Gestión Pública del Perú y el Mundo: Caravelí el Despojo y DE CONGA A ANDAHUAYLAS

Que opina usted? Caravelí el Despojo - 29/04/2014 17:13:08

"Hace casi cuatro años, el ingeniero Pedro Livschitz Arriaga fue expoliado violentamente de su mina ubicada en esa provincia arequipeña. Alrededor de 25 malhechores fuertemente armados se apoderaron de lo que era suyo.
En esa apropiación ilegal están involucrados el ciudadano sudafricano Stefan Laurentiu Daniel y el peruano Ulises Solís Llapa.
El también consultor minero ha batallado todo este tiempo para recuperar su propiedad, pero artilugios legales y conciencias compradas de policías, jueces y fiscales se lo han impedido.
El empresario e ingeniero Pedro Livschitz Arriaga ha perdido la fe en el Poder Judicial de nuestro país. Luego de ser vilmente despojado por delincuentes armados de su mina ubicada en la ciudad arequipeña de Caravelí, el reconocido consultor minero ha visto impotente como la justicia le ha sido esquiva.
Durante 22 largos años, Livschitz Arriaga se la pasó litigando con titulares y testaferros de derechos mineros, tanto en la vía administrativa y judicial, llegando incluso hasta la Corte Suprema de Justicia.
Porque habían logrado cancelar el denuncio minero Erika, supuestamente por falta de pago de los correspondientes derechos de vigencia que se cancelan anualmente para mantener actualizado el derecho minero, y consiguió que se anule dicha cancelación.
Después de una larga y costosísima batalla legal, el ingeniero alcanzó el tan ansiado y esperado título de la concesión minera Erika (de 412.9732 hectáreas) que lo había peticionado el 7 de marzo de 1988 ante la jefatura de minería de Ica, quedando materializado en la resolución de presidencia N° 3381-2010 ,INGEMMET/ PCD/PM del 18 de octubre de 2010.
Empieza la pesadilla. Cuando Pedro Livschitz pensaba que por fin iba a poder usufructuar la posesión y su derecho minero denominado Erika, ubicado en el cerro "Alto Perú" en el distrito de Chaparra, provincia de Caravelí (Arequipa) -lugar bastante conocido por ser uno de los principales centros de acopio de minerales.
Especialmente aurífero- de pronto, el 4 de julio de 2010, en horas de la madrugada, fue despojado de su mina por 25 delincuentes que ingresaron de manera violenta al denuncio minero dirigidos por un tal Zúñiga, contando con la participación del jefe de seguridad de la minera Colibrí y el chofer Nicolás Arias Caballero.
Portando armas de fuego que las tenían camufladas en sus casacas, esos sujetos llegaron en tres combis e irrumpieron en la mina abriendo fuego contra los trabajadores, quienes presas del miedo no tuvieron más opción que correr poniéndose a buen recaudo de las balas que estallaban cerca de ellos buscando refugio en las partes altas de los cerros que circundan el denuncio minero.
Según el propietario, detrás de ese violento operativo de despojo, usurpación y robo estuvieron los representantes de la minera Colibrí S.A.C., Ulises Raúl Solís Llapa y el sudafricano Stefan Laurentiu Daniel.
Quienes constituyeron esa empresa el 18 de enero de 2010 y adquirieron la mina Lucila Maximiliana II, realizando una maniobra legal con la clara intención de apoderase de la mina Erika debido a que, según el documento de compra de esta mina, tendría una extensión de 800 hectáreas, cuando en realidad era de 233 hectáreas.
Fundadas sospechas. Como la mina Erika estaba al lado de Maximiliana II y ante el falso aumento del área, los usurpadores aprovecharon para hacer creer que eran propietarios de ambos denuncios.
Según la Junta General de Accionistas de Colibrí S.A.C., el sudafricano Stefan Laurentiu tiene el 1% de las acciones de esa mina y representa a las empresas The Gold Leaf Trust y Adamastor Resources con el 73% y 25% de cada una, pero el asunto es que ambas empresas no existen legalmente, según el reporte de búsqueda en la Sunarp.
Por su parte, el gerente general de Colibrí S.A.C., Ulises Solís Llapa, es dueño del 0.05% de acciones de la mina del mismo nombre y gerencia doce empresas más de acuerdo a la Sunarp.
Lo extraño es que este aparente hombre de negocios es titular o vive en una propiedad ubicada en un asentamiento humano en Punta Hermosa.
Más sospechoso todavía es que esa minera se creó en el 2001 con un capital de dos mil soles y en menos de un año exportó la suma de 790 mil dólares.
