuatro años, no puede operar en toda su capacidad por no contar con el energético. Así que eliminamos esta posibilidad del cuadro.
El lote 56, hoy es usado para la exportación y las reservas que tiene no alcanzan para cubrir el horizonte del contrato comprometido que es de 18 años, por lo que hasta la fecha se inmoviliza gas disponible en el lote 88, como respaldo. Esa es la razón que origina que el "humalismo" no puede honrar su promesa de liberar los recursos de esta área. Así que en este lugar tampoco no hay nada para vender a los mapochinos.
Sobre el lote 57, mucho se ha escrito sobre el gas existente, pero cuando se revisa el libro de reservas del ministerio de energía y minas, la cifra de cantidad probada es tan magra, que no permite estructurar emprendimiento alguno que use el gas natural como combustible. Peor es la situación en el lote 58, donde las cifras de recurso probado indican cero. En conclusión lo prometido ha sido una barbaridad internacional y oficial, dicha con circunspección.
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Entendemos que el comandante tiene quien le escriba, antítesis de un título de la obra de García Márquez, cambiándole el rango de coronel por comandante. El problema que quien le redacta los discursos parece desconectado de la realidad de la economía peruana y traigo a colación el tema pues ayer en Washington, en el foro de Naciones Unidas (ONU): "Éxito de los objetivos de desarrollo del milenio", Ollanta Humala anunció el "firme compromiso con la industrialización". Agregando que el secretario general Ban Ki-moon, estará en Lima en diciembre para la conferencia de la ONU sobre desarrollo industrial (ONUDI)
Me pregunto ¿cuáles serán los sectores en los que se industrializará el país? ¿Cuál será la manera de hacerlo? Si se quiere desarrollo industrial se necesita inevitablemente proteccionismo arancelario o ser propietario de tecnologías. Ninguna de las dos cosas tenemos. La primera porque nuestra economía es abierta y con el bajo grado de responsabilidad de manejo estatal, no podemos hacer ni el intento de medidas transitorias, pues se convertirán en permanente y mal endémico, además que nuestro compromiso con el sistema financiero internacional es de mantener o disminuir más los aranceles. Por el lado de la tecnología, es un sueño difícil de alcanzar con la estructura del nivel educativo que tenemos.
Señor Humala ¿no se da cuenta que los confeccionistas del centro comercial textil de Gamarra le han hecho una marcha pidiéndole que los proteja de las importaciones chinas? Y está clarísimo que su gobierno no podrá hacerlo pues usted predica Tratados de Libre Comercio por doquier. ¿O acaso le han dicho que la petroquímica del etano se hará en el Perú, lo cual es un imposible económico? ¿O alguien lo ha animado que haga industria del ensamblaje automotriz? ¿O alguien le ha mencionado que puede haber más industria textil en el Perú, donde la materia prima viene de otras latitudes y no tenemos ninguna marca propia de relieve mundial?
Tendremos la industria que hoy disponemos y nada más, no hay forma de multiplicarla, se requeriría un cambio de rumbo en política económica, en la dirección de lo que llamaron la "gran transformación", que ya fue dejado de lado y ahora lo llaman: "responsabilidad económica"
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Escribí la semana pasada críticas severas de la manera que venía desarrollándose el proceso de selección del constructor de la nueva sede del Banco de la Nación y ha habido una reacción en el sentido correcto. Ésta se ha registrado desde del día de ayer cuando la institución decidió poner a disposición de cualquier interesado a través de su portal, información relevante de la ejecución de una de las más importantes partidas del presupuesto del período 2013-2015.
Mi reclamo estaba orientado en dos sentidos: a la absoluta falta de información suscrita por el banco y a la conducción del concurso por parte de la cuestionada OIM. La primera parte ha sido cubierta en gran medida por la publicación en el portal donde se ha creado un enlace ex , profeso para la construcción de la nueva sede.
El vínculo ha puesto a disposición de la opinión pública: bases, absolución de consultas, adquirientes de las bases, empresas que han consultado, postores que han presentado ofertas. Adicionalmente nos hemos enterado que cuentan con un comité especial con funcionarios del banco, un consejo consultivo y una veeduría.
