El proyecto de ley y El Ministerio de Educación
Que opina usted? Ministra de educación cuestiona al Apra por problemas en su sector - 14/03/2012 9:30:14
" La ministra de Educación, Patricia Salas, informó que algo también ha tenido que ver en lo sucedido cierta desidia de funcionarios del gobierno anterior.Durante su alocución ante la Comisión de Educación del Congreso, Salas cuestionó al quinquenio aprista por no haber actuado bien en la contratación de algunos docentes sentenciados y procesados por terrorismo, quienes en algunos casos estarían dictando clases en colegios estatales.
"Ellos no han sido contratados durante mi gestión", aclaró ante la representación.
Frente a decenas de madres de familia que también llegaron a la sede del Parlamento, Salas anunció que solicitará la relación de docentes inmersos en esa situación para contrastar esos datos con sus planillas a nivel nacional.
"Vamos a cruzar información con el Ministerio Público y el Poder Judicial con el fin de detectar a los controvertidos profesores que han reingresado a laborar a los centros educativos del Estado", indicó.
Si bien no pudo responder la cifra exacta de estos profesores vinculados al terrorismo ni precisar si estos serían separados del magisterio, la ministra de Educación informó que presentará un proyecto de ley para que el Decreto Supremo 019 del año 2010, que permite separar a los docentes en dicha condición, tenga un rango de ley y permita hacer viable su retiro de las aulas.
"Presentaremos esta propuesta en el próximo Consejo de Ministros para que la apruebe y remita con carácter de urgencia al Congreso, y la sancione y dé un instrumento para actuar dentro del marco de la legalidad", explicó.
En respuesta, el ex ministro de Educación Víctor Díaz Chávez declaró que durante su gestión se impidió que estos maestros vuelvan a las aulas con el Decreto Supremo 019.
Sobre el incendio ocurrido en los almacenes del Ministerio de Educación, Salas aseguró que buena parte del material educativo quemado no se distribuyó porque su gestión no encontró iniciado el respectivo proceso de contratación de ese servicio, trámite que toma más de tres meses.
Además, en el lugar se hallaba guardado mobiliario perteneciente a instituciones educativas inconclusas.
"Estos muebles estaban almacenados bastante tiempo porque los colegios emblemáticos aún no han sido terminados de construir", añadió.
Sobre el presunto sabotaje en el incendio, Salas aseguró que adoptará las acciones penales correspondientes contra quienes resulten responsables.
La titular de Educación detalló que dentro de las acciones que tomará el MED para determinar las responsabilidades del incendio, habrá dos peritajes: uno nacional, por la Fiscalía de la Nación, y otro internacional, a cargo de la compañía de seguros.
Sobre la contratación de la todavía esposa de Antauro Humala, Isabel Paiva, como supervisora nacional de Beca 18, la funcionaria subrayó que no existe nada irregular en el proceso de selección. "Ella aprobó un examen para ser ratificada en su cargo", indicó.
Fuente: La República
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Interesante, ¿Debe prohibirse crear nuevas universidades? - 20/10/2011 0:07:48
"Esta semana la educación superior ingresó a la agenda mediática, ante la propuesta del Gobierno de derogar el "beneficio tributario" creado por el Decreto Legislativo No. 882 en la década de 1990. Este permitía que las IEP recibieran un descuento tributario del 30% si, en vez de distribuir las utilidades obtenidas entre sus accionistas, las reinvertían. El beneficio pretendía promover la inversión privada en la educación, un tema en que el Perú constantemente aparece rezagado a nivel mundial.Para el gobierno, ese incentivo tributario ya no es necesario, puesto que, desde la década de 1990, el número de IEP, así como la inversión realizada por estas, ha crecido de manera exponencial. 49 universidades privadas han sido creadas a partir de esa ley (26 todavía no consiguen la autorización definitiva de funcionamiento, pero actualmente operan con una autorización provisional). Todas, claro, gozaron de aquel beneficio tributario. Y han experimentado una gran rentabilidad: las tres universidades privadas con mayor ritmo de crecimiento aumentaron en 20% sus números de alumnos por año; en el caso de las públicas, este crecimiento fue mucho menor, cercano al 8%.
