Gestión Pública del Perú y el Mundo: Tráfico de tierras al sur de Lima y DESAPARECIDO EN PERU: DESDE FUJIMORI HASTA OLLANTA HUMALA

Interesante, Tráfico de tierras al sur de Lima - 04/03/2014 16:24:45

"Jorge Pazos Holder pasará a la historia no como el gran promotor educativo que quiere hacernos creer, sino como el cerebro de una estrategia que está detrás de una comunidad campesina que ha venido apropiándose enormes extensiones de terrenos en Lurín y Pachacamac.
A continuación, la primera entrega de este escandaloso tráfico de tierras en la capital.
Jorge José Pazos Holder (75 años) es ingeniero agrónomo que fue secuestrado en el 2005 por doce individuos que lo bajaron a golpes de su Mercedes Benz (el que tuvo el rol de negociador entre la familia y los secuestradores fue su cuñado Juan Ferrini Giannoni) y dueño de las instituciones CESCA, CICEX, Computronic y la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI).
No deja de ser un personaje digno de estudio desde el punto de vista de la psicología criminal.
Pazos Holder tiene el perfil de un gran empresario educativo, de importante promotor de la educación en el país. Los que lo conocen dicen que es bastante locuaz, obstinado, la soberbia le brota a flor de piel, le gusta ser el centro de la atención en cualquier reunión, se considera un adonis y gran mujeriego y que le gusta hablar de sus conquistas y jactarse de ellas.
Afirman que si Casanova viviese en estos tiempos, se sentiría un bebe de pecho a su lado.
El personal de áulicos y corifeos que lo acompañaban para todos lados, así como el séquito de seguridad que causaría envidia a los ministros, son los únicos que aplauden y se regocijan con estas aventuras, lo miran embelesados y le queman incienso, algo que le gusta sobremanera.
Cuando habla, se cree dueño del mundo y dice a los cuatros vientos que nadie lo vence en los numerosos litigios que tiene.
Pero como todo ser humano, Pazos Holder tiene su lado oscuro.
Apariencias que engañan. El primer lugar, el origen de su fortuna es desconocido, pues Jorge Pazos proviene de una familia medianamente adinerada y su crecimiento financiero en los últimos años no tiene sustento, registra grandes deudas en el sistema financiero y tiene cobranzas coactivas de la SUNAT (hace no mucho el ente recaudador sacó a remate una de sus propiedades).
El desarrollo empresarial de Pazos está ligado a las asociaciones promotoras de servicios de educación, las personas de su entorno actúan en diversos rubros, pero en las sociedades el capitalista es él. También ha incursionado en otros rubros como la minería, corretajes, telecomunicaciones, publicidad, comercio exterior, pero parece que en todos esos campos la fortuna le fue esquiva.
Tal vez la característica más saltante de nuestro personaje es su afán desmedido por apoderarse de inmensas cantidades de terreno a través de maniobras ilegales, llegando incluso a inventar o crear comunidades campesinas de la nada que esgrimen falsos títulos otorgados por virreyes que nunca estuvieron en el Perú o que llegaron después o antes de la fecha que se mencionan en los documentos apócrifos que presentan.
La habilidad de Pazos es tal que logra captar la complicidad de directivos de cooperativas, dirigentes de comunidades campesinas, notarios, jueces, fiscales, policías, etcéteras, que satisfacen su apetito voraz de apropiarse de extensas terrenos en el país, incluso, áreas protegidas como el Bosque del Cañoncito en La Libertad.
Su afán es apropiarse de tierras en Lurín que le ha valido múltiples denuncias y conflictos con los legítimos propietarios y poseedores de terrenos, pero todo ello no le preocupa, porque son tantas las denuncias que tiene que ha aprendido a moverse como tilapia en el fango.
Para alcanzar su objetivo, Pazos dirige una siniestra organización cuyo principal lema es, al mismo estilo de Maquiavelo, "el fin justifica los medios".
Algunos dicen que su organización es una especie de mafia moderna o una clase especial de crimen organizado y que solo agudizando los sentidos se puede descubrir los sutiles métodos ilícitos que utiliza para alcanzar sus fines, métodos que permanecen encubiertos en una aureola de gentleman, promotor de la educación peruana y empresario exitoso.
El cuento de la comunidad. La Unidad de Investigación de este semanario, durante tres años ha realizado una exhaustiva y paciente investigación sobre este personaje y su entorno, elaborando un perfil psicológico, reconstruyendo su historia y tratando de descubrir su modus operandi.
Para encontrar respuestas a las interrogantes de cómo se ha apropiado de manera sistemática de grandes extensiones de terrenos en el sur de Lima y en el norte del país, satisfaciendo su apetito voraz por tierras ajenas.
Y no es que sufra de geofagia.
Su organización ha sido capaz de llevar a cabo el más grande tráfico de tierras en los distritos de Lurín y Pachacamac y Pazos Holder se erige como el responsable de financiar y apropiarse de miles de hectáreas de terrenos del Estado de manera ilegal.
