Gestión Pública del Perú y el Mundo: Tráfico de tierras al sur de Lima y a jueces declarar nulidad de sentencias solo en casos excepcionales

Que opina? Tráfico de tierras al sur de Lima - 04/03/2014 16:24:45

"Jorge Pazos Holder pasará a la historia no como el gran promotor educativo que quiere hacernos creer, sino como el cerebro de una estrategia que está detrás de una comunidad campesina que ha venido apropiándose enormes extensiones de terrenos en Lurín y Pachacamac.
A continuación, la primera entrega de este escandaloso tráfico de tierras en la capital.
Jorge José Pazos Holder (75 años) es ingeniero agrónomo que fue secuestrado en el 2005 por doce individuos que lo bajaron a golpes de su Mercedes Benz (el que tuvo el rol de negociador entre la familia y los secuestradores fue su cuñado Juan Ferrini Giannoni) y dueño de las instituciones CESCA, CICEX, Computronic y la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI).
No deja de ser un personaje digno de estudio desde el punto de vista de la psicología criminal.
Pazos Holder tiene el perfil de un gran empresario educativo, de importante promotor de la educación en el país. Los que lo conocen dicen que es bastante locuaz, obstinado, la soberbia le brota a flor de piel, le gusta ser el centro de la atención en cualquier reunión, se considera un adonis y gran mujeriego y que le gusta hablar de sus conquistas y jactarse de ellas.
Afirman que si Casanova viviese en estos tiempos, se sentiría un bebe de pecho a su lado.
El personal de áulicos y corifeos que lo acompañaban para todos lados, así como el séquito de seguridad que causaría envidia a los ministros, son los únicos que aplauden y se regocijan con estas aventuras, lo miran embelesados y le queman incienso, algo que le gusta sobremanera.
Cuando habla, se cree dueño del mundo y dice a los cuatros vientos que nadie lo vence en los numerosos litigios que tiene.
Pero como todo ser humano, Pazos Holder tiene su lado oscuro.
Apariencias que engañan. El primer lugar, el origen de su fortuna es desconocido, pues Jorge Pazos proviene de una familia medianamente adinerada y su crecimiento financiero en los últimos años no tiene sustento, registra grandes deudas en el sistema financiero y tiene cobranzas coactivas de la SUNAT (hace no mucho el ente recaudador sacó a remate una de sus propiedades).
El desarrollo empresarial de Pazos está ligado a las asociaciones promotoras de servicios de educación, las personas de su entorno actúan en diversos rubros, pero en las sociedades el capitalista es él. También ha incursionado en otros rubros como la minería, corretajes, telecomunicaciones, publicidad, comercio exterior, pero parece que en todos esos campos la fortuna le fue esquiva.
Tal vez la característica más saltante de nuestro personaje es su afán desmedido por apoderarse de inmensas cantidades de terreno a través de maniobras ilegales, llegando incluso a inventar o crear comunidades campesinas de la nada que esgrimen falsos títulos otorgados por virreyes que nunca estuvieron en el Perú o que llegaron después o antes de la fecha que se mencionan en los documentos apócrifos que presentan.
La habilidad de Pazos es tal que logra captar la complicidad de directivos de cooperativas, dirigentes de comunidades campesinas, notarios, jueces, fiscales, policías, etcéteras, que satisfacen su apetito voraz de apropiarse de extensas terrenos en el país, incluso, áreas protegidas como el Bosque del Cañoncito en La Libertad.
Su afán es apropiarse de tierras en Lurín que le ha valido múltiples denuncias y conflictos con los legítimos propietarios y poseedores de terrenos, pero todo ello no le preocupa, porque son tantas las denuncias que tiene que ha aprendido a moverse como tilapia en el fango.
Para alcanzar su objetivo, Pazos dirige una siniestra organización cuyo principal lema es, al mismo estilo de Maquiavelo, "el fin justifica los medios".
Algunos dicen que su organización es una especie de mafia moderna o una clase especial de crimen organizado y que solo agudizando los sentidos se puede descubrir los sutiles métodos ilícitos que utiliza para alcanzar sus fines, métodos que permanecen encubiertos en una aureola de gentleman, promotor de la educación peruana y empresario exitoso.
El cuento de la comunidad. La Unidad de Investigación de este semanario, durante tres años ha realizado una exhaustiva y paciente investigación sobre este personaje y su entorno, elaborando un perfil psicológico, reconstruyendo su historia y tratando de descubrir su modus operandi.
Para encontrar respuestas a las interrogantes de cómo se ha apropiado de manera sistemática de grandes extensiones de terrenos en el sur de Lima y en el norte del país, satisfaciendo su apetito voraz por tierras ajenas.
