Interesante, PPC y finanzas - 12/03/2014 17:38:33
""No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios", se lee en el Evangelio según Mateo (4:4). Tal parece que en el Partido Popular Cristiano (PPC) han tomado la enseñanza de Cristo al revés:"No sólo de la palabra que sale de la boca de Dios vive el partido, sino también de pan".
Y ese pan ha sido proporcionado, cual milagro de la multiplicación y en grandes cantidades, por los alcaldes que pertenecen -o pertenecieron- a dicha agrupación política, pues, sobre todo por la vía de asesorías legales.
Pagaban suculentos honorarios a varios dirigentes del PPC. Si efectivamente esos dirigentes prestaban servicios que justificaran esos emolumentos probablemente nuca se sepa, ni siquiera mediante Habeas Data.
Como lo intentara hace unos años un periodista acucioso que naufragó en el mar agreste y pantanoso del Poder Judicial.
El primer caso que en esta ocasión vamos a hacer mención tiene que ver con un político que en las próximas elecciones municipales aspira a convertirse en la máxima autoridad del municipio de Lima.
Hablamos de Salvador Heresi, el alcalde reelecto del distrito de San Miguel que ha demostrado ser uno de esos burgomaestres que son bastante agradecidos con quienes en su oportunidad le dieron cobijo y abrigo.
Como se recuerda, Heresi fue elegido alcalde cuando integraba las filas del PPC, agrupación a la que perteneció hasta hace unos años. Aunque ahora se ha aupado al desconocido partido de Pedro Pablo Kuczynski junto con Absalón Vásquez, el general Donayre y otras excedencias.
En su momento pagó por concepto de honorarios profesionales casi medio millón de soles al doctor Luis Bedoya Reyes, quien siendo brillante abogado es casi seguro que no prestó servicios por tan jugosa suma.
La Contraloría General de la República, que es casi como el Parlamento Andino; es decir, son portales en la web y nada más, ni enterada está de ese acto de liberalidad y gratitud de Salvador Heresi.
Pero si lo estuviera algún día, probablemente se sabría en qué consisten esas asesorías, si sirven para algo o, si al fin y al cabo, son una fórmula para financiar a los partidos políticos por debajo de la mesa.
Hay que mencionar que no solo Heresi se ha mostrado generoso con el PPC, sino que son muchos otros alcaldes los que han derivado recursos hacia los partidos políticos en los que fueron elegidos.A ver si el contralor Fuad Khoury se da por enterado.
Difusión.
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Interesante, Percy Medina: Congreso debe actuar sin blindajes como lo hizo en caso Michael Urtecho - 23/10/2013 13:09:18
" Ideeleradio.- El Congreso de la República debe actuar sin blindajes en todos los casos en que se evidencien irregularidades y proceder a la acusación constitucional de manera rápida, como lo hizo en el caso del legislador Michael Urtecho, quien fue suspendido por 120 días de sus labores parlamentarias, planteó Percy Medina, jefe de la misión para el Perú de IDEA Internacional.Fue al sostener, además, que los secretarios generales de los partidos políticos deben evaluar, desde ya, quiénes serán sus candidatos en las próximas elecciones, con la finalidad de no contar con parlamentarios de dudosa reputación.
"[¿Qué le pareció la actitud del Congreso frente al caso Urtecho?] No hemos visto vergonzosos blindajes que sí habían sido un poco el rasgo de la conducta del Congreso en casos anteriores. Creo que cuando se descubre una situación de este tipo hay que actuar rápidamente y sancionar drásticamente. Su bancada lo ha expulsado y están listos hacer una acusación constitucional y ese debería ser el camino en todos los casos", manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Ahora venimos repitiendo hace muchos años que los partidos son responsables y tienen que hacerse responsables, eso tiene que hacerse con tiempo. Entonces, una buena pregunta a los secretarios generales de los partidos es qué están haciendo ahora, a dos años y poco de la elección del Congreso para tener candidatos idóneos en cada uno de las regiones donde las listas son muy improvisadas. Los partidos tendrían que estar ya discerniendo sobre sus listas y teniendo idea de qué equipo van plantear al próximo Congreso", agregó.