Aprovechando que la corrupción campea en el Poder Judicial y el Ministerio Público , así como en los Registros Públicos para inscribir los terrenos adjudicados por una inexistente comunidad campesina de Pachacamac , conformada en su mayoría por miembros de una familia humilde que se convirtieron, gracias a él, en una de las más grandes mafias de traficantes de terreno del Perú.
Para llevar a cabo sus macabros planes, a Jorge Pazos le favoreció el hecho de que tiene conocimiento sobre compra- venta de inmuebles, actividad que ha venido realizando desde 1986 a la fecha, tal como se desprende de las propiedades que tiene y los aportes millonarios invertidos en diversas personas jurídicas.
Así como la estrategia aplicada para revivir una extinta comunidad campesina de Pachacamac y organizar a personas de escasos recursos económicos y académicos para obtener propiedades de terceros.
La comunidad campesina de Pachacamac salió de la nada y bajo la batuta de la organización que lidera Pazos Holder intentó apropiarse de 107,164.40 hectáreas, área extensa que abarcaba doce distritos del sur de Lima.
Santa María del Mar, San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, Villa El Salvador, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, La Molina, Pachacamac y Cieneguilla.
Dicha área contiene una serie de partidas matrices y diversas independizaciones a partir de las mismas, tal como observó el ingeniero de catastro Ronny Necochea Hinostroza, el 25 de febrero de 2009 a través del Informe Técnico N° 1358-2009-SUNARP-Z.R.N° IX/ OC, en el que indica que en el número de ficha y/o partida registral sí existe una posible superposición de áreas con predios registrados y/o predios colindantes, duplicidad de partidas registrales y títulos pendientes respecto al área de calificación.
El Informe Técnico N° 03540-2007-SUNARP- Z.R.N° IX/OC del 30 de mayo de 2007, cuando evalúa el expediente referido al predio de la comunidad campesina de Pachacamac, determina que es un ámbito a inmatricular muy extenso, encontrándose dentro de ello diversas partidas.
Tanto en el ámbito urbano como rural y solicitan que el usuario replantee todos los predios enunciados incluyendo sus independizaciones, además de adjuntar el plano de conjunto de la comunidad campesina, actas de colindancias y memoria descriptiva actualizada de todos los propietarios colindantes.
El principal beneficiado como adjudicatario con las tierras que esa imaginaria comunidad considera suyas era Pazos Holder, a sabiendas de que dicha comunidad se encontraba extinta desde 1949.
Se calcula que Pazos Holder se ha hecho adjudicar por parte de esa falsa comunidad campesina aproximadamente 800 hectáreas.
El clan de los cuya martínez. El clan que integra la supuesta comunidad campesina de Pachacamac está formada por una numerosa familia que comprende esposos, hijos, tíos, sobrinos, yernos, nueras y nietos.
La mayoría vive en casas rústicas en Lurín y Pachacamac con muy escasos servicios.
El nivel educativo de esa familia es bastante bajo, la mayoría de sus integrantes solo cuenta con quinto año de primaria, salvo la hija del presidente, Janeth Manuela Cuya Rodríguez, que es técnico en computación y tiene grado de educación superior.
Pero Janeth Cuya en realidad no maneja nada, porque el timón de esa sospechosa comunidad campesina es su padre, Víctor Cuya Martínez, sujeto clave en todo este tinglado jurídico montado por Jorge Pazos Holder.
La prueba está en varios documentos de adjudicación en propiedad del predio rústico que otorga la comunidad campesina de Pachacamac, representada por Víctor Cuya Martínez, a favor de Pazos Holder en los registros de la notaría Aníbal Sierralta Ríos.
Por ejemplo, existe la Escritura 936, Minuta 630, Kardex 2765, del 13 de agosto de 2008 en donde le dan a Pazos Holder en adjudicación una propiedad de predio rústico (el predio P-I Parcela C) que se encuentra ubicado en el cerro Pavona y Covero con un área de 36,623.26 m2.
La estrategia legal que ha seguido la inexistente comunidad campesina para intentar apropiarse de inmensas extensiones de terreno en Lurín y Pachacamac tiene un costo elevado y se descarta que estos humildes campesinos hayan podido solventar los gastos que demanda el pago de abogados, la compra de conciencias de jueces, notarios, registradores, policías, fiscales y tantas personas más.
A simple vista se puede percibir que esta familia solo es el mascarón de proa de un plan sistemáticamente ejecutado para adueñarse de grandes extensiones de terreno, ya que ninguno de los integrantes de esa comunidad tiene la suficiente malicia, preparación académica y dinero para ejecutar ese criminal plan.
Según la documentación, el propio Cuya Martínez aparece con solo quinto año de primaria.
Es obvio que en este complicado tema han tenido que intervenir especialistas, cerebros maquiavélicos, personas que conocen del valor de dichas tierras y se aprovechan de las necesidades de los campesinos.
Este afán de apropiarse de tierras en Lurín y en otros lugares del país, le ha valido a Pazos Holder y los integrantes de la comunidad campesina múltiples denuncias y conflictos con los legítimos propietarios y poseedores de esos terrenos.