Y no es que sufra de geofagia.
Su organización ha sido capaz de llevar a cabo el más grande tráfico de tierras en los distritos de Lurín y Pachacamac y Pazos Holder se erige como el responsable de financiar y apropiarse de miles de hectáreas de terrenos del Estado de manera ilegal.
Aprovechando que la corrupción campea en el Poder Judicial y el Ministerio Público , así como en los Registros Públicos para inscribir los terrenos adjudicados por una inexistente comunidad campesina de Pachacamac , conformada en su mayoría por miembros de una familia humilde que se convirtieron, gracias a él, en una de las más grandes mafias de traficantes de terreno del Perú.
Para llevar a cabo sus macabros planes, a Jorge Pazos le favoreció el hecho de que tiene conocimiento sobre compra- venta de inmuebles, actividad que ha venido realizando desde 1986 a la fecha, tal como se desprende de las propiedades que tiene y los aportes millonarios invertidos en diversas personas jurídicas.
Así como la estrategia aplicada para revivir una extinta comunidad campesina de Pachacamac y organizar a personas de escasos recursos económicos y académicos para obtener propiedades de terceros.
La comunidad campesina de Pachacamac salió de la nada y bajo la batuta de la organización que lidera Pazos Holder intentó apropiarse de 107,164.40 hectáreas, área extensa que abarcaba doce distritos del sur de Lima.
Santa María del Mar, San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, Villa El Salvador, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, La Molina, Pachacamac y Cieneguilla.
Dicha área contiene una serie de partidas matrices y diversas independizaciones a partir de las mismas, tal como observó el ingeniero de catastro Ronny Necochea Hinostroza, el 25 de febrero de 2009 a través del Informe Técnico N° 1358-2009-SUNARP-Z.R.N° IX/ OC, en el que indica que en el número de ficha y/o partida registral sí existe una posible superposición de áreas con predios registrados y/o predios colindantes, duplicidad de partidas registrales y títulos pendientes respecto al área de calificación.
El Informe Técnico N° 03540-2007-SUNARP- Z.R.N° IX/OC del 30 de mayo de 2007, cuando evalúa el expediente referido al predio de la comunidad campesina de Pachacamac, determina que es un ámbito a inmatricular muy extenso, encontrándose dentro de ello diversas partidas.
Tanto en el ámbito urbano como rural y solicitan que el usuario replantee todos los predios enunciados incluyendo sus independizaciones, además de adjuntar el plano de conjunto de la comunidad campesina, actas de colindancias y memoria descriptiva actualizada de todos los propietarios colindantes.
El principal beneficiado como adjudicatario con las tierras que esa imaginaria comunidad considera suyas era Pazos Holder, a sabiendas de que dicha comunidad se encontraba extinta desde 1949.
Se calcula que Pazos Holder se ha hecho adjudicar por parte de esa falsa comunidad campesina aproximadamente 800 hectáreas.
El clan de los cuya martínez. El clan que integra la supuesta comunidad campesina de Pachacamac está formada por una numerosa familia que comprende esposos, hijos, tíos, sobrinos, yernos, nueras y nietos.
La mayoría vive en casas rústicas en Lurín y Pachacamac con muy escasos servicios.
El nivel educativo de esa familia es bastante bajo, la mayoría de sus integrantes solo cuenta con quinto año de primaria, salvo la hija del presidente, Janeth Manuela Cuya Rodríguez, que es técnico en computación y tiene grado de educación superior.
Pero Janeth Cuya en realidad no maneja nada, porque el timón de esa sospechosa comunidad campesina es su padre, Víctor Cuya Martínez, sujeto clave en todo este tinglado jurídico montado por Jorge Pazos Holder.
La prueba está en varios documentos de adjudicación en propiedad del predio rústico que otorga la comunidad campesina de Pachacamac, representada por Víctor Cuya Martínez, a favor de Pazos Holder en los registros de la notaría Aníbal Sierralta Ríos.
Por ejemplo, existe la Escritura 936, Minuta 630, Kardex 2765, del 13 de agosto de 2008 en donde le dan a Pazos Holder en adjudicación una propiedad de predio rústico (el predio P-I Parcela C) que se encuentra ubicado en el cerro Pavona y Covero con un área de 36,623.26 m2.
La estrategia legal que ha seguido la inexistente comunidad campesina para intentar apropiarse de inmensas extensiones de terreno en Lurín y Pachacamac tiene un costo elevado y se descarta que estos humildes campesinos hayan podido solventar los gastos que demanda el pago de abogados, la compra de conciencias de jueces, notarios, registradores, policías, fiscales y tantas personas más.