Debido proceso para funcionarios investigados
Medina Masías remarcó que se debe cumplir el debido proceso en todos los casos de funcionarios investigados, para que no se susciten medidas judiciales como en el caso Alan García, quien está investigado por la presunta concesión irregular en de gracias presidenciales a condenados por narcotráfico.
"En los procedimientos judiciales y en la investigación policial, incluso, las formas son fundamentales. Las formas para garantizar los derechos de quienes están siendo investigados o procesados son tan importantes como el contenido y, por lo tanto, hay que cuidar cada paso, porque eso es lo que garantiza la legitimidad del proceso. Yo no sé si en el Congreso siempre el equipo de asesores es lo cuidadoso para garantizar cada una de las cosas que se hacen y vaya con el debido proceso. Tengo la impresión que en muchos casos ha habido un poco de ligereza y eso ha dado reacciones del Tribunal Constitucional o el Poder Judicial", opinó.
"[Pero los dos secretarios del Apra han denunciado a Sergio Tejada ante el Ministerio Público, ¿qué opina sobre eso?] No conozco el detalle, la letra menuda del proceso, para tener una opinión firme sobre el asunto, pero me da la impresión que si las cosas no se hacen con cuidado de filigrana, entonces se abre la puerta para que la gente se aproveche de eso y jale la pita para que se caiga todo. No sé en qué o cuanto habría de razón en los pedidos. No solamente en el expresidente García, también ha ocurrido con el expresidente Toledo y en varios casos de investigación, en los que personas investigadas han aprovechado vacíos procesales para volver todo a foja cero", concluyó.
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Es Noticia, Expresidente de CVR: Prescripción e impunidad no son una manera de reconciliar al país - 27/08/2013 16:55:09
" Ideeleradio.- No se puede reconciliar al país con pedidos de impunidad o de prescripción en los procesos judiciales en los que se juzga a aquellos que cometieron violaciones a los derechos humanos, sostuvo el expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Salomón Lerner Febres."[¿Se dice que para avanzar al proceso de reconciliación no se debe seguir exigiendo que se procesos algunos casos de violaciones de derechos humanos?] No. En esto, nosotros fuimos muy claros desde un inicio, entregamos 47 posibles judicializaciones al Ministerio Público y al Poder Judicial; de ellas se han resuelto seis o siete y eran casos realmente graves", declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Es un absurdo pretender que todos aquellos que estuvieron allí y, en fin, de pronto cometieron crímenes [no] vayan a ser juzgados, es imposible, no podemos hacerlo, no sabemos quiénes son, pero sí hay casos saltantes y en donde la autoridad recibida era detentada por ciertas personas y donde hubo violaciones. Ahí sí creo que sí es necesario que la justicia actúe y no hay, tratándose de estas cosas, prescripción ni se puede dejar paso a la impunidad, esa no es una manera de reconciliar el país", acotó.
Nunca dijimos que las FF.AA. eran genocidas
En otro momento, desmintió categóricamente que la CVR haya dicho en su informe final que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) eran genocidas. Calificó, en ese sentido, de comentarios de muy mala fe y de mentiras aquellas versiones que intentan deslegitimar a la CVR con información equivocada. Aseguró que en el informe final se condenó con todo el peso de la ley y la moralidad el accionar subversivo que terminó con miles de vidas.
"Hace poco en un canal de televisión privado [de cable] en donde hay dos animadores que son conocidos por haber militado en distintos partidos políticos, según su conveniencia y en donde se hace presente un pragmatismo a prueba de balas. Se comentaba [allí] algunas noticias aparecidas en un diario, acerca de la CVR y de Susana Villarán, donde se decía, por ejemplo, que "este infame informe no debería ser llamado informe de la comisión [ya que] acusaba de genocida a las FF.AA. y más bien calificada de luchadores sociales a los senderistas"", manifestó.
"Lo primero que nosotros decimos es que condenamos con todo el peso de la moralidad y de ley a Sendero y que este es el principal causante de víctimas, y si hablamos en el informe de genocidio en algún momento, se lo atribuimos a Sendero en relación a lo que hizo con la población asháninca. Jamás hemos dicho que son responsabilidades las fuerzas del orden, más bien, decimos que ellas tenían el deber y el derecho de defenderlos, lo cual no significa que no hayan equivocado estrategias y a la vez hayan incurrido en actos dilatorios de los derechos humanos", aclaró.
