1 minuto. Gobernar gestionando equipos y UNIVERSIDADES Y CERCANÍA PARTIDARIA (1): LA USMP

1 minuto. Gobernar gestionando equipos 2015-12-10 16:41:20

Negocios Como lo hace habitualmente, el presidente Macri reiteró en varios tramos de su discurso inaugural la necesidad de trabajar en equipo. Es natural que no conciba otro modo de gestionar, proviniendo de la actividad empresaria y habiendo probado ya ese modo de gestión en su paso por la actividad pública. Ya ha tomado decisiones en línea con esas ideas, al formar un gabinete económico de seis ministerios, donde la novedad no está en esos ministerios, que en su mayoría ya existían, sino en el modo de coordinarlos. En su discurso inaugural, el presidente Macri reiteró, como lo hace siempre, su concepción de la gestión como coordinación de equipos. La conformación del gabinete económico, más novedosa por su modo de coordinación que por los ministerios que lo integran, en línea con esa concepción. Economía en 1 minuto.

UNIVERSIDADES Y CERCANÍA PARTIDARIA (1): LA USMP 2015-11-25 16:07:21

(José Antonio Chang y Ernesto Álvarez. Antes en el MINEDU y en el TC, hoy en la San Martín. Foto: Diario 16)

Hoy, cientos de jóvenes marcharán en el Centro de Lima para manifestarse en contra de la denominada "Ley Cotillo". Un proyecto impulsado por legisladores apristas y fujimoristas para que los actuales rectores de universidades públicas permanezcan en sus cargos, revirtiendo lo dispuesto por la Ley Universitaria, recientemente bendecida por el Tribunal Constitucional.

Mauricio Mulder, principal impulsor del proyecto en cuestión, declaró a Exitosa que la razón para promover esta iniciativa era que la Ley Universitaria:

Es una norma intervencionista que busca que el gobierno y el Poder Ejecutivo dirijan las universidades y establezcan su marcha administrativa. La prueba más clara es que, una vez establecida la ley, se está tratando de cambiar a los rectores a la fuerza para poner a rectores que son incondicionales al Gobierno.

Después de estas afirmaciones -rarísimas puesto que el gobierno al que hace alusión Mulder está ad portas de culminar su periodo- cientos de memoriosos aludieron a la Universidad Nacional Federico Villarreal, tradicional bastión aprista, como símbolo del manejo de los compañeros sobre una casa de estudios. Pero otros no pudieron evitar referirse a la Universidad de San Martín de Porres (USMP), aliada del partido de la estrella durante la última década. Y, revisando el archivo, vuelve una historia que, tanto en los claustros de la USMP como en la Casa del Pueblo, quisieran que quede en el olvido.

(Chang sonriente en firma de convenio. Foto: USMP)

¿JOSÉ ANTONIO CHANG PODÍA SER RECTOR DE LA USMP?

En 2001, una subcomisión del Congreso de la República, presidida por el entonces parlamentario Alcides Chamorro, investigó diversas denuncias contra la Universidad de San Martín de Porres, recibidas durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori y que nunca fueron atendidas. Su informe final muestra una serie de hechos que, en ese momento, debieron merecer mayor atención.

El primer cuestionamiento fuerte era que, de acuerdo con estas denuncias, José Antonio Chang Escobedo, rector de la USMP desde 1996, no reunía los requisitos para ocupar el cargo. Como reseñó Silvia Cuevas para Agencia Perú, el ingeniero no tenía los 12 años requeridos por la anterior Ley Universitaria para ser rector, ni tenía el grado más alto en su especialidad.

El informe Chamorro registra que Chang no cumplía lo necesario para ser profesor asociado ni para ascender a profesor principal. En ambos casos, no llegaba al tiempo de servicios requerido para ambos puestos. Asimismo, se cuestionó que su título de Magister - grado máximo en la especialidad de Ingeniería Industrial en la época - era otorgado en la Universidad de Harford (EE.UU.). Pero, como indica Cuevas:

(…) este documento según sus detractores carece de validez porque no cuenta con los sellos correspondientes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de los consulados tanto del Perú como de los Estados Unidos. Además, no ha sido revalidado por la Asamblea Nacional de Rectores, entidad que en ese momento era presidida por Paredes Canto, vicepresidente de Alberto Fujimori durante su segundo gobierno, el cual, a pesar de recibir una serie de denuncias sobre el caso, no se pronunció al respecto.

