domingo, 3 de agosto de 2014

Aprueban medidas para cautelar recursos de regiones y municipalidades y hay un problema generalizado de corrupción y delincuencia en Áncash

Aprueban medidas para cautelar recursos de regiones y municipalidades

Noticia, Aprueban medidas para cautelar recursos de regiones y municipalidades - 25/06/2014 12:10:00

Iniciativa legislativa aprobada plantea la creación de una unidad ejecutora extraordinaria, transitoria y especial para mantener la operatividad del gobierno regional y gobierno local.
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Noticia, Contralor: hay un problema generalizado de corrupción y delincuencia en Áncash - 23/04/2014 10:25:00

El Contralor General de la República, Fuad Khoury, consideró que en la región Áncash hay un problema generalizado de corrupción y delincuencia que se evidencia en el gobierno regional y en los gobierno locales.
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Noticia, Contralor: hay un problema generalizado de corrupción y delincuencia en Áncash - 28/02/2014



10:25 Contralor: hay un problema generalizado de corrupción y delincuencia en Áncash

Lima, abr. 23. El Contralor General de la República, Fuad Khoury, consideró que en la región Áncash hay un problema generalizado de corrupción y delincuencia que se evidencia en el gobierno regional y en los gobierno locales.

ANDINA/Norman Córdova
"Yo creo que hay corrupción en Áncash, no solamente en el gobierno regional, sino en los otros gobiernos provinciales, hay un problema generalizado de corrupción y de delincuencia", subrayó.

Puso como ejemplo el caso de la adquisición de 79 ambulancias en el gobierno regional, por un valor de 214 mil soles cada una. La Contraloría verificó que los vehículos eran "de baja calidad (y se compraron) a un precio muy caro", razón por la cual el informe pericial se remitió a las instancias correspondientes.

Asimismo, mencionó que otro caso investigado por la Contraloría está relacionado a la entrega de tres millones de soles para combatir la epidemia del dengue, enfermedad que, según los epidemiólogos, no existía en Áncash.

"Obviamente debe de haber ahí una repartija y la denuncia está puesta ahí", afirmó en Canal N.

Refirió que las primeras denuncias penales y civiles que se hicieron en Áncash fueron contra el gobierno regional que preside César Álvarez, gestión contra la cual el órgano de control realizó "más de 500 acciones de control".

Indicó que el problema de la corrupción, "que ahora está explosionando en Áncash como un caso emblemático", tiene una raíz muy profunda: la falta de coherencia del Estado peruano en enfrentarla.

"La corrupción se tiene que enfrentar mediante una cadena de valor, que está constituida por el Ejecutivo la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial", subrayó.

De otro lado, señaló que de los 2,752 funcionarios públicos denunciados durante su gestión al frente de la Contraloría, 300 recibieron una sentencia, de los cuales 11 fueron pena efectiva de cárcel y el resto penas suspendidas.

Indicó que los 2,752 funcionarios han generado pérdidas por 250 millones de soles al Estado, "El problema está en la leguleyada que existen entre el Ministerio Público y el Poder Judicial".

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Que opina? Conflictos socio ambientales han dejado 12 muertos en la era Humala - 31/05/2012 10:59:33

"Según cifras de Defensoría del Pueblo, hay 243 conflictos vigentes. Durante el pasado régimen de Alan García murieron 195 personas.
Conflicto en Espinar y el uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP. Foto: Willanakuy Sicuani
Tomado de RPP
Durante la gestión del presidente Ollanta Humala se han reportado 12 muertos en conflictos sociales, la mayoría vinculados a una oposición a la minería, de acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo.
Uno de los primeros conflictos en el actual gobierno trajo consigo un enfrentamiento entre pobladores del distrito de Paras (Cangallo-Ayacucho) y del centro poblado de Llillinta (Huaytará-Huancavelica) que dejó una persona fallecida y ocho heridos, debido a un problema limítrofe.
No obstante, cuando se temía lo peor en Cajamarca por el rechazo de un sector de la población al proyecto minero Conga se desencadenaron otras convulsiones sociales con reclamos diversos, como el ocurrido en Cañete, en donde se protestaba en contra de la ampliación del penal La Cantera. La violenta manifestación también concluyó con un saldo trágico: un muerto. Luego de ello, el Gobierno retrocedió en la ejecución de esta obra.
Piura ha sido escenario de dos fuertes conflictos sociales. En marzo los pobladores de Sechura protestaron contra un proyecto gasífero a cargo de la empresa Savia y la revuelta causó dos muertos. Al siguiente mes estalló uno nuevo en Paita que también dejó la misma cifra de fallecidos. Los pescadores solicitaban una mayor cuota de pesca de merluza, a lo que el Ejecutivo ya había cedido desde el 9 de abril, pero el Ministerio de la Producción se demoró la resolución.
El último conflicto se produjo en la provincia cusqueña de Espinar, en donde murieron dos pobladores a causa de una huelga indefinida que sigue sin visos de diálogo en contra de la minera Xstrata Tintaya. En tanto, este jueves se reinician las protestas en Cajamarca contra el proyecto Conga y en otras regiones del país se anuncian movilizaciones por otros reclamos.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que en el país hay 243 conflictos sociales vigentes, la mayoría por temas medioambientales, y organizaciones empresariales indican que se amenazan 53.000 millones de dólares en inversiones mineras previstas para los próximos años.
Durante el pasado régimen de Alan García murieron 195 personas, 30 de ellas policías, y 2.312 resultaron heridas, según la Defensoría, a causa de los conflictos.
En su último reporte defensorial, la entidad detalló el tipo de conflictos reportados: socioambientales (145), asuntos de gobierno nacional (20), asuntos de gobierno local (20), laborales (16), demarcación territorial (12), asuntos de gobierno regional (10), comunales (10), otros (8), electorales (1) y cultivo ilegal de coca (1).
Según el documento publicado en mayo, la mayor cantidad de conflictos sociales se ubica en el departamento de Ancash (27 casos) y Puno (22 casos). Le siguen Cajamarca (16 casos) y Cusco (15 casos).

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