Que opina? Juez "chicha" Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta, instrumento del corrupto Alan García Pérez.- Sentencia del juececillo Velásquez Zavaleta se refiere al corrupto García Pérez como si fuera "su patrocinado".- Una vez más se confirma lo escrito por Haya de la - 08/04/2014 20:01:42
"Escribe: César Vásquez BazánJuez chicha Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta
Este ex-juez de paz, además de ser patrocinador de García Pérez, es el campeón de las muletillas. El pobre hombre no puede ni expresarse bien. En el vídeo a continuación, Velásquez Zavaleta repite en cada momento sus muletillas preferidas, como "digamos", "este", "no es cierto", "no", etc. Su presencia como juez constitucional subraya la pobre calidad de los actuales magistrados. Sin importar su falta de pergaminos académicos, el juez chicha Velásquez exige que antepongan a su nombre las palabras "doctor"o "letrado" a pesar de no haber aprobado ningún doctorado en Jurisprudencia y a pesar que su grado académico más elevado es el de simple bachiller.
El juez chicha Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta es apabullado en el interrogatorio a cargo de Gastón Soto Vallenas quien le hace ver como sus fallos afectan la autonomía del poder legislativo.
El vídeo permite conocer algunos de los prejuicios que afectan el corto raciocinio del juez chicha Hugo Velásquez Zavaleta. Puede observarse en el sujeto una tendencia a separar, de manera absoluta, lo político de lo jurídico, dando a entender que lo político no es jurídico y que lo jurídico no es político. El juez chicha tiene un profundo prejuicio en contra de lo "político" y del Congreso y supone que él, Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta, es el iluminado propietario de la verdad jurídica del "debido proceso".
La intervención de Velásquez lo presenta blandiendo el anterior estereotipo. Afirma que "los congresistas votan desde una perspectiva política; ellos no manejan términos jurídicos, sino temas de conveniencia o inconveniencia". ¡Toma mientras! Se deduce de esta afirmación que, por desempeñarse en el ámbito jurídico, el juez chicha puede sentenciar y eliminar de un plumazo la obra de los políticos, en este caso el excelente trabajo de una comisión investigadora del Congreso.
El nombramiento de este personaje chicha como juez constitucional nunca debió haber sido aprobado. Tras evaluar los prejuicios de Velásquez Zavaleta, el Congreso de la República debió haberse dirigido al Poder Judicial expresando su preocupación y protesta por la presencia de un sujeto que cree que sus torcidas creencias judiciales deben prevalecer y que procesos investigatorios serios como los llevados a cabo por la Megacomisión deben ser dejados de lado por supuestas faltas al debido proceso.
En el interrogatorio a Velásquez que se aprecia en el vídeo, el abogado Gastón Soto Vallenas, le hace ver las graves consecuencias que pueden originar sus sentencias fuera de lugar, al afectar la autonomía y las funciones de investigación a cargo del Congreso. El juez chicha responde a Soto Vallenas indicándole que a él no le parece que sus fallos ,como el que intenta limpiar a Alan García, representen una interferencia en la autonomía del poder legislativo.
García Pérez: El "patrocinado" del juez chicha Velásquez Zavaleta
Que el juez chicha Velásquez Zavaleta se encuentra al servicio de García Pérez puede apreciarse en la redacción de la sentencia que favorece al corrupto de siete suelas.
Tanto en la primera como en la décima página (punto quinto) de la sentencia prevaricadora que intenta encubrir a García, el juez chicha Hugo Velásquez Zavaleta del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima se refiere al investigado García como "nuestro patrocinado".
En el ámbito legal, el patrocinado es el que solicita los servicios de un abogado. Sólo los tinterillos defensores de García deberían referirse al ladrón de cuatro esquinas como "nuestro patrocinado". Sin embargo, el juez chicha Velásquez llama "nuestro patrocinado" a García, alimentando las sospechas que la sentencia a favor del truhán AGP fue redactada por los abogados alanistas y llevada para que el juez chicha Velásquez Zavaleta coloque su firma y los sellos correspondientes.
