Noticia, Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch sobre Perú - 21/01/2014 12:26:13
"Human Rights Watch (HRW) presentó hoy en Berlín su Informe Mundial sobre Derechos Humanos y en la presentación de Sao Paulo hizo hincapié sobre los problemas que afrontan los países de América Latina y sus desafíos para 2014.La edición latinoamericana analiza los países de la región, entre los que figura nuestro país. A continuación el capítulo referente a Perú.
Human Rights Watch
Informe Mundial 2014: Perú
En los últimos años, las manifestaciones públicas contra proyectos de minería a gran escala y otras políticas gubernamentales e iniciativas del sector privado han sido escenario de numerosos enfrentamientos entre policías y manifestantes, en los cuales murieron civiles abatidos por las fuerzas de seguridad del Estado. Si bien la cantidad de muertes se redujo considerablemente durante los primeros nueve meses de 2013, hubo escasos avances en la investigación de estos casos o en las medidas para asegurar que la policía cumpla con las normas internacionales sobre uso de la fuerza letal.
A pesar de las emblemáticas condenas dictadas contra el ex presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos, varios generales del Ejército y miembros de un escuadrón de la muerte del gobierno en 2009 y 2010, los adelantos en las causas sobre abusos perpetrados durante gobiernos anteriores han sido realmente limitados.
Muertes durante protestas
Según datos obtenidos hasta septiembre de 2013, un total de 27 civiles habían muerto durante protestas desde que Ollanta Humala asumió la presidencia en julio de 2011. La cantidad de muertos por armas de fuego en estos sucesos se redujo de 18 en los primeros ocho meses de 2012 a tres en el mismo período de 2013. La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, un organismo gubernamental creado en agosto de 2012, ha impulsado iniciativas de diálogo para fomentar la resolución pacífica de conflictos sociales que provocan protestas. No obstante, sólo se ha avanzado moderadamente en la determinación de las circunstancias en las cuales se produjeron las muertes y el juzgamiento de policías o militares que aplicaron la fuerza en forma ilegítima.
Juicios por abusos del pasado
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú estimó que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado que asoló al país entre 1980 y 2000. Muchas sufrieron atrocidades a manos de Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes, mientras que otras fueron víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
En 2009, el ex Presidente Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por desapariciones y asesinatos ocurridos en 1991 y 1992. Su asesor en inteligencia Vladimiro Montesinos, tres ex generales del Ejército y varios miembros del grupo Colina, un escuadrón de la muerte creado por el gobierno, también cumplen actualmente penas de entre 15 y 25 años de prisión por el asesinato en 1991 de 15 personas en el distrito de Barrios Altos, en Lima, y por 6 desapariciones forzadas. En junio de 2013, el Presidente Humala rechazó un pedido presentado por familiares de Fujimori para que se le conceda el indulto presidencial por motivos de salud. Según trascendió en los medios, una Comisión de Gracias Presidenciales había determinado que Fujimori no sufría una enfermedad terminal o degenerativa ni trastornos psicológicos graves.
La investigación judicial en otras causas ha sufrido extensas demoras y permitido tan sólo unas pocas condenas. En un informe emitido en agosto de 2013 en ocasión del décimo aniversario del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Defensoría del Pueblo determinó que, pese a los esfuerzos iniciales, Perú no había implementado un sistema judicial especializado con suficiente personal y recursos para juzgar la mayoría de los casos. Según la Defensoría del Pueblo, hasta abril de 2013, de los 194 casos que supervisaba, 113 habían sido cerrados o se encontraban en las primeras etapas de investigación, y solamente en 32 se había dictado sentencia.
En junio de 2013, el Tribunal Constitucional determinó que una masacre ocurrida en 1986 en la cárcel El Frontón durante el primer gobierno del ex Presidente Alan García, y en la cual perdieron la vida al menos 130 internos, estaba sujeta a prescripción debido a que no constituía un delito de lesa humanidad. La opinión del tribunal desconoció una sentencia dictada en 2000 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte, en la cual se ordenó que Perú investigara estos sucesos y juzgara a los responsables. En septiembre, el Ministerio de Justicia pidió al Tribunal Constitucional que modificara la sentencia en razón de que la mayoría de los jueces había desestimado el argumento de los reclamantes sobre inconstitucionalidad del proceso en el caso El Frontón, y no se había solicitado al tribunal que estableciera si los delitos constituían crímenes de lesa humanidad. Hasta octubre de 2013, el tribunal no se había pronunciado.