Hubo también excesos de las FF.AA.
Finalmente, indicó que hubo algunos excesos de las FF.AA. en Ayacucho que fueron recogidos por su grupo de trabajo. Recordó que el objetivo de la CVR fue el de encontrar la verdad y no negociar bajo la mesa con el Poder Ejecutivo o las fuerzas del orden lo que se iba a publicar.
"Yo te digo en concreto lugares [donde hubo un exceso de las FF.AA.] en los Cabitos; reiteración, ya se han exhumado como cuarenta o cincuenta cuerpos; sistematicidad, se raptó en la noche de personas que eran torturadas y ejecutadas extrajudicialmente. ¿Quién que viva en Ayacucho, y a la luz además de los huesos de esas personas, [puede] decir que no ha habido entonces ahí un plan equivocado y que no honra a las FF.AA. a la que hay que apoyar, pero que debería aceptar depurar de sus filas a personas que obran así", subrayó.
"¿Quién que viva en Ayacucho o en Huanta [puede decir que] en el Estadio de Huanta [no] ocurrieron una serie de cosas terribles que han quedado grabadas en la memoria de ese pueblo. No es por fastidiar que nosotros decimos eso, sino simplemente para indicar que la CVR era una comisión que tenía que encontrar la verdad de aquello que aconteció, pues teníamos que hacerlo, no se trataba de negociar bajo la mesa, reuniéndonos con las FF.AA. o el Poder Ejecutivo con una verdad que luego publicaríamos y dejaran tranquilos a todos", concluyó
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Que opina usted? Chehade: Humala ha tomado una actitud distinta a la de García en el caso Obregón - 02/08/2013 15:49:20
" Ideeleradio.- El presidente Ollanta Humala ha tomado una actitud en el caso de la excongresista Nancy Obregón detenida por sus supuestos nexos con el narcoterrorismo, muy distinta a la que tuvo el expresidente Alan García con respecto al expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales Facundo Chinguel, indicó el congresista oficialista Omar Chehade.Fue al comentar las declaraciones del parlamentario oficialista Daniel Abugattás quien hizo un mea culpa, a su nombre y del partido de gobierno, Gana Perú, por haber llevado al Congreso a la exdirigente cocalera Nancy Obregón.
"[¿Cree que Nancy Obregón tenga esos vínculos con el narcotráfico?] Yo creo que es un tema muy delicado que tendrá que investigar el Poder Judicial y el Ministerio Público, no puedo adelantar opinión. No sé si ella sea inocente o culpable, no puedo defenderla tampoco atacar, pero sí puedo decir que el presidente de la República, antes de ser jefe de Estado en el año 2010 tomó una actitud muy distinta a la que tomó Alan García con Facundo Chinguel", manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"Humala separó en el año 2010 del Partido Nacionalista y de la bancada nacionalista [a la exlegisladora], tuvo una actitud firme cuando se veía una mancha en la señora Nancy Obregón hasta que ella dilucide o esclarezca su responsabilidad", agregó.
Humala no ha tratado de blindar a Obregón
El congresista en este aspecto sostuvo que Ollanta Humala en su condición de jefe de Estado no ha tratado de blindar e impedir que investiguen a la exlegisladora. Recordó que la separó del Partido Nacionalista y de su bancada en el 2010.
"El día de hoy el presidente ha sido claro, no ha blindado, ni ha hecho lo que ha hecho a su alcance de manera ilegal, ilícita, o ilegítima con la policía para que no la investigue. Todo lo contrario, es en su gobierno del presidente Ollanta donde la policía la ha investigado y aparentemente ha encontrado ciertos nexos, y hablo en condicional, no sé si comprobará judicialmente. En este momento está detenida y en un penal", comentó.
En este aspecto, indicó que el hecho de que haya excongresistas que tengan serias imputaciones es por la falta de partidos fuertes y sólidos e instó a fortalecerlos a través de reformas constitucionales.