Además, el informe del Congreso indica que Chang tuvo visitas a Estados Unidos - durante los años en los que supuestamente hacía sus estudios de Maestría - que tuvieron tan corto tiempo que se duda sobre si la misma fue efectuada en forma presencial.

(Local de la USMP en La Molina. Foto: Perú.com)

¿CÓMO SE HIZO CHANG DE LA SAN MARTÍN?

Esta pregunta fue absuelta por Marco Sifuentes en septiembre de 2007. Al final de un reportaje sobre la compra de computadoras OLPC por parte del Estado peruano - en un negocio en el que tuvo participación la USMP -, el exdirector de Utero.pe registró la presunta participación del abogado Javier Ríos Castillo (magistrado del Tribunal Constitucional por 48 horas) en una serie de movidas judiciales que amarraron las manos a la Comisión Reorganizadora de la USMP en la investigación de irregularidades que provenían desde hacía varios años.

En 1997, ya como Rector, Chang consiguió un resonante triunfo: la modificación del Estatuto de la Universidad, lo que le permitía tener más poder y, además, sacaba de la Asamblea Universitaria a los dos representantes de los Dominicos, orden religiosa que había fundado dicha casa de estudios. En la práctica, esto supuso el inicio del control más directo de la Universidad.

(Alberto Venero, testaferro de Montesinos, hoy nuevamente en prisión. Foto: El Comercio)

LOS NEXOS CON EL ENTORNO DE MONTESINOS

El informe Chamorro también señala los presuntos vínculos de Chang con personajes cercanos al círculo íntimo del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

De acuerdo con este documento, Alberto Venero Garrido, testaferro del Doc, vendió a la USMP el local donde se ubica la Facultad de Hotelería y Turismo, ubicado en la avenida Tomás Marsano. Según Agencia Perú:

Este edificio, antes de ser de propiedad de la universidad, perteneció a tres entidades cuyos representantes son, coincidentemente, principales testaferros de las cuentas bancarias del ex asesor presidencial: Financiera del Sur (FINSUR), de la que Juan Valencia fue uno de sus directivos; Constructora Alianza, de propiedad de los hijos de Luis Duthurburu, e Inmobiliaria Malecón Cisneros, cuyo representante es Franklin Loayza.

Otro local habría sido comprado a otro extestaferro de VMT: Juan Valencia Rosas.

Chang señaló en su momento que Venero le fue presentado como "alumno de la Facultad de Contabilidad" y que nunca tuvo una amistad con él. Negó también haber acudido al SIN o conocer a Montesinos.

(Oscar López Meneses con Montesinos. Foto: Caretas)

Pero no es el único nexo con Montesinos. Óscar López Meneses, protagonista de uno de los mayores escándalos de este gobierno, fue docente de la Facultad de Odontología. El padre de este personaje, Óscar López Zapata, fue decano de dicha unidad en las postrimerías del fujimorato, cuando Chang ya era rector. La docente Nora Anto declaró lo siguiente a Agencia Perú:

“(Óscar López hijo) se tomaba las atribuciones del Decano, tanto que su apodo en la facultad era ‘el decanito‘. Al parecer, él indujo a su padre a colocar cámaras de vídeo para controlar cada movimiento dentro de la universidad. Ésta fue una época terrible porque comenzaron a despedir profesores arbitrariamente. Todo aquél que no estaba de acuerdo con él (Óscar López hijo) era considerado su enemigo”, sostiene la docente.

Sin embargo, Chang indica que procedió a expulsar a López Meneses - sindicado como quien le guardaba los equipos de chuponeo a Montesinos - como docente de dicha casa de estudios.

A pesar de estos indicios, el Informe Chamorro nunca pudo ser aprobado. La subcomisión que lo elaboró pertenecía a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Como indicó el semanario Hildebrandt en sus Trece en 2012, dicho grupo de trabajo era presidido por Javier Velásquez Quesquén. Y el documento fue archivado.

(Never enemix, Alan y Chang. Foto: Diario 16)

CANTANDO LA MARSELLESA EN LA SAN MARTÍN

Quince años después de la caída del régimen que cobijó a Montesinos, Chang es un hombre con suerte. Durante el segundo gobierno de Alan García, ocupó los cargos de Ministro de Educación y Presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, según la Megacomisión, al mismo tiempo habría cobrado su sueldo como Rector de la USMP. En ese mismo lapso de tiempo, dicha casa de estudios contrató con el Estado por un total de S/.10'173,852.91, de los cuales S/.1'700,895.97 corresponden a los sectores Educación y PCM.