Primera página de la sentencia del juez chicha Velásquez Zavaleta en la que se refiere a García Pérez como si fuera su patrocinado
Décima página de la sentencia del juez chicha Velásquez Zavaleta en la que nuevamente se refiere a García Pérez como si fuera su patrocinado
Haya de la Torre: "El poder judicial, en el Perú, es lo más corrompido que puede darse"
Nos preguntamos, ¿cómo es que este ex-juez de paz llegó a ser nombrado juez constitucional cuando demuestra un pobre entendimiento de lo que son las funciones del Congreso?
En su obra titulada Por la emancipación de América Latina, escrita en 1924, Haya de la Torre afirmó, con singular claridad, que "el poder judicial, en el Perú, es lo más corrompido que puede darse". Hasta el momento, los deslices legales de Velásquez Zavaleta han permitido que el delincuente Alan García Pérez se ría de la ley, de la Constitución y de los códigos legales que el Jefe del APRA ,recordó en esa misma obra, "conforman algunos kilos de papel impreso en ciertos anaqueles oficiales del país".
Que el pobre diablo Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta sea juez constitucional en el Perú es sólo una muestra (adicional) de la falta de calidad del poder judicial en nuestro país. Repitiendo lo escrito por Víctor Raúl, "el poder judicial, en el Perú, es lo más corrompido que puede darse".
© César Vásquez Bazán, 2014
Abril 5, 2014
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Interesante, José Peláez: Fiscalía no ha absuelto a Chehade y acudiré al Congreso si me citan - 15/12/2011 14:50:28
" Ideeleradio.- El Ministerio Público no ha emitido una resolución u opinión que señale que el segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, ha sido absuelto en el caso de la azucarera Andahuasi, afirmó el fiscal de la Nación, José Peláez, al asegurar que acudirá al Congreso si es que este poder del Estado lo convoca.Fue al referirse a la decisión de su despacho de derivar al Parlamento todos los documentos y declaraciones que había recogido desde mediados de octubre, para no interferir ni hacer paralelismo en las indagaciones del Parlamento.
"Nosotros no hemos tenido resolución, simplemente hemos manifestado al Congreso que habiendo la Comisión de Acusaciones Constitucionales emitido un dictamen que ha pasado a la Comisión Permanente, que nosotros nos absteníamos de seguir conociendo el hecho hasta que el Congreso resuelva. No hemos emitido ningún tipo de opinión", explicó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
"[¿Esto no es una absolución?] El Ministerio Público no ha emitido ninguna opinión al respecto. Simplemente, hemos dicho concluyan ustedes, digan qué cosa tenemos que hacer después porque lamentablemente el artículo 100 de la Constitución dice que una vez que el Pleno del Congreso acusa, pasan los actuados al fiscal de la Nación y este tiene cinco días para formulación la acusación ante el juez supremo que no tiene más alternativa que abrir proceso", agregó.
No nos lavamos las manos
El magistrado rechazó, en ese sentido, que el Ministerio Público pretenda lavarse las manos o tenga la intención de ocultar algo. Argumentó que se tomó la decisión de derivar este caso al Parlamento por una incongruencia, que tendría que ser corregida, en la Carta Magna, en el artículo 100 y 159, que le da al Fiscalía la atribución de ser titular del ejercicio de la acción penal.
"Lamentablemente en el tema de las acusaciones constitucionales, la función, según los doctrinarios y constitucionalistas dicen que el Congreso prácticamente se sustituye a la labor del Ministerio Público. […] Esa es la gran incongruencia que existe en la Constitución del Estado, por eso es que analizamos que tampoco se podría hacer dos investigaciones paralelas porque hay un principio del debido proceso, non bis in idem, de que no puede haber dos procesos por un mismo hecho a una misma persona. O sea el tema es respecto a la Constitución y la competencia que tiene el Congreso", remarcó.
