Gestión Pública del Perú y el Mundo: El contralor y los 40 auditores y Gravamen se obtendrá de las ganancias que ya logró la minería

Interesante, El contralor y los 40 auditores - 22/04/2014 4:30:00

"¿Quién tuvo que pararle la mano al presidente regional de Áncash por los desmanes administrativos? Unos le echan la pelota al contralor Fuad Khoury, pero este la traslada al Ministerio Público. ¿Y el gobierno? El caso destapa un gran vacío para combatir la corrupción.
Ricardo Uceda Uno de los fenómenos más chocantes de las últimas semanas es el desfase entre la retórica sobre la política de gobierno abierto que, supuestamente, auspicia el Poder Ejecutivo, y los hechos de corrupción que se pusieron en evidencia en Áncash. La impresión resultante es que fracasaron las políticas de prevención y de control. Aunque la gestión del Ministerio Público es la más criticada, la actuación de la Contraloría suscita sinnúmero de interrogantes. Después de seis años de denuncias sistemáticas por irregularidades en las obras públicas ,César Álvarez gobierna, reelección mediante, desde 2007, recién ha trasladado a un equipo de peritos para hacer un examen a fondo. Parte de las contrataciones públicas en Áncash fueron hechas a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), cuyo estatus internacional sustrae a sus operaciones del control nacional. Pero otra parte fue realizada mediante licitaciones y adjudicaciones directas. Se diría que la mayor proporción de denuncias provienen de las operaciones que sí son fiscalizadas por la Contraloría: obras que no se cumplen, dinero mal empleado, ausencia de inspección. Los problemas reportados rebasan la problemática de las licitaciones, que son vigiladas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OSCE. Ahora el contralor Fuad Khoury ha anunciado una "guerra contra la corrupción" en Áncash, adonde ha enviado cuarenta auditores, pero sin haber logrado eliminar la impresión de que este belicismo debió empezar mucho antes. En el momento previo a la muerte de su opositor, Ezequiel Nolasco, el presidente regional se ufanaba de ser el que mejor ejecutaba el gasto público de entre sus colegas. ¿Quién lo avalaba? Nada menos que el MEF, que el 2010, 2012 y 2013 declaró que Áncash estaba en el primer lugar de gasto público responsable. Por el mismo motivo Áncash fue premiado por la Comisión de Presupuesto del Congreso. Con estos pergaminos Álvarez decía que su gestión trabajaba con eficiencia y responsabilidad, y hay que suponer que mucha gente lo creía. En realidad, Álvarez se había gastado la plata de un canon aún no recibido, lo que lo puso en el tope de los mejores ejecutores del MEF. A mediados del 2013 supo que el canon no alcanzaba, y padeció un problema de liquidez que lo hizo venir a Lima a exigir recursos al gobierno central. Pero el problema de fondo no es el gasto, sino la corrupción en el sector público. En el diseño del Estado Peruano, una institución con poderes y recursos para prevenirla y combatirla es la Contraloría General de la República. Es evidente que su acción no basta y que tiene que actuar de mano con el Ministerio Público y la Policía, que investigan los delitos, y con el Poder Judicial, que los sanciona. Pero es el organismo específicamente comisionado para detectar y denunciar la corrupción dentro del aparato del Estado, con una visión completa de todos los procesos. La pregunta es si está preparada para hacer frente a intrincados procesos donde hay todo un sistema organizado para sacarles la vuelta a las normas. Como en Áncash. Funcionarios públicos entrevistados para esta nota dijeron que la Contraloría, a su juicio, gasta demasiada energía en los detalles. Alguien que ha trabajado dirigiendo una oficina muy importante del gobierno, que diseña política y ordena gastos, explicó: "Me pedían que entregara constancias de asistencia de personas que habían asistido a un taller. También se preocupan de si el mobiliario está en buen estado, de si los términos de referencia de una contratación están bien hechos, o por detalles de procesos de selección menores de cien mil soles. Hay funcionarios procesados por no haber llenado bien formatos de entrega de cargo o por asuntos aún menores. Está bien. ¿Pero por qué no hicieron lo mismo en Áncash?". Hace pocos días, en una entrevista radial, Raúl Molina, quien fuera jefe de asesores del premier César Villanueva, dijo a propósito de lo ocurrido en Áncash que la Contraloría tendría que ser objeto de una reforma. "En vez de hacer un show con sus auditores debió intervenir antes". En descargo de la Contraloría, habría que decir que la presencia de los auditores en Áncash empezó a ser preparada desde septiembre del 2013, cuando era evidente que había demasiados casos por explicar. Para entonces, once adquisiciones y obras públicas estaban bajo un examen especial por supuestas irregularidades. Una de ellas era la compra de 79 ambulancias deficientes. El informe de Contraloría sirvió para que el fiscal Luis Checa ,a quien luego intentaron despedir sus superiores, denunciara al presidente regional ante el Poder Judicial. En Áncash, el jefe de la Oficina de Control Institucional (OCI) es nombrado y pagado por el Contralor, pero no la mayor parte del personal dedicado a