Noticia, Conga: presencia de maquinaria pesada de Yanacocha genera malestar en comunidades - 11/02/2014 11:19:35
"Compartimos nota de prensa del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS)ILEGAL PRESENCIA DE MAQUINARIA PESADA DE YANACOCHA GENERA MALESTAR EN CONGA
Contraviniendo los derechos de las comunidades y rondas campesinas, la minera Yanacocha trasladó más de 16 maquinarias pesadas a la zona de Mamacocha.
Bofedales, sistema hídrico, y sitios sagrados serían destruidos en caso se continúe con la implementación del megaproyecto minero Conga.
Se espera que 5000 autoridades ronderas e indígenas de la jurisdicción especial se trasladen a la zona para exigir que Yanacocha retire sus maquinarias.
Lima 4 de febrero: "El pasado domingo del presente año, más de 16 maquinarias pesadas pertenecientes a la minera Yanacocha fueron trasladadas a la zona de Mamacocha (provincia de Hualgayoc-Bambamarca) para continuar las labores del megaproyecto Conga", afirmó una autoridad rondera de la zona que denunció el irregular hecho al IIDS.
Las excavadoras ya se encuentran removiendo las piedras de las lagunas Negra y Seca, que dan origen a las lagunas Mamacocha Chica y Mamacocha Grande. Al mismo tiempo, los Guardianes de las lagunas informaron que al día de ayer, 03 de febrero, siguen ingresando más maquinarias pesadas sin el permiso de las autoridades campesinas y sin el consentimiento de los pueblos afectados. Las obras que viene realizando la empresa minera están destruyendo los bofedales y sitios sagrados, debido a la construcción de un camino cerca al Santuario del Cocodrilo, en cuyas faldas se encuentra la laguna Mamacocha. De esta forma, no solo desaparecería dicha laguna, sino también los ríos y ojos de agua nacientes de la misma, lo cual pondría en riesgo sus principales actividades de subsistencia (agricultura y ganadería).
Según el derecho internacional (art. 21 de la CADH, art. 13 del Convenio 169 de la OIT, doctrina y jurisprudencia de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos) se está vulnerando el derecho al territorio, con lo cual se pone en riesgo la subsistencia biológica, cultural y espiritual de las rondas y comunidades campesinas que se verán afectadas por el megaproyecto Conga. Es decir, el Estado peruano no reconoce que la zona donde se ubica dicho megaproyecto es territorio indígena.
El traslado de esta maquinaria podría ser interpretado por los pueblos como un acto de provocación y de mala fe, toda vez que estos pueblos han denunciado al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por aprobar un megaproyecto que atenta contra su subsistencia.
Es de resaltar que el artículo 18 del Convenio 169 de la OIT establece que "la ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones".
Frente a este atropello, las comunidades y rondas campesinas afectadas prepararán una conferencia de prensa y, al mismo tiempo, realizarán una marcha hacia la parte en la que se encuentran las maquinarias. Se espera contar con 5000 personas aproximadamente, que pernoctarán en el lugar para exigir que la minera se retire del lugar.
Las rondas y comunidades campesinas han solicitado que se pronuncie el Instituto Nacional de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad, la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Energía y Minas, frente a las vulneraciones de derechos de los pueblos indígenas que se vienen cometiendo.
Mayor información:
Isabel Del Pilar López Meza
Área de Prensa y Comunicaciones
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad
iids@derechoysociedad.org
isabellopezmeza@gmail.com
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Es Noticia, "El Estado aún no ha asumido el concepto de pueblos indígenas como sujeto de derechos" - 29/11/2013 17:17:32
"En diálogo Estado-sociedad civil se reflexionó sobre Informe Alternativo 2013 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.Patricia Balbuena, Viceministra de Interculturalidad, dirigiéndose a representantes de la sociedad civil. (Foto: Servindi)
Por Servindi
"El Estado aún no ha asumido el concepto de pueblos indígenas sino de comunidades" afirmó la viceministra de Interculturalidad Patricia Balbuena, en un desayuno de trabajo con asociaciones de la sociedad civil, realizado el jueves 28 de noviembre.
El Estado peruano nunca ha tomado decisiones pensando en el sujeto de derechos "pueblo indígena". Por tal motivo, nunca ha recolectado información específica pensando en el sujeto "pueblos indígenas" sino solo como comunidades.
Cuando el Estado empiece a hablar del sujeto pueblo indígena lograremos uno de los avances más importantes y este es uno de los desafíos del próximo censo que organiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), agregó Balbuena.
La funcionaria reconoció que los espacios de diálogo son los mejores para disentir pero también para llegar a acuerdos. Y estos son aún más necesarios ahora que se cuenta con una dirección de Pueblos Indígenas que necesita trabajar con otros sectores y la sociedad civil.
Al respecto anunció que el sector Cultura viene analizando la creación de dos espacios de trabajo dedicados a los pueblos indígenas: una comisión sectorial y otra comisión multisectorial de carácter permanente, que haga seguimiento al cumlimiento del Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sobre el tema institucional Balbuena planteó como un asunto de fondo definir qué es lo que necesitamos como Estado para atender a los pueblos indígenas y cómo se reflejaría esto en la estructura del Estado peruano.