"No, no [este principio no es más a sentencias que procesos], ya el Tribunal Constitucional dijo que había el non bis in idem de forma y fondo. En este caso es de forma. Ese es el inconveniente, aquí no ha habido ningún tipo de lavarse las manos o de querer ocultar algo, en absoluto. Este es un principio que hemos tomado en base al respeto a la Constitución y al órgano competente que es el Congreso", subrayó.
No puede haber dos investigaciones paralelas
El magistrado recordó que la investigación que inició el Ministerio Público data del 8 de octubre a raíz de las informaciones periodísticas. Relató que se recogió la noticia criminal y que se comenzó una investigación preliminar, sin hacer calificación de que delito se investiga.
Puntualizó que, el expediente se remitió al Poder Legislativo porque la Subcomisión de Acusación Constitucionales concluyó su trabajo y le atribuyó un presunto delito a Chehade Moya, y que ello podría implicar que haya dos investigaciones paralelas con resoluciones contradictorias.
"La Comisión de Acusaciones Constitucionales ha concluido ya y dice que sí hay delito, entonces frente a eso nosotros nos encontramos frente a una situación en la que podría haber una contradicción, si decimos que no hay delito y la comisión dice que sí, entonces tendríamos que hacer lo que manda el Congreso, si es que se aprueba la acusación constitucional. Y si dijéramos que sí hay delito, y no le levantan el antejuicio entonces, no podemos hacer absolutamente nada", advirtió.
Pedirán cambio de artículo que pone camisa de fuerza
El magistrado adelantó que en el Ministerio Público propondrá modificar el artículo 100 de la Constitución, que se contradice con el artículo 159, que es el que define las competencias del Ministerio Público. Mencionó que el artículo 100 le pone una camisa de fuerza a su institución porque en la eventualidad de una acusación constitucional, solo se puede denunciar a un funcionario por los delitos que determine el Congreso.
El artículo 100 señala que "en caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción correspondiente". Se agrega en otro párrafo que "los términos de la denuncia fiscal y del autoapertorio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso".
"Exactamente, esa [parte que dice que solo se puede denunciar por los delitos que autorice el Congreso] es la fórmula por la que optó la Constitución de 1993, prácticamente nos pone una camisa fuerza y nos dicen "ustedes van a hacer esto", lógicamente, es materia de interpretación", indicó.
"Yo creo que va a ser objeto de una proposición que vamos a hacer nosotros para modificación del artículo 100 de la Constitución del Estado porque creo que esa norma tiene que cambiar, porque hay una evidente contradicción con la otra norma que confiere al Ministerio Público el titular del ejercicio de la acción penal pública [artículo 159]", aseveró.
Deslizó, en otro momento, la posibilidad de que el Ministerio Público haga una interpretación extensiva frente a la contradicción existente entre el artículo 100 y 159 de la Carta Magna.
"Puede el Ministerio Público en estricto uso del ejercicio del derecho que le confiere el artículo 159, hacer una interpretación extensiva y podríamos eventualmente hacer una interpretación y decir "si bien es cierto la Constitución dice esto, pero tenemos el artículo 159 que nos da la titularidad del ejercicio de la acción penal"; yo creo que ese es el tema que puede surgir en los siguientes momentos en que se produzca esto u otros casos", estimó.
"Yo creo que allí vamos a tener que por primera vez, el Ministerio Público podría estar sentando realmente una ejecutoria y eventualmente interpretar, saliéndose del mandato que establece el Pleno del Congreso, eso es una cosa que hay que verla más adelante, luego de que el Pleno, si es que formula acusación constitucional, tengamos que estar frente a ese caso", apuntó.
Si me citan, iré al Congreso
Declaró, finalmente, que todavía no ha sido citado por el Congreso, pero mostró su predisposición de acudir al Poder Legislativo si es que se lo convoca. Días atrás, el parlamentario José Luna Gálvez anunció que su bancada pedirá que el máximo representante del Ministerio Público se presente ante la Comisión de Fiscalización.
"Si es que la comisión me llama, además es una atribución del Congreso llamar a los funcionarios y representantes de los órganos competentes, no habría ningún inconveniente de ir a explicar lo mismo", concluyó
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