Jurisdicción militar
Continúa siendo preocupante que los casos de derechos humanos en los cuales están involucrados militares sigan siendo resueltos por tribunales militares. El Decreto Legislativo N.° 1095, adoptado en 2010 por el gobierno del Presidente García, permite que los tribunales militares juzguen casos en que se acuse de abusos contra civiles a miembros de esta fuerza que intervinieron en operativos de seguridad pública. Diversos órganos internacionales de derechos humanos han rechazado insistentemente la intervención de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos en la región. En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional aún no se había pronunciado sobre la constitucionalidad del decreto, que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos de Perú.
Tortura
La tortura representa un problema crónico. Un tercio de las 144 víctimas cuyos casos han sido monitoreados en la última década por la organización no gubernamental Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) murieron o sufrieron incapacidad física permanente debido a torturas, en su mayoría cometidas presuntamente por policías.
Libertad de expresión
En agosto de 2012, en respuesta a la progresiva presencia pública de un grupo reducido que exige la amnistía de presos de Sendero Luminoso, el Presidente Humala presentó un proyecto legislativo que arremete contra la libertad de expresión al tipificar el "negacionismo" de delitos cometidos por organizaciones terroristas. El proyecto, tras las modificaciones en el Congreso, establecería penas de prisión de entre 6 y 12 años a quienes "nieguen" tales delitos o la participación de personas en ellos, cuando exista una sentencia definitiva que establezca tal participación. Establece como condición que la expresión tenga la "finalidad de promover la comisión de los delitos de terrorismo o apología del terrorismo o sirva como medio para adoctrinar para fines terroristas". Cuando la negación se realice a través de medios sociales o tecnologías de la información, la pena se incrementaría hasta 15 años. Hasta octubre de 2013, el proyecto aún no había recibido aprobación definitiva en el Congreso.
Los periodistas siguen estando expuestos a la imposición de penas de prisión en suspenso y multas por difamación. Por ejemplo, en mayo de 2013, un juez en Huaraz, Ancash, aplicó una pena de dos años de prisión en suspenso al periodista Alcides Peñaranda, director de la revista Integración, por haber difamado al presidente regional de Ancash, César Álvarez, y dispuso que debía pagar una indemnización. Esta acusación estuvo vinculada con un artículo de Integración en el cual se indicaba que existía corrupción en el gobierno regional y se hacía referencia a un artículo publicado en una revista de Lima por César Hildebrandt, un renombrado periodista de investigación. Álvarez demandó por separado a Hildebrandt y a su colega Melissa Pérez. Un tribunal de Lima los absolvió, invocando una sentencia de la Corte Suprema que asignaba a las personalidades públicas una mayor carga de la prueba en casos de difamación en los cuales estuviera afectado un interés público.
Aún está siendo analizado en el Congreso un proyecto que reemplazaría las penas de prisión para el delito de difamación por multas y tareas comunitarias. Si bien el Congreso aprobó el proyecto en julio de 2011, el Presidente García objetó algunas disposiciones y la versión reformada nunca se aprobó.
Derechos reproductivos
Las mujeres y jóvenes de Perú solamente pueden solicitar abortos en casos de riesgo para la salud o la vida de la madre. No obstante, el país carece de protocolos claros que permitan a proveedores de salud determinar en qué circunstancias concretas resultaría lícito el aborto. Numerosos organismos de supervisión de derechos humanos de las Naciones Unidas han instado a Perú a adoptar estos protocolos y a legalizar el aborto en casos en que el embarazo sea resultado de una violación. Al momento de elaboración de este informe, el gobierno no había cumplido las recomendaciones.
Derechos de discapacidad
El sistema de interdicción judicial de Perú habilita a los jueces a determinar que personas con cierta discapacidad intelectual o psíquica son jurídicamente "incapaces" y a asignarles tutores legales, lo cual supone en la práctica la suspensión de sus derechos civiles básicos, incluido el derecho a votar. Diversos organismos internacionales y regionales de derechos humanos han instado a Perú a abolir la interdicción o tutela judicial, dado que es incompatible con las obligaciones asumidas por el país conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
En diciembre de 2012 entró en vigor la Ley General de la Persona con Discapacidad, pero hasta octubre de 2013 el poder ejecutivo aún no había reglamentado la norma. La ley contribuiría a adecuar la legislación nacional vigente a la Convención, al garantizar el derecho de las personas con discapacidad a actuar en interés propio y con apoyo adecuado cuando sea necesario. Sin embargo, hasta octubre de 2013 no se había creado una comisión de revisión del Código Civil prevista en la Ley General de la Persona con Discapacidad. El derecho peruano permite el internamiento involuntario para el tratamiento de personas con incapacidad que estén en régimen de tutela.