Considero importante referirme al consejo consultivo constituido por tres divisiones: la prestigiosa institución británica Building Research Establishment (BRE), que es una certificadora de buenas prácticas de construcción en lo correspondiente a medio ambiente y sostenibilidad, con más de 200,000 certificados otorgados; un grupo de reputados arquitectos peruanos como son: Miguel Cruchaga, Miguel Rodrigo y José Bentín y por último a un profesional de la certificadora alemana IKL. Con este consejo, habrá seguridad que los funcionarios y directivos del banco; tendrán una opinión objetiva y valedera sobre las características técnicas constructivas.
También me parece importante que exista una veeduría al interior del grupo de los profesionales de la OIM que conducen el proceso; en la cual participa el jefe de la auditoría interna del banco, quien lo hace con la autorización de la contraloría general de la república.
Hasta allí considero que existe una buena labor de la entidad bancaria estatal, el tema ahora es la manera que tomarán la decisión final, que puede ser de dos tipos: designar un ganador o declarar por concluido el proceso sin ganador. Según la infografía mostrada en el portal, la decisión la tiene el banco a través del comité especial que cuentan, que son asistidos técnicamente por el comité consultivo descrito. Es decir que la institución puede poner un veto a la decisión de OIM.
Los temas sensibles que veo en el futuro inmediato son dos: la justificación de las razones por las cuales se han descalificado empresas, en caso sea así y la discrecionalidad del comité del banco en caso haya opiniones discrepantes de los miembros del consejo consultivo. En este caso designar un ganador será muy difícil y la responsabilidad ante las protestas de los perdedores y descalificados, que indudablemente habrán, tendrá que asumirla enteramente en la entidad bancaria.
Se viene una semana turbulenta, una edificación por cerca de 400 millones de soles con fondos del estado no se da todos los días y la pugna de los cuatro postores será muy intensa, reclamos e impugnaciones incluidas. Lo peor que puede ocurrir es que se construya un local con cuestionamientos que no queden completamente aclarados para la opinión pública. Los directivos del Banco de la Nación no deben dejar de considerar que la junta de gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, programada para octubre del 2015, y que estrenará la nueva sede, no se realiza con frecuencia en América Latina y que no puede haber cuestionamientos a la construcción al local que albergará a los 3,500 funcionarios que participarán en la cónclave.
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Lo que fue presentado como una buena noticia, la realización en octubre del año 2015, del cónclave de gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM), va camino a convertirse en un gran escándalo de trascendencia internacional para el gobierno de Ollanta Humala. El "humalismo" no hará noticia global por la reunión de los funcionarios de la élite de la burocracia mundial, sino por las extrañas circunstancias en las que se construirá el local destinado para albergarlos.
En una decisión desacertada y contraria el slogan de campaña del partido de gobierno. "la honestidad que hace la diferencia", ha preferido realizarse el proceso de selección sin ninguna posibilidad de fiscalización por la contraloría general de la república (CGR), haciendo un convenio con la Organización Internacional para Migraciones (OIM), entidad que ha estado bajo los reflectores de los medios de comunicación por los servicios prestados a la municipalidad de Lima durante la gestión de Luis Castañeda Lossio.
El proceso constructivo tiene dos áreas, una bajo responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y otra que ya la tiene en curso el Banco de la Nación (BN). Para exonerarse de los trámites estatales, vía un convenio de administración, en el caso del BN a cargo de OIM, el poder ejecutivo emitió en mayo pasado el decreto supremo (DS-097-2008-EF), proyectado por la cartera que conduce el titular de economía y finanzas, Miguel Castilla, que tiene como fundamento que la ley de presupuesto del sector público del año 2013, que en su quincuagésima séptima disposición transitoria final, faculta realizar a entidades públicas los mencionados convenios.
En el caso del BN, en el plan anual de adquisiciones del año 2013, bajo el número de referencia 229, se programó la inversión de recursos del orden de 377 millones de soles para la construcción de una nueva sede, ubicada entre las avenidas Javier Prado y Arqueología, del mesocrático distrito de San Borja. Las instalaciones construidas serán cedidas para la realización de la junta. El presupuesto del año 2013, consignó la obra y calculó que el proceso de selección se realizaría en mayo pasado. Hoy los plazos están atrasados y la OIM que ha organizado el concurso, que lo ha identificado como la Licitación Pública Proy.001-BN/OIM 2013, tiene previsto anunciar el ganador el día 19 del presente mes de septiembre.