La mayoría de estas denuncias, tanto penales como civiles, no prosperan porque esa organización se estaría valiendo de prácticas ilegales para obtener resoluciones judiciales a su favor.
La investigación realizada por Juez Justo (en nuestro formato de revista), publicada el 24 de febrero de 2010, permitió descubrir el hilo de la madeja e identificar al verdadero operador en la sombra de esta ilícita apropiación de tierras:
Era el empresario Jorge Pazos Holder, quien actuó en complicidad de su fiel escudero, el abogado Carlos Castillo Figueroa.
En un programa televisivo de esta casa editora, se trató este tema y allí se destapó este gigantesco tráfico de tierras que mueve muchos millones de dólares y que se basaba en el argumento de que la comunidad campesina existe en Pachacamac y que los títulos de sus tierras se los otorgó el virrey Manuel de Amat y Junient en 1760.
La investigación que llevó a cabo Juez Justo demostró que ambas premisas eran falsas, que no existía la comunidad campesina de Pachacamac y que el virrey Amat nunca concedió tierras a una comunidad con ese nombre.
Foto: Difusión.

Ver artículo...
" Fuente Artículo

Es Noticia, 15 MIL DESAPARECIDO EN PERU: DESDE FUJIMORI HASTA OLLANTA HUMALA - 03/12/2013 13:39:07

" IMPUNIDAD Y COMPLIDAD ACTUAL. En Perú la discusión es interminable para saber la cantidad exacta de personas desaparecidas durante 20 años de conflicto armado (1980-2000). Esta discusión es entre cifras oficiales y el testimonio verídico de los familiares de las víctimas. Los gobiernos que han seguido después del 2000 cuando cayó el régimen de Fujimori han utilizado la coerción, el chantaje y todo el poder del Estado para ocultar los crímenes de las fuerzas armadas, la policía y grupos paramilitares.
El gobierno transitorio de Valentín Paniagua (2000), la administración de Alejandro Toledo (2001-juillet 2006), hasta llegar al gobierno de Alan García (2006-2011), y el actual régimen del militar Ollanta Humala, han protegido militares y civiles acusados de masacres, secuestros y desapariciones de personas acusadas de subversión.
Las cifras de desaparecidos Para la Conferencia Episcopal Peruana, entre 1980 y el 2000 las personas desaparecidas fueron 15 mil. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en su informe de 2003, registra 8 mil 558 personas desaparecidos durante el conflicto armado. El Comité Internacional de la Cruz Roja, duplica esta cifra y en octubre del 2011, señala que los desaparecidos en Perú suman 16 mil. Esta cifra se basa en los informes y registros del Instituto de Medicina Legal y el Equipo Peruano de Antropología Forense.
Si para el número de desaparecidos hay cifras en desacuerdo, lo mismo ocurre para la cantidad de muertos durante la guerra interna. Así para la Comisión de la Verdad y Reconciliación el costo en vidas humanas de la guerra interna suman 70 mil. El Consejo de Reparaciones del Perú en un informe del 2011 ha señalado que el número de víctimas de la guerra interna que atravesó el Perú podría ascender a 100 mil personas. Esta cantidad de muertos y desaparecidos fueron en su gran mayoría ciudadanos del campo, estudiantes y trabajadores de la ciudad sindicados de pertenecer o sostener los grupos subversivos, en particular a Sendero Luminoso (Partido Comunista del Perú-PCP). En Perú no pasa una sola semana que no se descubren fosas comunes donde fueron sepultados clandestinamente ciento de victimas de militares y policías durante el conflicto armado. Así por ejemplo en el 2011 la Cruz Roja entrega un informe sobre la posible existencia de 4 mil 644 fosas comunes en todo el Perú. De esta cantidad de cementerios clandestinos, dice la Cruz Roja, más de 2000 aún no han sido localizadas.
¿Por qué tanta impunidad en Perú?
Perú es uno de los países de América Latina, donde los antiguos responsables de muertes, masacres y desapariciones, no solamente no han sido sancionados, sino que vuelven al poder y con ello repiten sus métodos criminales contra la población. Por ejemplo Alan García Pérez presidente entre 1985 y, fue responsable de cientos y miles de asesinatos y desapariciones. Matanza en los penales, desapariciones de estudiantes, crímenes contra la población, etc. Nunca fue sancionado y al contrario fue recompensado con una nueva gestión presidencial entre julio de 2006 y el 2011.
En junio del 2009, el presidente Alan García fue nuevamente acusado de masacres masivas y de desapariciones de pobladores. Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos de Perú), denuncio (13 de junio 2009) la responsabilidad del gobierno de García por el asesinato de 31 indígenas de la selva y 61 desaparecidos. Estos hechos ocurrieron en Bagua, una localidad de la amazonia peruana. El conflicto se inició cuando los indígenas se movilizaron contra decretos gubernamentales atentatorios contra sus derechos a la tierra y la subasta de los recursos naturales en beneficio del tratado del libre comercio con Estados Unidos. El saldo represivo del segundo gobierno de García fue de 174 muertos y 61 desaparecidos.
El régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) significo un de los periodos más sangrientos del conflicto interno. Uno de los jefes militares de este periodo fue el actual presidente del Perú, Ollanta Humala. El actual gobernante, ha sido acusado de secuestros, torturas y crímenes de prisioneros durante la época de Fujimori cuando era jefe militar en una zona de guerra. En sociedades normales, Ollanta Humala debería estar preso por torturas, crímenes y desaparecidos. Pero ello no es así, Humala es el presidente del Perú y ganó las elecciones en el 2011 con el apoyo de las fuerzas armadas y de la izquierda legal peruana.
En el primer año de la gestión de Ollanta Humala 17 campesinos fueron muertos por orden del gobierno. Hasta el final del 2012, el actual régimen ha asesinado en conflictos sociales a 27 personas entre campesinos y asalariados. En el informe ""Un año del gobierno de Ollanta Humala" de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (julio 2012), se anota que en cuanto a los derechos humanos durante el actual gobierno, "muy poco es lo que se ha hecho, y más bien se ha producido un retroceso". Esta comisión advierte en su informe que este problema "se refleja en los muertos, heridos y la criminalización de las protestas sociales, así como el recorte de libertades fundamentales mediante el estado de excepción".
La herencia del fujimorismo en el poder, no solo se refiere al actual presidente peruano, sino también a la legalidad para el movimiento político de la familia Fujimori. Keico Fujimori, es la hija del ex mandatario, ex primera dama fue cómplice de su padre durante su gobierno corrompido y criminal. Pero gracias al sistema de impunidad en Perú, Keico no está en prisión como su progenitor, y al contrario ella aspira a ser presidenta del Perú. La hija de Fujimori es la actual lideresa del grupo "Fuerza Popular", otro nombre de lo que fue "Cambio 90" de la época de Alberto Fujimori. Ella ha sido en el 2011 candidata a la presidencia de la Republica y se ubicó en el segundo lugar después de Ollanta Humala. Actualmente las encuestas y sondeos electorales la ubican como la candidata preferida para las próximas elecciones presidenciales del Perú.
A diferencia de otros países latinoamericanos, el ciclo de muertos y desaparecidos en Perú se desarrolló durante el periodo de tres gobiernos que se instauraron vía procesos electorales, pero que dependían 100% de los militares. Fernando Belaunde, líder de Acción Popular (AP) 1980-1985: Alan García Pérez del Partido Aprista (APRA) 1985-1990 y Alberto Fujimori, líder de "Cambio 90" (1990-2000), fueron los tres gobiernos "democráticos" que recibían órdenes de las fuerzas armadas.
La particularidad común de estos regímenes fue que en el aspecto político, sobre todo en la forma de enfrentar la subversión, entregaron todo el poder a las fuerzas armadas. El modelo de plan contrainsurgente, fue diseñado, dirigido y aplicado por los militares y la CIA americana. El eje de este plan antisubversivo, fue el asesinato masivo de poblaciones enteras sospechosas de constituir "base de apoyo" de Sendero Luminoso. Tanto el gobierno de Alan García así como el de Alberto Fujimori, elegidos "democráticamente", contaron desde su inicio con el apoyo de la izquierda legal peruana, así como de la iglesia católica, y las principales Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del medio peruano. Putis Uno de los casos más brutales de secuestro y asesinato masivo de campesinos acusados de pertenecer o ser base de apoyo de Sendero Luminoso. Este hecho sangriento ilustra la actuación brutal de las fuerzas armadas en las zonas consideradas "rojas" o base de apoyo de la subversión.
Putis es una pequeña localidad andina ubicada en la provincia de Huanta (Ayacucho) y a 300 kilómetros el sureste de Lima. Este genocidio de un pueblo ocurrió en 1984 cuando Fernando Belaunde, considerado "padre de la democracia peruana", era presidente del Perú. En ese pequeño pueblo fueron asesinados 123 campesinos, entre ellos mujeres y niños. Ellos, antes de ser ejecutados, fueron obligados a cavar una gigantesca fosa común donde serían muertos y sepultados. Como dijo la misma Comisión de la Verdad (CVR) estos pobladores "fueron acribillados por miembros de las fuerzas armadas quienes sospechaban que los pobladores rurales colaboraban con rebeldes de Sendero Luminoso".
Estos hechos fueron descubiertos recién en el 2001 por el periodista Edmundo Cruz. Las autoridades se vieron obligadas a reconocer esta matanza. Antes de este descubrimiento las victimas de Putis eran considerados "desaparecidos". Incluso se decía que eran "senderistas" que se habían enrolado con la subversión. Según los expertos que analizaron los restos mortales, el 45% de los cuerpos hallados en la fosa común correspondían a niños y jóvenes entre 1 y 17 años de edad. Todos fueron muertos con balas de fusil y acuchillados. Sobre la cantidad de niños en esta masacre, Edmundo Cruz declaro en un reportaje a la agencia AP, que el asesinato de los niños "solo tenía una explicación muy frecuente en la ideología de los militares de esa época". "Esa ideología era que estos niños más tarde serían iguales a sus hermanos y padres a quienes los militares consideraban terroristas", explicó. Hasta la fecha, no hay ningún militar ni civil acusados por este asesinato masivos de niños, jóvenes, adultos y mujeres.