esa función. "Era su hombre", dice Molina. Pero, de acuerdo con Fuad Khoury, el problema principal está en que la mayoría de auditores del Estado no está bajo el mando efectivo de la Contraloría, pues quienes les pagan y contratan son las entidades públicas. Aunque hay una ley que dispone que progresivamente la Contraloría irá eligiéndolos cada vez a más con su propio presupuesto, aún no se sabe cuándo terminará el proceso. Hay unos tres mil auditores que son nombrados y remunerados por los titulares de la institución a la que sirven. Es una cifra tres veces mayor a la de auditores que trabajan directamente para la Contraloría. Essalud, por ejemplo, escoge quiénes serán sus supervisores. Los institutos armados también, y las plazas están cubiertas por militares en el retiro. En todo el Estado, incluyendo a sus diversas empresas, el universo del control es inmenso: 174 mil millones de soles de ejecuciones presupuestales, 160 mil procesos de contratación, 29,000 obras públicas. Ante lo cual, solo una minoría de entidades posee Oficina de Control Institucional (OCI). La tienen 751 de un total de 3,367 reparticiones públicas en todo el país. De ellas 492 son conformadas y pagadas por la entidad a la que fiscalizan y 259 por la Contraloría. Un reclamo de Khoury es que solo controla plenamente al ocho por ciento de los controladores, en los sitios donde los hay, que son el 22 por ciento del total. Pero su reclamo mayor es otro: que de 2,752 mil funcionarios públicos denunciados penalmente por la Contraloría desde 2009, hubo 298 sentenciados y solo once recibieron prisión efectiva. ,El verdadero poder para combatir a la corrupción no está en la Contraloría ,dijo Khoury, sino en el Ministerio Público. ¿De qué vale denunciar si hay impunidad? Dejando pendiente el escrutinio a la Contraloría, ¿hay alguna responsabilidad en el gobierno? La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) coordina con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), que reúne a organismos públicos y privados, pero su misión es proponer políticas y leyes que en algún momento podrían aprobarse. Demasiado aéreo. La Secretaría de Gestión Pública de la PCM diseña políticas para hacer un Estado más eficaz y transparente, pero no se encarga de ejecutar políticas anticorrupción. Por otra parte, las leyes le dan al Poder Ejecutivo una capacidad supervisora, fiscalizadora y sancionadora en todo nivel, que no emplea. Por lo menos algunos organismos tipo Poder Judicial, Ministerio Público, SUNAT, Contraloría y la Unidad de Inteligencia Financiera podrían coordinar ejecutivamente, con la misión concreta de acabar con grandes focos de corrupción. Pero falta un liderazgo. Tampoco el presidente Humala está interesado en dar el ejemplo, yendo más allá de la ley y mostrando completa su declaración jurada de bienes y rentas. Por su parte, la sociedad civil agrupada en ONG aún no logra que se cumpla verdaderamente con la ley de acceso a la información pública creando un mecanismo de cumplimiento. Esta ausencia esteriliza a la ley. Lo que está funcionando es el periodismo de todas las tendencias. Las denuncias importantes en los últimos años han venido de la prensa. Ninguna de los organismos estatales de fiscalización.
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Que opina? Diez Canseco: Gravamen se obtendrá de las ganancias que ya logró la minería - 15/11/2011 14:18:44

" Ideeleradio.- Los tres mil millones de nuevos soles que las empresas mineras tendrán que pagar anualmente al Estado por el acuerdo del gravamen no están condicionados a los ingresos de los nuevos proyectos de inversión de este sector, sino a las ganancias que las compañías ya han obtenido, aclaró el congresista Javier Diez Canseco (Gana Perú).
Fue al ser consultado por las declaraciones de Carlos Santa Cruz, vicepresidente de Operaciones de Newmont Mining Corporation - Yanacocha para América Latina, quien advirtió que gran parte de la recaudación por ese concepto depende de la ejecución de los proyectos más importantes en la cartera de inversiones, como Conga en Cajamarca.
"Los ingresos [por gravamen] no deben derivar de más explotaciones mineras, sino de la enorme riqueza que sacan de la minería que ya existe, hay más. […] Los tres mil millones [de nuevos soles] no se van a dar sobre la base de los proyectos que están pensando iniciarse, sino sobre lo que hay", expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Diez Canseco Cisneros calificó, en ese sentido, de importantes los proyectos de desarrollo de inversión minera, siempre y cuando se cumpla con los parámetros de respeto y cuidado al medioambiente, que deben ser establecidos por el Ejecutivo a través de los ministerios de Ambiente y Energía y Minas, de manera que no afecte los ecosistemas ni las fuentes del agua de la población.
"También es importante que haya proyectos en desarrollo siempre y cuando cumplan con las condiciones medioambientales, ese es el equilibrio que debe establecer […] el Gobierno Central. […] No estamos hablando que el Perú no tenga minería, estamos hablando de que las zonas en las cuales haya explotación minera […] sean zonas que no afecten el origen de agua y la vida básica de la población, que no puede vivir sin agua", remarcó.