Actores internacionales clave
En marzo de 2013, en sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Perú, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al país "eliminar efectivamente el uso excesivo de la fuerza por los miembros de las fuerzas del orden y de seguridad" y "redoblar sus esfuerzos para prevenir y eliminar la tortura". También instó a Perú a adoptar legislación que prohíba la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, a permitir el aborto en casos de violación sexual y a adoptar "rápidamente un protocolo nacional que regule la práctica del aborto terapéutico".
En septiembre de 2013, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes visitó 26 cárceles y dependencias policiales en distintas regiones de Perú. Perú ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en 2006. El vicepresidente del subcomité expresó su expectativa de que a fines de 2013 Perú hubiera establecido un mecanismo nacional de prevención de la tortura y el maltrato con fondos suficientes para que funcionara adecuadamente.
En tanto miembro relativamente reciente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Perú ha tenido un rol positivo en la votación de diversas resoluciones destinadas a abordar violaciones de derechos humanos en países como Sri Lanka, Bielorrusia e Irán. No obstante, Perú adoptó una medida regresiva al determinar que ya no patrocinará resoluciones sobre países individuales en la ONU.
Ver:
Informe Mundial 2014 , versión completa
Capítulo Perú
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Información: Conozca el equipo de transición de Gana Perú - 07/06/2011 7:59:23
" Gana Perú recabará información del gobierno actual. Ollanta Humala se prepara para iniciar el proceso de transferencia de poderes con un equipo técnico dirigido por Marisol Espinoza.Belén Delgado.
Al día siguiente de las elecciones presidenciales y con el desplome de la Bolsa de Valores de Lima como telón de fondo, la expectativa era total en los alrededores del hotel Los Delfines, donde desde la víspera el virtual presidente de la República Ollanta Humala se encontraba alojado.
Las presiones externas para que Humala revelara cuanto antes el nombre del ministro de Economía que lo acompañará en su futuro gobierno cayeron en saco roto. En cambio, la primera vicepresidenta electa Marisol Espinoza fue la designada para comparecer ante los medios de comunicación nacionales y extranjeros para dar una relación de las personas que integrarán el equipo encargado de la transferencia de poderes.
Bajo la coordinación general de la propia Espinoza, un grupo de veinte personas deberá recabar la información necesaria junto a las autoridades del gobierno actual de Alan García para iniciar el proceso de transición que garantice la continuidad en el Poder Ejecutivo.
Los integrantes del equipo
Humala designó al nuevo grupo de trabajo luego de reunirse en el mencionado hotel con colaboradores cercanos.
En la relación facilitada por Marisol Espinoza figuran nombres de perfil económico que integraron el equipo de Gana Perú y otros que se sumaron en la segunda vuelta, como Kurt Burneo, antes ligado a Perú Posible.
Entre los elegidos están el ex jefe de la SUNAT Luis Alberto Arias Minaya, los economistas Humberto Campodónico y Javier Iguíñiz, el ex presidente del Banco Central de Reservas (BCR) Óscar Dancourt, el ex presidente de Cofide Daniel Schydlowsky, y el director de la Cámara de Comercio de Arequipa, Carlos Paredes.
También conformarán este equipo inicial el ex ministro Carlos Herrera Descalzi y el ex viceministro Ricardo Giesecke, ambos del área de Energía; además de Jaime Delgado, ex presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).
Por parte de Gana Perú están presentes el parlamentario andino Alberto Adrianzén, la jefa de comunicaciones Blanca Rosales, y los hasta ahora jefes de campaña y de plan de gobierno, Salomón Lerner y Félix Jiménez, respectivamente.
Los otros especialistas convocados son los diplomáticos Luis Chuquihuara y Humberto Umeres, el ex ministro de Interior Ketín Vidal, el ex ministro de Salud Álvaro Vidal Rivadeneyra y el coronel Adrián Villafuerte Macha.