Informe Alternativo que cada año elaboran las organizaciones indígenas y el Grupo de Trabajo de la CNDDHH. Clic a la imagen para acceder a la publicación en PDF.
Respecto al proceso de consulta previa Balbuena reconoció que se trata de un asunto muy complejo, que plantea enormes desafíos y cambios en la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas.
Existe una pregunta de fondo: ¿Tiene el Estado la capacidad de garantizar los derechos de los pueblos indígenas? Se trata de un desafío enorme y complejo que requiere mucho tiempo y tenemos que esforzanos por acelerar estos procesos.
Por ejemplo, destacó, el enfoque intercultural no es algo que se aprende en un par de capacitaciones. Por esta razón, tenemos que superar desconfianzas y fortalecer capacidades en ambas partes, en referencia al sector público y la sociedad civil.
La ley de consulta previa y su reglamento no son suficientes para los procesos de consulta. El problema es cómo hacer la consulta y falta un desarrollo normativo administrativo, sentenció.
Expectativas de la sociedad civil organizada
El desayuno de trabajo fue organizado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y al mismo acudieron funcionarios de Cultura, Educación, Justicia y Energía y Minas, entre otros.
La finalidad fue presentar y dialogar en torno al informe alternativo que cada año elaboran las organizaciones indígenas y el Grupo de Trabajo de la CNDDHH y que es enviado a la Comisión de Expertos de la OIT a fin de contribuir a evaluar el cumplimiento de dicho convenio.
Javier Jahncke expuso las limitaciones del marco legal del proceso de consulta previa normativas e hizo especial hincapié en la guía y deficiencias de la guía metodológica de consulta que restringe el reconocimiento a los pueblos imponiendo los requisitos de lengua y territorio.
Representantes del Ejecutivo. (Foto: Servindi)
Jahncke, representante de la Red Agua, Democracia y Desarrollo (REDAD), expresó su preocupación por que la modalidad desconcentrada de los procesos de consulta están a cargo de las mismas instancias públicas que promueven las medidas a ser consultadas.
Ello no brinda garantías de imparcialidad y transparencia, especialmente en lo que concierne al sector Energía y Minas.
A ello se aúna que las consulta se programan después de haberse aprobado los estudios de impacto ambiental (EIA); y existen mecanismos de participación ciudadana que se sobreponen y desvirtúan los procesos de consulta previa, que tienen una naturaleza jurídica distinta.
Jahcke y Miguel Jugo, refirieron asimismo cómo voceros del gobierno se refieren al derecho a la consulta previa como una "traba" para el desarrollo, a pesar que fue la primera medida legal del gobierno a raíz de un fuerte compromiso político surgido por los sucesos de Bagua.
Criminalización en debate
Mar Perez, de la CNDDHH, explicó la coerción del Estado mediante el uso abusivo de la fuerza y que ha ocasionado 29 civiles fallecidos en el periodo del actual gobierno de Ollanta Humala.
El 86 por ciento de los fallecidos fue por proyectil de arma de fuego, el 10 por ciento menores de edad y el 45 por ciento son indígenas o en protesta relacionada a derechos de los pueblos indígenas, precisó Mar.
A ello se suman los procesos infundados, las denuncias preventivas, los mandatos de detención, el uso injustificado de la autoría mediata, los traslados arbitrarios de jurisdicción y los múltiples procesos por los mismos hechos.
Destacó el caso injusto, inhumano e ilegal de tres indígenas privados de libertad desde el año 2009 por los sucesos de Bagua para los cuales solicitó libertad inmediata o arresto en su propia comunidad.
Mar Pérez, de la CNDDHH. (Foto: Servindi)
José Coloma, representante del Poder Judicial, calificó de exagerada el calificativo de "criminalización" de la protesta social porque según su criterio no existe una política deliberada de criminalización, aunque admitió que las situaciones anómales se repiten en otros procesos y constituyen un lastre a superar.
David Velasco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) reafirmó la situación de criminalización y brindó ejemplos como la instrumentalización del derecho, las campañas para demoler honras y la afectación a la vida e integridad personal.
Brindó ejemplos concretos, como los trescientos procesados en torno al proyecto Conga y una cantidad mucho mayor en el caso del proyecto Río Blanco, en Piura.
Institucionalidad y participación
Iris Olivera, de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), enfatizó en la diferencia entre participación ciudadana y el derecho a la participación de los pueblos indígenas que es un derecho distinto y que no se ha desarrollado en el país.
De acuerdo al Convenio 169 de la OIT se trata de asegurar el derecho a participar en la toma de decisiones.
Sobre la institucionalidad pública para pueblos indígenas sostuvo que ésta se ha venido debilitando cada vez más y actualmente existe un candado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).
Recordó que existen compromisos de una mesa de trabajo y existe la demanda de las organizaciones indígenas porque se cree un Ministerio de Pueblos Indígenas.
