El Poder Ejecutivo y La justicia militar
Información: LA JUSTICIA Y EL FUJIMORISMO - 19/04/2011 16:05:03
" Otra de las deudas pendientes del fujimorismo es con el sistema de justicia. No, no me refiero a los funcionarios de dicho régimen que aun siguen en procesos penales o que se encuentran purgando prisión, sino al control que se ejerció desde el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la justicia militar, etc.Para recordarnos esa brecha, el viernes, Martha Chávez nos dio una lección de Memorex (y de lo que puede ocurrir). Vía Diario.16:
Durante una entrevista que concedió a Willax TV, la virtual congresista de Fuerza 2011 lanzó una seria advertencia al actual presidente del Poder Judicial, César San Martín, quien ,según dijotendrá que explicar la sentencia que dictó, en su condición de juez, contra Fujimori por delitos de lesa humanidad.
"El doctor (César) San Martín tendrá que responder por varias cosas en su momento", dijo Chávez, cuando le preguntaron por las pruebas que vinculan al Grupo Colina con el ex presidente, quien actualmente cumple una condena de 25 años de prisión.
Hoy San Martín - que presentaba su balance de 100 días de gestión al frente del PJ - le respondió a Chávez con claridad y corrección. Vía La República:
"En una democracia no puede confundirse la libertad de expresión con las amenazas. Los jueces tenemos autonomía, independencia, responsabilidad y autoestima para emitir nuestros fallos", expresó San Martín Castro.
La situación en este terreno no es fácil para el fujimorismo. Incluso sectores en los que parecía improbable un pronunciamiento a favor del juicio y la sentencia contra el ex autócrata, le han terminado dado la espalda a Keiko. Un ejemplo de ello es lo señalado por el flamante presidente de la CONFIEP, Humberto Speziani, a El Comercio:
¿La condena de Alberto Fujimori fue justa?
Fue impecable. Tiene derecho de apelar, como todos. Me sorprendería que el Tribunal Constitucional cambie esta condena. El mundo vio el juicio y sabe que el procedimiento fue justo y legal.
Y saliendo del terreno de los juicios al ex presidente, la situación no es aún mejor. Ya que está de moda revisar los planes de gobierno, le di una lectura al Plan de Fuerza 2011 y encontré que ni siquiera hay un capítulo sobre Administración de Justicia en dicho documento.
Lo máximo que encuentro en el Plan sobre la materia está en el rubro Seguridad. Allí Keiko propone la creación de juzgados para delitos menores para promover soluciones efectivas a este tipo de conductas, lo que no es una mala propuesta y ya se ha escuchado incluso en la campaña municipal.
¿Y sobre el resto de problemas del sistema de justicia? Nada de nada. De hecho, su rival actual - osea, Ollanta - y sus ex competidores dicen mucho más sobre un tema bastante complejo y en el que las reformas son urgentes. Chequeen un artículo que hice para Ideele al respecto.
Y ojo, los temas de justicia no solo competen a los abogados, sino a todos los ciudadanos. Y ya que hablamos de estabilidad económica, un recuerdo de Mildemonios sobre la influencia del (mal) funcionamiento del sistema de justicia en la economía:
En el Perú, como no hay forma humanamente posible de predecir qué cuernos va a suceder en el Poder Judicial con un juicio en marcha, muchas veces alguien que tiene todas las de perder igual inicia un proceso. Porque, caray, qué diablos. A lo mejor me liga. Y en el proceso, los jueces terminan tomando decisiones que le hacen daño a la economía. De hecho, una de las propuestas de Confiep para solucionar esta caótica situación es la de incluir más cursos de impacto económico en la educación de los abogados. A ver si así ven la luz.
Y con la cantidad de abogados de empresa que hay en el equipo técnico de Keiko, ¿cómo no se dieron cuenta de eso? Ah, verdad, eso no es asistencialismo.