Además, sus múltiples empresas mueven millones de dólares sin estar claro como acopia el mineral.
Por todo eso, se presume que ambos sujetos se dedican al lavado de activos.
Otros interesados en hincarle el diente a la rica mina Erika son los representantes de las concesiones mineras conocidas como Las Bravas 2 , cuyo mayor accionista es el ingeniero Enrique Armando Zapata Martineau y Paco Agustín Solano, gerente de Calipuy. "Erika siempre ha sido codiciada por su potencial de riqueza aurífera", sostiene el consultor minero Pedro Livschitz.
Hurto sistemático. El asalto del 4 de julio de 2010 fue el corolario de una serie de actos de perturbación de la posesión de la mina Erika que empezó seis años antes, combinado con un hurto continuado de minerales auríferos habiéndose extraído miles de toneladas de ese mineral con una ley promedio de 0.16 gramos por TM, cuyo valor estimado es de más de dos millones de dólares aproximadamente.
Es decir, al dueño de esa mina le iban robando sistemáticamente su material no renovable.
El día del desalojo, una vez que lograron controlar a los trabajadores (les apuntaron con sus armas de fuego), los asaltantes juntaron las herramientas, motores y los llevaron hacia la parte del enrejado en la boca mina, colocaron cuatro sacos de anfo y dinamita e hicieron explosionar todos esos objetos y otros bienes.
Ante las explosiones, los restos metálicos de las maquinarias destrozadas se esparcieron por el lugar y al desatarse las ondas explosivas dañaron los bienes del campamento minero.
Creando una situación propicia para que el sujeto apellidado Zúñiga sustraiga una mochila que contenía la documentación personal de la concesión minera, así como la suma de US$ 1,700 y S/. 1,200 de los trabajadores de la prospección minera.
Desde el día del asalto, de manera descarada y con total impunidad, los malhechores vienen extrayendo diariamente la riqueza minera, utilizando las mismas herramientas de la mina Erika.
Así las cosas, el hurto sistemático de minerales preciosos asciende hasta la fecha la suma de US$ 3.500.000.00.
La evidente preocupación del ingeniero Livschitz Arriaga es que este robo se convierta en algo continuado e indefinido, causándole graves perjuicios como titular del derecho legalmente constituido.
Ante esa amenaza, efectuó una serie de denuncias ante las autoridades para recuperar su mina -primero ante la policía y luego ante la fiscalía- solicitando que intervengan de manera rápida y efectiva a efectos de evitar que se causen mayores perjuicios contra la propiedad privada y contra la integridad física de las personas que realizan trabajo de prospección.
No obstante, todo fue inútil pues nunca tuvo el apoyo necesario. Lo evidente es que este asalto se llevó a cabo con la complacencia y la complicidad de las autoridades de la zona quienes sabían perfectamente que el mineral aurífero robado era procesado, mayoritariamente en la planta Doble D de propiedad de la minera Colibrí S.A.C.
Obviamente burlándose del pago al fisco, siempre ante la inacción de las autoridades tanto policiales como de la fiscalía.
Justicia ciega. El colmo de la desvergüenza fue cuando además del hurto sistemático del mineral aurífero, las 500 hectáreas de la mina Erika fueron presentadas como si fueran parte del proyecto aurífero "Chaparra" ante la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá) por la minera Calipuy S.A.C.
Subsidiaria de Absolute Resourses Corp y Minera Colorado, ahora en liquidación, timando a los inversionistas para recaudar una millonada de dólares.
Es más, hasta se atrevieron a poner una tranquera en plena carretera de penetración que une a los pueblos de Chaparra y Sifuentes, impidiendo así la circulación por la vía pública y el acceso a la concesión minera Erika.
Esto obligó a que el empresario Pedro Livschitz Arriaga interponga una demanda de amparo contra la empresa minera Calipuy S.A.C. por la violación constitucional del derecho fundamental al libre tránsito y circulación, acción que fue declarada fundada por lo que se notificó a la gente de esa empresa que debían retirar la tranquera.
Sin embargo, hasta la fecha esa tranquera permanece en ese lugar custodiada por matones contratados que portan armas de guerra. No solo eso, pues contrataron personal policial para que controlen el acceso de cualquier persona y vehículo.
Como si eso no fuera suficiente, la fiscalía de Caravelí, pese a las pruebas que acompañaban esa acusación, decidió archivar la denuncia por robo agravado.