Parodia de "sanción" e impunidad
¿Por qué en Perú no se ha sancionado ejemplarmente ningún alto militar, civil o ex presidente acusado por crímenes y desapariciones de miles de peruanos?. El verdadero poder en Perú está constituido por las fuerzas armadas. En el caso peruano, las elites políticas, sus partidos y sus organizaciones de fachada, cumplen las órdenes provenientes de los cuarteles. El sistema político, aparte de ser decadente y corrompido, es una "democracia" caricaturesca bajo la tutela de las fuerzas armadas. En este marco político-jurídico, jamás habrá sanción para los responsables de cientos y miles de asesinatos contra la población. En cualquiera de los gobiernos llamados democráticos, la presencia militar es cuantiosa y grosera. Están presentes en el ejecutivo, en el parlamento, en las instituciones públicas, y hasta en la presidencia de la Republica como es el caso del comandante Ollanta Humala.
En este contexto algunos militares han sido condenados a prisión por casos menores, pero no por los grandes crímenes que habían cometido. Estos "militares sancionados", han cambiado la prisión por la detención domiciliaria o por largas estadías en los hospitales militares. Fujimori, es el único ex presidente que ha sido acusado y condenado a 25 años de reclusión por dos hechos de sangre, que en el conjunto de los crímenes bajo su responsabilidad, constituyen apenas dos gotas de agua en un océano de matanzas innumerables. Fujimori fue sancionado por el asesinato de 15 adultos y un niño en Barrios Altos (Lima) el 3 de noviembre de 1991 y la muerte 9 estudiantes y un profesor de la Cantuta el 18 de julio de 1992. En total 25 muertos, de una cantidad globalmente estimada entre 15 y 20 mil personas durante su gobierno que transcurrió entre 1990 y el 2000.
COMISIONES DE LA VERDAD, OTRA FORMA DE OCULTAR EL CRIMEN
En Perú como en ningún otro país latinoamericano, se ha institucionalizado la propaganda para desprestigiar a los grupos subversivos y responsabilizarlos de muertes y desaparecidos que corresponden a la autoría de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Tanto en Perú como en el extranjero se dice que los principales agentes de muerte, secuestros y desapariciones fueron los grupos armados, principalmente el Partido Comunista del Perú (PCP) organización subversiva conocida bajo el nombre de Sendero Luminoso. En la prensa oficial se repite: "Los culpables fueron todos los involucrados en la guerra: las guerrillas de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)".
Para Salomón Lerner, presidente de la CVR (junio 2003), "la causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú , Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar "la lucha armada contra el estado peruano…". En tanto ello es el principal responsable del conflicto interno con el 54% de las víctimas que suman 70 mil muertos. Las cifras de la CVR fueron corregidas en el 2011 por la Defensoría del Pueblo, institución que entrega otra versión. Para esta organización los responsables del secuestro y desaparición fueron: El ejército, responsable del 60.4% de los desparecidos. La Policía Nacional fue responsable del 12.2% de las detenciones y desapariciones. El 7.3% de casos fue de autoría de los miembros de Comités de Autodefensa. En el 6% aparecen como responsables miembros de Fuerzas Combinadas (ejercito-policía).
La Comisión de la Verdad (CVR), junto con diabólizar a los subversivos, ha realizado bastantes esfuerzos para justificar y exculpar de crímenes y secuestros a las fuerzas armadas y gobiernos respectivos. La CVR, dice en 2003 refiriéndose a los militares, ellos actuaron "en nombre de la ley y en defensa del régimen democrático", mientras que los subversivos "se levantaron de manera autoritaria en contra de dicho régimen". Al mismo tiempo señala la CVR, hay que "reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las fuerzas armadas realizaron durante los años de violencia". Así esta Comisión rinde su "más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber". (CVR, 2003, Tomo VIII, p. 323)
El periodo entre 1980 y 1985, fue una de las etapas más violentas y represivas de 20 años de guerra interna. Fue el inicio del ingreso de las fuerzas armadas para combatir la subversión y el comienzo de las regiones en estado de emergencia controladas violentamente por los militares. En esta etapa se inauguran los centros clandestinos de tortura, crímenes y desaparición de prisioneros. Fernando Belaunde, fundador del Acción Popular, un partido tradicional de la derecha pro americana del Perú, era el presidente del Perú "democráticamente elegido". La misma CVR reconoce que el periodo más violento de la guerra interna fue entre 1983 (cuando Belaunde ordeno la intervención de los militares) y 1984 cuyo resultado fue (oficialmente) 19,468 víctimas.