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Que opina usted? Derogación de decreto legislativo en Perú: un avance para los derechos humanos - 21/09/2010 16:03:10
"Washington.- Freedom House celebra la decisión del Congreso de la República de Perú de derogar el decreto legislativo 1097 que amenazaba con consolidar la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos y felicita a las organizaciones de derechos humanos de Perú y a los medios de comunicación por sus esfuerzos para impedir la ratificación de esta política.El Decreto Legislativo 1097 permitía la prescripción o archivamiento, por exceso de plazo, de los procesos contra militares debido a su accionar durante el pasado conflicto armado interno , la mayoría de los cuales permanecían estancados por la negativa de los propios militares de entregar información que permitiera avanzar con las investigaciones. El decreto colocaba al Perú en contravención con lo establecido por las normas internacionales respecto de crímenes de lesa humanidad.
Tanto la derogación del decreto por parte del Congreso como la solicitud de revocatoria por parte del Poder Ejecutivo que le precedió fueron el resultado de la reacción inmediata de la sociedad civil peruana e internacional, de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, de los medios de comunicación y de los miembros del Congreso, entre otros.
"Esta derogatoria es la sana rectificación de una decisión que de haberse mantenido habría afectado sustancialmente el estado de derecho y la democracia y afectado negativamente el proceso de búsqueda de justicia y reconciliación tras las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las décadas de los ochenta y noventa," señaló Alejandro Silva, director de programa para Freedom House en Perú.
Freedom House reitera su preocupación por la vigencia de tres decretos legislativos adicionales, conocidos como DL 1094, DL 1095 y DL1096, los cuales a través de una redacción ambigua e imprecisa amplían las facultades de intervención de las fuerzas armadas en casos de conflicto social, se excluye a sus miembros de responsabilidades ante el fuero común en caso de violaciones y, de manera ilegal, se les otorga esas competencias a la justicia militar.
Perú es clasificado como país "libre" en Libertad en el Mundo 2010, un estudio de Freedom House que analiza los derechos políticos y libertades civiles.
Para obtener más información sobre Perú, visite: Libertad en el Mundo 2010: Perú
Para ver versión en inglés de este comunicado entrar aquí
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Que opina usted? Exigimos la derogatoria de decretos legislativos que permiten la Impunidad - 13/09/2010 11:49:26
"PRONUNCIAMIENTOLos decretos legislativos recientemente promulgados por el Poder Ejecutivo constituyen un grave atentado contra los principios fundamentales de la democracia. El decreto legislativo 1097 que establece los nuevos procedimientos en casos de violaciones a los derechos humanos, el decreto legislativo 1095 referido al uso de la fuerza, y el decreto legislativo 1094 que considera delitos comunes como delitos de función, establecen la existencia de un nuevo marco normativo de absoluta desprotección para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Las disposiciones contenidas en el decreto legislativo 1097 favorecen de manera ilegal y desproporcionada a quienes se encuentran procesados por graves crímenes contra los derechos humanos y tienen como objetivo fundamental el archivamiento definitivo de los procesos judiciales. Estas disposiciones legales no son más que la materialización de una intensa estrategia liderada desde el Poder Ejecutivo en alianza con el fujimorismo con el evidente propósito de dejar en la impunidad los crímenes horrendos perpetrados durante el conflicto armado interno. En tal sentido, dicha norma no es más que una amnistía encubierta.
Por otro lado, las disposiciones contenidas en el decreto legislativo 1095 referidas al uso de la fuerza no sólo expresan una falta de comprensión de las causas de los diferentes conflictos sociales que aquejan a nuestro país, sino también la persistencia del Estado en una estrategia que prioriza la intervención militar, la misma que a todas luces ha fracasado y que ha significado la pérdida de vidas humanas. Bajo esa lógica, este decreto y el decreto legislativo 1094 (código penal militar policial), termina concediendo indebidas atribuciones a la justicia militar para que juzgue situaciones provenientes de dichos conflictos sociales.
Nuestras instituciones, y sobre todo las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, tienen el legítimo derecho a que la justicia determine de manera independiente las responsabilidades penales de los perpetradores. Es contrario a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, que el propio Estado peruano aliente la impunidad de crímenes contra la humanidad, siendo inadmisible, además, que los propios gobernantes que las promulgan se terminen beneficiando de ellas.
Por ello, las organizaciones firmantes exigimos a la representación nacional derogue los mencionados decretos legislativos y restituya así la plena vigencia del Estado de derecho.