A simple vista se puede percibir que esta familia solo es el mascarón de proa de un plan sistemáticamente ejecutado para adueñarse de grandes extensiones de terreno, ya que ninguno de los integrantes de esa comunidad tiene la suficiente malicia, preparación académica y dinero para ejecutar ese criminal plan.
Según la documentación, el propio Cuya Martínez aparece con solo quinto año de primaria.
Es obvio que en este complicado tema han tenido que intervenir especialistas, cerebros maquiavélicos, personas que conocen del valor de dichas tierras y se aprovechan de las necesidades de los campesinos.
Este afán de apropiarse de tierras en Lurín y en otros lugares del país, le ha valido a Pazos Holder y los integrantes de la comunidad campesina múltiples denuncias y conflictos con los legítimos propietarios y poseedores de esos terrenos.
La mayoría de estas denuncias, tanto penales como civiles, no prosperan porque esa organización se estaría valiendo de prácticas ilegales para obtener resoluciones judiciales a su favor.
La investigación realizada por Juez Justo (en nuestro formato de revista), publicada el 24 de febrero de 2010, permitió descubrir el hilo de la madeja e identificar al verdadero operador en la sombra de esta ilícita apropiación de tierras:
Era el empresario Jorge Pazos Holder, quien actuó en complicidad de su fiel escudero, el abogado Carlos Castillo Figueroa.
En un programa televisivo de esta casa editora, se trató este tema y allí se destapó este gigantesco tráfico de tierras que mueve muchos millones de dólares y que se basaba en el argumento de que la comunidad campesina existe en Pachacamac y que los títulos de sus tierras se los otorgó el virrey Manuel de Amat y Junient en 1760.
La investigación que llevó a cabo Juez Justo demostró que ambas premisas eran falsas, que no existía la comunidad campesina de Pachacamac y que el virrey Amat nunca concedió tierras a una comunidad con ese nombre.
Foto: Difusión.

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Noticia, CEPJ pide a jueces declarar nulidad de sentencias solo en casos excepcionales - 03/03/2014 16:27:00

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), presidido por Enrique Mendoza Ramírez, instó a los jueces a declarar solo en casos excepcionales la nulidad de una sentencia o resolución judicial apelada, para no sobrecargar el sistema judicial.
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Información: Corte de Huancavelica absuelve a dirigentes campesinos procesados por defender su territorio contra empresa minera - 14/02/2014 11:05:32

"Un caso de criminalización de la protesta ganado: Corte de Huancavelica absuelve a dirigentes campesinos procesados por defender su territorio contra empresa minera
Por Janelle J. Rocca Galarza (*)
Lo que leerá es una historia surrealista.
Primero: una empresa minera decide meterse a realizar actividad minera en un territorio de unas comunidades campesinas, a pesar de no contar con licencia social y no haber realizado la consulta previa con las comunidades campesinas dueñas del territorio donde pretende explorar.
Segundo: la comunidad decide denunciar ante las autoridades del Estado que esta empresa minera se ha metido a su propiedad sin permiso, sin resultados concretos.
Tercero: cansados de la indiferencia del Estado, las comunidades deciden defender su territorio, contra la intrusión de esta empresa, y son increíblemente procesados penalmente por el sistema de justicia.
En resumen, es como si el delincuente que se ha metido a la fuerza a tu casa sin permiso, te denuncia por sacarlo a la fuerza, luego que ninguna autoridad ha cumplido con defenderte. A continuación un caso real que acaba de ocurrir en Huancavelica:
El distrito de Secclla, ubicado en la provincia de Angaraes, región Huanvelica, se encuentra conformado por las comunidades campesinas de Secclla, Allarpo , Chillama, Atuna , Quihuay, Ccochatay, Eccana, Maray, Quispicancha, Pucamaray, Antamachay, Rupasccahuasi, Tranca, Huaraccopata.
Al igual que todo pueblo de nuestra región andina, los habitantes de Secclla se dedican a la agricultura y ganadería; siendo hereditarios de paisajes serranos inolvidables y donde se encuentran las nacientes de muchos ríos de la zona. Así tenemos, que en el paraje de Pampamali se ubican las cabeceras de cuenca de los ríos Atuna y Sicra, el primero, alimenta a las zonas bajas del distrito de Secclla, mientras que el segundo, al distrito de Lircay.
Pero al igual que todos los distritos de nuestra serranía peruana, el de Secclla no es ajeno a la problemática de conflictividad social que aqueja al país en la actualidad, dado que gran parte de su territorio se encuentra concesionado para la explotación minera.