"Este problema como lo ha dicho Abugattás de que haya congresistas que tengan serias imputaciones y que vengan con un pasado medio complicado como la señora Nancy Obregón , es la falta de partidos políticos fuertes , sólidos, es por ello que hay que fortalecer los partidos políticos a través de las reformas constitucionales", precisó.
"Es hora que nos pongamos de acuerdo todas las bancadas a pesar de las discrepancias severas que existen y tratar de salir adelante con reformas constitucionales como el fortalecimiento de los partidos políticos, la eliminación de los congresistas tránsfugas. Por eso suceden estas cosas", argumentó.
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Que opina? Vargas Valdivia no ve posibilidades de que Congreso apruebe muerte civil - 01/08/2013 10:02:18
" Ideeleradio.- Hay grupos de partidos políticos que no están de acuerdo en aplicar la "muerte civil" y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, por eso no es claro si se conseguirán los votos suficientes para aprobar estas medidas en el Congreso de la República, estimó el exprocurador Luis Vargas Valdivia.Fue al comentar el mensaje a la Nación, donde el presidente Ollanta Humala exhortó al Congreso de la República a que apruebe lo antes posible un proyecto de ley que declare la "muerte civil" de las personas que han sido condenadas por corrupción y le deben al Estado el pago de la reparación civil y donde resaltó la necesidad de declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
"[¿Es viable lo dicho por Humala en materia anticorrupción?] Yo creo que sí, se puede hacer y creo que es importante y coincido con todos los demás que han señalado que en efecto esas dos propuestas, la imprescriptibilidad [de los delitos de corrupción] y la muerte civil, no es nada novedoso. Es algo que se ha venido discutiendo hace mucho tiempo atrás y puede finalmente implementarse. Lo que no me queda claro, no sé si es que finalmente en el Congreso se va a conseguir los votos suficientes para que este proyecto se pueda aprobar", expresó en el programa No hay Derecho de Ideeleradio.
"Evidentemente, hay grupos de partidos políticos que no están de acuerdo con esto y son precisamente los mismos grupos de partidos, por ejemplo, que no permitieron la modificación de la Constitución para que en una investigación financiera se pudiera tener acceso al levantamiento del secreto bancario, que son armas fundamentales en lucha contra el lavado de activos y también dentro de ese mismo paquete de lucha anticorrupción. No me queda claro el discurso de algunas organizaciones políticas", consideró.
Ollanta carece de un plan a mediano y largo plazo
Al respecto consideró, que el presidente Ollanta Humala carece de un plan a mediano y largo plazo de lucha efectiva contra la corrupción, tras indicar que en el mensaje presidencial solo se mencionó el aplicar la "muerte civil" y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
"Si bien es cierto [aplicar la muerte civil y la imprescriptibilidad] son dos medidas que son importantes, no vemos que se encarrilen en lo que es un proyecto o un plan a mediano y largo plazo de lucha efectiva contra la corrupción. No hay mucho de esto en realidad. El presidente en materia de lucha contra la corrupción solo ha mencionado estos dos temas. Ha mencionado aspectos fundamentales como son por ejemplo lo que implica prevención, pero hay que insistir en lo que es transparencia", comentó.
Vargas Valdivia por otro lado sostuvo, que se necesita mayor transparencia no solo en las adquisiciones públicas, sino en general respecto a las actividades del Estado y de los funcionarios públicos.
"Se debe conocer la agenda de los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, a efectos de tener un adecuado control. Se debe tener más transparencia respecto de lo que es generar organismos pendientes a mejorar lo que es la identificación de temas vinculados a enriquecimiento ilícito o cuando los funcionarios públicos presentan sus declaraciones juradas [erróneas], pero esa información no es seguida", apuntó.
"Entre el Ministerio Público, la Contraloría, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Sunarp no hay una articulación que respondería a una política de Estado para lo que es la lucha contra la corrupción y tampoco hay el apoyo debido del Estado, a través del Ministerio de Economía, con los fondos necesarios para el Ministerio Público y el Poder Judicial para la implementación, por ejemplo, del Nuevo Código Procesal [Penal]. No vemos a parte de estos anuncios particulares, individuales, una política a mediano y largo plazo de este gobierno en lucha contra la corrupción", estimó.