Tras su breve exposición, la vicepresidenta electa no descartó que algunos de estos expertos sean miembros del próximo gobierno de Humala, por eso subrayó su experiencia en la administración pública, aunque no dio más pistas al respecto.
Ante la presión del mercado
Una de las razones esgrimidas por Marisol Espinoza y otros miembros del partido fue la falta hasta ese momento de la proclamación de los resultados electorales oficiales por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
"Somos respetuosos de la democracia y del sistema institucional", señaló Espinoza, quien explicó que es responsabilidad del Ejecutivo de Alan García y de las autoridades monetarias tomar las medidas económicas necesarias hasta que se haga efectivo el traspaso de poderes.
Previamente, Espinoza reiteró el compromiso de Gana Perú de respetar la estabilidad macroeconómica y la autonomía del BCR, por lo que pidió "calma y tranquilidad" a los grupos económicos, los demás partidos y la población peruana en general.
En cuanto a la evolución del mercado bursátil, consideró que "detener la Bolsa por varias horas no es una práctica que ayuda".
En ese sentido se expresó el congresista electo Javier Diez Canseco, para quien probablemente ha habido acciones estrictamente especulativas.
"Los grupos que manejan este núcleo de acciones deberían operar con más cuidado y respeto hacia las condiciones y la estabilidad que el país requiere", recalcó.
Diez Canseco mostró su interés en aumentar las inversiones de empresas que tengan "auténtica responsabilidad social" y en establecer con ellas relaciones de "equidad, respeto mutuo y de acuerdo a la ley".
Por su parte, Kurt Burneo sostuvo que designar inmediatamente un futuro ministro de Economía sería un gesto "bastante apresurado y atípico" que los "perdedores" están buscando para presionar.
Alan García se pronuncia
El mandatario Alan García saludó a Ollanta Humala en su calidad de virtual presidente electo de la República y pidió todo el apoyo de la población, así como de la micro y pequeña empresa, para "continuar por la senda del crecimiento y la generación de empleo".
Asimismo, por la noche envió a su edecán Raúl Olivares al hotel Los Delfines para mandar su saludo a Humala, a quien pidió que siga ayudando a formalizar las mypes para desarrollar una economía popular a favor de los peruanos.Recibe saludos de presidentes
Desde la noche del domingo, el virtual presidente del Perú recibió saludos de algunos presidentes de países vecinos. Los primeros en hacerlo fueron los mandatarios de Chile y Bolivia, Sebastián Piñera y Evo Morales, respectivamente, luego de enterarse de los primeros resultados oficiales. Asimismo, desde las primeras horas de ayer lo saludaron la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff; Ecuador, Rafael Correa; Paraguay, Fernando Lugo; y Argentina, Cristina Fernández.
El presidente de Cuba, Raúl Castro, en nombre suyo y el de su hermano Fidel, también extendió sus felicitaciones a Humala.
Hizo lo mismo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien felicitó al pueblo peruano por las elecciones y lo calificó de "actor principal de un acto electoral transparente y pacífico". Insulza también mostró sus buenos deseos para la democracia peruana. "Auguramos para peruanas y peruanos en esta etapa de su construcción democrática el mayor de los éxitos", aseveró.
De igual manera, el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para América Latina, Arturo Valenzuela, felicitó a Humala por su victoria y anunció que su país continuará cooperando con el Perú "para avanzar en los intereses de ambos".
"Entendemos que a estas alturas no hay una declaración oficial del candidato que parece haber ganado la elecciones, Ollanta Humala, pero estamos dispuestos a trabajar con él. Lo felicitamos en esta jornada", afirmó en el marco de la 41 Asamblea General de la OEA.
En el mismo tono, la embajada de los Estados Unidos en Lima saludó el triunfo de Humala y afirmó que espera trabajar con el nuevo gobierno. "Estados Unidos espera trabajar productivamente con la nueva administración. Estados Unidos y el Perú cooperan estrechamente en una amplia variedad de intereses mutuos", señaló en una declaración.
En el comunicado se indica que el gobierno estadounidense aguarda colaborar en los campos de la lucha contra la pobreza, la lucha contra el narcotráfico y la producción ilegal de drogas, así como en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos. "Esperamos que las excelentes relaciones entre el Perú y los Estados Unidos continúen", señaló la embajada.