Sin embargo, este apogeo de IEP no ha ido de la mano con una mejora en la calidad educativa. De hecho, tan solo tres universidades peruanas están consideradas entre las 100 mejores de América Latina (si bien los rankings no son ley, la tendencia es clarísima).
Ante ello, en los últimos años se realizaron varias medidas con el objetivo de detener esta explosión educativa:
- En el 2005, una ley prohibió crear filiales universitarias, pero fue derogada por el Tribunal Constitucional en el 2010 por ser declarada inconstitucional.
- En el 2008, otra prohibió crear nuevas facultades de Educación en el país.
- En agosto del 2009, el Colegio de Abogados de Lima presentó al Congreso un anteproyecto de ley para suspender la creación de nuevas facultades de Derecho, pues en ese entonces existían más de 97,000 abogados en ejercicio y más de 82,000 estudiantes de Derecho. No prosperó.
- En diciembre del 2009, el gobierno de Alan García presentó al Congreso un proyecto de ley para suspender la creación de nuevas universidades, al considerar un exceso que el Perú tenga 98 universidades y 400 filiales y sucursales. Tampoco prosperó.
Dada la polémica, consideramos que la pregunta de la semana debía tratar ese tema.
¿Cree que es necesario detener el otorgamiento de licencias de funcionamiento a nuevas universidades?
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Más de la mitad de votantes cree que hay demasiadas universidades y debe detenerse de manera permanente el otorgamiento de nuevas licencias. Al parecer existe la percepción de que han proliferado las universidades informales, o, en todo caso, de muy baja calidad, opinión que comparte el gobierno. "Hay instituciones que ofrecen maestrías a 100 soles mensuales o vía Internet, sin la mínima exigencia académica, y eso es una estafa. La meta es acabar con eso y con la sobreoferta de profesionales", declaró el director nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación, Manuel Solís.
Otro grupo importante (38%) no cree que las licencias deban detenerse para siempre, sino por un tiempo, mientras mejora la regulación y las instituciones encargadas de fiscalizar la calidad educativa.
Tan solo el 3% rechaza que se detenga la expedición de licencias.
Ciertamente solo detener el otorgamiento no soluciona el problema real: la mala calidad educativa. Incluso podría ser más perjudicial: si baja la oferta educativa, las existentes no tendrán que competir tanto para atraer a los estudiantes. El tema clave es regular la calidad, y ello solo puede ser posible mediante una fuerte fiscalización. Para eso fue creada la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) en el 2006. Sin embargo, increíblemente, la evaluación y acreditación es voluntaria. Y, además, hasta el año pasado la institución solo tenía los estándares de calidad de las carreras Derecho, Educación y Salud. Es decir, todavía no tiene el marco de evaluación preparado. Como vemos, falta mucho para que los peruanos podamos decir que tenemos una educación superior de calidad.
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Interesante, Otro bonito enredo (15): Las exoneraciones que no se quieren ir - 16/06/2011 11:49:04
" Mientras todos estábamos con la atención convenientemente puesta en el Cristo del Morro Solar y en el dirigente regional que se encierra en un canal porque no quiere enfrentar a la ley, el Congreso le ha puesto turbo y ha comenzado a aprobar una serie de normas que nos deberían preocupar mucho. Claro, es de esperarse que en la última etapa de un gobierno el parlamento se acelere y quiera dejar instaurados todos esos proyectos que no pudieron pasar antes porque eran demasiado cuestionables.Por suerte la página web del Congreso medianamente cumple con reportar en lo que anda, por lo que ya no necesitas a un corresponsal ahí clavado para enterarte de lo que sucede. Por ejemplo, solamente ayer aprobó estas cuatro normas (además de otras muchas andanzas). Ustedes dirán que qué chévere que tengan la iniciativa de revisar el uso de los recursos en el tren eléctrico o que se reactive el parque industrial de Sullana (de lo cual necesitaría más información). Pero tomen nota de que también se procede a normar el Bullying escolar. Caray, a ver cómo le explicas a Tomasito que ahora está infringiendo la ley al robarle su lonchera a Andresito. Y por supuesto, tomen nota también de que se aprobó el dictamen del proyecto de ley forestal y de fauna. Esto último es bastante relevante. El Perú ha estado operando sin ley forestal por años (décadas inclusive)… Y la propuesta de una ley forestal hace dos años trajo como consecuencia el incidente de Bagua, ¿recuerdan? Así que ahora dejen de babear con la frente en dirección al morro solar y comiencen a analizar el texto de esa ley, porque seguramente va a traer malestar a alguien. Consideren, además, aunque les duela, que la aprobación de esta norma era lo que faltaba para por fin poder cumplir con todos los compromisos que había asumido el Perú al firmar el TLC con los Estados Unidos. Ahora ya no estaríamos en falta.
