Es Noticia, Pro Inversión con Inclusión - 28/04/2014 17:46:40
"¿Tienes un título falso y quieres trabajar para el Estado? No te preocupes, solo tienes que presentar tus documentos "truchos" en ProInversión y ya tienes un cupo asegurado.Y buena paga de por medio, además. Y es que al parecer en esa entidad, en donde se tiene una extraña interpretación de la llamada inclusión social.
Se acoge a todos los que cuentan con documentos bambas y quieren mamar de las ubres del Estado. Para muestra un par de botones.
Después de que salió a la luz que el alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna, tenía un título de abogado bamba otorgado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).
Entidad que entre otras cosas busca un Estado transparente, ha iniciado la tarea de detectar a quienes se han introducido en la administración pública valiéndose de "cartones truchos".
Además, SERVIR también se está encargando de identificar a quienes ya fueron sancionados por haber mentido en sus hojas de vida y que pese a ello han retornado al aparato estatal gracias a su militancia política o a sus "buenos contactos".
Sin que esto signifique que no revisen los títulos otorgados por determinadas universidades que a cambio de un estipendio otorgan maestrías y doctorados.
Bajo la lupa. La primera en ser inspeccionada, y no es solo por el caso de Burgos, será la UIGV ya que han encontrado a muchos "abogados" egresados de esa casa de estudios que ni siquiera saben diferenciar entre un juzgado y una discoteca.
Por eso, al cuestionado rector de la UIGV, el ingeniero-abogado Luis Cervantes Liñán, hace unos días le han pedido la relación de los magistrados y congresistas que trabajan para él, así como la relación de los títulos otorgados por su universidad durante los últimos diez años.
A fin de comprobar a quiénes se han dado una profesión sin haber pisado nunca un aula universitaria.
Se estima que hay un 40% de funcionarios en la administración pública que han presentado títulos falsos o que por un módico costo algunas universidades les han extendido una maestría o un doctorado.
Gallo viejo con el ala mata. El 26 de agosto de 2006, el diario oficial El Peruano publicó la resolución ministerial N° 591-2006-MINDES en donde se autorizaba al procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES).
Para que en representación y defensa de los intereses del Estado inicie e impulse las acciones judiciales correspondientes contra José Antonio Oblitas Gallo y contra aquellos que resulten responsables.
¿Qué había hecho Oblitas para desatar la furia de la entonces ministra Virginia Borra Toledo? Según la investigación de la Unidad de Personal de la Oficina de Administración del PRONAA, la UIGV, a donde ellos habían escrito preguntando sobre la autenticidad del título de Oblitas Gallo que este decía haber obtenido en esa casa de estudios.
Se les contestó que no había estudiado allí la carrera de economista y menos, por supuesto, le habían otorgado el título correspondiente.
El secretario general de la universidad informó al PRONAA que el número del título que presentó Oblitas Gallo -el 09714- correspondía a una exalumna licenciada en Psicología.
Por su parte, el decano del Colegio de Economistas señaló, para vergüenza del ministerio, que el economista que trabajaba con ellos no se encontraba incorporado a ese colegio y no era miembro de la orden.
Por todo ello, se evidenciaba que la hoja de vida presentado por José Antonio Oblitas contenía información falsa, como la de haber cursado estudios superiores y haber obtenido el título de economista, lo que constituía indicio suficiente de la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y falsedad genérica.
Pero Oblitas, que ya tenía experiencia en la administración pública pues trabajó hasta el 2000 en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, una vez expectorado del MINDES se fue directamente, no a la chirona, sino al CONSUCODE, en donde se le nombró nada menos que gerente de administración y finanzas.
No se sabe hasta cuándo Oblitas estuvo en CONSUCODE (hoy OSCE), pero lo que sí se conoce es que hoy es subdirector de Gestión del Conocimiento en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), en donde gana mensualmente S/. 15, 600.
Pro inversión acoge a todos. A la funcionaria Christy Agatha García- Godos Naveda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones le instauró proceso administrativo, mediante la resolución viceministerial 175-2010-MTC/04, por considerar como acto de inmoralidad que en su declaración jurada hubiese consignado que tenía el título de economista cuando no contaba con dicho cartón.
Si bien el tribunal del servicio civil anuló el proceso administrativo que recomendaba su destitución y la cesaba de manera temporal sin goce de haber por 12 meses, la Quinta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos.
Ante la denuncia presentada en contra de ella, formalizó los cargos ante el juzgado penal correspondiente.
García-Godos Naveda trabajaba como secretaria técnica del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hasta que comprobaron que el título de economista que ella alegaba no correspondía en realidad a uno expedido por alguna universidad, sino a una interpretación que hacía de la Ley Universitaria.
Si bien a diferencia del caso anterior no había presentado documentos falsos, igual fue denunciada.