"[…] El Perú tiene que cuidar el agua, en esas zonas no puede haber grandes explotaciones mineras que producen un enorme consumo de agua y un enorme impacto en el medioambiente, eso tiene que cambiar", añadió.
Proyecto Conga no tiene consenso ni licencia social
Estimó, asimismo, que las paralizaciones regionales y bloqueos de carreteras en Cajamarca evidencian que el proyecto minero Conga no cuenta con el respaldo de la población, a raíz de la enorme desconfianza que este sector extractivo genera en la población.
"En el caso Conga, no tiene consenso ni licencia social. Si tuviera licencia social, no habría las paralizaciones que estamos viviendo. La minería ha generado una desconfianza enorme porque algunos sectores mineros han tratado de una forma bien irresponsable a las poblaciones, les han mentido, han comprado elecciones, ese tipo de cosas no pueden continuar", indicó.
Explicó que los acuerdos suscritos por el Estado tienen que cumplirse con la condición que cumplan los procesos previamente determinados y se compruebe la legalidad del documento. "Los contratos se cumplen siempre y cuando hayan sido firmados legalmente y con los procedimientos pertinentes", subrayó.
Estudios ambientales tienen que ser revisados
Denunció, además, que los estudios de impacto ambiental tienen que ser revisados, tal como lo ha señalado el titular del Ambiente, Ricardo Giesecke, porque muchos de ellos han sido manipulados para beneficiar intereses particulares, restándole seriedad a los resultados presentados.
"El ministro del Ambiente ha sido clarísimo [al decir que] los estudios se van a revisar para ver si son serios o no y para ver el impacto que tienen porque hemos visto cantidad estudios de impacto ambiental que en realidad son manipulados y mal manejados a fin de favorecer intereses particulares", refirió.
Presupuesto y el tratamiento por resultados
En otro momento, aseguró que la Comisión de Presupuesto del Congreso está insistiendo en el tratamiento del Presupuesto General de la República 2012 por resultados, es decir, que ya no primará el hecho de verificar si se gastó o no el recurso asignado a un determinado sector, sino los resultados que obtuvo dicho egreso.
"Se está introduciendo algunos nuevos sectores en el presupuesto, y se está acentuando el tratamiento de presupuesto por resultado, es decir, no solamente medir si el presupuesto gastó el dinero que le fue asignado, sino los resultados que se buscaban con esa inversión y gasto son o no logrados", argumentó.
El parlamentario apuntó que se ha convocado a la Cooperación Alemana para que se encargue del proceso de supervisión del gasto público para garantizar la transparencia y eficiencia de referido procedimiento.
"La reunión que tengo es de un subgrupo que tiene que supervisar el funcionamiento de los programas sociales, y [para ello] estamos trabajando con la Cooperación Alemana [por] la experiencia que tiene en materia de supervisión del gasto público para buscar transparencia, enfrentar los problemas de corrupción y garantizar la eficiencia", puntualizó.
Políticas en beneficio de personas con discapacidad
Adelantó que dicho presupuesto también contemplará una serie de políticas a favor de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, como la realización de una encuesta nacional para este sector de la población o ampliar los programas para estas personas con capacidades diferentes.
"Las cosas nuevas que tendrá el presupuesto son […] un programa sobre discapacidad que recorra diferentes sectores, este año se va a asignar recursos para el desarrollo de una encuesta nacional de la discapacidad, que nos permita [tener] una primera visión nacional de cómo estamos en ello, qué discapacidad prevalece", dijo.
"Se va a establecer políticas públicas que van a recorrer distintos sectores, [como] la de aumentar los programas de estimulación temprana y poder allí pronosticar discapacidades y atender con estimulación y procedimientos adecuados a estos niños", acotó.
Petroperú será devuelto al Fonafe
Confirmó también que la nacional Petroperú pasará a manos del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), para que vuelva a invertir en la explotación de recursos y contribuya con el desarrollo nacional en materia de energía y combustibles.
"Frente a la actuación de Petroperú que ha venido trabajando la idea de fortalecer la empresa, en el presupuesto actual se ha planteado devolver Petroperú al Fonafe y con ello limitar la posibilidad de que invierta nuevamente en la explotación de recursos y en el desarrollo de capacidades integrales en nuestra energía", apuntó.
Negociación colectiva y condiciones laborales
Finalmente, sostuvo que la Carta Magna establece que todos los empleados del sector público y privado están en la facultad de negociar sus condiciones laborales, así como sus remuneraciones de manera conjunta, aunque ,estimó- esto no se cumple en la actualidad.
"La Constitución peruana establece que todos los trabajadores, incluyendo los públicos, tiene derecho a la negociación colectiva, a discutir sus condiciones de trabajo y salarios; sin embargo, eso no se aplica en el Perú", concluyó.
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