Lo más complicado para la debida transparencia que debe guardarse en este tipo de obras que se realizan con fondos de una entidad del estado, es que la información de dominio público, vía internet que es la apropiada, es escasísima. No se encuentran las bases en el portal de OIM, donde solo se indica que el día 19 de los corrientes anunciará ganador. Es indispensable que se conozcan los postores que están en carrera, más aún cuando hay fuertes rumores que entre los participantes está una empresa a quien se atribuye una cercanía muy estrecha con la pareja presidencial, corriendo apuestas que será la ganadora.
Por la salud del gobierno es indispensable que en esta oportunidad, dada la trascendencia de la obra y de los usuarios que la estrenarán, se tenga la máxima transparencia, cosa que no es usual en los procesos que tiene bajo responsabilidad OIM. Deben hacerse la excepción y hasta podría ser un hito que marca un nuevo rumbo que puede acreditar a la mencionada organización, que toda la información relevante sea exhibida: postores, preguntas, respuestas, alcances del trabajo, requisitos para la pre-calificación, resultados de la misma con explicación amplia de los méritos y deméritos, reclamos, impugnaciones y consideraciones que llevaron a una determinada empresa a ganar.
Señor Humala, su gobierno que trajinó en campaña electoral con una prédica moralizadora, ha venido desgastando su capital político desde la renuncia de su vicepresidente Omar Chehade, por el caso Andahuasi; luego vinieron las idas y venidas carcelarias de su hermano Antauro; el blindaje negado pero practicado al ex ,mandatario Toledo; temas de ámbito doméstico, pero en las contrataciones que me estoy refiriendo la connotación será internacional. No dilapide más su alicaída imagen, tome acción, exigir exhibición pública de información "on line" con la ocurrencia de los hechos, no significa esfuerzo mayúsculo. Usted tiene la palabra, no deje que funcionarios de mando medio le compliquen su gestión.
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Noticia, Exigimos transparencia y protección integral a los pueblos indígenas aislados y de la cuenca del Urubamba - 20/08/2013 13:42:46
"PRONUNCIAMIENTOExigimos transparencia en procedimientos estatales y la protección integral de los pueblos indígenas aislados y de la cuenca del Urubamba
Los abajo firmantes mostramos nuestra profunda preocupación por lo que viene aconteciendo en el marco de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo del Lote 88, del proyecto Camisea, el cual se superpone a la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN). La posible alteración del ecosistema resulta un peligro y grave riesgo para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial que viven en la RTKNN. Ante la magnitud de este proyecto hemos venido reclamando rigurosidad en el proceso de evaluación, exigencia que no ha encontrado eco en el Estado peruano.
Debemos subrayar que el EIA para el programa de ampliación ha estado en múltiples ocasiones observado. La Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, instancia encargada de la aprobación del EIA, ha emitido 3 Autos Directorales durante todo el proceso, señalando una serie de observaciones. En el último de ellos Auto Directoral N° 476-2013-MEM-AAE, identifica nuevamente 12 observaciones varias de ellas referidas a la poca claridad en la valoración económica de los impactos ambientales que este proyecto puede causar.
Llama la atención la manera en que se ha venido manejando el proceso, evidenciando falencias en el sistema de transparencia institucional, generando certeza y dudas desde la ciudadanía, por ejemplo, al desestimar opiniones técnicas como el oficio N°822-2013-SERNANP-DGANP, del jueves 11 de julio del presente año, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), que fue reemplazado al día siguiente por el Oficio N°653-2013-SERNANP-DGANP.
Dicha falta de transparencia también se vislumbró en el caso de la Resolución Viceministerial N° 005-2013-VMI-MC del Viceministerio de Interculturalidad de 12 de julio del presente año, publicada en la página web del Ministerio de Cultura el 15 de julio, retirada horas después, y desestimada por la Resolución Viceministerial N° 007-2013-VMI-MC del 19 de julio. En ambos casos se mostraban serias observaciones técnicas al proceso, las que fueron dejadas sin efecto con nuevos oficios y resoluciones viceministeriales.
Todo este escenario desconoce la complejidad y vulnerabilidad del bajo Urubamba y de los pueblos que allí habitan; privilegiando la promoción de la inversión sobre la defensa y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por ello:
1. Exigimos la protección de la vida y salud de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, así como de las comunidades que habitan en el área de influencia del proyecto Camisea.