El despojo y robo sistemático de minerales auríferos les ha permitido a los usurpadores acumular miles de dólares para comprar las conciencias de policías y fiscales y así con total impunidad puedan seguir robando el costoso material.
Sin duda, lo que han hecho las autoridades en este caso es sentar un nefasto precedente. El denunciante refiere además que la empresa empresa minera canadiense Junior, denominada ABSOLUTE RESOURCES INC., y su filial peruana minera Calipuy S.A.C., gerenciada por Paco Agustín Solano Santiago.
Sujeto que tiene antecedentes por estafa, según lo indica el SIATF del Ministerio Público, impunemente transfieren derechos mineros y venden acciones en la bolsa de Valores de Toronto, lo que les permite no tributar un solo centavo al Estado peruano de lo que reciben (se habla de centenares de miles de dólares).
No pierde la fe. Los delitos en agravio de Pedro Livschitz Arriaga han sido acreditados cuando el 28 de abril de 2010 se levantó el acta de inspección en las tierras del derecho minero Erika, contando con la presencia de la fiscalía de Caravelí, la policía y el gerente regional de Energía y Minas, ingeniero Alberto Butrón Fernández.
Encontrándose en dicha inspección a los usurpadores César Vargas Almirco y José Liver Daga Carhuarica (vigilantes de Las Bravas N° 2), así como a un minicargador manipulado por Pánfilo Laura Velásquez que cargaba un volquete con material aurífero que iba a ser tratado por la minera Colibrí S.A.C.
No obstante, el verdadero propietario de la mina Erika se quejó de la actuación del entonces fiscal adjunto, Dr. Percy Raúl Challco Ccallo, quien participó en la elaboración del acta de inspección, pero se negó a identificar a los sujetos que estaban en la garita de control que servía.
Para retener y cobrar el 10% de las regalías a favor de la minera SRML Las Bravas N° 2 de Ica, sin tener derecho alguno sobre las áreas que le pertenecen a Pedro Livschitz.
Desde que le quitaron lo que era suyo, el ingeniero Livschitz Arriaga no cesa en su empeño por recuperar su mina. Él es un hombre tenaz y perseverante, pero tiene razones suficientes para desconfiar de las autoridades del país.
Porque mientras los usurpadores se benefician explotando su mina y se hacen ricos, él se la ha pasado todo este tiempo tocando las puertas de jueces, policías y fiscales y no ha encontrado justicia.
"Creo en Dios y sé que tarde o temprano la justicia y la ley triunfarán sobre el poder de la corrupción", nos dice el afectado.
Mientras tanto, luego de tres años la 6ta Fiscalia Provincial de Lima ha pedido el archivamiento definitivo del expediente N° 71-2011 que consta de más de ocho mil folios y que nunca se han estudiado las abundantes pruebas allí contenidas.
Por eso, Pedro Livschitz ha presentado la queja respectiva ante la 9na Fiscalía Superior y ahora aguarda que las autoridades actúen conforme a ley y la sentencia le sea favorable.
"Espero que esta vez la 9na Fiscalía Superior no haga causa común con la fiscalía de origen y los magistrados procedan con honestidad y transparencia", culmina el ingeniero.
Foto: Difusión.
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Que opina usted? DE CONGA A ANDAHUAYLAS - 11/11/2011 9:12:47

" CAJAMARCA
Lo ocurrido esta semana con las protestas sociales en Cajamarca motivadas por el proyecto Minas Conga tiene varias aristas que no se quedan en el campo estrictamente económico o en el rubro de una actividad que genera importantes ingresos al país y a la que se le exige, con razón, el cumplimiento de las normas ambientales que todas las empresas deben cumplir.
No me encuentro cercano a ninguno de los dos extremos que suelen salir en disputa cada vez que se tratan estos temas. Entre el "minería si o sí" y el "no a la minería" existen posiciones matizadas que intentan dar salida a la viabilidad de estos proyectos sin que con ello se afecte el medio ambiente. De allí que la posición de Álvaro Vargas Llosa de persistir en el diálogo sea la más sensata.
En el caso específico de Minas Conga, se han hablado de tres problemas concretos alrededor del proyecto: las medidas para garantizar el agua en la zona, las controversias alrededor del estudio de impacto ambiental desarrollado para este proyecto y la presencia de otros proyectos mineros en la zona. Estos son aspectos que, como bien señala Jacqueline Fowks, llevan a posibilidades como éstas:
(…) el periodista Juan Carlos Tafur sostuvo que si fuera él el inversionista de Conga, preferiría dilatar el inicio de operaciones con tal de haber respondido todas las dudas y alcanzar todos los acuerdos necesarios.