La Defensoría del Pueblo, a través de sus reportes mensuales de conflictos sociales, ha registrado que en este distrito existe un conflicto social permanente desde el año 2007, no obstante, el origen del mismo, se remonta allá por el año 2002, en que la Compañía Minera Pampamali S.A. (COMIPSA), inicia sus operaciones de exploración y explotación en el paraje Pampamali -que como ya hemos mencionado- el cual es zona de las nacientes de los ríos Sicra y Atuna.
Ahora bien, como es común en todos los casos de otorgamiento de concesiones mineras y de autorizaciones para el inicio de actividades de exploración y explotación por parte del Estado peruano dentro de los territorios de las comunidades campesinas, existe una vulneración permanente del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, así como el derecho al territorio, a la libre autodeterminación, entre otros; situación que ha desembocado actualmente en una creciente ola de conflictos sociales a nivel nacional, siendo los más frecuentes los de tipo socioambientales ligados con la industria minera.
Dentro de este contexto, se enmarca la problemática de conflictividad social suscitada entre las diferentes comunidades campesinas del sur de la provincia de Angaraes ,en especial, del distrito de Secclla- contra COMIPSA durante los días 06 al 24 de noviembre de 2007, fechas en las que deciden realizar varias jornadas de manifestaciones pacíficas en los alrededores de las instalaciones del campamento minero, a efectos de exigirle a ésta el retiro definitivo de sus territorios comunales y el cese de sus operaciones por no cumplir con las normas ambientales y mineras, además de haber vulnerado el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.
Las jornadas de protestas que se desarrollaron durante cerca a un mes en el paraje de Pampamali, donde se generaron actos de violencia contra la población por parte de los trabajadores de la empresa (1), concluyeron con el retiro de las instalaciones del campamento minero de COMIPSA, en vista que se determinó la realización de sus actividades mineras de manera ilegal e irregular.
No obstante, a pesar que COMIPSA inició y desarrolló sus operaciones mineras vulnerando diversos derechos fundamentales de las comunidades campesinas de la zona, además de haber transgredido el ordenamiento jurídico (2) y haber generado un clima de conflictividad social, la referida empresa decide denunciar penalmente a varios pobladores, entre ellos, dirigentes, autoridades y líderes sociales del distrito de Secclla, denuncia que es formalizada contra 16 de ellos por parte de la Fiscalía Mixta de Angaraes, a cargo del Dr. Henry Mamani Valdivia.
Las investigaciones, a nivel preliminar y judicial, se llevaron a cabo por más de 04 años, concluyéndose con un dictamen acusatorio y una requisitoria oral condenatoria por parte de la Fiscalía de Huancavelica, a cargo del Dr. Luis Alfredo Yalán Ramírez, de los 16 procesados por los delitos de secuestro, robo agravado, coacción, entre otros y solicitando penas excesivas y desproporcionales de hasta 35 años de cárcel para varios de los acusados.
Sobre el particular, es necesario destacar que al momento de efectuar su requisitoria oral, el representante del Ministerio Público de Huancavelica desconoció e ignoró totalmente el contexto político y social por el cual se desarrollaron los hechos de los días 06 al 24 de noviembre de 2007 y que fueron materia del referido proceso penal, así como no tomó en cuenta la práctica y el uso recurrente, como forma de amedrentamiento, del aparato punitivo por parte de COMIPSA contra los dirigentes, autoridades y líderes sociales del distrito de Secclla, que desde más de 11 años han venido exigiendo a esta empresa el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el respeto de sus derechos fundamentales.
El juicio oral duró como cerca de 06 meses, concluyendo este miércoles 05 de febrero con la absolución total de los 14 procesados (3), dado que la Sala Penal de Huancavelica no logró encontrar suficientes medios probatorios que pudieran enervar el principio de inocencia de los acusados.
Sin embargo, consideramos que el Poder Judicial de Huancavelica perdió una importante oportunidad para pronunciarse y sentar una valiosa jurisprudencia , como en su momento lo hiciera la Sala Penal de Iquitos en el famoso caso Andoas- sobre uno más de los casos de criminalización de la protesta social que se ponen en evidencia en un contexto de conflictividad social que atraviesa el país. Lastimosamente, esta Sala Penal , al igual que el Ministerio Público- intentó abstraer y desvincular el caso de su real contexto político y social, y lo analizó como si fuera un mero caso delincuencial cotidiano.
El conflicto en la zona aún sigue latente y COMIPSA continúa haciendo uso del aparato punitivo para perseguir a los dirigentes, líderes y autoridades del distrito de Secclla. La justicia Huancavelicana todavía tiene la oportunidad de tocar los orígenes de este conflicto y lograr encaminarlo por el sendero respectivo.