La trayectoria sangrienta de la etapa gubernamental de Fernando Belaunde no impidió que esta misma Comisión dijera en su informe final, que Belaunde hizo grandes esfuerzos para proteger la democracia. Tampoco fue un impedimento para que Salomón Lerner Febres, presidente de la CVR, dijera el 11 de junio del 2003 que en "el contexto del conflicto armado interno que se desarrolló mediante un uso creciente del terror por parte de PCP-SL, el Estado democrático tenía la obligación de defenderse y de recurrir a las fuerzas del orden".
Sobre el Apra y Alan García Pérez, la Comisión de la Verdad y Reconciliación no se restringe alabanzas. "La CVR resalta, también, el esfuerzo realizado por el gobierno del presidente Alan García Pérez por preservar el sistema democrático, las elecciones locales y generales y la libertad de prensa, en el contexto de una difícil situación en medio del peor conflicto armado interno de la historia republicana del país". La CVR considera que, al asumir Alan García Pérez el gobierno en julio de 1985, "impulsó una serie de políticas sociales para reorientar la estrategia contrasubversiva en marcha. El objetivo explícito fue derrotar a la subversión mediante políticas de desarrollo dirigidas a los campesinos y a las regiones más pobres. El nuevo gobierno asumió como propias las críticas a la actuación de las FFAA que se venían haciendo desde el periodo gubernamental previo".
La CVR es más cautelosa con el régimen de Fujimori, pero no se detiene para ensalzar a la Dincote (policía antiterrorista), una de las ramas más brutales de la policía política de la época de Fujimori. Los miembros de la Dincote han sido acusados de crímenes, torturas y desapariciones de prisioneros acusados de terroristas. Fue en la Dincote donde se organizó y se dirigía el comando "Rodrigo Franco", un grupo paramilitar que funcionó durante el régimen de Alan García (1985-1990). Este comando fue responsable de varias centenas de crímenes, entre ellos altos dirigentes sindicales obreros. La CVR señala en el 2003 refiriéndose a la DINCOTE, que "gracias a la experiencia acumulada desde fines de la década anterior y el énfasis puesto en el trabajo de inteligencia, mostró por esa misma época facetas más constructivas y eficaces".
En diciembre de 1996 un comando integrado por 14 miembros del MRTA tomó por asalto la residencia del embajador japonés en Lima. Había una recepción y el MRTA capturo cerca de 1,000 rehenes entre diplomáticos, ministros, políticos, periodistas y otros. Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori organización un operativo que se denominó "Chavín de Huantar". Su objetivo rescatar a los rehenes y liquidar a todo los integrantes del MRTA. En efecto el operativo se ejecutó el 22 de abril de 1997, y rápidamente el comando del MRTA fue doblegado. La mayor parte de los militantes del comando subversivos se rindieron. Los militares entraron a la embajada, y ahí a sangre fría mataron con tiros de bala en la cabeza a los sobrevivientes del MRTA. La CVR, en su informe final del 2003, reconoció "el derecho del Estado a rescatar a los rehenes allí recluidos y saluda el heroísmo y la eficiencia de los comandos que culminaron con éxito el operativo de rescate".
Conclusión.
La breve información que aquí se ha presentado recoge en parte un problema de la lucha de clases en América Latina. La lógica muestra que la guerra contrainsurgente en Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y cualquier otro país latinoamericano, tiene las mismas características. Lo fundamental es reconocer que el crimen selectivo, y masivo, la tortura y la desaparición de cualquier persona sindicada como subversivo, constituyen la estrategia fundamental del Estado para liquidar la amenaza popular.
Incontestablemente, tanto en Perú como en cualquier otro país, la lucha por hacer justicia y sancionar a militares y civiles criminales de guerra, no es un problema que se restringe a las leyes penales de tal país. Es ante todo una lucha de todo el pueblo contra el actual sistema político y jurídico corrompido. Es imposible lograr que se esclarezca los crímenes de guerra de décadas anteriores, sino se toma en cuenta con objetividad que las clases políticas que ahora están en el poder son las mismas que en décadas pasadas incentivaron y apoyaron el crimen y la represión contra la población.
Es un error creer que la iglesia o cualquier falso demócrata son sinceros cuando se muestran acongojados por los miles de asesinatos y desaparecidos en Perú o en otro país latinoamericano. Ellos fueron cómplices de militares y gobiernos criminales. Hay que evitar que el problema de los desaparecidos se convierta en slogan electoral y en un negocio lucrativo. Un ejemplo de la danza de millones de dólares en las famosas comisiones de la verdad o cualquier otro organismo "defensor de los derechos humanos", es el beneficio económico que hicieron los integrantes de la CVR. En dos años de funcionamiento (junio 2001- agosto 2003) la Comisión de la Verdad y Reconciliación costó 14 millones de dólares al Estado. Su informe final solo ha servido de guion de telenovela y para exculpar a los principales responsables asesinatos de miles de ciudadanos peruanos.
Ver artículo...
" Fuente Artículo

Interesante, Con o sin Bachelet, Chile sigue el camino de Pinochet - 03/12/2013 13:38:53

"Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan a todo el poder (Max Weber, 1864-1920).