Estado y sociedad civil en diálogo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. (Foto: Servindi)
Avances en justicia intercultural
Jaime Escobedo, asesor del Ministerio de Justicia en asuntos de interculturalidad, enfatizó que el Estado peruano no tiene vocación de litigio con los pueblos indígenas.
Hay una hoja de ruta de trabajo en el Poder Judicial sobre el tema de interculturalidad y un proceso muy activo y dinámico con las organizaciones indígenas, una de cuyas expresiones es el proyecto de Ley de Coordinación Intercultural de la Justicia, aprobado por la Comisión de Pueblos del Congreso y que será sometida a un proceso de consulta pre legislativa.
Finalmente, Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, sostuvo que la construcción y afirmación social de un sujeto indígena es un reto para todos y especialmente para quienes estan formados de una manera tradicional.
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Información: Rivera: Porcentaje a favor de indulto a Fujimori es el resultado de una campaña mediática de ablandamiento - 21/12/2011 11:07:53
" Ideeleradio.- El porcentaje de personas que estarían a favor de un indulto humanitario para Alberto Fujimori es el resultado de una campaña mediática de ablandamiento que está desarrollando la familia, Fuerza 2011 y el abogado del exmandatario, sostuvo Carlos Rivera, director adjunto del Instituto de Defensa Legal (IDL).Fue al referirse al sondeo de Ipsos Apoyo que revela que si el presidente Ollanta Humala decide indultar a Fujimori por razones de salud, el 66% respaldaría la medida, y el 30% la desestimaría. Según Datum, el 49% de ciudadanos está a favor de un indulto para Fujimori, mientras que un 42% rechaza esa posibilidad.
"Es un caso sobre el cual desde hace varios meses atrás, entre la defensa, la familia y la agrupación política fujimorista están desarrollando una estrategia bastante hábil que es como una estrategia de ablandamiento de la opinión pública, creo que el 66% [del último sondeo] es resultado de eso", manifestó en diálogo con Ideeleradio.
"No es que la gente esté convencida de mandar a un condenado por violaciones de derechos humanos a su casa, sino que es el resultado de una estrategia mediática de ablandamiento, de querer presentar a un Fujimori totalmente desvalido, delgado, bajo de peso, como si ese fuese la causa suficiente o la razón suficiente para alegar un indulto", agregó.
No es necesario un peritaje internacional
Rivera Paz estimó, en otro momento, que no es necesario contemplar la posibilidad de un peritaje internacional para evaluar la salud de Fujimori Fujimori, al considerar que se puede confiar en los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
"Lo que el Ministerio de Justicia tiene que hacer es solicitar al INEN una evaluación de carácter médico y, por lo tanto, tendría que haber varios médicos, una junta médica que haga una calificación y una determinación de cuál es el estado de salud de Fujimori. No es necesario un peritaje internacional, creo que en el Perú hay médicos lo suficientemente calificados que pueden dar cuenta en términos absolutamente concretos y objetivos de cuál es el estado de salud de Fujimori"", declaró.
"El caso ha sido lo suficientemente mediático y a pesar de eso los médicos del INEN emitieron un informe que decía que Fujimori no está grave de salud, por lo tanto, creo que hay que confiar en los profesionales de la salud del Perú, en este caso el INEN, sobre el informe que vayan a dar; además las propias normas legales establecen que quienes tienen que informar son dependencias de la salud pública peruana, no médicos extranjeros", acotó.
Días atrás, el exfiscal Avelino Guillén, sostuvo que un peritaje internacional sobre el estado de salud de Alberto Fujimori, convocado por el Ministerio de Justicia, podría dar una opinión más categórica de si padece o no una enfermedad terminal, al contemplar la posibilidad de que no se pueda conformar una junta médica estatal independiente o que esta pueda estar afecta a las presiones políticas.
Razones legales, médicas y políticas para denegar el indulto
Finalmente, dijo que existen no solo razones legales, médicas, sino políticas para desestimar un eventual pedido de indulto humanitario para Alberto Fujimori. Apuntó que el debate debe centrarse en estos puntos y en la necesidad de justicia y reparación más allá del argumento de quienes sostienen que han pasado dos años de la condena y que eso es más que suficiente.
"Nuestra posición es estar en contra de la posibilidad del indulto por razones de carácter legal. Hay una ley que prohíbe los indultos para los condenados por secuestro agravado y hay una prohibición de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que a los que están condenados por ese tipo de crímenes no se les puede otorgar un beneficio de esta naturaleza", subrayó.
"Lo otro es que no es cierto que Fujimori sea un enfermo con una dolencia de carácter terminal, creo que el informe del INEN no ha determinado que él esté en una etapa de cáncer terminal. Él tiene atención médica y todo bajo control. Hay razones legales, médicas y de carácter político para no otorgar este indulto, creo que no tan fácilmente podemos entrar a un debate de esa naturaleza si no es que antes no hemos procesado debidamente el valor de la justicia, del proceso judicial", concluyó.
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