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Que opina usted? HRW: Perú debe asegurar la selección imparcial de jueces y del defensor del pueblo - 23/07/2013 18:59:39
"El proceso es fundamental para proteger la independencia de organismos clave(Washington, D.C.) Perú debería cumplir su obligación de respetar la independencia del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo adoptando un proceso de designación de sus miembros imparcial y objetivo, señaló hoy Human Rights Watch.
El 17 de julio de 2013, el Congreso peruano nombró a seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional de Perú, una nueva Defensora del Pueblo y tres miembros del Banco Central de Reserva. Los principales partidos políticos postularon a sus candidatos y luego el Congreso realizó una votación en "bloque", sin analizar los méritos de cada uno ni efectuar una evaluación individual. Respetadas organizaciones locales de derechos humanos han impugnado el proceso de selección en la justicia, y han argumentado que expone a los candidatos designados a influencia política partidista.
"Nombrar a magistrados del Tribunal Constitucional y al titular de la Defensoría del Pueblo de una lista cerrada de candidatos predeterminados dista mucho de ser un mecanismo que genere confianza en los peruanos de que quienes ocuparán estos puestos clave tendrán la independencia, la integridad y la credibilidad necesarias para hacer su trabajo de manera efectiva", observó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Los nominados deben contar con la independencia necesaria y la confianza pública para el desempeño de sus tareas".
Los medios locales difundieron una grabación de audio de conversaciones mantenidas por distintos políticos, en las cuales se revelaba que los principales partidos de Perú habían acordado que cada uno postularía candidatos para estos cargos, y que todos los partidos luego votarían a favor de ellos. Para ocupar seis (de un total de siete) puestos en el Tribunal Constitucional, el Partido Nacionalista del Presidente Ollanta Humala eligió a tres candidatos; el partido Fuerza Popular, vinculado con el ex Presidente Alberto Fujimori, eligió a dos; y la Alianza por el Gran Cambio propuso un candidato. El partido del ex Presidente Alejandro Toledo, Perú Posible, presentó a la candidata para la Defensoría del Pueblo.
El 17 de julio, 95 de los 97 miembros del Congreso que se encontraban presentes votaron en bloque a favor de estos candidatos, sin analizar sus méritos. Ninguno de los candidatos designados ha asumido funciones aún.
El 19 de julio, dos organizaciones no gubernamentales líderes de Perú la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a decenas de organizaciones, y el Instituto de Defensa Legal cuestionaron las designaciones en la justicia. Señalaron que el proceso de selección contravenía el Reglamento Especial para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, que exige votar a cada persona en forma separada. La Constitución de Perú dispone que una persona no podrá ejercer como juez cuando su designación no se haya efectuado de conformidad con los requisitos constitucionales o legales.
Luego de que en varias regiones del país se organizaran manifestaciones ciudadanas en protesta por los nombramientos, la mayoría de los candidatos designados acordaron que no asumirían funciones. El 23 de julio, el diario oficial El Peruano informó que el Congreso celebraría una sesión extraordinaria al día siguiente para dejar sin efecto los nombramientos y llevaría a cabo un nuevo proceso de selección para todos los cargos.
Perú es parte en varios tratados de derechos humanos entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que exigen salvaguardar la independencia e imparcialidad de su poder judicial. Los Principios Básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura disponen que "[t]odo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que este no sea nombrado por motivos indebidos".
En este mismo sentido, el Estatuto Universal del Juez, que consiste en una serie de normas redactadas por jueces y aprobadas por la Unión Internacional de Magistrados, indica que el nombramiento de los jueces "deb[e] hacerse según criterios objetivos y transparentes fundados en su capacidad profesional". Según el Estatuto del Juez Iberoamericano, los mecanismos de selección deben estar predeterminados por ley, tener carácter público y valorar "objetivamente los conocimientos y méritos profesionales de los aspirantes".
Los Principios de París relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales disponen que los miembros de instituciones nacionales de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, deberían ser nombrados a través de un "procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos".
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