No son los únicos nexos. De acuerdo con el Informe de la Megacomisión sobre Enriquecimiento Ilícito, estos vínculos deberían ser investigados:

• La venta de la casa de playa de Alan García a José Antonio Chang, exministro de Educación.

• La compra de la casa familiar del vicerrector de la Universidad San Martín de Porres, Raúl Bao, por independización de su propietaria inicial, la Asociación de Vivienda Júpíter. Bao y Chang aparecen como vocales de esta entidad entre 1996 y 2007.

• Tres inmuebles en La Molina, producto de la partición de una vivienda unifamiliar, vendidos por el padre de Chang a Bao y su esposa. Luego, uno de ellos pasa a nombre de Chang padre. Otro de los inmuebles es vendido a un tercero y el tercero, donde vive el actual rector de la USMP y expresidente del Consejo de Ministros, sigue a nombre de Bao.

• La empresa Alpamayo Entertaiment, productora de dibujos animados, donde aparecían como socios Chang, Jaime Carbajal y el exministro Hernán Garrido Lecca. Como revelaron Desde el Tercer Piso y Utero,pe hace 7 años, esta empresa también contaba con capitales de Televisión Azteca. Garrido Lecca fue el lobbista para el ingreso de Banco Azteca al Perú, obtenido finalmente en el segundo gobierno de García. Carbajal organizó el megaevento de presentación de Banco Azteca y se ha encontrado correspondencia suya con un directivo de la empresa mexicana CEMEX.

• La formación de Inversiones El Quijote SAC, empresa conformada exclusivamente para comprar la participación de Santillana en las librerías Crisol. Esta compañía fue constituida por Mercados & Norandina, representada por Carbajal; José Antonio Chang, Garrido Lecca y Eduardo Schudt, socio de los anteriores en Alpamayo. La empresa se fusionó luego con Librerías Crisol.

• La presencia de Chang (rector), Bao (vicerrector), García Pérez (director del Instituto de Gobierno) y Carbajal (Facultad de Ingeniería y Arquitectura) en la USMP.

Para colmo de males, la Universidad San Martín de Porres le sigue haciendo el favor a AGP al llamarlo doctor, luego se que comprobara que no tiene tal grado académico. Aquí está la prueba:

(El grado académico llega solo. Captura de pantalla)

Finalmente, varios exministros del segundo gobierno aprista son docentes en la USMP. Comenzando por el propio García, quien es el director del Instituto de Gobierno. De hecho, muchas de las reuniones de la Dirección Política del APRA se realizan en el local de dicha dependencia universitaria, ubicado en Miraflores. Así ocurrió este lunes, cuando le bajaron el dedo a Jorge del Castillo.

Quizás ahora se pueda entender por qué Mauricio Mulder pensaba que nombrarían rectores afines al gobierno en las universidades públicas. En realidad, nos distrajo de una casa de estudios privada con hartos vínculos con su partido. Y para maniobras de distracción, sí que son campeones en Alfonso Ugarte.

PRÓXIMA SEMANA: EL CASO DEL IMPERIO ACUÑA

Los sueldos de los máximos representantes del Estado ¿Coherencia y transparencia? 2015-11-18 18:50:17

El debate público que hemos tenido hasta ahora sobre los sueldos de los políticos y máximos responsables de la Administración Central del Estado (extrapolable a Autonomías y entes locales) está muy polarizado. Tan pronto escuchamos voces (las menos) reclamando una mejor retribución a los altos cargos públicos para poder atraer a los mejores profesionales (la filosofía del yougetwhatyoupayfor), como escuchamos quejas (las más) de lo mucho que cobran los políticos teniendo en cuenta lo que trabajan y dentro del contexto de corrupción generalizada en el que nos encontramos en los últimos tiempos.

Lo primero que echamos en falta para poder establecer un debate riguroso sobre este tema es un análisis detallado de lo que cobran los máximos responsables del estado, ya sean cargos electos (Presidente, diputados y senadores) o cargos no electos (ministros, secretarios de estado, presidentes/directores generales de empresas públicas, organismos supervisores y reguladores y un largo etcétera).