Los golpes de Estado en América Latina siempre dejaron profundas huellas en la sociedad y el desarrollo socio económico en el continente. Dicen los psicólogos que tienen que pasar varias décadas para que se diluya la herencia de cada dictadura y que la gente se libere del miedo de la persecución, la tortura y la muerte. Hace dos meses se cumplieron 40 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile quien encabezó la dictadura en ese país entre los años 1973 y 1990, pero su legado sigue reflejándose en el quehacer diario del país, lo que se observó claramente durante las recientes elecciones presidenciales que tuvieron lugar el pasado 17 de noviembre.
Inclusive la vida de cada una de las dos principales candidatas presidenciales está entrelazada estrechamente con esa historia de Chile. Verónica Michelle Bachelet, representante de la Nueva Mayoría de orientación centro-izquierda obtuvo el 46.74 por ciento del voto, es la hija del general de la Fuerza Aérea de Chile, Alberto Bachelet y miembro del gobierno de Unidad Popular encabezada por Salvador Allende. Bachelet se opuso al golpe de Estado en 1973 por lo que fue detenido por los esbirros de la dictadura, falleciendo seis meses después en la cárcel como resultado de las torturas que sufrió. También fue detenida Michelle Bachelet y su madre en 1975 en Villa Grimaldi antes de partir al exilio a la República Democrática Alemana, allí recibió el apoyo del presidente Erich Honecker quien después del derrumbe de la Muralla de Berlín se exilió en Chile donde murió en 1994.
Su principal rival en las recientes elecciones, y la candidata de la derecha tradicional chilena Evelyn Rose Mathei, obtuvo el segundo puesto con el 25.02 por ciento del voto. En contraste con Michelle Bachelet, Evelyn Mathei es la hija del general en retiro de la Fuerza Aérea, Fernando Mathei y estrecho colaborador de Augusto Pinochet. El participó en el proceso de persecución del padre de Michelle Bachelet. En 1988 durante el referéndum sobre la continuidad de Pinochet en el poder, Evelyn Mathei fue una activa promotora del voto Sí para mantener ocho años más al sanguinario dictador al mando del país.
Así es el Chile actual. En las pasadas elecciones presidenciales, sólo se sufragó la mitad de los habilitados pues la mayoría de los 17 millones de ciudadanos chilenos no creen en ninguna de las dos candidatas presidenciales y consideran que tanto con la presidenta centroizquierdista como con la derechista Chile estará atado al modelo neoliberal y no esperan cambios sustanciales en el país que es presentado en la última década por la prensa globalizada como "el Tigre Latinoamericano" en términos económicos. Es cierto que en los últimos 10 años el índice de crecimiento rondaba alrededor de un cinco por ciento. De acuerdo al director de la organización no gubernamental (ONG) "Educación 2020", Mario Waissbluh, "Chile representa el más neoliberal modelo económico en el mundo. Los pilares del neoliberalismo, Estados Unidos y Gran Bretaña, comparando con Chile, parecen países socialistas".
En Latinoamérica, Chile está ubicado en el quinto lugar por la desigualdad económica. Entre 2000 a 2009, el 20 por ciento de los más pudientes eran dueños del 58 por ciento del ingreso nacional, mientras que el 20 por ciento de pobres tuvieron acceso a sólo el 4 por ciento. El sistema de pensiones hasta ahora mantiene el modelo instalado en la época de Pinochet basado en el dominio de fondos privados. El actual presidente Sebastián Piñera tuvo que reconocer que "la mitad de los chilenos no tienen acceso al Fondo de Jubilación y de los que lo tienen, el 40 por ciento están recibiendo el mínimo de beneficios". En el 2011 esto significaba unos 180 dólares al mes.
El sistema educativo heredado de Pinochet es considerado como el segundo más caro en el mundo después de Norteamérica. El 50 por ciento de la educación secundaria y el 90 por ciento de la universitaria están en manos del sector privado. En términos del costo esto significa que una familia de la clase media está obligada a destinar un 40 por ciento de su ingreso al pago de la educación universitaria de sus hijos. Esto implica la existencia de segregación social en el sistema educativo, por la cual Chile obtuvo el 64 lugar entre los 65 países evaluados por la Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos (OECD) en 2009.
Precisamente las promesas de solucionar estos problemas llevaron a la candidata del bloque socialista de orientación centro izquierda, Michelle Bachelet a la presidencia de la república en 2006. Sin embargo, sus ideas socialistas se opacaron rápidamente en un sistema al que la sombra de Pinochet no dejaba libre. Durante cuatro años de su presidencia (2006-2010) la dirigente socialista de rostro sonriente y estilo tranquilo se transformó en una líder pragmática concentrada más en mantener la estabilidad macroeconómica del país que en el cumplimiento de sus promesas. No pudo cambiar el sistema educativo a pesar de un fuerte movimiento de los estudiantes de secundaria llamados, "pingüinos". Hizo algo respecto a la sanidad y derechos de la mujer.