A los que de verdad hablaban en mantenerse vigilantes les pido que también fijen la puntería en esta otra ocurrencia del Congreso: La de nombrar al personal contratado en empresas públicas. Particularmente la parte sobre el nombramiento de los docentes en el Ministerio de Educación. Tan bacán que iba a ser si persistíamos en el proceso de reforma de la plana docente.
Pero el día de hoy nos convoca otra preocupación. La de la restitución de las exoneraciones tributarias para la Amazonía. Y lo hacen hasta, ni más ni menos, el 2015. Alguien con ganas de perder el tiempo podría hacer un repaso de todas las veces que se ha pateado la liquidación de estas exoneraciones que le traen inmensas pérdidas en eficiencia y en recursos al país. La jugada es siempre la misma: Patear la decisión final de su eliminación a un siguiente Congreso, a ver si así llegamos al infinito. Isaac Asimov estaría orgulloso.
Si fuera más inocente diría que el Ejecutivo seguramente la observará, dado que todos los análisis concuerdan en que esto no beneficia a las familias de menores ingresos, no ha tenido impacto positivo alguno en la creación de pequeñas y medianas empresas, que le cuesta al Estado un montón de plata, que hay mejores maneras que promover desarrollo y progreso en la Amazonía y que ni siquiera los empresarios formales de esa zona (agrupados en sus gremios o cámaras de comercio) celebran la permanencia de las exoneraciones tributarias. Pero no, sabemos perfectamente que el Ejecutivo no observará nada. O en todo caso, sería una grata sorpresa que lo haga.
Hay hasta dos costos distintos de mantener las exoneraciones tributarias para la Amazonía. La primera es el dinero que deja de percibir el Estado. Nos podemos hacer una idea en el Anexo B del Marco Macroeconómico Multianual 2011 , 2013 del MEF. Solamente por concepto de "Exoneración del IGV a la venta de combustible por las empresas petroleras a las comercializadoras o consumidores finales ubicados en la Amazonía" se deja de percibir S/.59,581 miles, que no es cualquier cosa. Y por la exoneración del ISC, S/.195,075 miles. Si aún no les parece mucho, agárrense, porque en la página 97 de ese documento podrán ver el rubro "Exoneración del IGV en la Amazonía", el cual alcanza la nada despreciable cifra de S/.1,315,125 miles, que es ni más ni menos que un 0.3% de todo el PBI del Perú. Con esta plata no más ya se podría pagar buena parte de la Pensión 65 en su versión más populista.
Y uno podría decir que pucha, eso es lo que cuesta, pues, promover mayor actividad económica en la selva. Lamentablemente las exoneraciones en la Amazonía ya han estado operando por suficiente tiempo como para hacer un análisis de si han sido efectivas. Y no lo han sido.
Hace años que se viene insistiendo en la necesidad de su eliminación. Y de hecho, ya existe la iniciativa legal -la que acaba de ser pateada uno cuantos años más-. O sea, se acepta tácitamente que es necesario eliminar las exoneraciones tributarias en la selva, pero mejor ahoritita no. Más tarde. Por otros. Chequeen, por ejemplo, lo que se dice en este otro documento, el Marco Macroeconómico Multianual 2009 , 2011. Ahí se trata ampliamente el tema de las exoneraciones en general y con respecto a las de la Amazonía se insiste en la necesidad de contratar una consultoría que brinde más información aún al respecto.
La verdad es que más información no necesitamos. Hacer empresa en la selva del Perú es más difícil que en el resto del país. Check. Hay que ayudarlos de alguna manera. Check. ¿Cuál es la mejor manera de ayudarlos? Ahí está el problema. Este planteamiento dice que si no pagan impuestos -opuesto a las empresas del resto del país que sí lo hacen-, tienen una ayudadita para salir adelante. Pero ése no ha sido el caso. Lo que se ha hecho es introducir una distorsión a la economía. Este artículo de Perú Económico repasa eso y otro mito, al mostrar que en la selva del Perú hay centros de desarrollo que salen adelante aún con todos los problemas.