Setiembre del 2010
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos , CNDDHH
Asociación Nacional de Centros , ANC
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, PIDHDD
FOROSALUD
CONEP
CONFENADIP
CGTP
CUT
CONACAMI
FEMUCARINAP
Red Uniendo Manos Perú
Red de Jubileo Perú
Las Casas de la Salud de Ica
Comité de Familiares de los Desaparecidos de Santa
Red de Ética y Gorbernabilidad de la provincia del Santa
Parroquia San Pedro , Chimbote
Parroquia Apóstol Santiago de Pamparomas,
Junta de Desarrollo Distrital de Pamparomas
Organizaciones de la CNDDHH:
APRODEH, CAAAP, COMISEDH, FEDEPAZ , IDL, PAZ Y ESPERANZA, GRUFIDES, CDHVS , CELENDIN Cajamarca, APORVIDHA Cusco, Vicaría de la Prelatura de Sicuani, CODEH Canas, CODEH Espinar, MCPDHQ Quillabamba, COSDEJ Chiclayo, CJS Chimbote, CODISPAS Huaraz, CODEH Ica, SEDYS Trujillo, IREPAZ Huánuco, HATARISUM, CODHAH Aucayacu, ADLPS Puno, CEDEH Puno, ISADH Puno, ADHMA Puno, CEIDHU, Junín, CITAQ Huancavelica, Proyecto Amigo Huamachuco, CODEH Huacho, CDH Apurímac, CODEH , OAS Pucallpa, CJPDH VA Iquitos , CDHVASJA Iquitos, ASFADEL, CAPS, CEAPAZ, CEDET, CEDAL, CENCA, CENIA, CODEH El Agustino, CooperAccion, DEMUS, EPAF , Forum Solidaridad Perú, IPEDEHP , LUNDU, MHOL, Movimiento Manuela Ramos, Sección Peruana de Amnistía Internacional, SER, REDINFA, RUNA
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Interesante, Freedom House expresa preocupación por Decretos emitidos por el gobierno peruano - 09/09/2010 14:30:26
"Nuevas leyes fomentan la perpetuidad de la impunidad por violaciones de derechos humanos en PerúWashington, D.C. 8 de septiembre de 2010.
Freedom House manifiesta su grave preocupación por una serie de recientes decretos emitidos por el gobierno peruano que pueden dar lugar a la impunidad continua a los autores de violaciones de derechos humanos que fueron cometidas durante las dos décadas de conflicto interno en el país.
El conjunto de decretos emitidos por el Poder Ejecutivo el 1 de septiembre, en virtud de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso peruano, amenazan con consolidar la impunidad de los perpetradores de violaciones de derechos humanos. Las nuevas leyes permiten el archivo de los cargos contra agentes de las fuerzas de seguridad cuyos casos se han prolongado durante años debido a la negativa de los militares a entregar información clave para las investigaciones a los fiscales y a las víctimas. Los abogados de algunos de los implicados en estas violaciones, tanto procesados como condenados, ya han presentado pedidos de prescripción y archivo basados en estos nuevos decretos.
"Este es un grave retroceso para el Perú, en particular después de la reciente condena de Fujimori, la cual fue considerada una victoria para los derechos humanos", dijo Jake Dizard, editor del informe Países en la Encrucijada de Freedom House. "La impunidad que estas leyes fomentan y la falta de esfuerzos del gobierno para investigar violaciones de derechos humanos han demostrado claramente una indiferencia hacia las víctimas del conflicto."
Tras la caída de la dictadura de Fujimori en el año 2000, el celebrado informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación ayudó a los ciudadanos a conocer la verdadera magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. La mayoría de las 70,000 muertes fueron perpetradas contra los ciudadanos más vulnerables de Perú, miles de ellas atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado. A raíz del informe de la Comisión, se iniciaron decenas de procesos judiciales de los casos más impactantes y simbólicos.
Sin embargo, a pesar de haberse registrado algunos avances, la administración del actual presidente Alan García ha demostrado escasa voluntad política para fomentar el avance de dichos procesos.
Otros de estos nuevos decretos otorgan un papel preponderante a las fuerzas armadas en el mantenimiento del orden interno, lo cual podría resultar en una mayor represión de las frecuentes protestas sociales en el Perú así como en una jurisdicción ampliada de justicia militar para crímenes contra la población civil.