2. Rechazamos las declaraciones de diferentes autoridades del gobierno quienes han expresado una posición de desconocimiento de la existencia; y por ende, de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial.
3. Emplazamos al Estado cumplir con los compromisos de protección de los Pueblos Indígenas en el marco de la legislación nacional e internacional, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y las directrices de protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de las Naciones Unidas, así como los compromisos asumidos con el Banco Interamericano de Desarrollo ,BID en torno a la necesidad de elevar los estándares de protección para las poblaciones de la Reserva, teniendo en cuenta que estos compromisos se asumieron para todo el desarrollo del proyecto Camisea. Demandamos la construcción de estrategias y herramientas de protección que garanticen la vida, salud y supervivencia de los pueblos indígenas presentes en la RTKNN, por ello solicitamos se apruebe e implemente de manera urgente el Plan de Protección para la RTKNN.
4. Creemos necesario adoptar un programa de mitigación de impactos directos e indirectos que ayude a elevar los indicadores sociales y ambientales, como garantizar la defensa y protección de los derechos indígenas.
5. Es urgente construir una propuesta de desarrollo amplia, con una visión integral de la cuenca del bajo Urubamba, que incluya las diferentes zonas de influencia del proyecto Camisea.
Lima, viernes 16 de agosto de 2013
Adhesiones:
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS:
APRODEH
APORVIDAH
Comisión de Justicia Social de Chimbote
COOPERACCIÓN
CAAAP
DAR
FEDEPAZ
GRUFIDES
Paz y Esperanza
IWGIA
Vicaría de Jaén
Perú Equidad
Red Agua Desarrollo y Democracia , REDAD
IDL
IPEDEHP
Beatriz Huertas Castillo, DNI: 10867668
Federica Barclay Rey de Castro, DNI 08231882
Patricia Urteaga. DNI 07952139.
Jorge Agurto Aguilar, SERVINDI, DNI 1044939
Juan Mario Pérez, Programa México Nación Multicultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México.
Alejandro Parrellada -
Jorge Prado , Confederación Campesina del Perú
Eva Sainz , Almaciga
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Interesante, ¿Por qué los "socialistas del siglo XXI" se parecen cada vez más a los liberales de extrema derecha? - 11/07/2013 4:07:08
"(Bolpress). Los pueblos indígenas del continente aún sufren discriminación extrema, son desplazados de sus tierras y no participan efectivamente en la toma de decisiones políticas y económicas. Los organismos internacionales están muy preocupados por la continua vulneración del derecho indígena a la consulta previa en Bolivia, donde gobierna el "primer presidente indígena" de la región.La Asamblea General de Naciones Unidas ha dedicado dos Decenios Internacionales consecutivos al análisis de la situación de los Pueblos Indígenas del mundo. En el primer decenio 1995-2004 creó el Consejo Económico y Social y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI) con el mandato de examinar los problemas relativos al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos de los pueblos originarios.
La máxima instancia de la ONU adoptó un plan de acción para el segundo decenio 2005-2014 que busca promover la inclusión de los derechos de pueblos originarios en legislaciones internacionales, regionales y nacionales relativas a políticas de desarrollo y recursos naturales.
En 2007 la ONU aprobó la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, un instrumento complementario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que legitima los derechos de esos pueblos al uso y acceso a la tierra, agua, océanos y humedales, y a los beneficios generados por la explotación de recursos naturales.
La Declaración de la ONU legitima el derecho indígena a mantener y fortalecer su relación espiritual con la tierra; a controlar sus territorios y patrimonio cultural, y a adoptar planes de desarrollo coherentes con sus tradiciones y conocimientos ancestrales. Además, reafirma la necesidad de que los Estados reconozcan legalmente las tradiciones, costumbres y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos originarios; y que asuman la responsabilidad de restituirles los territorios y recursos confiscados, tomados u ocupados.
Pese a que una gran mayoría de países del continente son signatarios del Convenio 169 y de la Declaración sobre los Derechos Indígenas, muchos Estados vulneran el derecho a la consulta previa, reconocidos por esos instrumentos jurídicos, y además reprimen a los indígenas que se atreven a reclamar.
"Tenemos motivos para celebrar el progreso alcanzado; sin embargo no podemos conformarnos ya que aún existe una amplia brecha entre la realidad y los principios de la Declaración", admitió la alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navi Pillay en la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto de 2010.