Amenazas de Rey
De otro lado, en contra del tono sereno mostrado por su lideresa, el vocero fujimorista Rafael Rey criticó las opiniones del escritor Mario Vargas Llosa sobre el resultado electoral y propuso que ocupe un cargo público en el futuro gobierno de Ollanta Humala.
Rey también se pronunció en contra del posible traslado del ex presidente Alberto Fujimori desde la base de la Diroes a un penal común y amenazó con enjuiciar a algunos periodistas.
ENFOQUE
Así no, Dr. Omar Chehade
Carlos Castro
Cubdirector de La República
Omar Chehade confundió ayer los papeles: olvidó que es el virtual vicepresidente de la República y no el jefe del INPE o el ministro de Justicia. Asumiendo roles que no le corresponden anunció que después del 28 de julio el ex dictador Alberto Fujimori será trasladado a una cárcel común. Hace unos días debió rectificarse públicamente después de asegurar en un programa de TV que los testigos que acusaban a Ollanta por el caso Madre Mía habían sido "comprados" por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Justo cuando ésta era la impulsora de la campaña del No a Keiko.
Chehade es un destacado profesional pero un político poco prudente. Es cierto que Alberto Fujimori goza de privilegios que van más allá de cualquier recluso y que su celda en la Diroes fue utilizada como centro de la campaña de Keiko. La República denunció este hecho en varias oportunidades. Pero el traslado de Fujimori a otro penal no puede ser considerada acción prioritaria del nuevo gobierno y tampoco es función de OCH sino de una comisión técnica, del INPE o del Ministerio de Justicia. Chehade deberá tener más cuidado y evitar disparar a los pies del futuro gobierno de Ollanta Humala del cual él es uno de los principales protagonistas.
Fujimori: "Saludo su victoria"
1]La tarde de ayer, Keiko Fujimori reconoció el triunfo de Ollanta Humala. "Hoy (ayer) hemos visto, de acuerdo a los resultados oficiales de la ONPE, que dan como ganador al señor Ollanta Humala; reconozco su triunfo, saludo su victoria y le deseo suerte", expresó.
2]Fujimori pidió que la polarización quede atrás porque "es momento de tender los puentes, de comenzar el diálogo, y el gran ganador debe ser el Perú, y deben ser los diez millones de peruanos que viven en situación de pobreza".
3]También le pidió a Humala que nuestro país continúe por el actual rumbo económico y que se mantengan las reglas claras para generar confianza en los inversionistas "para evitar, por ejemplo, lo que ha sucedido hoy (ayer) con la Bolsa de Valores".
4]La ex candidata también señaló que tenderá los puentes necesarios para asegurar la gobernabilidad del país. "Y seremos la oposición que representa a ese 48% de peruanos y peruanas que apuestan y confían en el modelo que nosotros defendemos", expresó. Fujimori también agradeció el apoyo de líderes como Pedro Pablo Kuczynski y Luis Castañeda.
5]Posteriormente, Fujimori se dirigió al hotel donde estaba Humala para felicitarlo en persona e intercambiar unas breves palabras en privado. Frente a las cámaras, ambos estrecharon sus manos y, ante el pedido de los asistentes, se dieron un beso con el que sellaron el fin de la contienda electoral. Fujimori y Humala, que evitaron hacer declaraciones, se saludaron sonrientes y en medio de un ambiente cordial.
Chehade habló a título personal
1] El electo segundo vicepresidente de Perú, Omar Chehade, dijo a la agencia EFE que el ex presidente Alberto Fujimori debería ser trasladado de la prisión de la Diroes a otra de tipo común, donde se respeten sus derechos y su salud.
2] Esas polémicas declaraciones fueron matizadas por Marisol Espinoza, quien indicó que solo se trata de una propuesta de Chehade. "Estamos muy interesados en construir la reconciliación. Nuestra prioridad es señalar cómo avanza el proceso de transición y en manos de quiénes van a recaer los principales ministerios", agregó.
3] El legislador Javier Diez Canseco apuntó que las condiciones actuales de detención de Fujimori "distan mucho de lo adecuado", pero rechazó que sea cambiado a un penal común o donde su seguridad pueda correr algún riesgo.
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Consulte Información en Politiqueria Gobernadores están en la mira de los legisladores y Titulares de día.
Consulte Información en Delito y Corrupción Informe Mundial 2014 de Human Rights Watch sobre Perú y LOS ERRORES Y OMISIONES DEL PLAN DE KEIKO
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