Para poder realizar este análisis tenemos que tener en cuenta varios factores. El primero es que en vez de sueldo deberíamos hablar de un concepto más amplio, el de "paquete retributivo", que está generalmente compuesto por una retribución fija, una retribución variable y finalmente un conjunto de prestaciones o beneficios sociales, que aunque no son dinero que recibes en tu nómina mensual, forman parte de la retribución (aquí entra un abanico realmente amplio de posibilidades, desde aportaciones a planes de pensiones, coche, ayudas a la vivienda, seguros médicos, comunicaciones móviles, etc, etc).

Muchas veces al hablar del sueldo nos fijamos solo en el salario fijo (porque entre otras suele ser lo más fácil de encontrar), pero el variable es importante y si no que se lo digan a los Ministros… Los altos cargos y/o funcionarios de los Ministerios se reparten una bolsa de "productividades" (que equivale a una retribución variable), que en muchos casos supone un aumento apreciable del sueldo que cobran. Lo que pasa es que los Ministros no tienen acceso a esta bolsa, por lo que la retribución anual que les corresponde se queda en 68.981 euros (algo más en el caso de que sea funcionario de carrera y cobre sus correspondientes trienios), mientras que lo que están ganando los Secretarios de Estado y Subsecretarios oscila en el entorno de los 105.000 euros anuales, mientras que los Directores Generales se mueven en el entorno de los 90.000 euros. Hay variaciones entre Ministerios pero las retribuciones fluctúan en valores cercanos a los que hemos indicado (las cifras exactas se pueden consultar en el Portal de Transparencia). En cualquier caso, todos los Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores generales (y sus correspondientes asimilados) cobran más que su ministro respectivo.

Seguramente coincidiremos en que estas cifras no son coherentes ya que el puesto de mayor rango (y con mayores responsabilidades), es el que recibe una menor remuneración. ¿No nos extrañaría si Alierta cobrase menos en Telefónica que todos sus reportes directos e incluso que muchos directivos que ni le reportan directamente a él? Yo creo que sí, pero en si en vez de Telefónica hablamos de un Ministerio, parece algo asumido.

Aunque hemos mencionado el Portal de Transparencia del Gobierno, que nadie se piense que conocer el paquete retributivo de los máximos dirigentes del Estado es una tarea fácil. Lo más sencillo de encontrar es la retribución fija (el salario fijo vamos) y en el mejor de los casos la retribución variable. La parte del paquete retributivo de la que cuesta obtener más información es la correspondiente a las prestaciones o beneficios sociales que, según el alto cargo del que estemos hablando, puede suponer un peso importante de la retribución total percibida.

Un caso que ilustra muy bien que el salario (fijo + variable) no lo es todo, es el del propio Presidente del Gobierno, que tiene una retribución fija de 78.185 euros y no tiene retribución variable. Sin embargo, el Presidente durante su mandato no tiene prácticamente que asumir ningún gasto personal,ya que lo tiene cubierto casi todo por cuenta del Estado (residencia oficial, manutención, atención médica, desplazamientos y gastos diversos).

Incluidas las vacaciones familiares, lo que es una excepción en relación con el resto de Presidentes de la zona euro, que sí se costean sus propias vacaciones. Y es que hemos visto en la prensa varias veces al Primer Ministro de Reino Unido (David Cameron) viajar con su esposa en una línea lowcost (Easy Jet, Ryanair) a las costas de España y Portugal con motivo de sus vacaciones veraniegas. Mientras, en España estamos acostumbrados a ver al Presidente de turno utilizando el Palacio de las Marismillas situado en el Parque Nacional de Doñana para pasar unos días de asueto en verano o Semana Santa, con cargo al erario público claro. No creo que las exigencias de seguridad y protección del Primer Ministro sean inferiores a las del Presidente de nuestro país, por lo que no se puede esgrimir la seguridad nacional como una justificación para que las vacaciones del Presidente vayan a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado. Por supuesto lo que cuestan las vacaciones es un misterio (de Estado).

La falta de transparencia (informativa) no ayuda para nada a realizar un análisis riguroso de los sueldos públicos, pero tampoco ayuda la falta de transparencia legislativa. Por ejemplo, tomemos el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, que recoge el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial y otras entidades. En este Real Decreto podemos leer que la retribución básica (que constituye la retribución mínima obligatoria) no podrá exceder como tope de 105.000 euros. ¿Nadie gana más de esa cifra? Pues va a ser que no, porque si te pones a buscar Órdenes ministeriales firmadas por el Sr Montoro, descubres que los máximos responsables del sector público empresarial y otros entes tienen un complemento de sueldo y un complemento variable con el que pueden llegar a ganar justo el doble de lo establecido en ese Real Decreto. De hecho,el tope real de retribución fija + variable en el sector público estatal son 210.000 euros (beneficios sociales aparte, que esos no aparecen en ningún sitio).