Pillay afirmó que las "continuas violaciones" de los derechos indígenas en todas las regiones del mundo "merecen nuestra máxima atención y acción". Y es que "la situación ha empeorado inclusive en los Estados donde hubo mayores avances", como Bolivia y Ecuador, lamentó Bartolomé Clavero miembro del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas.
A Clavero le sorprendieron los cambios políticos en gobiernos de "centro derecha y centro izquierda" que empezaron a "infravalorar la presencia indígena", y en la actualidad abren los territorios indígenas a las corporaciones extranjeras en nombre del "desarrollo económico" y del "interés general". Con ese argumento, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impulsa una Ley en Honduras que vulnera los preceptos del Convenio 169.
El eje del problema es el modelo de desarrollo imperante que antepone los intereses de las corporaciones transnacionales a los derechos humanos de los originarios. El relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya ha documentado innumerables casos en el último año.
Muchos pueblos originarios de la región se han visto obligados a abandonar sus tierras y han perdido sus medios de subsistencia como consecuencia directa de la explotación de petróleo, gas y minerales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación por la continuidad de prácticas violatorias de derechos, tales como la construcción de mega represas y la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y afrodescendientes, poniendo en riesgo su supervivencia. ([1])
Anaya y la CIDH han emplazado a los Estados a cumplir con su obligación de consultar de buena fe a los pueblos originarios, con el fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de aprobar y ejecutar cualquier proyecto en sus territorios ancestrales. Es así que la CIDH instó al gobierno de Brasil a detener las obras de construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte hasta tanto no se consulte a los indígenas que habitan el Rió Xingu.
La medida cautelar está respaldada por el derecho internacional, pero el gobierno brasileño la calificó de "injustificada y precipitada". El propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza recomendó a la CIDH "asesorar" a los Estados en vez de tratarlos como violadores de derechos humanos.
Insulza insinuó que la vulneración de los derechos indígenas no es tan grave como la tortura, las desapariciones forzadas u otras violaciones de derechos humanos. Estas "desafortunadas declaraciones constituirían una preocupante interferencia de un órgano político de la OEA en la autonomía e independencia del sistema interamericano de derechos humanos", criticó Amnistía Internacional (AI).
Las normas internacionales de derechos humanos debieran protegen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales frente a las nuevas amenazas para la región, en particular los impactos de los planes de desarrollo económico. Los megaproyectos como la represa Belo Monte en Brasil o la mina Marlin en Guatemala pueden afectar profundamente los derechos humanos de personas y comunidades, argumentaron AI y decenas de organizaciones sociales del continente.
Conflictos socioambientales en Bolivia
Desde 2010 se registran innumerables conflictos socioambientales en Bolivia, protagonizados por pueblos indígenas que no se sienten representados ni beneficiados por el nuevo Estado Plurinacional. Y es que el plan de desarrollo extractivista del gobierno de Evo Morales impacta negativamente en sus sistemas económicos, sociales, culturales y ambientales.
Según el artículo 352 de la Constitución Política del Estado, la explotación de recursos naturales en territorios indígenas está sujeta a un proceso de consulta libre, previa e informada a los dueños del territorio, la cual debe ser convocada por el Estado, respetando las normas y procedimientos propios de los pueblos afectados.
Sin embargo, la política económica del gobierno de Evo Morales ha entrado en franca contradicción con los preceptos de la Constitución y de los convenios internacionales. El Ejecutivo impone proyectos de desarrollo industrial vulnerando el derecho a la consulta previa y causando graves daños ambientales en territorios indígenas y campesinos.
Por ejemplo, las comunidades del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) rechazan la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que parte en dos a su TCO; mientras que la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Yacuiba está en contra de la exploración de yacimientos de petróleo en la reserva acuífera de Aguaragüe al sur del país. [2]
En 2009 los pueblos indígenas leco y mosetén del norte de La Paz denunciaron que YPFB inició actividades petroleras en su territorio sin consultar antes a sus ocupantes. Se trató del primer reclamo público, que luego desencadenó protestas en varias comunidades afectadas por la explotación de recursos naturales.