Sin embargo, el sistema neoliberal que abrazó Bachelet no ofreció muchas posibilidades para poder hacer cambios socioeconómicos en el país y redistribuir el ingreso. Las grandes corporaciones seguían consiguiendo más ganancias que en cualquier otro país de América Latina. En la política exterior, Bachelet, según sus propias palabras optó por "convergencia con el poder hegemónico del planeta", es decir con los Estados Unidos. Sin duda alguna la beca de un año en el Colegio Interamericano de Defensa en Fort Lesley J. McNair influyó mucho en su alejamiento de las ideas socialistas o simplemente progresistas. Su gobierno siguió aplicando la ley antiterrorista del gobierno de Pinochet especialmente hacia las comunidades nativas mapuche, persiguiendo inclusive a los menores de edad como terroristas a base de testigos secretos. El único delito de los mapuches es reclamar el derecho a su territorio ancestral.
Al no lograr la mayoría ninguno de los candidatos en los comicios del 17 de noviembre pasado, Michelle Bachelet está preparándose para la segunda ronda que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre. Lo interesante es que su plan de gobierno de 200 páginas recibió una evaluación positiva de las instituciones neoliberales. J.P. Morgan Latin American Equity Research Center, en su último informe resaltó que se quedó "sorprendido positivamente" por el programa "moderado" de Bachelet que incluye "muchas ideas en apoyo al mercado libre" y que define como la "prioridad del gobierno asegurar el crecimiento económico". También la candidata de la Nueva Mayoría empezó a suavizar sus consignas tipo "¡Educación gratuita y de Calidad!"," ¡Nueva Constitución!" etc. para ganarse nuevos votantes que se asustan de las posibles reformas de toque progresista.
Tomando en cuenta el pragmatismo de Michelle Bachelet, es difícil esperar grandes cambios en su próximo gobierno que formaría si logre votos necesarios en las próximas elecciones en el país. Existen todas las condiciones para que las gane puse tiene el aval tanto del Partido Comunista como del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El país ya se cansó del multimillonario presidente Piñera y no tiene otra alternativa a Bachelet. Al mismo tiempo su coalición Nueva Mayoría (NM) consiguió 68 escaños frente a los 48 que logró el conglomerado de la derecha, Alianza por Chile, sobre un total de 120 miembros de la Cámara de Diputados. También en el Senado la NM obtuvo 21 curules de los 38 existentes y la derecha se redujo a 16 senadores además de un independiente.
Los cuatro exdirigentes estudiantiles: Giorgio Jackson, Gabrielm Borick, Karol Cariola y Camila Vallejo de orientación progresista, siendo las dos últimas comunistas darán sin duda nueva vida al Congreso y bastante ajetreo a los sectores de la derecha. También los ex pingüinos presionarán fuertemente a Bachelet para que cumpla con algunas de sus promesas especialmente en lo respecto a la educación, salud y el cambio de la constitución.
Ya los jóvenes, dieron el mensaje a Bachelet cuando el pasado 17 de noviembre, el día de las elecciones, los estudiantes agrupados en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) tomaron el cuartel general de Michelle Bachelet declarando que "El Movimiento Estudiantil en su conjunto tiene la claridad que más allá de los resultados de las elecciones, el próximo año y los que vienen serán de lucha y organización. Hoy la antigua Concertación se disfraza de la Nueva Mayoría, ha tomado nuestras demandas llevándolas a un programa que sabemos que no cumplirán, deformándolas y convirtiéndolas en propuestas para la clase empresarial y alejándolas de su origen: el movimiento social… Trabajaremos incansablemente por la articulación transversal de las luchas de hoy y las de mañana. Salga quien salga electo, seguiremos consecuentes y firmes con el movimiento social".
Sin duda alguna, estos nuevos vientos que soplan en Chile darán mucho dolor de cabeza a los futuros gobernantes del país que está atado fuertemente al neoliberalismo y a una casi íntima relación comercial, financiera e ideológica con los Estados Unidos. Pero la historia demuestra que ninguna atadura es eterna y el destino de cada país no depende tanto de sus gobernantes como de la voluntad de su pueblo. Está llegando la hora de las nuevas generaciones de los chilenos los que determinarán el futuro de su país guiados, como decía Víctor Hugo, por "la llama que arde en sus ojos".
Ver artículo...
" Fuente Artículo

Que opina usted? Prostitución, mendicidad y delincuencia en la Lima ocupada por los chilenos (1881-1884).- Escribe: Luis Guzmán Palomino - 30/10/2013 22:01:58

"El siguiente artículo de Luis Guzmán Palomino describe aspectos de la vida cotidiana en Lima bajo la ocupación chilena, en especial lo relativo al quehacer de sectores lumpenescos. La documentación proviene del Diario Oficial, que en Lima publicaron los chilenos entre 1882 y 1883, cuya colección se guarda en la Biblioteca Nacional del Perú.
Un aspecto novedoso en la investigación sobre la Guerra del Guano y del Salitre, se relaciona con lo que ocurrió en la Lima ocupada entre 1881 y 1884. Se cobijaron en ella proditores y felones, disfrutando de la protección chilena. Para ellos la vida volvió a la normalidad: dieron fiestas para confraternizar con los invasores; reanu
Consulte la Fuente de este Artículo