Ahí está el segundo costo de mantener las exoneraciones. Las distorsiones son rayadas. Por ejemplo, ¿saben que si tomamos toda la gasolina "consumida" en Madre de Dios, tendremos que cada automóvil en esa región en el año 2007 recorrió 780 kilómetros al día? Para que se hagan una idea, en Lima un automóvil recorre en promedio al día 28 kilómetros. Esa distorsión se debe a que obviamente se está vendiendo en esa región gasolina exonerada de impuestos que luego va a parar por lo bajo a otra región. Es imposible que se consuma tanto ahí. O sea, estas exoneraciones lo que promueven es contrabando y movimiento informal de productos.
Algunos gremios de empresarios formales en la selva insisten en que prefieren ceder las exoneraciones tributarias a cambio de ciertos compromisos del Estado. Por ejemplo, que termine concesionando una carretera o que construya un aeropuerto o qué sé yo. Cosas que haga que los costos de hacer empresa en esas zonas sean menores. Pero no, pues. Más fácil es insistir en esta vaina, con la cual se pierde un montón de plata, no se ayuda a la disminución de la pobreza y se beneficia a los informales. ¡Excelente jugada pro-modelo económico, amigos congresistas!
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Información: Piden que psicólogos participen en elaboración de políticas contra el bullying - 22/05/2011 17:48:50
" La participación impostergable de los profesionales de la psicología en la elaboración de las políticas para desalentar el acoso en la escuela, así como la conformación de un Centro de Mediación para la resolución pacífica de conflictos en la escuela.El presidente del Observatorio contra la Violencia y Convivencia en la Escuela, Julio César Carozzo, sostuvo que son puntos ineludibles que deben estar contemplados en la ley antibullying que debe discutir el Congreso de la República próximamente.
Asimismo indicó que tales puntos fueron expuestos ante el congresista Yonhy Lescano, autor del proyecto de ley antibulliyng, recientemente aprobado en la Comisión de Educación del Congreso y que debe ser aprobado finalmente por el Pleno del Legislativo.
Según Carozzo, los miembros del Observatorio le explicaron al mencionado legislador que en la futura norma debe destacarse el trabajo preventivo antes que la función sancionadora por parte de los miembros de la comunidad educativa.
Asimismo, que se deben orientar los esfuerzos a la inmediata capacitación de docentes, psicólogos, padres de familia y estudiantes sobre los alcances del acoso en la escuela.
"Estas acciones deben ser ejecutadas en coordinación con el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano y la Defensoría del Pueblo y todas las organizaciones dispuestas a apuntalar el proyecto de una escuela segura y con paz", aseveró.
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Que opina? Multarán con S/. 1 millón a colegios y editoriales - 16/03/2011 15:45:51
"Profesores de colegios estatales pueden incluso ser destituidosLos colegios particulares que en complicidad con las editoriales sobrevaloraron el precio de venta de los textos escolares, en perjuicio de la economía de miles de padres de familia, serán multados por más de un millón de nuevos soles.
Así lo anunció el viceministro de Educación Institucional, Víctor Raúl Díaz Chávez, quien junto con el viceministro de de Gestión Pedagógica, Idel Vexler, se presentó ayer ante la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, del Congreso de la República, para explicar las acciones que da el Ministerio de Educación frente a las denuncias de un negociado con los textos escolares entre editoriales y colegios públicos y privados.
Díaz Chávez precisó que dicha sanción pecuniaria sería aplicada por el Indecopi a las instituciones educativas privadas que violaron la Ley de Protección a la Economía Familiar y el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que prohíbe direccionar la compra de textos escolares hacia un determinado proveedor o editorial. Incluso se podría disponer el cierre de dichos centros educativos.
Sobre las instituciones educativas estatales, dijo que se dispuso la apertura de procesos administrativos a directores y profesores, quienes pueden ser amonestados hasta con la destitución del cargo.
Reveló también que la Procuraduría del Minedu denunció penalmente ante la Sexta Fiscalía de Prevención del Delito a las editoriales Corefo, Hilder, Santillana y San Marcos, por la comisión de los delitos de estafa y contra el orden económico estipulados en los artículos 196º y 234º del Código Penal.