(*) Abogada de los 14 procesados y miembro de la Asociación Civil "Colectivo por la Madre Tierra , COMTERRA".
Fuente: JusticiaViva
Notas
Producto de los actos de violencia, hubieron dos heridos, uno de ellos de gravedad que posteriormente le generó la muerte. Los responsables han sido sancionados por el delito de homicidio culposo, en la actualidad, se encuentran libres.
Es importante destacar que COMIPSA inicia sus operaciones en el 2002 sin contar con la certificación ambiental respectiva. Para el 2007 no contaba con la autorización, otorgada por la ANA. para el uso de aguas superficiales ni la de vertimientos de aguas residuales tratadas; además no tenía la autorización por parte de las comunidades para el uso del terreno superficial.
Los procesados César Cuadros Roiro y Carlos Candiotti Valenzuela, fallecieron en el transcurso en que se desarrolló la investigación judicial.

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Que opina? LA CRISIS EN EL MINISTERIO PUBLICO - 25/01/2014 10:42:38

" Varios signos registrados por la prensa en los últimos días nos dan cuenta de una severa crisis en el Ministerio Público, una institución que, por su contribución a la investigación de los delitos, debería ser más observada por la prensa, la academia y el público en general.
Durante las últimas dos semanas, hemos presenciado las disputas entre los fiscales supremos para ver quien podría ser elegido como Fiscal de la Nación. Dichas pugnas no se basaban en los méritos de cada uno de los postulantes al más alto cargo del Ministerio Público, sino en ver quien estaba más o menos ligado a un partido político en particular, sea directa o indirectamente.
Peor aún, como ha registrado Ricardo Uceda en la última semana, algunos nombramientos ejercidos por el Consejo Nacional de la Magistratura parecen haber estado condicionados a la correlación de fuerzas dentro del MP, antes que en un real análisis sobre las condiciones profesionales y calidades éticas y personales de los postulantes a tan altos cargos.
Otro ámbito de preocupación se registra en el terreno de la lucha contra la corrupción. Las recientes resoluciones de la Fiscalía de la Nación que liberan de responsabilidad en enriquecimiento ilícito a Alan García y Alejandro Toledo han sido cuestionadas por la Procuraduria Anticorrupción tanto por la calidad de los peritajes realizados como, en el caso de García, por la cercanía de los peritos a su partido. Lo mismo ha ocurrido con otros exfuncionarios públicos. A ello se suma la rotación de fiscales anticorrupción abocados a casos importantes.
Lo mismo podríamos decir con el control interno alrededor del Ministerio Público. El gerente general de la institución se encuentra involucrado en un caso de sobornos en licitaciones, sin que al señor José Pelaéz Bardales se le mueva un solo dedo para pedir una explicación a su funcionario de confianza al respecto. Por el contrario, el fiscal que investigaba el caso fue removido.
Finalmente, el caso de las esterilizaciones forzadas, archivado para la mayor parte de altos funcionarios públicos involucrados, vuelve a enfrentarnos a los severos problemas que tiene el MP para investigar graves violaciones a los derechos humanos. Como señala hoy Diario 16, el fiscal no analizó la mayor parte de los casos y resolvió la investigación con una celeridad que un caso tan complejo no merecía. Para complicar más la situación, el señor Marco Guzmán Baca es miembro del partido de gobierno, cuestión prohibida por la Constitución.
Cuando los analistas políticos han visto la crisis en el sistema de justicia, se han concentrado en el Poder Judicial. Es hora que comencemos a ver más hacia el Ministerio Público, una institución en la que los juegos de poder, la politización y la poca pericia jurídica parecen haberse mezclado en un cóctel a favor de la impunidad y en contra de la justicia en el Perú.
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Información: Acosa pero hace obra (apuntes sobre el tema) - 14/01/2014 1:27:24

" En las películas policiales, uno de los momentos culminantes del juicio era aquel en que Perry Mason le preguntaba al jurado: "¿Es este el rostro de un asesino?" al defender a un cliente acusado de homicidio. Nos puede sonar un poco ingenua la pregunta, pero ese recurso provenía de la tradición de la frenología, una pseudociencia decimonónica que postulaba que se podía determinar las tendencias delictivas de un individuo analizando la forma de su cráneo y sus facciones.
Viendo las últimas noticias sobre el caso de Álamo Pérez Luna y leyendo la defensa que algunos de sus colegas han hecho ante las acusaciones de acoso, no pude evitar imaginarme a alguno de ellos cosplayeado de Perry Mason defendiendo al periodista ante un jurado (fantasía gringa, en Perú no tenemos jurados en los juicios, ya se sabe) y planteando una pregunta similar: "¿Es este el rostro de un acosador?" O, más bien, "¿Es este el currículum de un acosador?"