Esa sería la solución al conflicto puntual. Sin embargo, como también señala Fowks, hay un problema de fondo: la falta de confianza frente a Yanacocha de un sector de cajamarquinos:
la historia reciente de Yanacocha-Newmont acerca de su relación con las comunidades, en cuando a seguridad y medio ambiente los coloca en la situación que enfrentan hoy: es decir, sus opositores tienen argumentos. Vale recordar que la empresa no reconoce totalmente su responsabilidad por las secuelas del derrame de mercurio en Choropampa o logró arreglos extrajudiciales no proporcionales a la dimensión de la afectación. En cuando a seguridad, un informe del año 2009 evidenció las prácticas ilegales e irregulares de personal de Forza y también de policías remunerados por la empresa, especialmente por lo ocurrido en Combayo. Cuando en 2010 solicité una entrevista para indagar qué prácticas de seguridad habían cambiado a raíz de esa evaluación y las recomendaciones, la empresa se negó a responder sobre el tema.
Y ese problema de confianza - que tiene su correlato en el discurso de Yanacocha sobre "pobladores manipulados - es lo que está en el fondo del asunto. Más allá de canon, regalías y el nuevo gravamen minero, lo que tiene que hacer la empresa es comunicarse en serio con la población. Y ello no implica contratar un par de agencias de imagen para que le arreglen la cara. Si quieren aminorar el rechazo, van a tener que hacer trabajo de campo, ofrecer garantías reales y, sobre todo, ser conscientes que los errores del pasado cuestan caro y que no pueden volverlos a cometer.
Este conflicto también tiene una importante arista política. Y es que, al tomar Humala la Hoja de Ruta como guía, los actores regionales se reposicionan, como es el caso del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Manuel Ayulo incidió en esta reconfiguración del mapa político regional para Noticias SER:
Goyo y la alianza de organizaciones regionales que lo respaldan está apostando por convertirse en el rostro de la nueva izquierda peruana. En política no existen vacíos y Ollanta Humala dejó un gran vacío luego de la elección presidencial. Para ganar la presidencia, Humala tuvo que moderar sus propuestas electorales y dejó descuidado el flanco izquierdo del espectro. Luego de 100 días iniciales de gobierno moderado ,de acuerdo a lo que prometió durante la última etapa de la campaña presidencial- nuevas figuras políticas están ansiosas por retomar la agenda de cambio constitucional y de modelo económico. Es decir, están ansiosas por ocupar el vacío.
De hecho, parte de la agenda de la protesta ya no sólo incluyó el tema ambiental o el conflicto en Minas Conga, sino también por liderar este tipo de demandas, más nacionales y buscando contentar a los sectores más radicales. En realidad, luego de cumplidos los 100 días y percibiendo que Humala ha jugado más a tranquiizar a los sectores medios y altos limeños, consideran que es el momento de exigirle "el cumplimiento de sus promesas electorales". El problema es que, entre primera y segunda vuelta, el giro fue tal que las promesas electorales también variaron y otras, según reconoció el propio Humala, se han vuelto imposibles de cumplir.
ANDAHUAYLAS
Lo ocurrido en Andahuaylas tiene como telón de fondo el tema del agua, igual que en Cajamarca. Pero allí se acaban las similtudes. La Mula informó lo que ocurrió ayer:
El viaje de la Comisión de Alto Nivel a Andahuaylas para llegar a un acuerdo con los pobladores, que realizan un paro hace más de siete días, terminó en violentos disturbios que han dejado hasta el momento 18 heridos y, según versiones confirmadas, al menos 20 funcionarios de distintas entidades del Estado (incluyendo al viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, José de Echave) resguardados en la comisaría local, ante el temor de ser agredidos por la turba que, en las calles de esta ciudad, se enfrenta a la policía.
En conversación con LaMula.pe, Edgar Pebe, funcionario del área de conflictos de la PCM, comentó que se encuentra resguardado en la comisaría del lugar junto al viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, José de Echave. Esta versión fue confirmada por Artemio Solano, representante de la Defensoría del Pueblo, quién explicó que la violencia se desató luego de que la Mesa de Diálogo no llegara a ningún acuerdo con los pobladores.
¿Y cuál era el pliego de demandas? Señala Enlace Nacional:
Los manifestantes exigen la paralización y retiro definitivo de todas las actividades mineras de cateo, prospección y exploración, de la mediana y gran minería, así como también de los artesanos e informales en al ámbito de las provincias de Andahuaylas y Chincheros en defensa del recurso hídrico en las cabeceras de cuenca, subcuenca y micro cuencas, a fin de preservar la pureza y calidad del agua y garantizar que no sean afectadas por actividades contaminantes que dañen la salud, el medio ambiente y toda actividad agropecuaria.