Freedom House expresa su profunda preocupación por estas leyes, que amenazan con erosionar la democracia y paralizar el proceso de justicia transicional en el Perú e insta a que:
? el Tribunal Constitucional declare estas normas inconstitucionales
? los jueces se abstengan de aplicar las nuevas normas para los casos bajo su jurisdicción,
? los organismos del sistema interamericano, encargado de proteger los derechos humanos, exijan al Estado peruano el pleno respeto a as normas contenidas en los tratados internacionales que ha suscrito Perú.
New Laws Encourage Continued Impunity for Human Rights Violations in Peru
Washington , September 8, 2010
Freedom House expresses serious concern that a set of recent decrees issued by the Peruvian government will result in continued impunity for the perpetrators of human rights abuses during the country"s two-decade-long internal conflict.
The packet of decrees issued by the executive on September 1, under legislative powers granted by the Peruvian congress, threaten to further consolidate impunity for human rights abusers. The new laws allow for the archiving , in effect, dismissal , of charges against security force agents whose cases have dragged on for years, often due to the military"s refusal to hand over key information to prosecutors and victims. Lawyers for some of the most notorious alleged and convicted violators have already filed motions based on the new decrees.
"This is a serious setback for Peru, particularly following Fujimori"s recent sentencing, which was widely considered a victory for human rights," said Jake Dizard, managing editor of Freedom House"s Countries at the Crossroads report. "The impunity that these laws encourage and the government"s lack of effort in prosecuting grave rights violations has demonstrated stark indifference to the conflict"s victims."
Following the fall of Fujimori"s dictatorship in 2000, a widely-lauded Truth and Reconciliation Commission report helped citizens learn the full dimension of human rights violations in the battle between the state and various armed insurgent groups. Most of the nearly 70,000 deaths were perpetrated against Peru"s most vulnerable citizens, including thousands of deaths attributed to state security forces. Following the Commission"s report, judicial processes were initiated in dozens of the most shocking and symbolic cases. However, despite some convictions, the administration of current president Alan Garcia has demonstrated little political will to encourage the processes.
Other new decrees grant the armed and police forces an increased role in maintaining internal order. Such a decree could result in greater repression of Peru"s frequent social protests, while also opening the door to expanded military justice jurisdiction for crimes against civilians.
Freedom House expresses its deep concern over these laws, which threaten to erode democracy and paralyze the process of transitional justice in Peru, and urges that
? the Constitutional Tribunal declare these norms unconstitutional,
? other judges refrain from applying the new norms for cases under their supervision, and
? entities within the Inter-American systems tasked with protecting human rights press the Peruvian state to uphold the standards contained in the pacts and conventions to which it is a party.
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Información: IDL: Decretos buscan impunidad en derechos humanos - 01/09/2010 15:54:40
"El 1º de Septiembre del presente año han sido publicados en el diario oficial "El Peruano" los decretos legislativos Nº 1094, 1095, 1096 y 1097, expedidos por el Poder Ejecutivo, en uso de las facultades legislativas delegadas por el Parlamento en virtud de la Ley Nº 29548. Sin perjuicio de dar a conocer en los próximos días el análisis jurídico de cada una de los referidos decretos, el Instituto de Defensa Legal (IDL) expresa públicamente su rechazo a gran parte del contenido de los mismos, por las razones siguientes.Sobre el decreto legislativo Nº 1097
1. Respecto al decreto legislativo Nº 1097, referido a la aplicación de normas procesales por delitos que implican violaciones de derechos humanos, resulta inaceptable que la Primera Disposición Complementaria y Final señale que la convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes contra los derechos humanos sólo surte efecto recién a partir de noviembre del 2003, contradiciendo así sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, la sentencia de la Corte Suprema en el caso de Alberto Fujimori y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, en el caso Villegas Namuche, entre otros.
Sin duda constituye un serio retroceso que va en contra de la Convención americana y que pretende la impunidad de graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno en las décadas de los ochenta y noventa en el Perú. Inclusive, esta norma podría terminar beneficiando a los terroristas que perpetraron crímenes de lesa humanidad.