Actualmente su proceso, expediente N° 13881-2011, ha pasado con fecha 10 de marzo de 2014 de la Primera Fiscalía Superior Penal de Lima a la Primera Sala Superior Penal de Lima, en donde se decidirá si cometió o no delito.
Sin embargo, ese proceso penal no ha sido obstáculo para que sea contratada también en ProInversión como jefa de Proyectos Ferroviarios en donde recibe un sueldo mensual de S/. 18, 300.
A raíz de estos y otros nombramientos en ProInversión, es que el Congreso de la República le ha puesto la puntería a esa importante dependencia pública en donde no sólo ocurren casos como los reseñados, sino que los funcionarios tienen un nivel de remuneraciones que despierta la envidia de toda la administración pública.
Se espera que el director ejecutivo de ProInversión, Javier Illescas, aclare estas y otras contrataciones que no huelen nada bien.
Foto: Difusión.
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Es Noticia, Congresistas piden eliminar el CAS y denuncian despidos a trabajadores públicos - 14/12/2011 23:35:36
"Derechos. Hoy se debatiría en el Pleno del Congreso el proyecto que pone fin al régimen especial. El ministro de Trabajo no explicó si mantendrá el CAS mientras se incorpora al personal a planilla.Las reacciones no se hicieron esperar. Diversos congresistas y gremios sindicales se mostraron en contra de la intención del Ejecutivo de modificar el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y no anunciar su eliminación, como dicta un proyecto de ley aprobado en la Comisión de Trabajo del Congreso, el cual está agendado para debatirse hoy en el Pleno.
En ese contexto, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, José Villena, no supo explicar si la ley sustitutoria (que otorgará mejores derechos laborales a los CAS) será paralela a la incorporación progresiva de los trabajadores a planilla o la idea es mantener el régimen CAS hasta nuevo aviso.
"No sabría decir si será paralela. Primero hay que ver qué dirá el Congreso. Lo más importante es que se quiere mejorar las condiciones laborales. Y eso es un tema progresivo y muy delicado para cada persona. La idea es hacerlo de manera ordenada porque es un compromiso de campaña del presidente Ollanta Humala", señaló.
Despiden a los CAS
Ante las denuncias de que ya se estarían despidiendo a los trabajadores del CAS, el ministro Villena dijo desconocer tal situación y descartó que eso esté ocurriendo. Son 113 mil empleados públicos que esperan la eliminación del CAS antes de ver peligrar sus puestos. "No sabría decirle, pero es imposible que se les pueda despedir porque los contratos del CAS terminan el 31 de diciembre, como sucede todos los años", aclaró.
Sin embargo, el primero en denunciar tales despidos fue el segundo vicepresidente del Congreso, Yehude Simon, quien indicó que le ha llegado información a su despacho sobre despidos en los sectores educación y salud.
"Todo mundo sabe qué significan los trabajadores del CAS y ya comienzan a botar a los que tienen cinco, seis, siete o nueve años en la administración pública. Hoy día ya los están despidiendo, y eso lo digo para que el ministro de Economía, el ministro de Trabajo y el presidente de la República tengan cuidado", declaró en un programa periodístico.
Después añadió que los despidos no solo están ocurriendo en el gobierno central. "En muchas regiones han botado a trabajadores con varios años de servicios", precisó.
El congresista Yonhy Lescano también informó que ya se está despidiendo a los CAS o enviándoles cartas de despido, pues a fin de año terminan sus contratos y "eso equivale a quedarse en la calle".
"Por eso hay que aprobar la eliminación del CAS lo más antes posible. Mañana (hoy) está agendado en el Pleno; la derogatoria será progresiva, según la disponibilidad presupuestal, porque modificarlo (como pretende el Ejecutivo) es modificar el abuso", sentenció.
José Luis Sandoval, dirigente de la Coordinadora de Servidores Públicos, calificó de "perverso" el sistema del CAS, pero exigió que amplíen los contratos CAS mientras los trabajadores entran a planilla, porque no es justo que tengan más de diez años de servicio y acaben despedidos sin haber alcanzado sus beneficios.
Protección Laboral
Según Ricardo Herrera, laboralista del Estudio Muñiz, no existe ninguna garantía de que los CAS no sean despedidos, por lo que consideró pertinente que se emita una ley para proteger a los actuales trabajadores de ese régimen y se impida el ingreso de más personas al CAS.
Añadió que el proyecto del Ejecutivo no niega la posibilidad de incorporar progresivamente al personal. Dijo que puede realizarse en paralelo, pero si la idea es solo mejorar los derechos laborales y mantener el CAS, ello no es conveniente, pese a que no incumple con la Carta Magna, según el Tribunal Constitucional.
En tanto, el secretario general de la CGTP, Mario Huamán, pidió al Congreso hacerse respetar con la eliminación del CAS y no dejarse sorprender por la posición del ministro Villena.
Diario La República (14.12.2011)
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