Interesante, Sociedad civil exige justicia y reparación a las víctimas de esterilizaciones forzadas - 30/01/2014 14:25:32
""El fiscal no puede decir que no hay evidencias. Existen oficios, memorándums de los ministros que iban informando a Fujimori de cómo se cumplían o no las metas, donde se señalaban además, las cuotas de mujeres que tenían que captar para esterilizarlas, y también se hablaban de las sanciones o recompensas que iban a tener", denuncia Rossy Salazar, representante legal de Demus. La abogada precisa que se han presentado tres fundamentos en el recurso de queja con la esperanza de que la Fiscalía Superior cambie la resolución emitida por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a cargo del fiscal Marco Guzmán Baca, que dispone no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y sus asesores y al directo involucrado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.El primer punto que se ha sustentado es que el fiscal provincial no necesitaba pruebas contundentes para denunciar, sino evidencias de que se ha cometido un delito, y como precisa Rossy Salazar, "hay suficientes evidencias dentro del expediente fiscal". Además, denuncian que el propio fiscal no ha cumplido con el formalismo establecido, pues para archivar un caso de 2.074 mujeres, se debía explicar caso por caso, sin embargo, la resolución sólo ha hecho mención al suceso de Mamérita Mestanza, campesina que fue sometida a una operación quirúrgica de esterilización en 1998 y falleció ocho días después de la intervención.
Y por último, la consideración de que se han fundamentado de manera contundente todas las evidencias que hay en el expediente fiscal que determinan que fue un delito de lesa humanidad, a través de los informes y memorándums señalados como con las declaraciones de las más de 2 mil mujeres que han contado cómo han sido "engañadas, amenazadas, chantajeadas para que se lleve a cabo ese tipo de política y declaraciones de médicos y enfermeras que señalan cómo eran amedrantados para cumplir con estas metas", explica Salazar.
"Esterilizaciones forzadas, ¡Sanción y Justicia ahora!", es el reclamo que hacen las mujeres víctimas de este delito y las organizaciones de la sociedad civil tras la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios implicados en las esterilizaciones forzadas durante todo el régimen fujimorista desde 1996 hasta 2001. Como se recuerda, dicho programa constituyó una política pública que promovió la esterilizaciones de miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales. Es el caso de Sabina Huillca procedente de Cusco. "Me indigna este caso, no encontramos justicia, ¿Por qué lo han archivado? Casi no sabemos leer ni escribir, ¿Será por eso que fue archivado?", se pregunta indignada.
Mientras la parlamentaria andina Hilaria Supa señala que Fujimori hizo mutilar a las mujeres más pobres del Perú que no conocían sus derechos. "Este Estado nunca ha reconocido a esta población y hasta hoy siguen siendo discriminadas", dice.
"El Estado a través de sus operadores de salud anuló la libertad de las mujeres a decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos. Además, el impacto en las mujeres de una determinada cosmovisión en nuestro país donde el vientre de la mujer es fecundo como la tierra, también se anuló la capacidad de dar vida. Se sienten incompletas.", explica Mariel Távara, responsable de línea psicológica de Demus.
"En estos 17 años mi vida ha sido duro, no poder ser madre fue una frustración muy grande. Nuestro testimonio debe valer mucho más que un papel. Nosotras solamente queremos justicia, y es indignante que siempre tengamos que estar pidiendo por favor la justicia", se lamenta Victoria Vigo víctima de la esterilización forzada.
"La decisión de archivamiento es contraproducente, porque el espíritu de reapertura del caso es contrario a lo que se ha decidido, y abusiva, porque se juzga como si los responsables hubieran sido los médicos, cuando todos sabemos que ha sido una política nacional cuyo responsable fue el mismo gobierno de Fujimori y sus ministros", señala Alfonso Ramos, hermano de Celia Ramos, otra víctima mortal de las 18 que se han registrado por esta causa.
Así, representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNNDDHH) y Demus , Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y Cladem (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer) demandaron justicia y reparación a las víctimas tras la presentación de la acción legal emprendida ante la decisión del Ministerio Público de librar de toda responsabilidad a los funcionarios públicos implicado.