¿Qué cargos son los que cobran este máximo?El año pasado tres: el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el presidente de la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) y el presidente de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce). De todos los entes, empresas públicas y organismos reguladores y supervisores del Estado (411 en total según el inventario de entes del sector público estatal), ¿son estos cargos los que merecen llevarse la máxima retribución?.

Soy de los que opina que, en un contexto en el que se están proponiendo medidas regeneracionistas que suponen un cambio drástico en nuestras instituciones, no podemos dejar de lado la política retributiva de los altos cargos del sector público. Desde luego que los sueldos no deben replantearse de forma aislada, tienen que abordarse dentro de un amplio conjunto de medidas: mejora de la democracia interna de los partidos políticos, profesionalización de los puestos directivos de todos los entes públicos, incluyendo procesos transparentes que acrediten el mérito y la capacidad para su nombramiento, etc, etc. En el contexto de estas medidas, no deberíamos renunciar al objetivo de atraer y retener a los mejores profesionales (que pueden ser funcionarios de carrera o no) para ocupar los altos de mayor responsabilidad del sector público.

Y es que se puede mejorar la retribución de altos cargos clave reduciendo el gasto total actual en sueldos públicos a nivel estatal, ya que se puede bajar la retribución de otros altos cargos, sobran asesores y cargos de confianza y también sobra mucho gasto superfluo… Por ejemplo, en relación con el puesto que el exministro Wert ha puesto de moda: teniendo un embajador en París para "capitanear" las relaciones diplomáticas, ¿es necesario que el jefe de la Delegación Permanente de España ante la OCDE, con un sueldo aprox. de 10.000 euros mensuales, disponga de tres personas de servicio (dos para los quehaceres del hogar y un chófer con coche oficial) y un piso de 500 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de París, cuyo alquiler cuesta 11.000 euros al mes a las arcas públicas?

Pensamos que el análisis y propuestas de mejora de lo que nos gastamos en las retribuciones de los altos cargos (electos y no electos) da para un informe en vez de un post… así que nos hemos puesto manos a la obra desde la Fundación ¿Hay Derecho? y esperamos poder presentar un informe en breve.  Os mantendremos informados.

Casi 20 años después, el Estado reconoce a las víctimas de las esterilizaciones forzadas 2015-11-06 15:50:54

esta noticia no le gusta a los Fujimori Imagen: La República

Tuvieron que pasar 20 largos años para que al fin el Ministerio de Justicia anuncie que se le brindará ayuda a las víctimas de las esterilizaciones forzadas, realizadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1996-2001).

Primero, viajemos al pasado para recordar qué son las esterilizaciones forzadas…

¡Vamos, Marty! antes que Fujimori lo vuelva a negar. Imagen: plex.mx.info

En el 2002, el expresidente Alberto Fujimori y tres de sus ministros de Salud, fueron denunciados por el Congreso tras haber dirigido un plan de esterilizaciones forzadas.

Según consta en la acusación, se realizaron 215.227 ligaduras de trompas y 16.000 vasectomías, en el marco de un supuesto plan masivo de salud pública, cuyo objetivo era que disminuyera el número de nacimientos en los sectores más pobres de Perú.

Se captó personas bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos sin que fueran debidamente informadas, lo que impidió que tomaran una decisión realmente informada.

Estas son las pruebas de que sí hubo esterilizaciones

Los médicos se tomaron fotos con las pacientes durante las esterilizaciones. Imagen: Diario16

La denuncia hecha ante la Fiscalía ha mostrado pruebas irrefutables:

• Documentos oficiales del Ministerio de Salud y de las direcciones regionales de Salud que señalan las metas mensuales y anuales que debían alcanzar las esterilizaciones

• Una carta enviada por Marino Costa Bauer, entonces ministro de Salud, al ex-presidente Fujimori, donde le informa el cumplimiento de las cuotas.