Y ese era el tema que querían que se incorpore en el Acta que los ministros no suscribieron. Situación complicada porque los dos ministros tienen poca experiencia en el tratamiento de conflictos sociales y porque las consideraciones de seguridad hicieron que ellos tuvieran que abandonar la Mesa. Además, si bien la moratoria sonaba lógica para el tema de la minería informal, en el caso de la formal resultaba ser algo extremo.
LOS OTROS TEMAS DE FONDO
Hay varios temas que atraviesan estos dos conflictos. La relación entre la minería y las comunidades, la forma como este gobierno manejará los conflictos sociales, las expectativas de quienes votaron en primera vuelta por Humala y quienes lo hicieron en segunda, un espacio político que puede quedar vacío. Pero hay dos tópicos con los que me gustaría cerrar este post.
El primero, que ha sido poco abordado en estos primeros 100 días de gobierno, es la descentralización. Comenta Carlos Meléndez:
Efectivamente, los programas que impulsa el nuevo Gobierno son "renovados": con Pensión 65, y los que se vienen, nos consolidamos en la ola de programas de transferencia condicionada -tan populares- y con tan buenos réditos políticos reeleccionistas que ha dado en el continente. Pero para que sea política estatal requiere entramarse dentro de los distintos niveles. El presidente Humala debe recordar que la legitimidad (cuya debilidad finalmente es lo que causa la crisis de representación) no solo se juega a nivel central. Si los gobiernos regionales y municipales fracasan, suman al descontento y avivan la insatisfacción. El Estado centralista arde ,para parafrasear la reciente compilación de columnas de María Luisa del Rio- y Humala podría quemarse las manos si se queda con esas viejas estructuras centralistas tan seductoras para acumular poder, pero tan nocivas para transformar seriamente el país.
Y parte de los reclamos están justamente en cómo los gobiernos regionales no han sido suficientemente fortalecidos, el ordenamiento territorial es una demanda postergada - o que quiere ser abordada en un mega referéndum - y la descentralización debe ser reevaluada luego de 10 años de aplicación en la forma actual. Parte de los descontentos provienen porque, al ser la estructura regional débil (o al plegarse ésta a las protestas), se sigue esperando que el gobierno central sea quien resuelva los conflictos.
De hecho hoy Santiago Pedraglio en su columna comenta cómo los gobiernos regionales quieren tener mayor participación en la definición de políticas públicas vinculadas a la minería y el medio ambiente. La negociación por recursos y competencias entre gobierno nacional y gobiernos nacionales vuelve a ponerse entre las prioridades del Estado peruano.
A ello sumemos las expectativas que genera la Ley de Consulta Previa y su reglamento que, como señala Javier Torres, deben ser moderadas, dado que los conflictos sociales no se podrán solucionar únicamente con este instrumento.
Un segundo problema, que este gobierno, por su propia agenda, deberá enfrentar tarde o temprano, es el de los trade offs, es decir, aquellas situaciones en las que, para conseguir una cosa, se debe perder otra, lo que implica negociación. Tanaka ejemplifica esto en el tema minero y los equilibrios que deben alcanzarse:
¿Cómo llegar a ese equilibrio? Se puede buscar respuestas desde posturas ideológicas (del tipo "minería es progreso" o "minería es contaminación"), pero encerrarse en esos principios precisamente dificulta la negociación que se requiere. Las respuestas deberían surgir del análisis empírico, es decir, del análisis concreto de situaciones concretas. En cada proyecto en particular hay decisiones que tomar, cuya lógica no se puede generalizar, para lo cual se debe privilegiar lo que los estudios de impacto ambiental y social establezcan, siempre y cuando se hayan realizado por entidades confiables y de prestigio mediante procedimientos participativos.
Por tanto, el gobierno deberá ser consciente que no podrá satisfacer a todos los actores al mismo tiempo. Y los actores sociales (incluyendo el empresariado) deberán percatarse que no siempre se podrá ganar todo. Negociación es la clave para que el gobierno pueda llegar a sus objetivos y para que los extremistas de uno y otro lado queden fuera de juego.
MAS SOBRE EL TEMA:
En La Mula, Carlos Monge, Rolando Toledo y Javier Torres discuten los conflictos sociales vinculados a la minería.
La columna de Mirko Lauer
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