Los pueblos indígenas de la Amazonía y del Chaco comenzaron a denunciar la vulneración de su derecho a la consulta previa en el segundo semestre de 2009. El primer conflicto estalló entre mayo y julio de 2009 a raíz de la licencia concedida a Petroandina para la explotación de hidrocarburos en el norte de La Paz, en perjuicio de los pueblos mosetén, leco, tacana y chimán. [3]
En agosto de 2008 comenzaron las negociaciones con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) que aglutina a ocho organizaciones. ([4]) La empresa negoció rápidamente con los gremios campesinos y suscribió un acuerdo, pero no pudo convencer a los grupos indígenas.
Los indígenas pidieron garantías de seguridad para sus territorios y sobre todo la titulación de TCOs pendientes. Los debates se estancaron y la empresa prefirió continuar negociando directamente con las comunidades de Tomachi, Ullapi y San Juanito, por donde pasan las líneas sísmicas, desautorizando de esta manera a sus organizaciones matrices CPILAP, OPIM y PILCOL.
El 19 de mayo de 2009, YPFB-Petroandina SAM obtuvo la licencia ambiental para iniciar trabajos de exploración en el bloque Liquimuni de 675 mil hectáreas, ubicado en Caranavi; y el 1 de julio los Ministerios de Hidrocarburos y Medio Ambiente oficializaron la licencia para el tendido de líneas sísmicas en territorios de algunas comunidades afiliadas a la OPIM y PILCOL.
El 2 de julio, el presidente de la CPILAP José Ortiz y representantes de la OPIM y PILCOL impugnaron la licencia ambiental concedida a Petroandina, alegando que el proceso de consulta fue irregular. Los dirigentes denunciaron que el Ministerio de Hidrocarburos y sus técnicos manipularon la consulta y pasaron por encima de las organizaciones locales. No brindaron información necesaria, no dieron suficiente tiempo a los dirigentes para planificar un mecanismo de consulta democrático, e inclusive falsearon acuerdos recabando firmas de niños.
Lo peor de todo fue que la petrolera dividió a las organizaciones sobornando a caciques de Covendo, Villa y San Pedro de Cogotay. Petroandina SAM "nos ha dividido orgánicamente comprando al compañero José Tupa Gonzales y a otros ex dirigentes", denunció el presidente de PILCOL Walter Pinto.
El cacique mosetén de Covendo Enrique Romero se puso de lado del Ministro de Hidrocarburos, dijo que su comunidad estaba de acuerdo "con el desarrollo del norte de La Paz", y denunció el 29 de julio que algunas ONG como el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) "tienen intereses ocultos".
El cacique de Simay Daniel Gigasi reveló que una de las primeras consecuencias de la avanzada petrolera fue el "rompimiento de la estructura dentro de la comunidad y de la organización a nivel local, regional y la nacional". Se generalizaron sentimientos de desconfianza entre vecinos, familiares y compañeros; los dirigentes perdieron autoridad, y las organizaciones comunitarias comenzaron a debilitarse. Prueba de ello fue la creación del Consejo Regional Indígena Leco Larecaja (CRIL), una asociación paralela a la PILCOL que obtuvo muy rápido su personería jurídica.
Petroandina no cumplió ni siquiera compromisos mínimos y no atendió las mayores preocupaciones de las organizaciones indígenas, como por ejemplo la apertura de sendas, el desmonte del bosque para instalar campamentos y la invasión de extraños a su territorio. La petrolera contrató a "consultores ambientalistas" en las mismas comunidades, dizque para que vigilen las obras y cuiden los recursos naturales y ojos de agua; pero en realidad los contrató para que abran sendas. Todo fue una mentira.
El segundo conflicto fue protagonizado por pueblos indígenas guaranís y weenhayek, quienes advirtieron que no permitirán el inicio de operaciones de Petrobras y de la británica British Gas (BG) en el Chaco de Tarija mientras no se desarrollen proyectos productivos y se generen empleos locales. El pueblo weenhayek exigió 11 millones de dólares como compensación a BG Bolivia y finalmente firmó un acuerdo por 2 millones de dólares.
El director general de Gestión Socio Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos Omar Quiroga informó que en 2007 se realizaron cinco procesos de consulta previa; cuatro en 2008 y cinco en 2009, haciendo un total de 14 procesos concluidos en tres años. Aseguró que en 2010 al menos tres comisiones de funcionarios de la Dirección General de Gestión Socio Ambiental (DGGSA) visitaron Camiri, Montegaudo y Yacuiba con el fin de concretar procesos de consulta y participación para los proyectos Sísmica 2D del Bloque Iñau, la Sísmica 3D del Bloque San Antonio y el Gasoducto de Integración Juana Azurduy.