2. Por otro lado, el decreto legislativo Nº 1097, adelanta la aplicación de algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal, con un afán supuestamente garantista, pero que en el fondo lo que pretende es beneficiar indebidamente a personal militar y policial acusado de crímenes contra los derechos humanos, afectando seriamente la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 2.2º de la Constitución, pues son beneficios concedidos con nombre propio a un grupo determinado a pesar de la gravedad de los crímenes perpetrados.
Por ejemplo, en virtud de esta nueva norma, los militares o policías acusados de violaciones de derechos humanos podrán cumplir arresto domiciliario en "instalaciones militares o policiales", esto es, no sólo cuarteles sino hasta centros recreacionales de las fuerzas armadas o la policía nacional. Asimismo, se aplica el plazo máximo de 36 meses de detención previsto en el antiguo Código procesal penal, sin tomar en cuenta la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional que consideró válido extender dicho plazo más allá de los 36 meses en el caso de delitos complejos como lo son, evidentemente, los crímenes de derechos humanos.
Sobre el decreto legislativo Nº 1095
3. En relación al decreto legislativo Nº 1095, referido a reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en el territorio nacional, preocupa la definición contenida en el artículo 3.f) sobre "grupo hostil", pues es tan amplia que podría ser instrumentalizada para criminalizar aún más algunas protestas sociales, específicamente, las protestas de los pueblos indígenas.
4. A su vez, resulta inaceptable la modificación del artículo 27º de este decreto legislativo Nº 1095, en comparación con el artículo 13º de la derogada ley Nº 29166 y con los proyectos de ley sobre la materia consensuados en el seno de la Comisión Nacional de derecho internacional humanitario (Conadih), que hacían referencia exclusivamente a los "delitos de función" cometidos por personal militar. En cambio ahora, el referido artículo 27º se refiere genéricamente a "conductas ilícitas atribuibles al personal militar", en una clara intención de abarcar los delitos comunes que pudiera cometer el personal militar en el marco de esta norma.
Cabe señalar, que este cuestionable artículo 27º remite al personal militar al fuero militar policial, con lo cual, la intención sería extender la competencia de este fuero al juzgamiento de delitos comunes, lo que constituiría una grave afectación a la Constitución y la Convención americana.
Sobre el decreto legislativo Nº 1094
5. En el caso del decreto legislativo Nº 1094, que aprueba un nuevo e innecesario Código penal militar policial, es muy grave que se haya vuelto a incorporar y tipificar supuestos de delito de función que en el año 2006 fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional y expulsados del ordenamiento jurídico.
En efecto, el nuevo Código penal militar policial tipifica los delitos contra operaciones humanitarias (artículo 95º), de utilización indebida de signos protectores (artículo 96º), daños extensos y graves al medio ambiente natural (artículo 97º) y delito contra las personas protegidas por el derecho internacional humanitario (artículo 88º y ss.), que fueron declarados inconstitucionales y expulsados del ordenamientos por la sentencia de fecha 15 de diciembre del 2006 recaída en el Expediente Nº 0012-2006-PI/TC.
De esta manera, queda en evidencia que fue tan sólo un pretexto la justificación para la delegación de funciones legislativas aprobada por la Ley Nº 29548, que mencionaba la necesidad de adecuar este código a lo dispuesto por la jurisprudencia del TC; justificación que inclusive fue esgrimida públicamente por el presidente del tribunal supremo de justicia militar.
Sobre el decreto legislativo Nº 1096
6. En el caso del decreto legislativo Nº 1096, que modifica la ley de organización y funciones del fuero militar policial Ley Nº 29182, el Gobierno reitera un modelo de organización de la justicia militar policial contrario a lo desarrollado por la jurisprudencia de la Comisión y la Corte interamericanas sobre la materia.
Inclusive, este decreto legislativo es muestra de la grave inconsistencia de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 00001-2009-PI/TC que a fines de diciembre del año 2009, sostuvo que los jueces y fiscales militares podían ser ?a la vez? oficiales en situación de actividad, sin restricción alguna. En cambio ahora, la norma en referencia establece que tanto el tribunal supremo de justicia militar policial como el consejo ejecutivo del fuero militar policial, tendrán una composición mixta de oficiales en retiro y en actividad.
01 septiembre 2010
Instituto de Defensa Legal
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