"A dos años y medio del gobierno de Ollanta Humala y frente a su compromiso con las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas demandamos al Ejecutivo reparación a todas las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir buscando justicia. "No vamos a dejar que estos delitos de lesa humanidad queden impunes", finalizó María Ysabel Sedano directora de Demus.
Dato:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vería en marzo caso de esterilizaciones forzadas.
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Que opina usted? Eliminarán el régimen CAS - 29/12/2011 10:59:00
"En reunión ministerial disponen trasladar control del IRTP a PCMEl Gobierno aprobó el proyecto de ley a través del cual se establece la eliminación progresiva y ordenada de los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) a partir de 2013, informó anoche el titular de Trabajo, José Villena Petrosino. En este sentido, indicó que a los trabajadores regidos por este tipo de contrato se les reconocerán los derechos de vacaciones completas, aguinaldo de julio y diciembre, seguro de salud completo al ciento por ciento, indemnización por despido arbitrario, entrega de certificado de trabajo, entre otros.
En el proyecto se establece que todas las entidades públicas con trabajadores bajo esa modalidad de contratación deben realizar una evaluación para determinar si estos cumplen las funciones para las cuales fueron contratados y si ellas están acordes con el objetivo de la entidad, que es servir al ciudadano.
Cada entidad, incluyendo los gobiernos regionales y locales, deberán realizar esta evaluación de manera autónoma, dijo José Andrés Villena al finalizar la sesión N° 25 del Consejo de Ministros.
Villena puntualizó que la iniciativa legislativa dispone que el próximo año las entidades públicas evalúen a todo su personal no con la finalidad de promover despidos sino de mantener y resguardar sus derechos.
Beneficiados
"Estamos hablando de un total de 113 mil personas con contratos CAS y con este proyecto se iniciaría la modernización del Estado a partir de 2013?, indicó a la prensa.
El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros se enmarca en los esfuerzos del Gobierno para mejorar la situación de miles de trabajadores que no cuentan con derechos laborales, y es parte de la política de inclusión social que impulsa la administración del presidente Ollanta Humala.
Por su parte, el titular de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, informó que el Consejo de Ministros aprobó una operación de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para modernizar los servicios de justicia en el país.
"Se ha aprobado un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo por 26 millones de dólares para la modernización del sistema de administración de Justicia y la mejora de los servicios brindados para la población peruana", indicó.
IRTP
Por otro lado, durante la reunión ministerial, se acordó también trasladar el control del Instituto de Radio y Televisión Peruana (IRTP) a la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de darle un mayor impulso al canal de Estado.
"La idea es potenciar el canal de televisión del Estado, darle la importancia debida para que se constituya en un medio con una mayor dimensión en cobertura e información", indicó el jefe del Gabinete Ministerial, Jorge Valdés Dancuart, al absolver las interrogantes de los periodistas.
Mejorarán 250 mil viviendas
El Gobierno mejorará 250 mil viviendas y ejecutará un programa de saneamiento en las zonas rurales más olvidadas del país en los próximos cinco años, anunció el titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo.
Manifestó que el Programa de Apoyo al Hábitat Rural y el Programa de Saneamiento Rural, que se iniciarán en enero, están alineados con las nuevas políticas del Gobierno y de su sector, a fin de beneficiar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas más alejadas y más pobres.
Señaló que con una inversión cercana a los 5 mil millones de nuevos soles, el programa será muy dinámico y su meta es duplicar la actual cobertura de esos servicios básicos. Anunció también que se fortalecerá el Banco de Materiales (Banmat).
En el caso del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, denominado antes Agua para Todos, el ministro dijo que tendrá cambios cualitativos en su enfoque, y los aspectos técnicos se concentrarán en las Empresas de Prestación de Servicios de Saneamiento (EPS) para que llegue a más peruanos.
Entidades
1. Valdés anunció que diversas entidades adscritas a la PCM serán trasladadas a otros sectores, como el Fondo para la Reconstrucción del Sur (Forsur), que irá al Ministerio de Vivienda.
2. Asimismo, la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) y el Fondo para la Igualdad dependerán del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
3. La Comisión de Alto Nivel Encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticas de Estado en el Ámbito de la Paz, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la Reconciliación y el Consejo de Reparaciones pasarán al ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Diario El Peruano (29/12/2011)
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