Según la autoridad, la gestión 2010 marcó un punto alto en la labor de informar a las comunidades campesinas y tierras comunitarias de origen sobre el impacto de los proyectos de hidrocarburos o electricidad en sus territorios. Ese año se completaron siete procesos de consulta, para sumar un total de 21 procesos concluidos.
Para 2011, la DGGSA tiene planificados 12 procesos de consulta y participación, además de ocho consultas anunciadas, sumando un total de 20 procesos. "El desafío de este año es extremadamente grande, ya que con 20 procesos estaríamos prácticamente duplicando la cantidad de consultas de los cuatro años anteriores" destacó Quiroga. [5]
El gobierno "antiindígena"
Los hechos demuestran que el derecho a la consulta previa no tiene plena vigencia en Bolivia. En realidad, el propio Estado considera que la consulta previa es un obstáculo para las inversiones, y por ello ha decidido "reglamentar" ese derecho con el fin de acelerar la explotación de hidrocarburos y minerales.
Durante la declaratoria del nuevo reservorio de Aquío X-1001 en Caraparicito, Santa Cruz, el Presidente Morales dijo que ""a veces las consultas ya no son tanto para conservar el medioambiente, sino son un chantaje y hasta una extorsión a las empresas, al Estado o a Yacimientos".
Tiempo después, Morales criticó a "algunas ONG que se pronuncian por una "Amazonía sin petróleo, lo que quiere decir que no habrá gas ni petróleo para los bolivianos. ¿De qué vivirá Bolivia si algunas organizaciones dicen Amazonía sin petróleo? Están diciendo en otras palabras que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya IDH (impuestos), que no haya regalías".
El 14 de julio de 2010, el presidente de YPFB Carlos Villegas acusó a algunas ONGs de "asumir una actitud hostil y una postura no acorde con la realidad del país"; y el 21 de septiembre fustigó a los indígenas que reclaman "indemnizaciones y compensaciones sobredimensionadas, que en muchos casos exceden con creces la disponibilidad de la empresa".
Villegas culpó a los indígenas de la postergación de planes de inversión, y anunció que el Ministerio de Hidrocarburos elabora una disposición legal que permita que los reclamos sociales "ya no sean un obstáculo para la inversión".
El gobierno de Morales continúa negociando contratos para la explotación de hidrocarburos sin consultar a las comunidades afectadas, y comenzó a elaborar nuevas normas y reglamentos que restringen el derecho a la consulta previa, amplían las concesiones y flexibilizan las normas ambientales.
La protesta de los originarios recrudeció y alcanzó repercusión internacional luego de la emblemática marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) a mediados de 2010. Pero el gobierno no escucha los reclamos y prefiere estigmatizar cualquier expresión de descontento. [6]
El Ejecutivo despliega una furiosa campaña mediática para desprestigiar al movimiento indígena e intimida a sus dirigentes. El ex prefecto oficialista del departamento de La Paz Pablo Ramos fue uno de los encargados de hacer callar al indio más rebelde, el mallku de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) Rafael Quispe.
"Cuando empezó el (problema minero) de Corocoro, Pablo Ramos me dijo "por qué tanto reclamas por los medios de comunicación; nos sentaremos en el hotel Europa y hablaremos con el jefe (Evo Morales) para que ya no molestes sobre este tema", reveló Quispe a la Red Erbol.
De manera simultánea, el oficialismo intenta fracturar a las organizaciones repartiendo ingentes cantidades de dinero. El presidente de la CIDOB Adolfo Chávez reiteró que el Ejecutivo y YPFB compran a dirigentes para que autoricen la explotación de recursos naturales en sus territorios.
Quispe denunció que el gobierno de Morales soborna a algunos dirigentes de las organizaciones sociales con fondos de la Cooperación Española administrados por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesinas y Comunidades Interculturales de Bolivia (Coincabol).
"Coincabol es un apéndice del Fondo Indígena, encabezando por el señor Freddy Condo y de ahí viene el control político", aseveró Quispe e señaló que los operadores del gobierno son los senadores Isaac Ávalos y Fidel Surco, ex dirigentes campesinos.