La defensa que han hecho algunos colegas de su amigo se centra en repasar la carrera del periodista, su prestigio y su trayectoria. No es el objetivo de este post analizar el caso de Álamo Pérez Luna para determinar si es culpable o inocente. Evidentemente eso les compete a las personas involucradas y a las autoridades en el caso de que haya una acusación formal. Voy a referirme más bien a la defensa cerrada que se ha hecho de este, un defensa basada en su prestigio profesional. Un tipo de defensa que en los casos de acoso o agresión sexual es más común de lo que se cree: la tesis de que la reputación de los implicados minimiza el impacto del acoso.
EL ACUSADO o el loco enamorado
Según ciertas declaraciones sobre el caso de Álamo, parece que mientras más hojas tenga el CV, no eres un acosador sino un pobre hombre enamorado. Acosador, el mañoso del micro pues. No, como este señor ha entrevistado al Papa, a un general y a un cabecilla terrorista no puedes llamarle acosador, no puedes opinar del tema en redes sociales, no puede levantarse ni una ligera sospecha.
¡Además tiene carro, por favor!
De nada valen las tipificaciones penales y las definiciones de organismos internacionales. Cuidadito, no es cualquier pelafustán el que te está insistiendo con voz de cachorrito al teléfono, ojo. Es un periodista-político-empresario-celebridad… (agregue el epíteto de su preferencia) con ene años de trayectoria-carrera-oficio. Acosó pero hizo obra, más respeto.
Así como la frenología pasó a mejor vida por su velado encubrimiento del racismo, tendríamos que hacer igual con este tipo de defensa de los acosadores que raya con la misma clase de esencialismo radical. Si tener una frente ancha no te convierte en delincuente, ser el periodista con más rating tampoco te convierte en inocente per se. Es ya parte de los greatest hits de las excusas de los sospechosos o de sus allegados apelar al cliché de buen ciudadano: es un padre de familia, es un empresario, está casado, etc., etc., etc. El razonamiento en estos casos funciona como una regla de tres simple: más estatus, más inocencia. En otras palabras: respeta la nobleza, chusma.
Intenten aplicarlo pensando en cuántas maestrías tendrá ese congresista que se inventa asesores fantasmas. ¿Funciona?
No, para hostigar sexualmente no se necesita ser un loco calato greñudo y fumón sacudiéndose los genitales en la avenida Grau a la medianoche. Para convertirse en acosador solo se necesita la voluntad de hacerlo y la complicidad o negligencia del entorno. Las estadísticas de agresiones sexuales y hostigamiento recogen que, lamentablemente, los agresores sexuales en general y los acosadores en particular suelen ser personas conocidas, vecinos, amigos, colegas, hasta familiares directos.
¿O ya no recuerdan a Dennis Falvy y las cariñosas llamadas a su esposa?

LA AGRAVIADA o la soltera que hace lo que quiere
Así como la defensa de Álamo se centra en la reputación del acusado, en el caso de las acusadoras hace lo mismo, pero para denostarlas, claro está. Ha bastado que se tilde a las señoritas aludidas de "bataclanas" para que más de uno arquee la ceja. Ah, es bataclana, eso explica todo, caso cerrado. No, ni la Doctora Polo emite una sentencia tan rápida con este detalle. Necesitamos más datos, por si acaso. Por ejemplo, las señoritas, dice alguien por ahí, han sido parejas de Álamo, "le atracaban" (sic).
Como le atracaban antes, es obvio que tienen que atracarle ahora. Nada de quejas porque el hombre vuelve a la carga, eh. ¿Libertad sexual? ¿Qué es eso?
El primer problema con las denuncias por acoso es que la doctrina del Código Penal no es muy clara sobre el acoso que no sea de tipo laboral, es decir en situación donde la jerarquía o ventaja sea evidente. Digamos, amiga, que Fulanito te llama cuarenta veces por teléfono al día, pero no es ni tu jefe ni tu apoderado. ¿Cómo haríamos?