Proyecto de ley
Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, José Luna Gálvez, explicó que se presentó un proyecto de ley que protege a los consumidores del direccionamiento en la compra de textos escolares.
Dicha propuesta normativa recoge las sugerencias hechas por diversas instituciones, y establece un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad de los textos escolares, además de crear un Observatorio de Precios de los Textos Escolares, a cargo del Minedu.
Asimismo, se pidió a las editoriales información sobre los criterios pedagógicos para la elaboración de los textos, y se requirió a la Cámara Peruana del Libro la relación de las editoriales asociadas que elaboran libros escolares, entre otras acciones que se continuarán.
60 editoriales investigadas
Edwin Aldana, funcionario del Indecopi, señaló que dicha institución actualmente investiga a 60 editoriales de todo el país por presuntos cobros indebidos en los textos escolares previo acuerdo con los colegios privados y públicos.
Sepa más
1.- La Confederación Nacional de APAFAS y las APAFAS de Lima destacaron medidas aplicadas por el Minedu y exigieron continuarlas todo el año.
2.- Ayer, la directora de un centro educativo en Tablada de Lurín y la directora y una profesora de otro, en San Juan de Miraflores), fueron suspendidas por cobros indebidos.
3.- En el penal de Lurigancho se inició ayer el año escolar 2011, donde 40 profesores tienen a su cargo la enseñanza.
4.- Más de 16 mil personas han revisado lista de precios de libros publicada por Indecopi.
Diario Oficial El Peruano (16.03.2011), Sección Actualidad, Pág. 20
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Información: Plantean tipificar delito de reclutamiento de menores - 24/01/2011 10:26:28
"Iniciativa consagra cambios en normas sobre adolescentes. Proyecto se encuentra en la Comisión de Justicia del ParlamentoUn proyecto de ley para sancionar con pena privativa de libertad entre 10 y 20 años a los funcionarios públicos o cualquier persona que reclute o aliste a un menor de 18 años, con o sin su consentimiento, para incorporarlo en las Fuerzas del Orden del Estado o de grupos armados, presentó el Poder Ejecutivo al Congreso de la República.
La iniciativa legislativa, que de esta manera incorpora el delito de reclutamiento o alistamiento de menores de 18 años en el Código Penal y modifica el Código de los Niños y Adolescentes, indica además que cuando dicho reclutamiento se realice dentro de un conflicto armado, la sanción será entre 12 y 20 años; y si se causara la muerte del menor o se produce una lesión grave, la pena será no menor de 20 años.
El proyecto de ley fue promovido por la Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (Conadih) adscrita al Minjus a fin de adecuar el ordenamiento jurídico peruano de conformidad con el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Con esta propuesta legislativa se busca consecuentemente impulsar la protección de los niños y adolescentes frente a la práctica del reclutamiento de menores. Además, el proyecto de ley establece que deberán desarrollarse todas las medidas posibles para impedir el reclutamiento o alistamiento y la utilización de los niños y adolescentes por parte de las fuerzas del orden del Estado o de grupos armados.
La propuesta legislativa precisa que los menores reclutados deberán recibir asistencia conveniente para su recuperación física y síquica, logrando de esa manera su plena reinserción social.
Para tal efecto se plantea la modificación de los artículos VII y VIII del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, así como sus artículos 4° y 39°. A su vez se propone la incorporación del artículo 153-B en el Código Penal.
La iniciativa legislativa ya se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.
CONADIH
La Conadih es el órgano de carácter consultivo del Poder Ejecutivo encargado de canalizar el proceso de adopción e implementación de medidas nacionales de aplicación y observancia del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el Perú.
Esta comision está integrada por cinco miembros plenos, todos del Poder Ejecutivo: Ministerio de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Ministerio de Educación.
Asimismo, la conforman cuatro miembros observadores permanentes: Defensoría del Pueblo, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Congreso de la República.
Obligaciones internacionales
El Estado peruano en 2002 ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos amados, aprobada por Resolución A/RES/54/263 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de mayo de 2000.
De dicho instrumento deriva la necesidad de adoptar todas las medidas para evitar que menores de 18 años participen en hostilidades armadas.
* Fuente: Diario oficial El Peruano
* Ver Proyecto de Ley
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