El diputado opositor Adrián Oliva denunció que seis días antes del frustrado gasolinazo de diciembre de 2010, la ministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo entregó 1.400 millones de bolivianos al Pacto de Unidad integrado por gremios campesinos afines al MAS.
Pisotean los derechos indígenas en todo el continente
El 25 de marzo de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció tres casos de violación del derecho de los pueblos indígenas en una audiencia regional titulada "Jurisdicción indígena y derechos humanos". El organismo resaltó que la violación del derecho a la jurisdicción indígena, reconocido en el derecho internacional, constituye una manifestación del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas.
El Convenio 169 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a controlar sus instituciones y formas de vida, su derecho consuetudinario y sus métodos de control de delitos. La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) reconoce que los sistemas jurídicos indígenas son parte de su autonomía o libre determinación.
Sin embargo, las rondas campesinas del Perú, una forma de administración de justicia y solución de conflictos de familia, robo, abigeato, homicidios, contaminación ambiental, entre otros casos, han sido denunciadas ante las autoridades como delito de secuestro, usurpación de funciones u otros, habiendo más de mil autoridades ronderas y miembros de comunidades criminalizados.
Otro ataque a la jurisdicción indígena en Perú es el de la Comunidad nativa "Tres Islas", conformada por familias del pueblo Shipibo y Ese"eja en el departamento de Madre de Dios. La comunidad decidió controlar el ingreso de taladores y mineros a su territorio. Empresas transportistas respondieron presentando un hábeas corpus por libertad de tránsito.
A fines de 2010, el Ministerio de Energía y Minas de Perú adjudicó 14 nuevos lotes de potencial petrolífero en la Amazonía a transnacionales, sin tener en cuenta los criterios de los nativos, con el argumento de que la Ley de Consulta Previa no había entrado en vigor.
En Venezuela, la lucha por territorio de las comunidades Yukpa en la Sierra de Perijá ha merecido una violenta ofensiva gubernamental y de sectores ganaderos. A pesar de que el caso tuvo lugar en territorio indígena y que las dos partes involucradas han invocado el respeto a la jurisdicción indígena, establecida en la Constitución y la ley, las autoridades venezolanas han vulnerado este derecho.
Se denunció que los dirigentes del movimiento Sabino Romero, Alexander Fernández y varios de sus familiares han sido torturados y sometidos a tratos degradantes por parte de efectivos militares y policiales. El 5 de mayo, el Grupo Venezuela dentro del Parlamento Indígena de América analizó un plan de trabajo para atender las demandas puntuales de los pueblos originarios. Los recién designados presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes acordaron acelerar la funcionalidad del ente que por varias razones no había sesionado antes.
El gobierno Venezolano decidió aprobar una reforma parcial del decreto presidencial 7855, que adscribió a la Vicepresidencia de la República la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas. La normativa establece que el despacho del vicepresidente Elías Jaua dirigirá el trabajo del equipo, destinado a garantizar la conservación y el reconocimiento de las formas de vida de los pueblos originarios.
Por otro lado, el 21 de abril de 2011 la CIDH solicitó al gobierno de Argentina que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad indígena qom, para garantizar "la integridad física" de sus miembros, así como también el regreso de su cacique Félix Díaz a su hogar. (Página 12)
La intervención del organismo internacional fue requerida por la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diciembre del año pasado, tras la represión que sufrió el pueblo originario el 23 de noviembre de 2010, cuando murieron el indígena Roberto López y el policía Heber Falcón. Los originarios fueron desalojados y reprimidos cuando se manifestaban en la ruta 86 por la recuperación de 1.300 hectáreas de territorios ancestrales.
La CIDH pidió al gobierno argentino que "adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física" de los qom "contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales".
De otra parte, la CIDH de la OEA solicitó al gobierno de Brasil la suspensión inmediata del licenciamiento y construcción de la represa de Belo Monte, en el estado de Pará, argumentando que el proyecto podría perjudicar los derechos humanos de las comunidades de la cuenca del río Xingú.
El 1 de abril la CIDH emitió la Medida Cautelar 382/10 a favor de los indígenas de Arara de la Volta Grande do Xingu; Juruna de Paquiçamba; Juruna del ""Kilómetro 17""; Xikrin de Trincheira Bacajá; Asurini de Koatinemo; Karara
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