Podemos recurrir a lo que dice el Manual de Asistencia Técnica en Políticas de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual del MIMDES:
(El hostigamiento es) "una expresión de violencia que se ejerce mayoritariamente contra la mujer, en el ejercicio de situaciones de privilegio y abuso de poder" Es considerado como un acto de discriminación, ya que el hostigador no considera a la otra persona como su igual, por lo que la trata "de manera diferente y abusiva, agravando la inequidad social existente entre hombres y mujeres y privando del pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales a las víctimas". Asimismo, la mujer es vista como un objeto sexual y no como una persona: "el hostigamiento sexual es un reflejo de la situación y posición ínfima social que se le da a la mujer, conceptuándolas en un nivel de inferioridad restringiéndosele con ello sus oportunidades de desarrollo personal, laboral y social"

Esto es un comienzo, pero hasta ahora la legislación no es clara. Solo hay prisión (suspendida, o sea, nada) en caso de tocamientos o exhibición, pero de palabras no dice mucho. De esto se deriva otra dificultad: la denuncia. ¿Cuándo es conveniente hacer una denuncia de este tipo? ¿A la primera llamada? ¿A la décima?
Otra vez la supuesta agraviada se convierte en sospechosa. ¿Por qué no cambió de teléfono? ¿Por qué esperó tanto para denunciar? ¿Por qué no lo hizo al toque? ¿Por qué dejo pasar tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué?
Etc., etc., etc.
Si no hay legislación, asumo que esto queda a criterio de las autoridades. A ver, si con las justas te aceptan una denuncia de asalto, ¿realmente creen que va a proceder una denuncia por una primera llamada telefónica, por un inbox faltoso o por algún dm subido de tono?
Supongamos que aceptan la denuncia, supongamos que, además, la agraviada tiene ánimos para enfrentar la maraña del Poder Judicial. Supongamos que tiene paciencia para la lentitud de los procesos. ¿La tendrá para los criterios con que se conducen los operadores de justicia?
Si conocen a alguna persona que tenga en proceso algún juicio de paternidad, alimentos o custodia, les podrá contar entretenidas anécdotas en que los jueces (y juezas) increpan a las mujeres por cuestiones tan simples como salir a una fiesta, o cómo los abogados aconsejan a sus clientas ir vestidas lo más recatadas posible para no influir en la decisión del juez ("¡Tápate el tatuaje, hijita!").

Derecho de familia I: identifique a la mujer más apta para la maternidad
Ahora imaginen las opiniones que desencadenarían los casos de acoso sexual.
Quien va a denunciar tiene tres obstáculos: las limitaciones de la ley, la lentitud del sistema judicial (agrégale corrupción) y los criterios particulares de los operadores de justicia.
Entonces tenemos que, muchas veces, la única vía es la "denuncia" a través de redes sociales o medios de comunicación. No pensemos ya en este caso particular, sino en los cientos de casos que, por ejemplo, reporta la página Paremos el acoso callejero.

Las leyes sobre el acoso en particular y sobre los temas de género y familia suelen ser bastante benévolas y en, muchos casos, parecen sacadas de un papiro medieval. Les dejo un dato terrible: hasta 1998 (hace menos de veinte años), en el Perú la ley le permitía al violador evadir la cárcel si se casaba con la agraviada. Imagino cuántas familias habrán aprobado esas uniones aberrantes.
Así como imagino cuántos tipos habrán estado llamando insistentemente por teléfono ese año.
Actualización 15.01.13:
Me informaron sobre una modificación a la ley de hostigamiento sexual. Fue dada el 2009 y dice que ya no es necesario que el hostigador esté en un lugar superior de alguna jerarquía. Eso es una buena noticia. Lamentablemente sigue refiriéndose al ámbito laboral:
http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/29430.pdf
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Información: Concentración de medios y libertad - 05/01/2014 22:31:31

"Hoy, como bloguero invitado, Juan Luis Dammert B.
En su Breve historia del Neoliberalismo (Oxford, 2005), David Harvey muestra los orígenes del proyecto neoliberal y el uso que este hace del concepto de la libertad. El neoliberalismo, en la visión de Harvey, es entre otras cosas un proyecto de restauración de poder económico en favor de una élite pequeña. Pero ya que es difícil lograr que un proyecto así sea popular, este se presenta como un programa más amplio de promover libertades individuales. Así, la represión en Chile y Argentina en los años setenta, las privatizaciones a precio de remate de bienes públicos, los rescates financieros del FMI, la cada vez mayor concentración de la riqueza en pocas manos a nivel mundial, la invasión de Irak, etc., fueron todos promovidos y defendidos en nombre de la libertad.