• Comunicados regionales donde se insta al personal a llevar pacientes para ser esterilizadas; fijando hasta el número de pacientes que los servidores de Salud debían llevar.
• Como explica el periodista César Romero de La República, en el año 2002 el Congreso de la República encontró que Fujimori personalmente estableció una meta de 200 mil esterilizaciones anuales.
• Además, Óscar Zúñiga Vargas, ex director de Salud en Huancavelica, ha revelado que el actual congresista Alejandro Aguinaga, por ese entonces viceministro de Salud, era el encargado de tomar las decisiones para el programa de esterilizaciones.
• Los médicos se tomaron fotos con las pacientes antes, durante y después de realizar las esterilizaciones.

Las consecuencias de la medida

Imagen: La República

• Se aplicó a cerca de 300 mil mujeres y 22 mil hombres
• Hasta ahora ninguna de estas personas ha recibido reconocimiento o reparación
• Solo 83 víctimas han sido registradas por el seguro social de nuestro país
• Ninguna de estas 83 ha recibido ayuda sanitaria

Por estas dos razones no se ayudaron las víctimas

Él es Marco Guzmán Baca, el fiscal que decidió archivar el caso. Imagen: Peru21

1. El archivo del caso

Debido principalmente a que el fiscal Marco Guzmán Baca, archivó la investigación contra Fujimori y sus ministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, tras encontrar solo una víctima de los 2074 casos que fueron denunciados. Sin embargo, se apeló el archivamiento y se pidió la creación de un registro de víctimas. 

Finalmente en mayo de 2015, la queja interpuesta por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Grupo Demus permitieron la reapertura del caso de esterilizaciones forzadas.

2. Dificultades para la comunicación con las víctimas

• En general los afectados provienen de comunidades pobres, algunos son analfabetos, otros son quechua-hablantes, y también viven en lugares remotos donde los medios de comunicación no llegan. Por eso no han podido dar su testimonio.
• El documental “Cicatrices del engaño”, realizado por Hiperactiva muestra varios testimonios para, al igual que los afectados, jamás olvidar este atentado a los derechos de mujeres y hombres en nuestro país

El Ministerio de Justicia finalmente anuncia la ayuda

La Justicia llega con 20 años de retraso. Imagen: Andina

Gracias al recurso presentado por el Grupo Demus, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, declaró hoy de interés nacional la atención a las víctimas de esterilizaciones forzadas entre 1995-2001, y anunció las medidas para ayudarles:

1. Con la ley de asistencia legal a las víctimas Mediante el Decreto Supremo Nº 006-2015-JUS, se establece un marco jurídico para implementar la asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y atención de salud integral a las víctimas de esterilizaciones forzadas, realizadas como parte del entonces denominado programa anticoncepción voluntaria quirúrgica (AVQ). Para su cumplimiento, el sector Justicia brindará asistencia legal gratuita a todas las personas que se consideren víctimas de esterilizaciones forzadas a nivel nacional, a fin de que puedan formular denuncias y, de ser el caso, efectuar el seguimiento y patrocinio jurídico pertinente. 2. La creación del Registro de Víctimas La norma dispone también que el Ministerio de Justicia se encargue de la creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), en el marco de la competencia de los servicios de Defensa Pública de las Víctimas. Así, se identificarán a todos los afectados por este tipo de prácticas, y se garantizará que accedan a los mecanismos de justicia para sus respectivos casos. Respecto a la atención integral de salud, la norma precisa que será en el marco de las disposiciones que regulan el Seguro Integral de Salud (SIS). 3. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables les dará asistencia psicológica El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sea el ente encargado de la atención psicológica y el acompañamiento social correspondiente de quienes integren el registro de víctimas. 4. Coordinaciones para la atención a nivel nacional En este contexto y con el objetivo de implementar acciones y optimizar los recursos para una mejor atención a las víctimas, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) efectuarán coordinaciones a nivel nacional con las Direcciones Distritales de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de las localidades. 5. Ahora se emitirán normas complementarias Conforme al decreto supremo, los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Salud, y Mujer y Poblaciones Vulnerables tienen como plazo 30 días, desde la entrada en vigencia de la ley, para emitir las normas complementarias que sean necesarias para un implementación.

Humala anunciará norma con penas severas para adolescentes involucrados en sicariato 2015-07-28 11:22:43

La iniciativa, que será anunciada en el Mensaje por Fiestas Patrias, está siendo elaborada por los ministerios de Justicia y del Interior.

Fuente

traslado de Gerald Oropeza hasta el penal de Piedras Gordas y Precandidato de la izquierda a Primer Caballero de la Naci
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