Imagen: Carlin (Carlos Tovar). Fuente: La República
En su libro La Gran Transformación (Nueva York, 1944 , no confundir con el plan de gobierno de Gana Perú), Karl Polanyi argumenta que en sociedades complejas el significado de la libertad se vuelve tan contradictorio como persuasivo. Pero nota que hay dos tipos de libertades, uno bueno y otro malo. Las libertades "malas": la libertad para explotar a sus semejantes, la libertad para tener ganancias exorbitantes sin prestar servicios a la comunidad, la libertad de limitar el uso de inventos tecnológicos para el uso público, o la libertad de lucrar con calamidades sociales tramadas por precisamente aquellos que lucran con ellas. En economías de libre mercado pueden coexistir estas "libertades malas" con otras "buenas": libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de elegir el propio trabajo, etc. De acuerdo con Polanyi, la regulación y el control podrían estar al servicio de promover las libertades "buenas" (a favor de las mayorías) y de limitar las "malas" (libertades para unos pocos), evitando así que el concepto degenere en una defensa cerrada de la libertad de empresa.
Es muy difícil, por no decir imposible, estar en contra de la libertad, o de la libertad de expresión. El problema está en qué cosa entendemos por libertad y para qué fines se utiliza el término. En este sentido, la forma en que se ha usado, implícita y explícitamente, la noción de libertad en el debate sobre la concentración de medios en el Perú es sumamente ilustrativa. El grupo El Comercio se ha esforzado en plantear el debate en términos de la "libertad de expresión" versus el control estatal. Recordemos algunos de los titulares recientes del Decano de la prensa: "Humala lanza velada amenaza contra la libertad de expresión", "Humala pide que Congreso intervenga en medios de prensa", "Humala va en el camino del velasquismo, del montesinismo y del chavismo, asegura Alan García", "Ministro ya sugiere maneras de restringir propiedad de medios", "Propuesta de Humala "busca coaccionar" medios no afines al Gobierno (Así lo aseguro Carlos Bruce)", etc. No tengo interés en analizar aquí los recursos ideológicos y falacias evidentes en la mayor parte de estos titulares, sino tan solo anotar cómo se intenta empaquetar (otra vez) la discusión como una disputa entre la libertad y el estatismo. Y este claramente no es el caso. Esta es, más bien, una disputa entre pluralidad y acaparamiento.
Felizmente, fuera del 80% y sus socios políticos, existen muchos matices, incluso dentro de la tradición liberal. En la demanda de amparo presentada por ocho periodistas (entre ellos Rosa María Palacios, Mirko Lauer y Augusto Álvarez Rodrich) se señalan una serie de puntos importantes. Por ejemplo, se recuerda que el Tribunal Constitucional reconoce que hay una inevitable dimensión colectiva en la libertad de expresión. Los firmantes argumentan que los ciudadanos forman su opinión en base a la disponibilidad de información, por lo cual la pluralidad de ideas resulta indispensable para la vigencia del sistema democrático. Señalan que se ha producido un conflicto entre derechos fundamentales ya que las libertades de información y expresión deben entenderse como límites a la libertad de empresa y la libertad contractual: la libertad de empresa y contratación no son absolutas. Finalmente, muestran, con datos, que el Perú ha batido todos los récords de concentración de medios en el mundo, siendo el país más concentrado. Esta no es, pues, una discusión entre libre mercado e intervencionismo, sino una entre pluralidad y acaparamiento. ¿Alguien dirá que Augusto Álvarez o Rosa María Palacios se oponen al libre mercado?
Todos los propietarios de medios, con diferentes grados de pluralidad y objetividad, utilizan sus medios para promover sus visiones políticas, eso es inevitable. Pero el problema central no son las pésimas prácticas periodísticas de El Comercio ni su línea política conservadora y neoliberal que, por último, son discutibles y sujetas a preferencias personales. El problema es el acaparamiento. El objetivo de quienes criticamos esta situación no es que el 80% lo ocupe La República, La Primera o el Estado, por poner ejemplos, sino asegurar la pluralidad. O si se quiere, garantizar lo que señala la Constitución en su artículo 61, que es bastante claro: "en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares".
Las definiciones y usos que se le dan al término "libertad", o más específicamente "libertad de expresión", están en disputa. El hecho de que 80% de la prensa escrita interprete el significado de la libertad en una forma tan peculiar no significa que su interpretación sea cierta, natural, ni la única. En buena cuenta el debate sobre la concentración de medios es una discusión sobre qué entendemos los peruanos por libertad y qué esperamos de la libertad de expresión. El Comercio no quiere que el tema siquiera se discuta: quiere evitar que sea admitido para revisión por el Poder Judicial a través de una leguleyada, critica que el Presidente se pronuncie, está en desacuerdo con que congresistas presenten proyectos de ley, etc. Pero el público tiene derecho a estar informado y tiene además la libertad de exigir que el tema se discuta, en todos los niveles posibles, y que el resultado del debate no sea, para variar, un saludo a la bandera. (Juan Luis Dammert Bello, 4 de enero del 2014)
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